La fijación unilateral del precio en el contrato de compraventa

Revista Nº 31 Abr.-Jun. 2011

por María Nieves Pacheco Jiménez 

1. El objeto del contrato

El objeto, entendido como unidad pasiva de referencia sobre la que el negocio incide(1), es uno de los requisitos esenciales del contrato, junto al consentimiento y la causa, señalados por el artículo 1261 del Código Civil español —en adelante, C.C.—, bajo sanción de nulidad. Concretamente, el citado precepto se refiere al “objeto cierto(2) que sea materia del contrato”, pudiendo constituirse por cosas o servicios que no estén fuera del comercio de los hombres, tanto presentes como futuras —C.C., art. 1271—, de carácter determinado o determinable en cuanto a su especie —C.C., art. 1273— y posibles, esto es, que no se trate de cosas o servicios imposibles, tanto por ser ilícitos como por imposibilidad material.

Atendiendo a la certeza del objeto, esta se encuentra estrechamente vinculada a la importancia de los deberes de conocimiento e información en relación con la buena fe y la actuación diligente. Incluso, está asociada con el propio consentimiento en la medida en que información y voluntad configuran un juicio previo que conlleva la identificación e individualización del objeto en cuestión(3). En definitiva, no puede haber obligaciones contractuales si no se ha determinado en qué consisten tales obligaciones, esto es, para que el contrato pueda reputarse como válidamente celebrado es preciso que se conozca el objeto concreto sobre el que ha de versar o, al menos, que pueda llegar a conocerse sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes(4).

2. Contrato de compraventa: objeto y precio

El artículo 1445 del Código Civil español establece las obligaciones fundamentales de los contratantes en la compraventa: “entregar una cosa determinada” y “pagar por ella un precio cierto”.

Parte de la doctrina estima que la cosa y el precio son elementos reales de la compraventa(5), mientras que otro sector señala que ambos constituyen el objeto de este contrato(6). Contemplando la tesis que entiende que la cosa y el precio son los objetos de la compraventa, se tomaría como objeto del contrato los objetos de las obligaciones que nacen del mismo para cada una de las partes contratantes, es decir, el objeto de la prestación y el de la contraprestación. Esta conclusión llevaría a hablar en los contratos bilaterales y plurilaterales de objetos del contrato, tantos como obligaciones surgieran de la relación contractual. No obstante, lo más adecuado es concebir el precio como elemento esencial de la contraprestación, no como objeto mismo del contrato, recayendo esta denominación en la cosa que caracteriza y distingue unos contratos de compraventa de otros, determinando las exigencias de conducta para ambas partes(7).

Considerando la función causal paralela de objeto y precio en el contrato de compraventa, de ambas prestaciones se predica su existencia, posibilidad, licitud y determinación. Así, el Código Civil establece que objeto —C.C., art. 1261.2— y precio —C.C., art. 1445— deben ser ciertos, entendiendo con ello que estos deben llegar a estar determinados y que, mientras ello ocurre, pueden ser determinables(8). No obstante, las exigencias de determinación para cosa y precio presentan diferencias, a saber: el precio no exige individualización y la cosa sí; b) el precio se determina unidimensionalmente, a través de una referencia cuantitativa que se refleja en la fijación de un número, mientras que la cosa pluridimensionalmente, mediante referencias cualitativo-descriptivas que permiten su individualización; c) el precio es integrable y la cosa prácticamente no, provocando de hecho la ineficacia del contrato(9).

El Código Civil español, a la hora de referirse al objeto de la compraventa, utiliza varios términos: a) “cosas” —artículos 1445, 1448, 1450-1453, 1460-1469.1º y 4.º, 1473, 1474, 1477-1480, 1484-1488, 1503, 1507, 1509, 1518, 1520 y 1521—; b) “bienes” —artículos 1458, 1459, 1463, 1464, 1469.21, 1504 y 1505—; c) “derechos” —artículos 1459 in fine, 1526, 1532 y 1535—. De ahí que el objeto de la compraventa puede ser cualquier bien jurídico (cosas —muebles e inmuebles, fungibles e infungibles, corporales e incorporales, específicas y genéricas, presentes y futuras— y derechos —reales y de crédito—) susceptible de interés que, estando en un patrimonio, puede constituir un objeto adecuado —cumpliendo los requisitos establecidos por los artículos 1271 a 1273 del Código Civil— y apto para su apropiación por otra persona distinta del titular originario, siendo enajenado a cambio de un precio(10). El contrato de compraventa sirve de título para adquirir el dominio de la cosa vendida. Se trata, en definitiva, de un contrato traslativo del dominio(11).

En cuanto al precio cierto, ya las Partidas reproducían el principio del derecho romano, reflejado en las instituciones de Gayo —“pretium autem certum esse debet”—(12), y afirmaban que “cierto debe ser el precio, en que se avienen el comprador, y el vendedor, para valer la vendida”(13). La jurisprudencia del Tribunal Supremo declara que el precio, como elemento esencial del contrato de compraventa, ha de ser cierto o determinable(14).

