La responsabilidad penal de las personas jurídicas(*)

Revista Nº 25 Oct.-Dic. 2008

Yesid Reyes Alvarado 

Profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes 

(Colombia) 

Uno de los muchos puntos de tensión existentes entre la política criminal y la dogmática penal es el atinente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues mientras desde el punto de vista político criminal parece no haber mayor discusión en cuanto a la necesidad de extender el campo de acción del derecho penal hasta las personas jurídicas(1), en el plano de la dogmática esa solución choca —aparentemente de manera irresoluble— contra conceptos tradicionales de la teoría del delito, como los de acción y culpabilidad(2). Mientras en algunos países esta tensión ha sido resuelta por la vía legislativa mediante la consagración legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el plano puramente teórico la polémica gira principalmente alrededor de si se debe intentar adaptar las tradicionales categorías dogmáticas de acción y culpabilidad a la figura de la persona jurídica, o si aquellas deben ser reformuladas para que puedan ser aplicadas no solamente a las personas naturales sino también a las jurídicas.

La primera de las soluciones planteadas supone partir de un concepto ontológico de acción, entendida como voluntaria(3) modificación del mundo exterior(4); acoger un concepto natural de persona como ser dotado de conciencia(5) y trabajar con una concepción puramente psicológica de la culpabilidad(6) o con una noción parcialmente normativizada de la misma, como aquella conforme a la cual la culpabilidad es el juicio de reproche que se hace a una persona que, pudiendo y debiendo comportarse conforme a derecho, decide libremente adoptar una conducta antijurídica. Frente a la posibilidad de que las personas jurídicas sean penalmente responsables, el intento de aplicar a estas últimas las nociones tradicionales de acción y culpabilidad resulta infructuoso, porque desde el punto de vista ontológico todo aquello que quisiera ser tenido como una conducta de la persona jurídica en realidad corresponde a acciones que han desarrollado una o varias personas naturales y porque quienes tienen la libertad de decidir conscientemente si se comportan conforme o contra las normas no es la persona jurídica sino las personas naturales que la conforman. A su vez, la posibilidad de prescindir de la culpabilidad respecto de las personas jurídicas para fundamentar su responsabilidad desde un plano puramente objetivo, no parece una solución compatible con la naturaleza misma del derecho penal(7).

Una segunda alternativa de solución consiste en introducir modificaciones a los conceptos de acción y culpabilidad(8), para entender que aquellas conductas realizadas en nombre de la persona jurídica deben ser consideradas como acciones propias de la misma(9) (como de hecho ocurre cuando desde el punto de vista del derecho privado se admite que las personas jurídicas pueden obligarse)(10) y que el reproche social que fundamenta la responsabilidad de la persona jurídica es la culpabilidad de la organización (‘Organizationsverschulden’)(11). Desde este punto de vista, las personas jurídicas responden porque sus órganos o representantes no han tomado las suficientes medidas de cuidado que son necesarias para garantizar un negocio ordenado y no delictivo(12). Esta propuesta de Klaus Tiedemann abrió la posibilidad de que la doctrina buscara alternativas para hacer compatible la teoría del delito con la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas, y constituye un claro ejemplo de la labor desarrollada por Tiedemann en busca de un acercamiento entre la política criminal y la dogmática penal, que constituye uno de sus aportes científicos más valiosos, tanto para la comunidad europea como para la latinoamericana. Sus numerosos trabajos en el ámbito del derecho penal económico y en la criminología no solo dan muestra de esa voluntad de acercar el derecho penal a la política criminal, sino que además explican el amplio reconocimiento que se otorga a su trabajo en muchos países del mundo, como lo demuestran las numerosas contribuciones que conforman este libro homenaje.

De acuerdo con la opinión dominante en los últimos años, el concepto de acción como componente fundamental de la teoría del delito ha estado estrechamente vinculado con lo natural; inicialmente se lo vinculó a la relación de causalidad y por esta vía se buscó mantener fuera del ámbito de acción del derecho penal toda aquella conducta que no pudiera ser considerada causa de un resultado entendido como modificación del mundo exterior. Posteriormente, debido a los problemas que este planteamiento inicial generaba frente a la tentativa y a los delitos de peligro, se hizo mayor énfasis en la intencionalidad de la conducta, que desde entonces pasó a tomar un lugar preponderante en la teoría del delito. El límite entre las conductas que le interesan al derecho penal y las que deben permanecer fuera de su campo de acción empezó a ser delineado con mayor precisión con la ayuda de ese concepto de intencionalidad de la conducta, que de todas formas suponía la construcción de una teoría del delito a partir de conceptos tomados de las ciencias naturales. Con un concepto de acción en el que juegan un papel importante tanto la relación de causalidad como la orientación final de la conducta, extender el ámbito de aplicación del derecho penal a las personas jurídicas es prácticamente imposible, porque desde una perspectiva ontológica una empresa no puede impulsar por sí misma cadenas causales, tampoco puede producir resultados entendidos como modificaciones del mundo exterior atribuibles a su propio comportamiento y, por último, tampoco puede sostenerse que puedan orientar finalmente su conducta, precisamente porque carecen de la capacidad natural de actuar; sus órganos son los que en un plano puramente natural toman decisiones dirigidas a finalidades específicas y son ellos mismos los únicos que ontológicamente pueden impulsar cadenas causales susceptibles de producir modificaciones en el mundo exterior que puedan ser interpretadas como lesiones o atentados contra bienes jurídicos legalmente protegidos. Desde esta perspectiva ontológica, tienen razón todos aquellos que niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el argumento de que ellas no pueden desplegar por sí mismas acciones finalmente orientadas a la producción de un resultado. Pero esa conclusión solo es válida cuando se asume que la teoría del delito debe construirse a partir de conceptos tomados de las ciencias naturales que, como la relación causal y la intencionalidad de la conducta, sólo pueden ser predicados de los seres humanos.

