Política criminal actuarial y tráfico de drogas en el Perú de los noventa

Revista N° 31 Abr.-Jun. 2010

Lucía Nuñovero Cisneros 

Máster en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina 

(Perú) 

Resumen

Mediante un análisis diacrónico de la legislación y las estadísticas peruanas, se mostrará que durante los años noventa el Perú condujo una política criminal de corte actuarial frente al tráfico de drogas. Durante dicha década, una proliferación de leyes referidas al tráfico de drogas así como un incremento de la actividad policial y de la población penitenciaria asociadas a dicho delito evidenciaron una política criminal que privilegia los instrumentos cuantitativos, gerenciales y aparentemente eficaces en desmedro de los cualitativos y clínicos. 

Temas relacionados

Tráfico de drogas; política criminal; población penitenciaria; legislación; aplicación de la ley; policía. 

1. Introducción

El presente artículo pretende hacer un aporte al desarrollo de la política criminal peruana mediante el estudio de la reacción social frente al delito de tráfico de drogas, reacción no solamente legislativa, sino institucional, de la parte de los actores de la criminalización, como son la policía, el poder judicial, el ministerio público, etc.(1)

En las siguientes páginas describiremos tres procesos que se desarrollaron en el Perú durante la década de los noventa: una proliferación de leyes referidas al tráfico de drogas, un incremento de la actividad policial —aunque poco eficaz— en dicha materia y un aumento de la población penitenciaria reclusa por este mismo delito.

Mediante el estudio de dichos procesos, demostraremos que durante los años 90 el Perú implementó frente al tráfico de drogas una política criminal influenciada por el modelo actuarial, paradigma político-criminal que se caracteriza por el empleo de instrumentos cuantitativos probabilistas, las predicciones de reincidencia, la gestión de poblaciones, la utilización de prácticas de identificación de infractores —como el criminal profile—, la generalización de trazos antisociales y otros mecanismos de eficacia aparente, en desmedro del empleo de la perspectiva clínica en el tratamiento del crimen(2).

Para lograr nuestro objetivo, hemos emprendido una trayectoria cualitativa y cuantitativa marcadamente histórica e interpretativa. En adelante, construiremos procesos, cronologías, etapas y tendencias a partir de un análisis diacrónico, tanto de la legislación peruana sobre el tráfico de drogas como de las estadísticas que instituciones de relevancia nacional han elaborado a propósito de dicho delito.

Para empezar, vamos a revisar las dificultades que reviste el estudio del tráfico de cocaína en el Perú. Seguidamente, expondremos los tres procesos mencionados y, finalmente, precisaremos por qué cabe asociarlos con el estilo de política criminal que algunos autores llaman actuarial, puntualizando los problemas que debe resolver la política criminal peruana actual a fin de superar dicha coincidencia.

2. El estudio del tráfico ilícito de drogas - TID - en el Perú

La aproximación al tráfico ilícito de drogas —en adelante, TID—desde un enfoque interdisciplinario requiere una cuidadosa revisión de métodos e indicadores, puesto que por lo general estos provienen de las instituciones encargadas de reprimir el crimen y fácilmente se encuentran impregnados de la visión política que predomina en ellas(3).

Con mayor razón si tomamos como campo el Perú, país que, según el reporte de las Naciones Unidas del 2009, produce el 36% de la oferta mundial de cocaína —ver figura 1—. El fenómeno criminal del tráfico de drogas ha atravesado la sociedad peruana, desde las más pequeñas comisarías y localidades rurales hasta las más importantes oficinas del gobierno central y del sector privado. En consecuencia, dejando de lado toda inocencia acientífica, hemos de considerar que nuestro panorama del comercio ilícito de cocaína se construye predominantemente bajo un enfoque económico y descriptivo, como resultado de varias décadas de producción de información oficial sobre temáticas diversas, como la erradicación de cultivos, la incautación de droga, las mediciones del área cultivada, las detenciones por tráfico de drogas, etc.(4).