Reiterando lo preceptuado por el artículo 1445 del Código Civil español, el precio debe ser cierto, en dinero o signo que lo represente. Este precepto es una concreción del artículo 1273 del Código Civil, cuando señala que el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie, aclarando que la indeterminación en la cantidad no será óbice para la existencia del referido contrato siempre que sea posible determinarla sin precisar un nuevo convenio entre las partes contratantes(15). Según la Sentencia del Tribunal Supremo —en adelante, STS— de 10 de febrero de 1992 [RJ 1992, 1200], “el concepto de precio cierto no exige necesariamente que se precise cuantitativamente en el momento de la celebración del pacto, sino que basta que pueda determinarse aquel, es decir, que el concepto no quede en blanco ni afectado de unilateralidad plena, sino que pueda ser determinado con la referencia puntual y concreta que se convenga”(16). Vuelve a ser patente la importancia de la característica de certeza, esta vez en el precio, a la que los artículos 1447 y 1448 del Código Civil aluden. El primero de ellos considera cierto el precio fijado con referencia a cosa cierta, añadiendo que será cierto también el precio cuyo señalamiento se deje al arbitrio de persona determinada, siendo su decisión, de carácter motivado, obligatoria para los contratantes. Por su parte, el artículo 1448 tiene por cierto el precio de las cosas fungibles cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en determinado día, bolsa o mercado(17). La STS de 13 de julio de 1984 [RJ 1984, 3983] resuelve un litigio sobre el precio de una cosecha de manzanas atendiendo al antedicho precepto: “en modo alguno puede decirse que el señalamiento de precio, referido al que obtenga la manzana vendida en la temporada, calculado en su media, no tiene la condición de cierto y determinado, máxime cuando esa certeza y determinación no tenía necesidad de ser fijada por nuevo convenio, por disponer justamente de una referencia concreta y oficial, cual los boletines agrarios, cumpliéndose en efecto el espíritu y finalidad del art. 1448 del citado Código Civil, que tiene por cierto el precio cuando se señala el que la cosa vendida tuviera en determinado día, bolsa o mercado, términos y conceptos que bien pueden hacerse extensivos, por razón de analogía, al precio medio que resulte de una campaña en la zona como referencia bien concreta”.

La STS de 25 de mayo del 2006 [RJ 2006, 3120], en su fundamento de derecho primero, señala que “la jurisprudencia exige que exista precio en la compraventa, por ser elemento esencial de la relación, conforme al art. 1445 C.C., y dicho precio ha de ser determinado. La falta de certeza del precio en el contrato de compraventa, ya sea por no haberse fijado la suma dineraria en que consistía o no haberse establecido criterios válidos que permitan su precisión, no puede ser suplida por los Tribunales, y tampoco puede dejarse su señalamiento al arbitrio de uno de los contratantes, por prohibirlo el art. 1449, es decir, que no cabe su fijación unilateral”.

Siendo este el enfoque del Código Civil y de la doctrina española, que sanciona el contrato de compraventa con precio inicial indeterminado con su nulidad(18), otros ordenamientos jurídicos han admitido la indeterminación del precio(19). Así, en el ámbito anglosajón se reconocen las llamadas cláusulas abiertas de precio —Open Price Term—, presentes en el Código Comercial Uniforme —Uniform Commercial Code—, en los Principios Unitarios de Derecho sobre Contratos Comerciales Internacionales del 2004(20) y en los Principios de Derecho Europeo de Contratos(21).

En los contratos con cláusulas abiertas de precio lo relevante es el querer vincularse a la relación contractual, no exigiéndose para su validez la determinación o determinabilidad del precio por las partes. Por tanto, puede considerarse válido un contrato, a pesar de que el precio o el método para determinarlo no se hayan establecido. Aunque la fijación del precio queda abierta para un sucesivo acuerdo fundamentado en criterios de razonabilidad, las partes están ya vinculadas a dar ejecución al contrato(22). Únicamente se apreciará ineficacia del contrato por indeterminación del precio cuando de ello se deduzca falta de voluntad contractual o cuando al juez le sea imposible encontrar un modo de fijar precio razonable(23).

Así mismo, la concepción del Open Price Contract es propia de otro importante texto legislativo, la Convención Internacional de Viena de 1980(24) sobre la compraventa internacional de mercaderías. Su artículo 55, aunque referido a un sector específico de la contratación, es derecho vigente en España: “Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate”(25).

Por su parte, ordenamientos del ámbito del civil law han adoptando diversos criterios para salvar el contrato en caso de indeterminación del precio. Así, el derecho portugués —(artículo 883, determinación del precio Determinação do preço, del Código Civil(26))— o el derecho italiano —(artículo 1474, falta de determinación expresa del precio Mancanza di determinazione espressa del prezzo, del Código Civil(27))—. La jurisprudencia francesa, ante la imprevisión legislativa expresa, tiende a desplazar la cuestión de la indeterminación del precio desde el momento de formación del contrato al momento de ejecución, conforme a las exigencias de la buena fe.

Recapitulando, en el ordenamiento jurídico español el precio ha de ser: a) Cierto, lo que no exige que esté necesariamente determinada su cuantía en el momento de la perfección del contrato, sino que, al menos, sea determinable, bien con referencia a una cosa cierta —ex art. 1447, C.C.— o a otro precio —ex art. 1448, C.C.—, bien por un tercero —ex art. 1447, C.C., pero nunca por una de las partes, ex art. 1449, C.C.—, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes(28); b) Verdadero o real, en la medida en que las partes tengan intención auténtica e indiscutible de pagar y recibir el precio, ya que en caso contrario este sería simulado y procedería la nulidad de la compraventa y, en su caso, la configuración del negocio como donación; c) En dinero o signo que le represente, esto es, pecuniariedad(29); d) No necesariamente justo, pues no es imprescindible la equiparación entre el precio y el verdadero valor de mercado de la cosa vendida, de lo que se deduce la libre fijación del precio por las partes —excepto para los supuestos en los que existan precios máximos autorizados por ley(30)—.