En un planteamiento más normativo se asume que no siendo el delito un fenómeno natural sino una construcción del hombre en cuanto ser social, lo determinante para atribuir a una persona responsabilidad penal no es la verificación de una relación causal ni la demostración de que existió una conducta finalmente orientada a producir un daño; en puridad de términos, ni siquiera la certeza de que un bien jurídico objeto de protección ha sido dañado basta por sí misma para concluir que la conducta generadora de ese perjuicio es de interés para el derecho penal. Lo que realmente permite trazar una línea divisoria entre aquellos comportamientos que interesan al derecho penal y los que deben permanecer al margen del mismo, es la producción de una indebida forma de ataque al bien jurídico objeto de protección. Nadie desconoce que, en un país donde la pena de muerte es constitucionalmente permitida, el verdugo que ejecuta a quien ha sido condenado a muerte por un juez despliega una conducta que es causal respecto del resultado, que con seguridad estuvo finalmente orientada a segar la vida del reo, que produce un innegable daño al bien jurídico de la vida y que, incluso, podría haber sido desarrollada con la clara intención de matar a un reo que, por casualidades de la vida, era uno de los peores enemigos de quien terminó por oficiar como su verdugo. En un ejemplo como este, no cabe duda de que pese a la existencia de la relación causal, de una intencionalidad de la conducta y de la existencia de un daño al bien jurídico, el verdugo no puede ser considerado como penalmente responsable de un homicidio, ni siquiera en el caso de que llegara a confesar públicamente que disfrutó ejecutando al reo porque este era un antiguo y acérrimo enemigo suyo.

La conducta del verdugo que ejecuta al reo condenado a muerte, como la del médico que causa un corte en la piel del paciente en desarrollo de una intervención quirúrgica realizada conforme a la lex artis, o la del boxeador que lesiona (o da muerte) a su oponente en desarrollo de un combate reglamentario de boxeo no interesan al derecho penal, porque en todas esas hipótesis los autores han actuado sin desconocer las normas que regulan el ejercicio de sus correspondientes oficios. Si, por el contrario, el verdugo mata a su vecino porque considera que es amante de su esposa; si el médico causa la pérdida de un órgano de su paciente debido a que no cumple con la lex artis al momento de intervenirlo quirúrgicamente, entonces sus conductas serán de interés para el derecho penal. Pero ese interés no depende de que sus conductas hayan sido causas del resultado ni de que hayan orientado finalmente su comportamiento, ni de que con él hayan causado lesiones a bienes jurídicos, porque en el primer ejemplo también lo fueron. Lo que realmente despierta el interés del derecho penal por esa clase de comportamientos es el haber sido desplegados con desconocimiento de los deberes que en desarrollo de sus correspondientes actividades debían ser respetados por sus autores. Desde un punto de vista normativo, lo que marca la diferencia entre las conductas que interesan al derecho penal y las que deben permanecer al margen del mismo es la forma de ataque al bien jurídico, puesto que el derecho no protege de manera ilimitada todo ataque, puesta en peligro o lesión de bienes jurídicos. Lo que el derecho penal censura es la conducta de quien, con desconocimiento de sus deberes de conducta (esto es, mediante la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado), despliega una conducta que, al producir un resultado normativamente entendido como quebrantamiento de una norma penal (realización del riesgo en el resultado), puede ser considerada como una indebida forma de ataque al bien jurídico(13).

Esta rápida descripción de lo que es el contenido de la imputación objetiva dentro de una concepción normativa de la teoría del delito pone de presente que para el derecho penal no basta la condición de ser humano para poder ser autor de un delito. Para poder cometer un delito resulta indispensable que ese ser humano haya atacado un bien jurídico en contra de los deberes de conducta que le correspondía respetar en desarrollo de una determinada actividad social. Esto significa que sólo el ser humano, de quien pueden predicarse deberes de conducta en desarrollo de los roles que componen su actividad como ser social, puede ser autor de un delito. Por eso el derecho penal no trabaja con un concepto ontológico de ser humano, sino con una noción normativa de persona, entendiendo por tal todo aquel que sea sujeto de derechos y obligaciones. El concepto de persona no es ontológico sino normativo y por eso no coincide con nociones como las de ser viviente o ser humano. Quien vive en una isla solitaria, aislado de todo contacto social, carece de roles sociales, de deberes de conducta frente a una inexistente comunidad social y por tanto no puede ser considerado como persona ni puede ser autor o partícipe de delito alguno.

Persona es, entonces, aquel que siendo titular de derechos y obligaciones(14) tiene la capacidad de organizar su propio comportamiento en función de esos derechos y obligaciones que delimitan su funcionamiento como parte de una organización social. Quien vive al margen de una comunidad social no tiene la categoría de persona, aun cuando pueda orientar finalmente su conducta hacia la producción de determinados resultados entendidos como modificaciones del mundo exterior. Es cierto que esa condición de persona admite matices dentro del sistema jurídico(15), de tal manera que un menor de edad no puede votar ni contraer matrimonio válidamente, sin que por ello quede convertido en alguien carente de todo derecho u obligación; pero precisamente el hecho de que la condición de persona dependa de normas jurídicas pone en evidencia que al derecho penal como mecanismo de control social no le interesa toda acción causal o intencional que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos, sino solamente aquellos comportamientos que, siendo desplegados por un titular de derechos y obligaciones en contra de sus deberes de conducta, suponen un atentado contra un bien jurídicamente protegido. Lo que ocurre es que para que a esa persona (titular de derechos y obligaciones) se la pueda responsabilizar como autora de un delito, resulta indispensable que adicionalmente esté en capacidad de comprender los derechos y deberes que delimitan su comportamiento y de organizarlo de acuerdo con esa comprensión. Si se carece de esa capacidad, el derecho penal no la tendrá en consideración como una persona susceptible de actuar con culpabilidad, como ocurre con los enajenados, pese a que respecto de ellos pueda predicarse no solo la existencia de un dolo, sino, incluso, la de la conciencia de la antijuridicidad de su comportamiento(16).

La punición de las omisiones es una clara demostración de que el derecho penal no interviene en todos aquellos casos donde exista una relación causal, sino solamente en aquellos eventos en los que una persona infringe un deber de conducta y con ello crea un riesgo jurídicamente desaprobado que, en el evento de realizarse en el resultado (normativamente entendido como quebrantamiento de una norma penal), le será objetivamente imputable. Esto significa que puede ser autor de un delito todo titular de deberes de conducta, en la medida en que los incumpla en desarrollo de un determinado rol social(17). Desde esta perspectiva, es claro que en el ámbito jurídico-penal la acción no debe ser necesariamente entendida como impulso de una cadena causal psicológicamente orientado a la consecución de determinada finalidad y, por consiguiente, no tiene que provenir de una persona natural sino de un portador de derechos y obligaciones. Puesto que la persona jurídica es un ser social(18), respecto del cual se predican derechos y obligaciones y como ente jurídico cumple determinados roles al interior de la sociedad, resulta válido afirmar que cuando ella vierte residuos tóxicos a un río en contra de la normatividad legal, desarrolla una acción que desde el punto de vista del derecho penal puede serle objetivamente imputable, porque mediante el desconocimiento de un deber en cabeza suya crea un riesgo jurídicamente desaprobado que supone una indebida forma de ataque al bien jurídico del medio ambiente.