Figura 1

Oferta mundial de cocaína, 2009(5)

Fig1-pag46.JPG
 

 

No obstante, producir dicha información no es, ni ha sido nunca, tarea fácil. Ya por los años ochenta las agencias estadounidenses que colaboraban con el Estado peruano en la lucha contra el narcotráfico hicieron hincapié en las discrepancias que se producían entre las mediciones del área cultivada que utilizaban sobrevuelos aéreos y aquellas que utilizaban encuestas terrestres(6). De la misma manera, instituciones especializadas, como Cedro, sostienen que las estimaciones del total de coca cosechada en el país dependen no solamente del área cultivada, sino de la temporada, el suelo, las plagas, la irrigación y los productos químicos empleados. Es por ello que, por ejemplo, para el periodo 2000-2005, la ONU reportó un aumento de 4% en la producción neta de coca —es decir, del total de hojas cosechadas—, mientras que el Crime Narcotics Center del Gobierno de los Estados Unidos estimó en 18% dicho aumento(7).

Así también, la elaboración de la cocaína está lejos de ser un proceso estandarizado, debido, entre otros factores, a la diferente concentración de alcaloide propia de cada cultivo, la diversidad de métodos de manufactura, las diversas cantidades y calidades de los insumos utilizados y los diferentes productos, subproductos y alteraciones posibles(8). El difícil manejo de dichas variables también justifica que, por ejemplo, en el 2007, la ONU corrigiera las fórmulas de estimación de la producción potencial de cocaína en el Perú y otras similares revisiones que se han operado para países de la región en estos últimos años(9).

Figura 2

Mercado de la coca en el Perú(10)

Fig2-pag48a.JPG
 

 

Otro reto metodológico para la comunidad científica internacional es la distinción entre comercio legal e ilegal de coca. Como se puede observar en la figura 2, en el Perú, al menos tres regímenes se confunden. En 1978 se procedió al registro de los agricultores de coca, el cual no ha sido actualizado hasta la fecha. En consecuencia, hoy en día no todos los agricultores registrados venden activamente sus cosechas a la empresa nacional que controla el comercio legal de la materia —Enaco, Empresa Nacional de la Coca—. Adicionalmente, existe un gran número de agricultores informales, muchos de los cuales se han convertido en proveedores del crimen organizado. Otro grupo de agricultores informales destina su producción al autoconsumo o la envía hacia recolectores informales, quienes a su vez la destinan al consumo tradicional o al crimen organizado. Incluso los mismos agricultores registrados pueden preferir vender sus cosechas a estos recolectores informales, arriesgándose a que posiblemente terminen en manos del crimen organizado(11).

Más allá de estas dificultades, abordar la complejidad del fenómeno desde una perspectiva económico-descriptiva propicia el descuido de factores sociopolíticos, como las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y el Perú, el conflicto interno entre el Estado peruano y los grupos terroristas que estalló a comienzos de los años ochenta, el rol de la prensa peruana en los regímenes antidemocráticos, las redes de corrupción que operan en la institución policial peruana, etc.(12).

En vista de ello, hemos preferido aproximarnos al tráfico de drogas entendiéndolo como fenómeno criminal generador de una determinada reacción social, no solamente legislativa, sino institucional(13) y aportar así a la descuidada disciplina de la política criminal peruana. Esta ciencia penal, según algunos autores contemporáneos, se interesa tanto por los objetivos y alcances reales de los sistemas penales como por la elaboración de leyes, con el fin de proponer la manera de obtener los mejores resultados en la lucha contra el crimen(14).

En concreto, el objetivo del presente trabajo será el de poner en evidencia, mediante la descripción de tres procesos sociopolíticos, la política criminal de rasgos actuariales que se implementó en el Perú desde los años noventa. El primero de esos procesos consiste en una proliferación de leyes referidas al tráfico de drogas. El segundo se trata de un incremento de la actividad represiva —no necesariamente eficaz— de la policía peruana frente a dicho delito. Finalmente, el tercer proceso consiste en un incremento exponencial de la población penitenciaria peruana reclusa por tráfico de drogas. Detengámonos a analizar uno a uno estos procesos.

3. Proliferación de leyes sobre el tráfico de drogas

Para destacar la hiperactividad del legislador de los años noventa con respecto al tráfico de drogas, hemos retomado revisiones históricas comprensivas(15) y elaborado una cronología de la legislación peruana sobre el tráfico de drogas, línea del tiempo que será dividida en cuatro etapas y caracterizada por una serie de tendencias.