De lo expuesto se deduce que, de no determinarse la cuantía del precio en el momento de la perfección del contrato, esta deberá ser determinable en un momento posterior sin necesidad de nuevo convenio entre las partes. De ahí que los antedichos artículos 1447 y 1448 del Código Civil español establezcan medios de determinación del importe del precio en la compraventa. Estos medios pueden clasificarse en objetivos —referencia a otra cosa cierta o a otro precio— y subjetivo —arbitrio de persona determinada—.

La referencia a otra cosa cierta constituye un criterio relacional de fijación objetiva del precio de la compraventa, pudiendo aludir a una cosa, en sentido físico, material o jurídico —v. gr., acciones o participaciones sociales—, a un dato —v. gr., operación matemática, metros cuadrados de superficie edificable— o a un hecho cierto —v. gr., remate de una subasta—(31).

La referencia a precio cierto, para las cosas fungibles que se venden por su peso, número o medida, atiende al precio corriente o de mercado que la cosa en cuestión tuviera en determinado día, bolsa o mercado cuyos precios medios sean públicos y conocidos, sin tratarse necesariamente de precios oficiales(32).

Finalmente, la referencia subjetiva la constituye la determinación del precio por un tercero designado de mutuo acuerdo por el vendedor y el comprador actuando conforme a las reglas de equidad —arbitrium boni viri— y las instrucciones que las partes proporcionaron para la fijación del precio. No obstante, las partes pueden pactar expresamente que el tercero fije el precio libremente, de acuerdo a su leal saber y entender, con el único límite de la buena fe. En el momento en que el tercero designado cumpla su encargo decidiendo el precio de la compraventa, se completará una relación que no estaba definida totalmente(33). Y si no lo hiciese, el contrato quedará ineficaz. Igualmente, si aquel no actúa conforme a las circunstancias, lo hace de mala fe o no sigue las pautas indicadas, su decisión será impugnable.

3. Artículo 1449 del Código Civil español: prohibición de fijación unilateral del precio en la compraventa

Tras la breve exposición sobre los medios o instrumentos de determinación del precio en la compraventa, merece especial atención el precepto que prohíbe el señalamiento unilateral de aquel por uno de los contratantes —C.C., art. 1449—(34). Este constituye una aplicación particularizada de la prohibición del artículo 1256 al contrato de compraventa(35), norma que se configura como un límite a la autonomía de la voluntad de las partes, evitando cualquier potencial abuso grave por una de las partes en la celebración o ejecución del contrato. Igualmente, se emplea como criterio interpretador de los contratos, favoreciendo la interpretación que disminuye las posibilidades de arbitrio unilateral(36).

Los casos de “ventas con precio del vendedor” son de frecuente aplicación en el ámbito mercantil, donde si el contrato tiene por objeto cosas genéricas que el vendedor vende habitualmente y las partes no han determinado el precio, ni el modo de determinarlo, se presume que aquellas han querido referirse al precio normalmente practicado por el vendedor(37). Este precio proviene de la oferta, es expreso y público, y en ningún caso privilegia a una de las partes del contrato.

En contraposición al artículo 1449 del Código Civil español, los códigos civiles alemán, italiano y portugués sí regulan la “compraventa con precio del vendedor”:

A) El § 315 (1) del Bürgerliches Gesetzbuch —Código Civil alemán— contempla que “si la prestación debe ser determinada por uno de los que concluyen el contrato, en la duda ha de entenderse que la determinación ha de realizarse según juicio equitativo”(38).

B) El artículo 1474.I del Código Civil italiano conviene que “si el contrato tiene por objeto cosas que el vendedor vende habitualmente y las partes no han determinado el precio, ni han convenido el modo de determinarlo, ni ha sido establecido por la autoridad pública —o por norma corporativa—, se presume que las partes habían querido referirse al precio normalmente practicado por el vendedor”.

C) El artículo 883.1 del Código Civil portugués estipula que “si el precio no estuviese fijado por entidad pública y las partes no lo determinasen en acuerdo o el modo de ser determinado, será válido como precio contractual el que el vendedor normalmente aplique en el momento de conclusión del contrato”.

La STS de 13 de abril de 1982 [RJ 1982, 1947], en su penúltimo considerando, al referirse a la “venta con precio del vendedor”, estima que “requiere para su validez, en primer lugar, una norma legal que ordene su aplicación, norma inexistente en el ordenamiento jurídico patrio, o, en todo caso, un acuerdo contractual que tuviera por finalidad señalar el precio conforme al criterio del vendedor (…); por lo que admitir otro precio que el vendedor habría de fijar llevaría a la infracción de los artículos 1256 y 1449 C.C., en cuanto en definitiva el cumplimiento del contrato quedaría al arbitrio de una de las partes”.

La fijación del precio de manera unilateral en perjuicio de la parte más débil de la relación obligatoria conduce a la nulidad del contrato de compraventa por contravención del artículo 1449 del Código Civil español. Es más, existirá también infracción en el supuesto de que sea el representante del vendedor el que proceda al señalamiento del precio con base en el poder otorgado. Sin embargo, no puede afectar la citada prohibición a aquellos que no hayan sido partes del contrato, incluso si colaboraron en su formación —v. gr., mediador, notario autorizante, testigos del acto, intérprete—(39).