En contra de esta última afirmación se suele decir que no es la persona jurídica la que contamina el río con desechos tóxicos, sino una o varias personas naturales, quienes como órganos de esa persona jurídica desarrollan esa actividad, lo cual demostraría que quien debe responder por esa clase de delitos no es la persona jurídica sino la persona natural que físicamente ha desplegado la conducta de verter residuos contaminantes en un río. Con este argumento se busca oponerse a la propuesta de quienes consideran que la acción de los órganos de una empresa debe ser considerada como una acción propia de la persona jurídica(19) y negar la posibilidad de reconocer la existencia de una “acción colectiva” que pudiera ser desplegada por una persona jurídica, todo ello sobre el supuesto de que ontológicamente solo las personas naturales pueden desarrollar conductas. Esta última afirmación es innegable solo en cuanto se entienda que conducta es toda modificación causal del mundo exterior, concepto que no necesariamente coincide con el utilizado por el derecho penal, porque este no se interesa por cualquier modificación del mundo exterior.

Lo que realmente hace el derecho penal es valorar negativamente una conducta en cuanto ella tenga un significado social contrario a unos deberes de conducta establecidos como forma de protección de determinados bienes jurídicos. Así como la fiabilidad de un automóvil no se valora socialmente por el hecho de que en su construcción hayan participado una o varias personas identificables, sino por el prestigio de la empresa que lo produce, la desaprobación social que genera el vertimiento de residuos tóxicos a un río no depende de quiénes hayan sido las personas naturales que permitieron o realizaron esa acción, sino que se dirige en contra de la empresa que produce tales residuos. En otras palabras, en la fabricación de un automóvil la acción de quien lo pinta o le pone las ruedas no tiene una relevancia social autónoma, como tampoco la tiene la acción de quien abre la compuerta de la fábrica por la que fluyen los desechos tóxicos al río. Lo que adquiere relevancia social(20), y por consiguiente es susceptible de valoración, es la “acción compleja” de fabricar un vehículo o la “acción compleja” de verter residuos tóxicos en un río, con absoluta independencia de que sea el resultado de una pluralidad de conductas ontológicamente desarrolladas por personas naturales al servicio de la empresa.

Es precisamente la existencia de esas “acciones complejas” lo que explica que en derecho penal se sancione como coautor de un delito de hurto agravado a quien como parte de un plan preconcebido permanece vigilante en las afueras del banco mientras sus compañeros intimidan a los guardias de seguridad, abren la caja fuerte y se apoderan del dinero. Desde una perspectiva puramente ontológica, no podría afirmarse válidamente que quien en las afueras del banco permanecía alerta ante el posible arribo de las autoridades se haya apoderado de cosa mueble ajena, así como tampoco lo hizo quien se limitó a apuntar con su arma a los guardias de seguridad de la entidad bancaria para impedir su reacción, ni quien sólo abrió la caja de seguridad, ni quien tomó el dinero y se lo entregó a un compañero más que lo escondió en un lugar previamente acordado. La única forma de sostener válidamente que todos ellos son responsables del delito de hurto agravado, es dejando de observar aisladamente los aportes causales de cada uno de los intervinientes en el asalto al banco, para en su lugar apreciar la “acción compleja” desarrollada por ellos como equipo, pues solo esa “acción compleja” puede ser calificada como un hurto agravado.

Desde luego que, ontológicamente hablando, no fue “la banda” de asaltantes la que como ente autónomo robó el banco, sino cada uno de quienes perteneciend o a ella desplegaron conductas individuales cuya sumatoria puede ser interpretada como la comisión de un delito de hurto agravado. Pero pese a que ello es evidente, nadie diría que esas personas no pueden ser responsabilizadas como autoras de un delito de hurto agravado porque “la banda” no desarrolló ninguna acción, sino solo los integrantes de ella; y nadie sostendría esta tesis, porque entonces quien intimidó a los guardias solo respondería como autor de unas amenazas, quien rompió la caja de seguridad sería procesado por daño en bien ajeno y quien se apoderó físicamente del dinero solo podría ser condenado como autor de un hurto simple. La única forma de responsabilizar a los integrantes de la banda por el delito de hurto agravado es prescindiendo de la consideración ontológica de los aportes individuales de cada uno de sus integrantes (que como tales pueden incluso no significar nada para el derecho penal, como en el caso de quien solo está atento a la eventual presencia de las autoridades en las cercanías del banco), y valorando la conducta como se percibe desde el punto de vista social, es decir, como una “acción compleja” de hurto agravado. De esa interpretación de la conducta como “acción compleja” depende que cada uno de los integrantes de la banda pueda ser responsabilizado a título individual como autor o partícipe de los hechos conjuntamente ejecutados.

Algo similar ocurre con el delito de concierto para delinquir, en el que un número plural de personas es sancionado por existir entre ellos un acuerdo de voluntades para cometer en el futuro un número indeterminado de delitos. La punibilidad de los autores no depende en este caso concreto de su propia y exclusiva actividad, sino de la existencia de una “voluntad compleja” de delinquir. Si se valorara de manera aislada el comportamiento de cada una de las personas que conforman esa asociación delictiva, ninguna de ellas quedaría sometida a sanción alguna porque la simple voluntad individual de cometer en el futuro un número indeterminado de delitos no es una acción punible; lo que el legislador reprocha en estos casos es precisamente la conformación de una “banda” con la “voluntad colectiva” de cometer en el futuro un número indeterminado de delitos.