Una primera etapa —representada por la flecha izquierda en la figura 3— se inicia con la legislación sobre la comercialización de medicamentos y opio en 1920. A esta siguieron medidas de tenor represivo, como la legislación de 1946 y la legislación sanitario-social de 1969. La primera nacionalizó la producción de la cocaína y sancionó penalmente el comercio ilícito de la misma, mientras que la segunda dirigió la represión hacia el tráfico y las bandas de traficantes a la par que estableció el tratamiento para los toxicómanos, la descriminalización del consumo así como medidas de protección de menores y prevención educativa.

Figura 3

Primera y segunda etapas de legislaciones sobre tráfico de drogas(16)

Fig3-pag51.JPG
Fig3-pag51.JPG
 

 

Con el fin del régimen militar de Velasco Alvarado y el retorno de la democracia, la legislación se dirigió hacia la represión de las formas organizadas del narcotráfico, se debatió entre la criminalización y la regularización de los cultivos de coca y finalmente declaró el estado de urgencia en las zonas de producción. La ineficacia del control del Estado en la materia había alcanzado niveles extremos. Era el comienzo de un periodo de hiperinflación económica marcado por el estallido del conflicto armado que enfrentó al Estado peruano contra grupos terroristas durante aproximadamente 20 años(17).

Una segunda etapa —flecha derecha en la figura 3— se inicia en el año 1982, cuando los gobiernos democráticos y el parlamento recientemente elegido se concentraron en la elaboración de normas procesales, organizacionales y penitenciarias, así como en la suscripción de acuerdos internacionales sobre el tráfico de drogas. Por aquellas épocas, el aparato represivo debía hacer frente a una nueva y abrumadora cantidad de casos de tráfico de drogas y terrorismo(18), mientras que en el interior del país aumentaba la incapacidad del Estado para hacerse presente y controlar la amenaza terrorista.

La tercera etapa —flecha izquierda en la figura 4— abarca la década de los noventa, coincidiendo con el régimen de Alberto Fujimori. Durante este periodo, no precisamente el parlamento disuelto por el golpe de Estado de Fujimori de 1992, sino más bien el ejecutivo que había aumentado sus poderes, otorgó una serie de leyes en materia de tráfico de drogas. Paralelamente a este proceso de proliferación normativa en el que queremos poner énfasis, la política económica se tornó hacia el neoliberalismo y el control militar se acentuó al interior del país(19).

Al empezar esta etapa, entre los años 1990 y 1992 se legislaron, por un lado, una estrategia de desarrollo alternativo y, por otro, la represión conjunta del terrorismo y del narcotráfico a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Así mismo, nuevos códigos e instituciones fueron establecidos, entre otros, la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú —en adelante, Dirandro—, el Organismo Interinstitucional de Desarrollo Alternativo —en adelante, ADA—, un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal y un nuevo Código de Ejecución Penal.

Figura 4

Tercera y cuarta etapa de legislación sobre tráfico de drogas

Fig4-pag53.JPG
Fig4-pag53.JPG
 

 

Sin embargo, no todas estas leyes e instituciones sobrevivieron al golpe de Estado de 1992. Después de este hecho, la implementación del ADA y del Código Procesal Penal, que transformaba el modelo de enjuiciamiento inquisitivo en un modelo democrático, fue suspendida. Más bien, el legislador procedió a diversificar las hipótesis de comisión del delito de tráfico de drogas, incluyendo conductas como el lavado de dinero, la comercialización de químicos y drogas sintéticas, etc. También declaró la lucha armada contra el tráfico internacional de drogas y reforzó la severidad de las penas y la ausencia de beneficios penitenciarios(20) para los condenados por este delito.

Enseguida, la legislación nacional adoptó el lenguaje y el marco conceptual propuestos por los organismos internacionales. La lucha contra el narcotráfico fue reimpulsada mediante la planificación y la sistematización de la respuesta a nivel nacional. Además, se volvieron a otorgar leyes sobre el acceso a beneficios penitenciarios y procesales(21), que aligeraron la severidad de las normas antidrogas a la par que apareció un primer ensayo de penas establecidas según la cantidad de droga incautada.

Los últimos años del gobierno de Fujimori, marcados por escándalos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos así como por el desgastamiento del modelo económico neoliberal, se caracterizaron por la implementación de mecanismos de investigación y de beneficios procesales que permitieron dirigir la actividad represiva hacia la criminalidad organizada.