La prohibición del referido precepto se extiende al señalamiento unilateral de los intereses del precio aplazado, así como a la fijación por una de las partes de la forma de garantía del precio diferido. Por el contrario, no contravendría el contenido del artículo 1449 del Código Civil el establecimiento unilateral de las modalidades de pago —v. gr., dinero, cheque, transferencia bancaria—, ni tampoco del importe de la pena convencional ni de las arras que no impliquen anticipo del precio(40).

Aunque la intervención de una parte integrando el precio no es bien acogida por la tradición jurídica española, ninguno de los argumentos aportados contra ella acaba de ser definitivo, siendo el más recurrente el de hacer equivaler esta intervención a una condición puramente potestativa, prohibida por el artículo 1115 del Código Civil, haciendo depender el evento únicamente de la voluntad de una de las partes, sin condicionamientos externos, pudiendo llegar a fijarse un precio desproporcionado(41). Sin embargo, esta teoría decae si entendemos que se trata de una condición simplemente potestativa, donde a pesar de la dependencia de la voluntad de una de las partes, ésta no es absolutamente libre pues existen consecuencias que impiden su configuración como decisión arbitraria. Así, la fijación de la cantidad por una de las partes, atendiendo a la práctica, suele ser razonable, y mucho menos ha de temerse cuando existen elementos objetivos suficientes para asegurar que el contratante que determina el precio no lo hará en su único provecho y en perjuicio de la otra parte(42). A ello ha de añadirse que los riesgos de arbitrariedad son susceptibles de ser solventados mediante la posibilidad de impugnación. Una sentencia interesante que pone de manifiesto la labor de los tribunales para evitar la arbitrariedad de una de las partes en el desarrollo de un contrato es la STS de 16 mayo de 1974 [RJ 1974, 2067], en la que la Sala admitió la validez del contrato por el que un pintor pagaba la casa al vendedor entregando a cambio un número determinado de metros cuadrados de sus cuadros, pero atribuyendo la facultad de elección de dichos cuadros al vendedor para impedir que el pintor-comprador pudiera elegir sus peores cuadros.

No obstante lo expuesto hasta ahora, la limitación de la actuación unilateral de un contratante debe juzgarse atendiendo a su relevancia y al margen de libertad proporcionado por el propio contrato: aquel puede realizar de manera unilateral determinaciones menores —v. gr., compras rutinarias—, decidir libremente entre posibilidades que el contrato considera equivalentes —v. gr., obligaciones alternativas— o realizar actos vinculados de mera determinación —v. gr., comprobar y comunicar la cotización de un mercado organizado—(43). Es más, si una de las partes se reservó fijar a su arbitrio el precio, y en el momento de la venta la otra parte acepta, el contrato será válido. Igualmente, si en el contrato de compraventa las partes han fijado de común acuerdo los criterios para la ulterior fijación del precio, llevándose esta a cabo por uno de los contratantes, no existirá infracción del artículo 1449 del Código Civil(44). La STS de 1º de junio de 1992 [RJ 1992, 4980], relativa al litigio promovido contra una sociedad vendedora de viviendas por entender los demandantes que el precio fue señalado unilateralmente por la citada sociedad, interesando la nulidad de los contratos con ella celebrados, concluye negando “que la determinación del precio —ni su revisión— se dejara al arbitrio de la vendedora, pues lo cierto es que se señaló con una referencia objetiva a un módulo oficial y a su actualización, lo cual no infringe el art. 1449 C.C. (...) los módulos se toman, en todo caso, como referencia para el señalamiento del precio y esta remisión es suficiente para negar que el precio se dejara al arbitrio de la vendedora”. En consecuencia, no cabe la aplicación del artículo 1449 cuando se trate de precios de venta tasados u oficiales(45).

4. Análisis jurisprudencial.

A continuación, y como necesario complemento de la teoría expuesta, se procede a resumir las sentencias más relevantes, resultado de una pormenorizada selección, en el ámbito de la compraventa.

Es interesante observar cómo la mayoría de la casuística sobre la fijación unilateral del precio versa sobre la compraventa y suministro de productos agrícolas. Así:

La Sentencia de Audiencia Provincial —en adelante, SAP— de Barcelona de 24 de abril del 2008 [JUR 2008, 170702] resuelve el conflicto entre las partes intervinientes sobre una relación comercial relativa al suministro de café. La parte vendedora interesaba el cumplimiento del contrato concertado con la parte compradora, que se oponía en virtud de infracción del artículo 1449 del Código Civil español. El precio inicial estaba determinado —9,21 euros por kilogramo—, pero se preveía en el pacto que debía acomodarse en cada entrega semanal a las variaciones que pudiera sufrir el café en grano en los mercados internacionales. El problema residía en que el vendedor no concretó qué mercados ni indicó factores objetivos para la determinación de la repercusión en el escandalo. La parte compradora afirmaba que en el precio final influían precios de compra, costes internos, servicios prestados en cada establecimiento y el beneficio deseado, contemplando el carácter subjetivo de alguno de ellos y reprochando la unilateralidad en la fijación del precio por el vendedor, prohibido en la compraventa por el artículo 1449 del Código Civil español. Estas declaraciones, junto al resto del material probatorio, conducen a entender que se precisaba la celebración de un nuevo contrato en cada suministro, renegociando y variando el precio según la parte vendedora, que acudía al IPC y a cualquier tipo de catástrofe en los cafetales. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó que “en cada entrega y variación la parte compradora era o no libre de aceptar, pues en ello estribaba la negociación, y tenía la posibilidad de no aceptar el precio superior, lo que justificaría la negativa a la compra de café”. Además, el propio contrato establecía la modificación del precio en cada entrega. De ahí que la Audiencia concluya que “no podía obligarse al demandado a cumplir con la compra de todos los kilogramos de café, al no estar determinado ni acordado en forma el precio”.