Los anteriores ejemplos ponen de presente que el derecho penal no es ajeno ni al concepto de “acción compleja” ni a la noción de “voluntad colectiva”, sino que, por el contrario, se trata de figuras que tienen una antigua tradición en la teoría del delito y que solo pueden ser adecuadamente explicadas sobre el supuesto de que el derecho penal no valora las acciones en su dimensión naturalística, sino desde una perspectiva social. En consecuencia, las personas jurídicas pueden tener una “voluntad colectiva” similar a la que los códigos penales suelen apreciar en el delito de concierto para delinquir, y también pueden ser consideradas como autoras de conductas penalmente relevantes, en forma similar a como se admite la existencia de “acciones complejas” en las hipótesis de participación delictiva. Es importante tener en cuenta que las actuaciones ontológicas que de manera individual despliegan las personas naturales pertenecientes a una empresa solo tienen la potencialidad de generar una “acción compleja” atribuible a la persona jurídica en cuanto aquellas tengan la potestad legal o estatutaria de comprometer a la empresa, es decir, de actuar en representación de ella(21).

La valoración que desde el punto de vista jurídico se hace de una conducta delictiva no depende entonces de su configuración ontológica, sino de su significación social. Es precisamente ese significado social lo que permite que el comportamiento de quien permanece parado en la esquina de un banco con un teléfono móvil en sus manos pueda ser considerado como el de un ciudadano que aguarda a su esposa para comer juntos, o que pueda ser tenido como integrante de una banda de asaltantes de banco a quien, dentro de la acción colectiva planeada por el grupo, se le ha confiado el encargo de vigilar la calle para alertar a sus compañeros de la eventual presencia de las autoridades. Así, una misma conducta ontológica puede tener dos significados diversos, dependiendo de la valoración social que de ella se haga, la cual a su vez depende de si forma parte de una “acción compleja” y de si quien la despliega actúa o no de acuerdo con los deberes que el ejercicio de un determinado rol le impone.

Una vez cerrado el juicio de imputación objetiva que recae sobre la acción misma, resta el análisis de la imputación personal que se contrae al juicio de culpabilidad que permite establecer una conexión entre el sujeto y su acción, para que ésta pueda ser considerada como perteneciente a aquel(22). Desde un punto de vista normativo, la culpabilidad debe valorarse de acuerdo con la configuración de la sociedad de la cual forma parte el hombre en cuanto sujeto de derechos y obligaciones. El reproche de culpabilidad está estrechamente vinculado al fin de la pena entendido como prevención general positiva, esto es, como una respuesta a quien a través de su conducta comunica a la sociedad que, en lo que a él respecta, una norma carece de validez. Esa conducta, en su significación social, es objeto de reproche en cuanto manifestación de desconocimiento de la vigencia de la norma y amerita la imposición de una pena a su autor como mecanismo para confirmar a la comunidad social que esa norma sigue vigente y de esa manera ejercitar al ciudadano en una actitud de fidelidad al derecho(23).

Esta teoría de la prevención general positiva como fin principal de la pena ha sido objeto de fuertes críticas, en especial porque se considera que con ella se desnaturaliza el derecho penal al tratar a las personas como simples portadores de roles. Frente a esta clase de censuras conviene recordar que conferir a una persona el trato de “ser viviente” lo colocaría a la altura de las plantas o los demás animales (24), lo cual sí supondría la desnaturalización absoluta del ser humano. El rasgo más distintivo de la persona es conferido justamente por su inclusión dentro de una comunidad social, cuya armónica convivencia depende de la existencia y cumplimiento de normas que imponen derechos y obligaciones; si dentro de una sociedad cada persona actuara con tal libertad que pudiera afectar los derechos de los demás, la vida en comunidad desaparecería para dar paso a una multiplicidad de existencias solitarias y conflictivas. Precisamente la asignación de derechos y deberes a un ser humano es lo que lo convierte en persona(25), con la posibilidad de tomar parte en la configuración de la sociedad y de exigir el cumplimiento de las normas que regulan la vida en comunidad. Pero como los derechos y obligaciones que dotan a un ser humano de su condición de persona solo pueden ser asignados mediante normas, debe admitirse que del mantenimiento de la vigencia de la norma depende la conservación del estatus de persona, pues quien es tratado sin consideración alguna por sus derechos es colocado al mismo nivel que cualquier otro ser viviente(26). En consecuencia, garantizar la vigencia de la norma a través de la imposición de sanciones como una forma de prevención general positiva no supone ninguna desnaturalización de la persona; por el contrario, lo que se busca con ello es el mantenimiento de ese estatus de persona(27), que depende precisamente de que las normas que fijan sus derechos y obligaciones mantengan su vigencia(28).

A partir del entendimiento de la prevención general positiva como fin principal de la pena no solo se puede abandonar una concepción puramente sicologista de la culpabilidad como nexo causal subjetivo entre la acción y su autor, sino que también se puede reformular la tesis de una culpabilidad fundamentada en un juicio de reproche derivado de una mala utilización de la libertad de acción. Lo que a través del juicio de culpabilidad se censura no es la simple conciencia de actuar contra derecho, porque ello supondría admitir que el reproche de culpabilidad no es posible ni en los casos de imprudencia inconsciente ni en las hipótesis de error vencible de prohibición(29). El fundamento de la culpabilidad tampoco radica en la mala utilización de la libertad natural para elegir entre el comportamiento conforme a derecho y la conducta contraria al mismo, sino en la posibilidad de organizar el propio comportamiento de acuerdo con los límites normativos existentes(30). El problema no debe quedar entonces reducido a la discusión sobre si el ser humano está o no dotado de libre albedrío(31), sino que debe centrarse en determinar si una persona (sujeto de derechos y obligaciones) tiene la capacidad de organizar su comportamiento en forma tal que no vulnere las normas que regulan la vida en sociedad(32).

Las normas fijan los límites dentro de los cuales debe desarrollarse la conducta del hombre en cuanto ser social, pero no regulan de manera agobiante sus acciones, porque ello supondría la eliminación total de la libertad(33). En ejercicio de sus derechos, la persona sigue teniendo un ámbito propio de organización que es inviolable y dispone adicionalmente de un amplio margen de libertad de actuación, siempre que con ella no invada ámbitos de organización ajenos. Su obligación es, por consiguiente, la de administrar ese ámbito propio de organización de tal manera que con ello no perturbe esferas de libertad ajenas(34). En otras palabras, el Estado no administra de manera centralizada la conducta de las personas, sino que establece límites normativos dentro de los cuales la persona sigue siendo libre de organizar su comportamiento; y es esa libertad de organización dentro de una sociedad lo que sirve de fundamento al reproche de culpabilidad(35), en tal forma que quien organiza su conducta sobre el supuesto de la infidelidad a la norma se hace acreedor a una sanción que tiene como finalidad principal la de reafirmar frente a la comunidad social la vigencia de la norma, induciendo con ello a sus miembros a motivarse en el respeto a la misma.