En el año 2000, se dio inicio a una cuarta etapa, en la cual nos consideramos todavía insertos —flecha derecha en la figura 4—. En efecto, nuevos objetivos, como la construcción de la paz, la democracia, la reforma del Estado y la lucha contra la pobreza, fueron adoptados por la Concertación Nacional, el gobierno de transición y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que siguieron al gobierno de Fujimori.

En particular, el acuerdo de Concertación Nacional señaló al tráfico de drogas como uno de los problemas más graves de la sociedad peruana. Así mismo, en esta última etapa, se establecieron tipos base y agravados para dicho delito, contemplándose, entre otros factores, la cantidad de droga incautada (C.P., arts. 296 y 297). También se implementaron unidades especializadas y tipificaciones acordes con las normas de las Naciones Unidas sobre criminalidad organizada.

En estos últimos años, la legislación incorporó una estrategia multidimensional de desarrollo y paz que, sin embargo, no tranza el debate entre la penalización y la legalización de los cultivos de coca. La legislación reciente también se focaliza en la represión de los delitos financieros ligados al tráfico de drogas y evidencia una política menos militarizada, con la implementación del Código Procesal Penal de 1991, así como con la creación de una comisión multisectorial —Contradrogas, después llamada Devida—, encargada de la coordinación interinstitucional y de impulsar las políticas de prevención en la materia.

Así, es evidente que durante el periodo que corresponde a la década de los noventa y coincidiendo con los otros dos procesos actuariales que describiremos a continuación, se otorgaron en el Perú una gran cantidad de normas que con rango de ley establecieron disposiciones referentes al tráfico de drogas. Esta proliferación de leyes referidas al tráfico de drogas estuvo dirigida principalmente a mantener y focalizar la tonalidad represiva de la intervención estatal así como a crear y sistematizar instituciones, cuerpos normativos y mecanismos ad hoc.

4. Focalización de la actividad represiva de la policía en el tráfico de drogas

Para describir en qué medida durante los años noventa la Policía Nacional del Perú dirigió especialmente sus actividades represivas contra el tráfico de drogas, en las páginas siguientes vamos a analizar estadísticas provenientes de diversas instituciones nacionales(22). Dichas estadísticas muestran que, a pesar de que las actividades realizadas por la Policía Nacional tienden hacia la estabilidad y la disminución paulatina desde los años noventa, las actividades de represión del tráfico de drogas aumentaron exponencialmente entre los años 1992 y 2000. Además, constatamos que estas actividades, consistiendo principalmente en intervenciones y arrestos, no son realmente eficaces, al no resultar necesariamente en la detención de traficantes propiamente dichos —en gran medida se trata consumidores o micro traficantes— o en la incautación de clorhidrato de cocaína —en gran medida se trata de pasta básica de cocaína u otras drogas—.

Nuestro análisis implicó la elaboración de cuadros estadísticos que cubren series largas raramente publicadas y nos permiten distinguir tres periodos de registro de actividades policiales. El primer periodo va de los años setenta hasta comienzo de los noventa, época en la cual una comisión multisectorial recogió información sobre las intervenciones y detenciones efectuadas por los tres cuerpos policiales que existían en ese entonces: la Policía Técnica (PT), la Policía General —en adelante, P.G.— y la Policía de Seguridad —en adelante, P.S.—.

El segundo periodo abarca la década de los noventa y coincide con la proliferación normativa descrita anteriormente así como con la unificación de la policía y el gobierno de Alberto Fujimori. En esta década, el indicador “intervenciones” se transformó en la rúbrica “intervenciones en delitos registrados” por la Policía Nacional del Perú —en adelante, PNP—. Finalmente, en un tercer periodo, iniciado en el año 2000, las estadísticas publicadas a nivel nacional consignan dicha información bajo la rúbrica “delitos registrados por la PNP”.

Las variaciones en la denominación de este primer indicador de actividad policial se deben a que a lo largo de estos tres periodos se produjeron cambios en la gestión de la cifra negra que se esconde en todo registro de criminalidad. Efectivamente, la hoy en día innegable inadecuación entre criminalidad registrada y criminalidad real no aparece en la imagen que proclamaban las estadísticas estatales de comienzos de los noventa bajo la frase “la policía interviene cuando ocurre un delito para investigar y detener a los culpables”(23).