La STS de 19 de junio de 1995 [RJ 1995, 5322] conoce de una compraventa de varias partidas de plátanos donde la parte recurrente sostiene infracción del artículo 1449 del Código Civil por haberse configurado el precio correspondiente a cada partida de plátanos a través del recibo y entrega de su importe a los recurrentes durante más de un año. La Sala establece que “no puede confundirse la falta absoluta de fijación de precio cierto y su determinación por la libre decisión de una de las partes contratantes, que no autoriza el art. 1449 C.C., con la posibilidad de que el mismo pueda determinarse con posterioridad, pues el concepto de precio cierto no exige que se fije cuantitativamente en el momento de la celebración del negocio, sino que puede tener lugar durante el desarrollo de la relación contractual y también del modo referencial que prevé el art. 1447 C.C., con relación al 1273, y sin necesidad de un nuevo convenio entre los interesados”. Así pues, queda reflejado que, en la dinámica del suministro de productos agrícolas, “resulta difícil fijar de antemano los precios, dadas las oscilaciones del mercado, y hacer fluctuar los mismos en razón al juego del principio económico oferta-demanda y calidad de las mercaderías”.

La STS de 13 de noviembre de 1987 [RJ 1987, 8399] hace referencia a un contrato de compraventa de trescientas mil docenas de puerros celebrado el 20 de marzo de 1978. La cláusula tercera determina las características de los puerros objeto de contrato —longitud, diámetro, etc.—. La cláusula quinta de dicho contrato señala que “el precio estipulado es de 34 pesetas la docena como mínimo; en caso de que en el momento de la recolección el precio del mercado fuese superior al señalado como mínimo (…) las diferencias en más se dividirán por mitades e iguales partes entre comprador y vendedores”. Entre el 6 y el 9 de mayo de 1983 fueron suministrados 18.024 kilogramos, al precio de 36,75 pesetas. El comprador objetó que 9.544 docenas eran puerros pequeños, a los que no se les podía aplicar el precio unitario correspondiente a los normales de 34,5 pesetas, adeudando, por lo tanto, 529.504 pesetas en vez de las 662.382 pesetas requeridas por el vendedor. La Sala concluye que el precio unitario a que deben satisfacerse los puerros es el reconocido en el contrato de compraventa —34,5 pesetas la docena—, estimando infracción del artículo 1449 del Código Civil español.

La STS de 29 de octubre de 1981 [RJ 1981, 4003] presenta una controversia sobre la fijación del precio del kilogramo de tomate, que la parte actora cifró en cinco pesetas y la demandada en nueve pesetas. La primera de las cantidades fue la que se estimó ajustada en la sentencia recaída en la instancia, habida cuenta de los antecedentes derivados de las relaciones entre las partes y de la apreciación de las pruebas practicadas. La parte recurrente insistió en la interpretación errónea del contrato realizada en instancia y apelación, ya que en la estipulación contractual se concertaba que el precio se establecería teniendo en cuenta para ello el coste medio directo a que resulte el producto obtenido por la entidad accionante en las fincas explotadas por ella. La Sala considera que las actuaciones de juzgado y audiencia fueron adecuadas, en tanto en cuanto, para llegar a la fijación del precio, no se atuvieron exclusivamente al contrato, sino que examinaron la conducta de las partes en otro concertado entre las mismas y referido a otra finca para el mismo año agrícola en que el precio se cifraba en 3,90 pesetas. Así, si las fincas se encontraban enclavadas en la misma comarca a la que hacen referencia en cuanto al precio las certificaciones del Ministerio de Agricultura, las valoraciones dadas al kilo de tomate son plenamente válidas, e incluso inferiores al precio de 5 pesetas. Concluyendo, no se produjo interpretación errónea de los artículos 1447 y 1449 del Código Civil español, dado que aquella giró en torno a la del contrato, y a la determinación del precio se llega sin conculcarlo ni dejando su señalamiento al arbitrio de la parte actora, ni la Sala llega a la fijación de tal precio utilizando la vía presuntiva.

Es evidente la importancia de la existencia de precios reglados para los productos agrarios, que, además de servir de base para la fijación de los precios por los profesionales del sector, se emplean como criterio subsidiario para establecer el precio de las transacciones entre comprador y vendedor cuando aquel no ha sido fijado en el contrato o una de las partes pretende determinarlo unilateralmente(46).

Tras estos ejemplos relativos a la conculcación o no del artículo 1449 del Código Civil español en el ámbito del suministro de productos agrícolas, merece una somera referencia la SAP de Ciudad Real de 17 de enero del 2002 [JUR 2002, 72272] que aborda el conflicto en una compraventa de una bomba y 350 metros de cable. La discusión se centró en el precio de estos artículos, no pudiendo admitirse que, aunque estemos en un sistema de libre mercado, el mismo pueda ser fijado unilateralmente por el vendedor después de adquirida la mercancía por el comprador, infringiendo la norma del artículo 1449 del Código Civil español, además de eliminar la buena fe y el justo equilibrio en las contraprestaciones que se impone en estos contratos y exige la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 10. “Así pues, si no consta conformidad del comprador con el precio, bien porque ha aceptado un presupuesto o admitido de alguna forma los precios de venta fijados por el comprador, la determinación de ese precio debe hacerse según los precios medios de mercado, salvo que el vendedor acredite que el precio que fija para la mercancía es el ordinario en su establecimiento, no alejándose significativamente de ese precio medio”. El juez a quo concluyó estimando que el precio debía ser el dado para esos mismos productos por otro comerciante.