Al no depender la culpabilidad de aspectos puramente psicológicos, como la conciencia de la ilicitud(36), sino de la capacidad de organizar la propia conducta sin afectar ámbitos de libertad ajenos, el concepto de culpabilidad no está atado a la noción de ser humano sino al concepto jurídico de persona como titular de derechos y obligaciones(37). Desde esta perspectiva, no solo la conducta debe ser valorada en su significación social (no por sus manifestaciones ontológicas), sino que también la culpabilidad corresponde a un juicio de valor sobre la actuación de una persona entendida como ser social y no como un ser humano desde el punto de vista ontológico(38). La persona que es objeto del juicio de culpabilidad no es entonces el ser humano ontológicamente considerado (esto es, despojado de derechos y obligaciones) sino la persona “jurídica” entendiendo por tal un ser social normativamente dotado de derechos y obligaciones (39). En estricto sentido, la diferencia entre las “personas naturales” y las “personas jurídicas” no depende de si se tienen o no derechos y obligaciones (ambas los tienen), sino de si ellos son predicables de un ser humano ontológicamente considerado o de una empresa jurídicamente organizada. Pero como todo aquel que disponga de la posibilidad de organizar su propia conducta(40) está en capacidad de desplegar comportamientos que invadan esferas de libertad ajenas y que supongan indebidas formas de ataque a bienes jurídicos, entonces también todo aquel que posea la condición de persona tiene la obligación de organizar su comportamiento en forma tal que con él demuestre que se mantiene fiel a la norma(41). Desde esta perspectiva, tanto las personas naturales como las personas jurídicas(42) (en cuanto capaces de organizar su propia conducta) pueden ser objeto del juicio de reproche propio de la culpabilidad y respecto de ambas se justifica la imposición de una pena como forma de reafirmar frente a la sociedad la vigencia de la norma, ejercitando así a sus miembros en su fidelidad a la misma.

Así como la acción de las personas jurídicas no es equivalente a la conducta individual de cada uno de sus integrantes u órganos, sino que corresponde a una “acción compleja” que socialmente tiene un significado diverso del que posee el comportamiento desplegado por cada uno de sus miembros, la culpabilidad de la persona jurídica no es la culpabilidad derivada de los defectos de organización propios de quienes la componen o representan(43), sino que es una culpabilidad por la inadecuada organización de esa “acción compleja” de la persona jurídica(44). En aquellos países donde las empresas tienen la obligación de desarrollar “programas de cumplimiento” (Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo) ese es un deber que no es exigible individualmente a ninguna de las personas naturales que componen la empresa, sino a esta en cuanto persona jurídica. Si ese programa de cumplimiento no se expide, o si la empresa tiene una filosofía delictiva que posibilita la comisión de delitos(45), proceden sanciones administrativas en contra de la empresa y no respecto de sus órganos individualmente considerados. Por eso, en el evento de que como consecuencia de la inexistencia de ese programa interno de cumplimiento o de esa filosofía delictiva se posibilite una indebida forma de ataque a un bien jurídico (por ejemplo la contaminación de aguas con desechos tóxicos), el desconocimiento de esa obligación puede verse como una acción de la empresa que no solo sería contraria a la norma, sino que demostraría una conducta que no ha sido organizada en el sentido de fidelidad a la norma, lo cual hace posible que respecto de esa empresa pueda predicarse un juicio de culpabilidad.

Dependiendo la culpabilidad de la capacidad de auto-organizar la conducta en función de mantener la fidelidad a la norma, debe admitirse que cuando se carece de esa capacidad no se puede ser sujeto de un juicio de culpabilidad. Desde esta perspectiva, la capacidad de culpabilidad no depende de si se tiene o no la posibilidad de ser consciente de la antijuridicidad de su comportamiento, sino de si se está en condiciones de organizar la propia conducta manteniendo la fidelidad a la norma. Quien carece de esa posibilidad de auto-organizarse no tiene capacidad de culpabilidad y por consiguiente no puede recibir una sanción penal, sino que debe ser sometido a un tratamiento (46). Esa incapacidad de culpabilidad puede entonces ser predicable no solo de las personas naturales sino también de las personas jurídicas, en cuanto estas carezcan de la capacidad de auto-organizar su propia conducta. Tal puede ser el caso de las empresas unipersonales, en las que su organización depende de manera directa y exclusiva de la persona natural que la constituye, o el de la empresa criminal que surge como consecuencia del concierto para delinquir, que carece por completo de la facultad legal de organizar su propio comportamiento en cuanto ni siquiera posee la condición legal de persona jurídica(47).

La circunstancia de que las personas jurídicas no deriven su culpabilidad de la que pueda ser predicable de sus órganos, sino que tengan su propia culpabilidad en cuanto disponen de la capacidad de auto-organizar su conducta en forma tal que se mantenga su fidelidad a la norma, abre la posibilidad de que frente a la comisión de un delito puedan responder de manera simultánea tanto la persona jurídica como alguno de sus órganos(48). Las opiniones contrarias a esta posibilidad(49) parten del supuesto conforme al cual la acción de la persona jurídica es en realidad la acción de sus órganos, y su culpabilidad se deriva directamente de la culpabilidad de ellos. Si esta premisa fuera cierta(50), no cabe la menor duda de que imponer simultáneamente penas a la persona jurídica y a sus órganos, por la misma conducta y con fundamento en la misma culpabilidad, constituiría una flagrante violación al principio del non bis in idem. Distinta es la conclusión si se parte del supuesto conforme al cual acciones individualmente desplegadas por los órganos de la empresa son solo una parte ontológica de un concepto normativo de “acción compleja” de la persona jurídica (único que interesa al derecho penal) y como tal tienen un significado diverso de esa actuación conjunta, y si, además, se acepta que en cuanto la persona jurídica tiene capacidad de acción también la tiene de auto-organización de su propia conducta y, por consiguiente, puede actuar con su propia culpabilidad(51). A partir de estas dos premisas, es perfectamente posible admitir que tanto la persona jurídica como sus órganos pueden ser objeto de análisis separado por parte del derecho penal, de tal forma que ambas podrían ser halladas responsables de un delito en el evento de que se demuestren dos supuestos: el primero, que con su conducta han creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado (imputación objetiva); el segundo, que además estaban en capacidad de auto-administrar su conducta en forma tal que se mantuviera su fidelidad a la norma (imputación personal o culpabilidad).