Nótese también, con respecto al indicador que contabiliza las detenciones, que el lenguaje penal peruano es susceptible de amalgamar bajo el término detención tanto a aquellas que proceden por mandato judicial como aquellas efectuadas bajo los amplios términos de la detención policial sin mandato judicial —artículo 2-24-f de la Constitución peruana—. Así, para no confundir la actividad que realiza la policía con una calificación sobre su legalidad o con la detención preventiva que se cumple en los establecimientos penitenciarios, hemos preferido referirnos a este tipo de indicador de actividades policiales denominándolo número de arrestos efectuados por la PNP.

Cabe así mismo señalar que la revisión de los datos cuantitativos nacionales nos coloca frente a numerosas inexactitudes, que sin duda contribuyeron a las reformas operadas en la institución policial durante la década de los noventa(24).

Por ejemplo, las estadísticas nacionales de 1993, de donde extraemos el número de intervenciones en infracciones, delitos, huelgas y manifestaciones, difieren en algunas cifras de los datos que proporcionó la P.G. en 1991(25). Otro ejemplo lo constituye el total de delitos registrados, cifra de dificultosa estimación, debido al reenvío que tenía lugar entre los diferentes cuerpos policiales, e indicador particularmente solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos durante los tumultuosos años 90(26).

En efecto, por aquellos años la P.G., la P.S. y la P.T. ofrecían al menos cuatro cifras difíciles de compaginar —ver figuras 5 y 6—. Por un lado, la dedicación de la P.G. y la P.S. a las acciones de campo más que a la formalización y registro de las mismas alentaba en dichos cuerpos la elaboración de altas cifras de actividad. Por el contrario, la especialización de la P.T. en la formalización de las actividades y en la sistematización de la información del conjunto de unidades policiales probablemente influyó en que las cifras de intervenciones y arrestos correspondientes a dicho cuerpo policial se hayan mostrado mucho más modestas.

Tal como se muestra en la figura 5, las intervencionesde la P.G. en infracciones, delitos y manifestaciones aumentaron progresivamente desde los años setenta hasta los noventa. En la misma figura también se observa la poca cantidad de intervenciones que realizaban por aquella época tanto la P.G., en cuanto a huelgas y manifestaciones, como la P.S., en los puestos de frontera.

Así también, las cifras recogidas en las figuras 5 y 6 muestran que después del breve pico que siguió al golpe de Estado que el presidente Fujimori dirigió en 1992, las actividades —intervenciones y arrestos— que realizaba la Policía Nacional disminuyeron moderada y paulatinamente.

Sin embargo, si bien a partir de los años noventa las actividades de la PNP aparecen unificadas, correlacionadas y en paulatina disminución, las actividades de represión al tráfico de drogas más bien aumentaron notablemente a partir del año 1992 y durante el resto de la década, tal como se aprecia en la figura 7. Además, durante este periodo los indicadores se especializaron progresivamente midiendo el arresto de traficantes propiamente dichos y la incautación de clorhidrato de cocaína, y permiten mostrar la poca eficacia de la que adolecían los resultados de la exponencial actividad represiva de los años noventa frente al tráfico de drogas.

Efectivamente, en la figura 7 se observa cómo a diferencia de las intervenciones de la policía para todos los delitos, las intervenciones en materia de drogas aumentaron de manera exponencial desde 1992 hasta el 2000, año en el que esta tendencia empezó a revertirse gradualmente.

Figura 5

Intervenciones en delitos - delitos registrados por la PNP 1963-2008(27)

Fig5-pag59.JPG
Fig5-pag59.JPG
 

 

Figura 6

Número de arrestos a nivel nacional por la PNP 1963-2008(28)

Fig6-pag59.JPG
Fig6-pag59.JPG
 

 

Un patrón similar se observa en las estadísticas de arrestos por tráfico de drogas. En la figura 8 se aprecia el reducido número de arrestos registrados por la Policía de Seguridad en materia de drogas y el incremento de arrestos realizados por la Policía Técnica desde mediados de los ochenta. También salta a la vista la impresionante escalada de dicho indicador a partir de inicios de los noventa y el desarrollo de la tendencia inversa desde el año 2000.

Adicionalmente, tanto en la figura 7 como en la figura 8, podemos apreciar que las estadísticas sobre el tráfico de drogas elaboradas a partir de los años noventa retoman las cifras de la Policía Técnica. Este cuerpo policial, no siendo el que registraba un mayor número de intervenciones en la materia, era sin embargo aquel que registraba el mayor número detenciones, por lo que su actividad aparece revestida de mayor formalidad o eficacia.