A pesar de las numerosas sentencias que se pronuncian sobre la interdicción de la fijación unilateral del precio por una de las partes, estas son poco representativas ya que tales pronunciamientos tienen lugar en sentencias que acaban por estimar la validez del contrato y negar que su precio haya quedado al arbitrio de una parte(47). Por el contrario, la jurisprudencia sí que admite integraciones por uno de los contratantes cuando son de grado menor o están permitidas y limitadas en el contrato —v. gr., precios alternativos, precio del día que diga un contratante—(48).

Bibliografía

ALBÁCAR, J. L. (1991) Código Civil, doctrina y jurisprudencia. Madrid: Trivium, t. V.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. (2006) “Comentario al artículo 1256”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. et ál. Comentarios al Código Civil, 2.ª ed., Aranzadi.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. et ál. (2007) Manual de derecho civil. Contratos, Bercal, 2.ª ed.

CASTÁN TOBEÑAS, J. (1988) Derecho civil español, común y foral, t. IV, p. 81.

DÍEZ-PICAZO, L. (1957) El arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos, Barcelona.

— (1993) Fundamentos de derecho civil patrimonial. Madrid: Civitas, vol. I.

FAJARDO FERNÁNDEZ, J. (2001) La compraventa con precio determinable. Madrid: Edijus.

FERRANTE, A. (2010) “Precio de compra indeterminable, consumidor y acción de reducción del precio: ¿son compatibles en el Draft Common Frame of Reference?”, Indret, enero.

GARCÍA CANTERO (1980) Comentarios al Código Civil y compilaciones forales. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, t. XIX.

GARCÍA VICENTE, J. R.; MARTÍN PÉREZ, J. A. y VAQUERO PINTO, M.ª J. (1997) “La determinación de los honorarios profesionales (En particular, el arbitrio de parte)”, Derecho privado y constitución, n.º 11.

LACRUZ BERDEJO, L.; SANCHO REBULLIDA, F. de A.; LUNA SERRANO, A.; DELGADO ECHEVERRÍA, J. y RIVERO HERNÁNDEZ, F. (1986) Elementos de derecho civil, t. II, vol. 3.º, Barcelona: Bosch.

LÓPEZ y LÓPEZ, A. M. (1991) “Comentario del artículo 1445 C.C.”, en Comentario del Código Civil, Madrid: Ministerio de Justicia, t. II.

PUIG BRUTAU, J. (1988) Fundamentos de derecho civil, Barcelona: Bosch, t. II, vol. 2.º.

PUIG PEÑA, F. (1952) “Compraventa”, en NEJ, IV, Barcelona.

RODRÍGUEZ MORATA, F. (2006) “Comentario al artículo 1445 C.C.”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. et ál. Comentarios al Código Civil, Aranzadi.

— (2006) “Comentario al artículo 1449”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. et ál. Comentarios al Código Civil, 2.ª ed., Aranzadi.

SAN JULIÁN PUIG, V. (1996) El objeto del contrato. Pamplona: Aranzadi.

TRIGO GARCÍA, B. “Precio indeterminado: Dogmática jurídica y realidad del tráfico”, NUL. Estudios sobre invalidez e ineficacia, 2006.


 

(1) Díez-Picazo, L. Fundamentos de derecho civil patrimonial. Civitas, vol. I, Madrid: 1993, p. 201.

(2) Vid. SSTS de 12 de noviembre del 2004 [RJ 2004, 6900], 20 de marzo del 2007 [RJ 2007, 1849], 10 de enero del 2008 [RJ 2008, 204], 19 de mayo del 2008 [RJ 2008, 3091], 30 de junio del 2009 [RJ 2009, 4322].

(3) San Julián Puig, V. El objeto del contrato. Aranzadi, Pamplona: 1996, pp. 56 y 57.

(4) Díez-Picazo, L., ob. cit., p. 210.

(5) Puig Peña, F. “Compraventa”. En: NEJ, IV, Barcelona: 1952, p. 156; Castán Tobeñas, J. Derecho civil español, común y foral, IV, 1988, p. 81; Puig Brutau, J. Fundamentos de derecho civil. Bosch, t. II, vol. 2.º, Barcelona: 1988, p. 135.

(6) Díez-Picazo, L., ob. cit., p. 198; Lacruz Berdejo, L.; Sancho Rebullida, F. de A.; Luna Serrano, A.; Delgado Echeverría, J. y Rivero Hernández, F. Elementos de derecho civil. Bosch, t. II, vol. 3.º, Barcelona: 1986, p. 19; López y López, A. M.: “Comentario del artículo 1445 C.C.”. En: Comentario del Código Civil. Ministerio de Justicia, t. II, Madrid: 1991, p. 889.

(7) San Julián Puig, V., ob. cit., p. 143.

(8) Fajardo Fernández, J. La compraventa con precio determinable, Edijus, Madrid: 2001, p. 37.

(9) Fajardo Fernández, J., ob. cit., p. 39.

(10) San Julián Puig, V., ob. cit., p. 147.

(11) Rodríguez Morata, F. “Comentario al artículo 1445 CC”. En: Bercovitz RodríguezCano, R. et ál. Comentarios al Código Civil. Aranzadi, 2006, p. 1702.

(12) G. III, 140.

(13) P. 5, 5, 9.