Una concepción normativa de la teoría del delito comienza por reconocer que la noción de persona no es de naturaleza ontológica, sino que alude a todo aquel sujeto de derechos y obligaciones. Esa connotación valorativa de la persona impide que se la pueda apreciar por fuera de su entorno social y conduce a que sus acciones no sean analizadas por el derecho desde una perspectiva puramente naturalística, sino como conductas dotadas de relevancia social. Una acción no es apreciada jurídicamente por la cantidad de componentes fácticos que la integran (provengan ellos de una misma o de varias personas naturales), sino por la significación social que ella tenga en su conjunto. Por consiguiente, las personas jurídicas pueden desplegar conductas propias que, aun cuando en el plano naturalístico puedan descomponerse en la conjunción de comportamientos individuales, solo tienen sentido social como “acción compleja” de la persona jurídica, en cuanto ella es también sujeto de derechos y obligaciones. Esas “acciones complejas” son a su vez producto de una voluntad colectiva que, aun cuando ontológicamente pueda ser explicada como la suma de una pluralidad de voluntades individuales, solo puede tener un significado coherente a través de lo que ella representa desde el punto de vista social.

Finalmente, una definición normativa de la culpabilidad permite fundamentar el juicio de imputación personal en la organización que una persona hace de su propia conducta al margen de su deber de fidelidad a la norma; cuando una persona tiene la posibilidad de organizar su comportamiento de acuerdo con las normas que regulan la vida en sociedad (capacidad de culpabilidad) y, sin embargo, lo hace de tal forma que muestra su falta de fidelidad a la norma, su conducta es reprochable desde el punto de vista de la culpabilidad. Puesto que las personas jurídicas suelen disponer de esa capacidad de auto-organizar su propio comportamiento conforme a las normas que regulan su actividad social, una organización del mismo que ponga en evidencia su falta de fidelidad a la norma hace posible que respecto de ellas también pueda ser predicado el concepto de culpabilidad.

A manera de conclusión puede entonces decirse que Tiedemann apuntaba en la dirección correcta, cuando sugería reformular el concepto de culpabilidad para entenderlo como culpabilidad de la organización (Organizationsverschulden) y a partir de él explicar desde el punto de vista dogmático la posibilidad de que las personas jurídicas puedan responder penalmente por la comisión de delitos. Su idea de dotar al concepto de culpabilidad de un contenido diverso al tradicional, complementada con un entendimiento jurídico de la noción de persona y la comprensión de la acción desde una perspectiva de significado social y no como simple manifestación ontológica, hace posible que se entienda como correcta la afirmación conforme a la cual los conceptos de acción y culpabilidad son dogmáticamente idénticos tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas(52), lo que a su vez desemboca en la admisión de la responsabilidad penal de las empresas.

(*) Este artículo fue originalmente publicado en el libro homenaje a Klaus Tiedemann (bajo el título Die Verbandshaftung, en: Festschrift für Klaus Tiedemann, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-München: 2008, págs. 413 a 427) y fue la base de la ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Universidad de los Andes en septiembre de 2008 sobre “Derecho Penal Económico”.

(1) Cfr. Dannecker, Gerhardt. Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände. Überlegungen zu den Anforderungen und zur Ausgestaltung eines Verbandsstrafrechts. GA, 2001, p. 102. Sin embargo, una argumentación fundamentalmente político-criminal en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede verse, por ejemplo, en: Mir Puig Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología 06 (2004) http://criminet.ugr.es/recpc/; Cancio Meliá en: Mir Puig y Corcoy Bidasolo (Hrsg.). Nuevas tendencias de Política Criminal. Una auditoría al Código penal español de 1995, 2006, págs. 16 y ss.

(2) Por eso afirma Dannecker que la responsabilidad de las personas jurídicas necesita hacer compatibles categorías fundamentales de derecho penal como acción, culpabilidad y capacidad de pena; cfr. Gerhard Dannecker, GA 2001, ed. cit., págs. 107 y 108.

(3) Entendiendo que, para ser de interés frente al derecho penal, tanto las conductas dolosas como las imprudentes deben ser voluntarias.

(4) El resultado sería entonces entendido como toda modificación del mundo exterior, con absoluta independencia de si el tipo penal correspondiente la valora o no; en otras palabras, los delitos de mera conducta suponen en todo caso modificaciones del mundo exterior, aun cuando su punibilidad no está condicionada a la efectiva vulneración del bien jurídico tutelado.

(5) Que es la noción alrededor de la cual se suele desarrollar la teoría del delito.

(6) La culpabilidad entendida como el nexo psicológico que existiría entre la conducta (típica y antijurídica) y su autor.

(7) “También está absolutamente descartada la renuncia a comprobar la culpabilidad”; Jakobs, Günther, Lehrbuch 6/45.

(8) Cfr. Gerhard Dannecker. GA 2001, ed. cit., págs. 107 y 108.

(9) Sobre esta posibilidad, cfr. Klaus Tiedemann. Die Bebuâung von Unternehmen nach dem 2 Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, NJW, 1988, p. 1172.

(10) A partir del reconocimiento que en derecho civil se hace a la posibilidad que tienen las personas jurídicas para adquirir obligaciones, Liszt afirmaba que si ellas pueden celebrar un contrato, nada impide que ese contrato suscrito por la persona jurídica pudiera tener el carácter de fraudulento. Cfr. Von Liszt, Franz, Lehrbuch, §28 I 2 n.º 3.

(11) Tiedemann, Klaus. NJW, 1988, ed. cit., p. 1172.

(12) Tiedemann, Klaus. NJW, 1988, ed. cit., p. 1172.

(13) En similar sentido sostiene Dannecker que el injusto es defecto de organización; cfr. Dannecker, Gerhard. GA 2001, ed. cit., p. 112.