En realidad, la misma elaboración de estadísticas en materia de drogas es una de las actividades más florecientes de los años noventa. Entre los factores que promovieron en la institución policial peruana dicho desarrollo se encuentran: la unificación de la policía en 1991; la creación de la Dirección Antidrogas —Dirandro— en 1992 y de su departamento de estadística en 1995; el apoyo de la cooperación internacional en la formación del personal de la Dirandro y de otras instituciones como la Oficina de Narcóticos de la Aduana; el desarrollo de un software unificador en 1994 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas —CICAD—, etc.(29).

Figura 7

Intervenciones por delito de tráfico de drogas 1963-2008(30)

Fig7-pag61.JPG
Fig7-pag61.JPG
 

 

Figura 8

Número de arrestos por tráfico de drogas 1963-2008(31)

Fig8-pag61.JPG
Fig8-pag61.JPG
 

 

5. Eficacia aparente de la represión policial contra el tráfico de drogas

Durante las últimas décadas se han venido desarrollando en el Perú temáticas especializadas sobre la aplicación de las leyes que prohíben el tráfico de drogas. Han surgido así cuatro indicadores predilectos que miden las cantidades de droga incautada, caracterizan las personas arrestadas por tráfico de drogas, localizan las actividades de represión y miden la erradicación de cultivos de coca. Debido a que estos últimos exigen un análisis institucional —unidades y distribución territorial de la PNP— y técnico —hectáreas, almácigos, cosechas, etc.— que dilataría nuestro propósito, vamos a concentrarnos en el estudio de los dos primeros, dejando también de lado las estadísticas más recientes que miden la destrucción de laboratorios o la incautación de vehículos, inmuebles, dinero, armas, etc.

Uno de los indicadores más antiguos e importantes es el de la cantidad de droga incautada por la Policía Nacional. El problema de este indicador es que aglomera las incautaciones de al menos tres tipos de droga muy distintos: la pasta básica de cocaína —PBC—, el clorhidrato de cocaína —CC— y la marihuana. Por ejemplo, la pasta básica de cocaína es un producto que ha sido largo tiempo identificado con las clases marginales del Perú, por presentar un grado mínimo de concentración de alcaloide, un elevado contenido de impurezas y ser accesible a precios bastante reducidos, mientras que el clorhidrato de cocaína ha sido identificado con los mercados nacionales más exigentes o con el mercado internacional de cocaína(32).

Además, las estimaciones de este importante indicador pueden incluso comprender otros tipos de materiales incautados, como hojas de coca, hojas de coca en elaboración, insumos químicos, estupefacientes y opiáceos, generándose discrepancias entre las cifras que presentan las diversas instituciones que manejan esta información(33). A pesar de ello, un estudio detallado muestra que durante los años noventa, si bien el total de droga incautada en el Perú aumentó exponencialmente, las incautaciones de cocaína no aumentaron considerablemente.

Figura 9

Total de droga y de clorhidrato de cocaína incautados por PNP 1979-2007(34)

Fig9-pag63.JPG
Fig9-pag63.JPG
 

En efecto, las diferentes estimaciones inflan el monto total de la droga incautada mediante la inclusión de otros ítems aparte de la marihuana, la PBC y el CC. Peor aún, tal como hemos destacado en los casilleros grises de la figura 9, las estadísticas producidas durante el régimen de Fujimori, sin considerar que a diferencia de la PT, la P.G. tomaba en cuenta la incautación de insumos, utilizaron complementariamente las estimaciones de ambos cuerpos, y a partir de 1994 empezaron a añadir las cantidades de opio incautado. Hoy, las estadísticas nacionales expuestas en la primera columna de la figura 9 comprenden, además de las tres principales drogas incautadas, el opio, la morfina, el látex de opiáceos y la heroína.

Por otro lado, es evidente que durante los años noventa las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron moderadamente. La figura 10 retoma las cantidades incautadas de clorhidrato de cocaína —C.C.— junto con las otras dos drogas más importantes y muestra cómo durante dicha década la pasta básica de cocaína fue la droga mayormente incautada. También se aprecia cómo tan solo a mediados del 2004 las incautaciones de clorhidrato de cocaína han aumentado significativamente tomando un lugar predominante en dicho escenario.