(14) Vid. SSTS de 10 de noviembre de 1988 [RJ 1988, 8427]; 10 de febrero de 1992 [RJ 1992, 1200]; 15 de noviembre de 1993 [RJ 1993, 9097]; 20 de julio de 1994 [RJ 1994, 6511]; 19 de junio de 1995 [RJ 1995, 5322]; 14 de marzo del 2000 [RJ 2000, 1833]; 22 de diciembre del 2000 [RJ 2000, 10135]; 14 de diciembre del 2006 [RJ 2006, 9601].

Concretamente, la STS de 20 de julio de 1994 [RJ 1994, 6511], ante una situación de conflicto originada por la falta de precisión del precio en la compraventa de una casa —en documento aparece una cifra de 27.500.000 ptas.; el actor afirma que el precio convenido fue de 17.500.000 ptas.—, el juzgador de instancia rechaza la existencia del contrato.

(15) Vid. SSTS de 12 de abril de 1971 [RJ 1971, 1611], 10 de marzo de 1990 [RJ 1990, 1685], 15 de noviembre de 1993 [RJ 1993, 9097], 9 de enero de 1995 [RJ 1995, 340], 8 de febrero de 1996 [RJ 1996, 952], 5 de marzo de 1997 [RJ 1997, 1649].

(16) En el mismo sentido, vid. STS de 22 de diciembre del 2000 [RJ 2000, 10135].

(17) La referencia al precio de mercado presenta varias ventajas: a) refleja las condiciones reales de la oferta y la demanda, b) es objetivo, c) está al margen de la actuación de una de las partes, d) es relativamente fácil de determinar, e) es verificable y f) es equitativo —Fajardo Fernández, J., ob. cit., 404—.

(18) Fajardo Fernández, J., ob. cit., p. 54; Puig Brutau. Fundamentos de Derecho Civil. Bosch, II, 2.ª ed., Barcelona: 1982, p. 75; Díez-Picazo, L., ob. cit., p. 210.

(19) Trigo García, B. “Precio indeterminado: dogmática jurídica y realidad del tráfico”. En: NUL. Estudios sobre invalidez e ineficacia, 2006.

(20) Unidroit Principles of International Commercial Contracts: articles 2.1.13, Conclusion of contract dependent on agreement on specific matters or in a particular form; 2.1.14, Contract with terms deliberately left open; 5.1.7, Price determination [artículos 2.1.13, Conclusión del contrato dependiente de un acuerdo sobre materias específicas o en una forma particular; 2.1.14, Contrato con cláusulas dejadas abiertas deliberadamente; 5.1.7, Determinación del precio].

(21) Principles of European Contract LawCommission on European Contract Law, 1999—: articles 6:102, Implied Terms; 6:104, Determination of Price; 6:105, Unilateral Determination by a Party; 6:106, Determination by a Third Person; 6:107, Reference to a Non Existent Factor [artículos 6:102, Cláusulas sobreentendidas; 6:104, Determinación del precio; 6:105, Determinación unilateral por una parte; 6:106, Determinación por una tercera persona; 6:107, Referencia a un factor inexistente]. (22) “If the price in a contract is left open by the parties to be established in a later agreement, the parties are still bound to perform under the contract of sale of goods” [“Si el precio en un contrato se ha dejado abierto por las partes para ser establecido en un acuerdo posterior, aquellas están vinculadas para funcionar conforme al contrato de venta de bienes”].

Ferrante, A. “Precio de compra indeterminable, consumidor y acción de reducción del precio: ¿son compatibles en el Draft Common Frame of Reference?”, Indret, enero, 2010, p. 7.

(23) Fajardo Fernández, J., ob. cit., p. 1.

(24) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional —CNUDMI—, 11 de abril de 1980.

(25) Trigo García, B., ob. cit. y Ferrante, A., ob. cit.

(26) Artículo 883: Determinaçao do preço: “1. Se o preço não estiver fixado por entidade pública, e as partes o não determinarem nem convencionarem o modo de ele ser determinado, vale como preço contratual o que o vendedor normalmente praticar data da conclusão do contrato ou, na falta dele, o do mercado ou bolsa no momento do contrato e no lugar em que o comprador deva cumplir; na insuficiência destas regras, o preço é determinado pelo tribunal, segundo juícios de equidade. // 2. Quando as partes se tenham reportado ao justo preço, é aplicable o disposto no número anterior” [“1. Si el precio no estuviese fijado por entidad pública y las partes no lo determinasen en acuerdo o el modo de ser determinado, será válido como precio contractual el que el vendedor normalmente aplique en el momento de conclusión del contrato o, a falta de este, el de mercado o bolsa en el momento del contrato y en el lugar en que el comprador deba cumplir; si estas reglas son insuficientes, el precio será determinado por el tribunal, siguiendo juicios de equidad. // 2. Cuando las partes se hayan referido a un justo precio, será aplicable lo dispuesto en el número anterior”].

(27) Artículo 1474: Mancanza di determinazione espressa del prezzo: “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso é stabilito per atto della pubblica autorit —o da norme corporative—, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. // Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui debe essere eseguita la consigna, o da quelli della piazza più vicina. // Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedente; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente” [“Si el contrato tiene por objeto cosas que el vendedor vende habitualmente y las partes no han determinado el precio, ni han convenido el modo de determinarlo, ni ha sido establecido por la autoridad pública —o por norma corporativa—, se presume que las partes habían querido referirse al precio normalmente practicado por el vendedor. // Si se trata de cosas con un precio de bolsa o de mercado, el precio se deduce de los boletines o de las listas oficiales de precios del lugar en el que debe ser realizada la entrega, o de aquellos del emplazamiento más cercano. // En caso de que las partes hubiesen acordado referirse al justo precio, se aplicarán las disposiciones de los apartados anteriores; y cuando no se trate de los casos así previstos, el precio, a falta de acuerdo, será determinado por un tercero, designado como dispone el segundo apartado del artículo precedente”].