(14) Kelsen, Hans. Reine Rechtslehre, 1960, p. 176.

(15) Jakobs señala, con razón, que la condición de persona no significa necesariamente que se es persona para todos los efectos; cfr. Jakobs, Günther. Strafbarkeit juristischer Personen. Lüderssen-FS, p. 561.

(16) Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vortrage G 319 (1993), págs. 25 y 26.

(17) No solo las personas jurídicas pueden entonces ser definidas como un sistema (Jakobs, Günther. Lehrbuch, 6/44), sino que también pueden ser consideradas como tales las personas naturales, en cuanto titulares de derechos y obligaciones que, mediante el desempeño de diversos roles, son parte integrante de una comunidad social.

(18) En este sentido cfr. Dannecker, Gerhard. GA 2001, ed. cit., p. 108.

(19) En favor de considerar la acción de los órganos de la persona jurídica como acción de la persona jurídica, cfr. Heine, G. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, internationale Entwicklung – nationale Konsequenzen. ÖJZ, 1996, p. 211. Tiedemann, Klaus. NJW 1988, ed. cit., p. 1172. Erhardt, Anne. Unternemensdelinquenz und Unternehmensstrafe, p. 239. Hirsch, Hans Joachim. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen. ZStW 107 (1995), p. 289.

(20) Sobre la relevancia social de la conducta de las personas jurídicas, cfr. Dannecker, Gerhard. GA 2001, ed. cit., págs. 108 y 109.

(21) Cfr. Hirsch, Hans Joachim. Die Frage der Straffähigkeit von Personenverbände, p. 24; Stratenwerth, Strafrechtliche Unternemhmenshaftung? Schmitt FS, p. 297; Volk, Zur Bestrafung der Unternehmen, JZ 1993, p. 433.

(22) Jakobs, Günther. Lehrbuch, 17/4.

(23) Jakobs, Günther. Lehrbuch, 17/18.

(24) Eso sin contar con que las sociedades modernas insisten cada vez más en la existencia de unos “derechos” mínimos en favor de los animales, cuyo cumplimiento viene siendo exigido a las personas, pero cuyo respeto no puede ser exigido por ellos mismos (lo cual impide que puedan ser considerados como personas).

(25) Cfr. Radbruch. Rechtsphilosophie Studien Ausgabe. C. F. Müller, Heidelberg: 1932, p. 125.

(26) Esto no significa que otros seres vivientes no tengan “derechos” como los que actualmente se reclaman para los animales; solo que en ese concepto de “derecho” no está incorporada la posibilidad de que esos otros seres vivos puedan invocar su respeto por vías jurídicas, el cual depende exclusivamente de consideraciones propias del ser humano. Desde luego, cuando un animal salvaje ingresa a un territorio dominado por otro, éste último verá amenazado su “derecho” al uso de una porción de tierra y podrá forzar el cumplimiento de ese “derecho” mediante la utilización de la violencia. En definitiva, los “derechos” que se reconocen en favor del medio ambiente (animales y vegetales) suelen tener como principal finalidad la preservación de un ecosistema que posibilite la vida y desarrollo del ser humano, lo que los convierte en formas mediatas de protección a los derechos de la especie humana.

(27) “Si la persona es un constructo comunicativo del sistema social, la condición de persona es determinada y atribuida —definida— por dicho sistema. Sin embargo, y ello no debe olvidarse, de dicha concepción se deriva que la persona como constructo comunicativo del sistema jurídico-penal tiene únicamente vigencia en la medida en la cual las normas de dicho sistema sean vigentes. De ahí no solo la importancia que tiene la vigencia de la norma para la vigencia de la persona sino también la importancia del hecho de que mediante la reafirmación de la vigencia de la norma se está reafirmando la condición de persona”. Gómez-Jara Díez, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona: 2005, p. 226.

(28) Desde luego que la imposición de una sanción penal tiene siempre un componente adicional de naturaleza retributiva, en cuanto ella debe suponer un sufrimiento del condenado a partir de la restricción o supresión de alguno o algunos de sus derechos; de lo contrario no habría forma de distinguir entre la imposición de una pena y la concesión de un premio. Esa privación o disminución de derechos del condenado hace que la prevención general positiva no pueda prescindir totalmente del aspecto retributivo de la pena, porque es justamente esa consecuencia negativa la que ayuda a ejercitar al resto de la comunidad social en la vigencia del derecho; si la comunidad social no percibiera un mal en la imposición de la pena, no encontraría en ella un argumento para continuar siendo fieles a las normas.

(29) Cfr. Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip. Ed. cit., p. 25.

(30) Para Jakobs, esa competencia para optar por el acatamiento de la normas es tan solo un equivalente de lo que en la metafísica se conoce con el nombre de libre albedrío; Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip. Ed. cit., p. 24.

(31) Discusión que está lejos de ser científicamente zanjada.

(32) Ya Hirsch había argumentado respecto a que existe un concepto de culpabilidad en sentido social, que al ser trasladado al ámbito jurídico podría justificar las referencias a una culpabilidad jurídico penal de las personas jurídicas: “Si por el contrario se considera la realidad social, es perfectamente factible hablar de la culpabilidad de una corporación. Por ejemplo, se habla de la culpabilidad de una empresa química que por descuido vierte aguas residuales venenosas en un rio y de esa manera destruye la existencia de peces, o se habla por ejemplo de la culpabilidad de antiguas empresas de tintura en la explotación y muerte de obreros. Es habitual el empleo de la expresión “culpabilidad” con referencia a comportamientos de los Estados, como cuando por ejemplo se pregunta cuál de las facciones en guerra es culpable del inicio de la guerra”. Cfr. Hirsch, Hans Joachim. ZStW 107 (1995), ed. cit., p. 292.

(33) Expresado en palabras de Jakobs, la culpabilidad solo es posible en un orden en el que no todos los procesos son dirigidos de manera centralizada, sino que son administrados descentralizadamente. Jakobs Günther. Das Schuldprinzip. Ed. cit., p. 34.

(34) Para Hirsch, se trata de un problema de evitabilidad en el sentido de que la empresa podía evitar el resultado con una correcta elección o vigilancia de sus directivos; en otras palabras, concluye Hirsch, el resultado es reprochable como consecuencia de un defecto de organización de la empresa; cfr. Hans-Joachim, Hirsch. ZStW 107 (1995), ed. cit., págs. 313 y 323.

(35) Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, ed. cit., p. 34.

(36) Concepto sociológico que, como afirma Hirsch, sólo es predicable de las personas naturales; cfr. Hirsch, Hans Joachim. ZStW 107 (1995), ed. cit., p. 292.

(37) Se puede entonces hablar de un concepto amplio de culpabilidad, como sugería Tiedemann: “De este modo se abre la posibilidad de que en lugar de una culpabilidad humana entendida en sentido clásico como defectuosa capacidad moral, se pueda colocar un concepto de culpabilidad en sentido amplio, orientado hacia categorías sociales y jurídicas”. Cfr. Tiedemann, Klaus. NJW 1988, ed. cit., p. 1172.

(38) Cfr. Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, ed. cit., p. 30.

(39) Jakobs, aun cuando niega la posibilidad de que las personas jurídicas respondan penalmente, admite que la culpabilidad formal presupone que el sujeto competente siquiera pueda ser representado como persona, esto es, como titular de derechos y destinatario de obligaciones; Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, ed. cit., p. 34.

(40) Según Jakobs, la culpabilidad está relacionada con la libertad, pero no con la libertad de la voluntad, con el libre albedrío, sino con la libertad de autoadministrarse; Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, ed. cit., p. 34.

(41) Desde este punto de vista, comparto la afirmación de Jakobs en el sentido de que la culpabilidad no se refiere al individuo en su propio ser (esto es, ontológicamente considerado), sino a una persona social (Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, ed. cit., p. 30). A partir de esa premisa debería poderse concluir (como se hace aquí, en contra de lo propuesto por Jakobs) que las personas jurídicas son “personas sociales” y, en consecuencia, respecto de ellas puede ser predicado un concepto normativo de culpabilidad.

(42) Según Dannecker, “La capacidad de culpabilidad de una empresa se basa en la responsabilidad por defectuosa capacidad colectiva, que tienen que ver con déficits de la estructura de la organización o de la ética empresarial”; Dannecker, Gerhard. GA 2001, ed. cit., p. 112.

(43) Jakobs señala, con razón, que si se admite que la culpabilidad de la persona jurídica está compuesta por la culpabilidad de sus órganos, es decir, si la culpabilidad de estos últimos forma parte de la de la persona jurídica, entonces el órgano no debería responder porque la culpabilidad no es suya. Cfr. Jakobs, Günther. Lüderssen FS, ed. cit., p. 566.

(44) En similar sentido, ha señalado Lampe que mientras la culpabilidad de una persona natural consiste en haber permitido la realización del injusto, la culpabilidad de la empresa consiste en haber creado o mantenido tal filosofía; tanto respecto de la persona natural como de la persona jurídica, la culpabilidad es expresión de un mal carácter por el que se debe responder; cfr. Lampe, Ernst-Joachim. ZStW 106, págs. 732 y 733.

(45) “Elemento constitutivo del injusto es la existencia de una deficitaria estructura de la organización, o una filosofía delictiva de la empresa, que posibilita, favorece o permite una acción criminal de la empresa”; cfr. Dannecker, Gerhard. GA 2001, p. 117.

(46) Jakobs, Günther. Das Schuldprinzip, ed. cit., p. 27.

(47) “En el caso de la empresa sucede exactamente lo mismo, en el sentido de que tiene que desarrollar una autorreferencialidad suficiente que en el caso de las sociedades anteriormente citadas (“sociedades pantalla”) no se produce y, por eso, al igual que el niño, se considera que no son autónomas, sino heterónomas. En efecto, en la realidad creada por el Derecho penal una sociedad pantalla es como un niño, esto es, se trata de sistemas heteroadministrados que no han desarrollado todavía una complejidad interna suficiente”. Gómez-Jara Díez, Carlos, ed. cit., p. 245.

(48) En cuanto a la posibilidad de que tanto la persona natural como la jurídica respondan de un mismo delito sin que ello suponga una violación al non bis in idem, cfr. Hirsch, Hans Joachim. Die Frage der Straffähigkeit von Personenverbände, p. 24; Lampe. ZStW 106, ed. cit., p. 734 (“Al fin y al cabo, también son responsables por delitos concretos las personas que los ejecutaron de manera directa. Si son idénticas a los responsables por el injusto del sistema, ninguna de sus responsabilidades retrocede frente a la otra; más bien ellas concurren entre sí idealmente, como ocurre en las asociaciones criminales”); Stratenwerth, Günther. Strafrechtliche Unternehmenshaftung? Schmitt FS, p. 297; Hirsch, Hans-Joachim. ZStW 107 (1995), ed. cit., p. 315 (“Bajo los mencionados presupuestos, la responsabilidad de las empresas debe colocarse cumulativamente al lado de las responsabilidades individuales, porque se trata de un hecho de la persona conjunta, diferente de los que solo son desarrollados por los directos ejecutores”).

(49) Cfr., por ejemplo, Jakobs, Günther. Lüderssen FS, ed.cit., p. 568. Para Alwart, si desde el punto de vista de la culpabilidad se carga a la persona jurídica, entonces se descarga a la persona natural, y si se carga a esta última se descarga al colectivo; cfr. Alwart, Heiner. Strafrechtliche Haftung des Unternehmens – von Unternehmenstäter zum Täterunternehmen. En: ZStW 105 (1993), p. 757.

(50) La crítica de Jakobs a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser culpables, parte de que respecto de ellas se utilice el concepto tradicional de culpabilidad; esa noción de culpabilidad desarrollada para las personas naturales —dice Jakobs— no puede alegarse o deformarse para abarcar también a las personas jurídicas. Jakobs, Günther. Lüderssen FS, ed. cit., p. 570.

(51) Para arribar a esta conclusión es indispensable, como señala Jakobs, que se entienda por culpabilidad algo distinto a lo que se entiende bajo el concepto de culpabilidad autoconsciente y comunicativamente competente (Jakobs, Günther. Lüderssen FS, ed. cit., págs. 570 y 571), lo cual no necesariamente implica el manejo de dos conceptos diversos de culpabilidad; una reformulación del concepto de culpabilidad como la que aquí se admite, permite que pueda ser predicable tanto de las personas naturales como respecto de las jurídicas.

(52) Jakobs, Günther. Lehrbuch, 6/45.