(28) La STS de 22 de febrero de 1968 es clarificadora de la doctrina jurisprudencial sobre el “precio cierto”: “siempre que al perfeccionarse el contrato se hubiesen convenido unas normas claras y concretas para que se haga la oportuna determinación de dicho precio, sin lugar a dudas (…), el precio se reputa cierto, siempre que sea determinable con sujeción a las normas establecidas en él, sin necesidad de un nuevo convenio entre las partes contratantes —art. 1273 C.C.—, o que no se deje al arbitrio de una de ellas su fijación —art. 1449 C.C.—”.

(29) Artículo 1170.I del Código Civil: “El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España”.

(30) Rodríguez Morata, F., ob. cit., p. 1704. Vid. STS de 27 de junio de 1996 [RJ 1996, 4794]: “la concurrencia de precio en las compraventas civiles es elemento esencial para su plena validez, conforme a los artículos 1445, 1447, 1448 y 1449 del Código Civil, sin que sea necesario, como esencialidad contractual, que dicho precio tenga que ser justo, y por lo tanto opera como eficaz y suficientemente determinado si es inferior al real, pero con existencia constatada e incluso aunque sea desproporcionado al normal, resulta intrascendente, pues en nuestro Derecho el ‘pretio vilari facti’ no genera invalidez radical del contrato”.

(31) Rodríguez Morata, F., ob. cit., p. 1709.

(32) García Cantero, G. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Editorial Revista de Derecho Privado, t. XIX, Madrid: 1980, p. 51.

(33) Díez-Picazo, L. El arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos, Barcelona: 1957, p. 321.

(34) Vid. SSTS de 15 de noviembre de 1980 [RJ 1980, 4138], 10 de febrero de 1992 [RJ 1992, 1200], 22 de diciembre del 2000 [RJ 2000, 10135], 25 de mayo del 2006 [RJ 2006, 3120].

(35) Artículo 1256 del Código Civil: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

(36) Bercovitz Álvarez, G. “Comentario al artículo 1256”. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, R. et ál. Comentarios al Código Civil. Aranzadi, 2.ª ed., 2006, pp. 1499 y 1500. Vid. SSTS de 13 de abril de 1982 [RJ 1982, 1947], 15 de noviembre de 1983 [RJ 1983, 6114], 11 de octubre de 1988 [RJ 1988, 7410].

(37) Rodríguez Morata, F.: “Comentario al artículo 1449”. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, R. et ál. Comentarios al Código Civil. Aranzadi, 2.ª ed., 2006, pp. 1711 y 1712.

(38) Esto no significa que el contrato quede en manos de una de las partes ya que si la parte a la que le corresponde la fijación del precio no lo hace, o se retrasa en hacerlo, el juez lo hará en su lugar —Fajardo Fernández, J., ob. cit., p. 111—. En el mismo sentido, Díez-Picazo, L. Fundamentos de derecho civil patrimonial. Civitas, vol. I., Madrid: 1993.

(39) Rodríguez Morata, F. “Comentario al artículo 1449”. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, R. et ál. Comentarios al Código Civil. Aranzadi, 2.ª ed., 2006.

(40) Ibíd.; Albácar, J. L. Código Civil, doctrina y jurisprudencia. Trivium, t. V, Madrid: 1991, pp. 65 y 66.

(41) Fajardo Fernández, J., ob. cit., p. 370.

(42) Ibíd., p. 371.

(43) Ibíd., p. 383.

(44) Vid. SSTS de 10 de marzo de 1990 [RJ 1990, 1685], 27 de abril de 1992 [RJ 1992, 3415], 1.º de junio de 1992 [RJ 1992, 4980], 19 de junio de 1995 ­[RJ 1995, 5322], 22 de diciembre del 2000 [RJ 2000, 10135].

(45) Vid. SSTS de 20 de mayo de 1985 [RJ 1985, 2403] y 17 de diciembre de 1992 [RJ 1992, 10501].

(46) A propuesta de la Comisión Europea y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, por mayoría cualificada, o bien la Comisión Europea, fijan al comienzo de cada campaña de comercialización —de un año de duración— tres precios distintos: a) precio indicativo, de base o de orientación, que representa el precio que, en principio, debería aplicarse en las transacciones; b) precio de umbral o de esclusa, que es el precio mínimo al que pueden venderse los productos importados; c) precio de intervención, que constituye el precio garantizado que, de no alcanzarse, obliga a los organismos de intervención designados por los Estados miembros a comprar las cantidades producidas y a almacenarlas —http://europa.eu—.

(47) Vid. SSTS de 29 de octubre de 1981 [RJ 1981, 4003], 10 de febrero de 1992 [RJ 1992, 1200], 1.º de junio de 1992 [RJ 1992, 4980], 17 de diciembre de 1992 [RJ 1992, 10501], 19 de junio de 1995 [RJ 1995, 5322].

(48) Fajardo Fernández, J., ob. cit., p. 373; vid. SSTS de 30 de noviembre de 1990 [RJ 1990, 9219] y de 30 de abril de 1991 [RJ 1991, 3115].