Figura 10

Drogas incautadas por la PNP 1979-2006(35)

Fig10-pag64.JPG
 

 

El desarrollo de la categoría incautaciones de clorhidrato de cocaína se debe a una reciente tendencia de la Policía Nacional del Perú, la eficacia real, pues esta droga es la materia principal que exporta el Perú para el tráfico ilícito de drogas de nivel internacional y sin duda constituye uno de los indicadores de mayor interés para la comunidad internacional.

Por otro lado, las primeras caracterizaciones demográficas de las personas arrestadas por tráfico de drogas a las cuales tuvimos acceso son aquellas que fueron elaboradas por la Policía Técnica a comienzos de los noventa, revelando una criminalidad predominantemente masculina. Como se puede apreciar en la figura 11, durante el gran incremento de arrestos por tráfico de drogas de la década de los noventa, no se registraron mayores variaciones en cuanto al sexo de las personas arrestadas.

Figura 11

Arrestados por TID según sexo 1980-2006(36)

Fig11-pag65.JPG
 

 

En realidad, este indicador se desarrolló dividiéndose en subcategorías. Así, a partir de la mitad de los años noventa, un buen segmento de los arrestados por tráfico de drogas aparece señalado por consumo de drogas, es decir como tratándose en realidad de sujetos a los cuales la prohibición no se dirige. Peor aún, las estadísticas más recientes muestran una subcategoría de micro traficantes dentro del grupo de arrestados por tráfico de drogas.

Cabe preguntarse si podemos hablar de una tasa de detenidos por consumo en un país en el que las leyes no sancionan el consumo de drogas, o de la detención de pequeños dealers cuya mercadería bordea los montos mínimos que establecen las sanciones por tráfico de drogas en el Perú. La figura 12 rinde cuenta de las diferentes estimaciones y reparticiones que las estadísticas actuales realizan, diferenciando dichos segmentos.

Figura 12

Categorías de arresto por tráfico de drogas 1994-2007(37)

Fig12-pag66.JPG
Fig12-pag66.JPG
 

 

Finalmente, aquello que parece evidente es el desarrollo, desde mediados de los noventa, de una categoría a la que podríamos denominar personas arrestadas por TID propiamente dicho —columnas en gris claro de la figura 12—. Esta categoría es en realidad la única destinada a formar parte del total de personas arrestadas por la PNP por cometer delitos. Se trata de una cifra bastante menos significativa al no incluir las gruesas categorías de personas arrestadas por consumo de drogas y micro tráfico, casos que según parece no pasan del arresto a la detención policial formal.

Ahora bien, nos hemos concentrado en la aparición de los indicadores de incautación de clorhidrato de cocaína y de detenidos por tráfico de droga propiamente dicho para demostrar que el incremento de la actividad represiva de la PNP desarrollado a lo largo de los años noventa en cuanto al delito de tráfico de drogas no fue del todo eficaz.

Con el fin de realizar una clara demostración, hemos comparado las cifras de los indicadores de base —el número de intervenciones y de arrestos— con los indicadores de resultado —el monto de clorhidrato de cocaína incautado y el número de detenidos por tráfico de drogas propiamente dicho—. Así, en la figura 13 salta a la vista que si bien durante los años noventa se dio un gran aumento de actividad policial en materia de drogas, tanto en lo relativo a intervenciones como a detenciones, esta exponencial proactividad no fue eficaz sino a menos del 50%, resultando tan solo en un aumento moderado de detenciones de personas dedicadas al tráfico de drogas propiamente dicho y de incautaciones de clorhidrato de cocaína.

Figura 13

Eficacia de las actividades de represión en materia de drogas a nivel nacional 1983-2006(38)

Fig13-pag67.JPG
 

 

Considérese el año 2000 como el año clímax de dicha eficacia aparente. Ese año se realizaron más de 13 mil intervenciones policiales y más de 13 mil arrestos por tráfico de drogas —con las evidentes restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos— para obtener como resultados la incautación de tres mil kilogramos de cocaína y la detención de tres mil personas por tráfico de drogas propiamente dicho, de entre las cuales, al parecer por el desarrollo futuro de indicador, aun cerca de la mitad eran personas dedicadas al micro tráfico.

En fin, recién a partir del año 2000, las cifras dan testimonio de la realización de actividades concentradas en los verdaderos miembros de redes de traficantes y en la incautación del clorhidrato de cocaína.

6. Aumento de la población penitenciaria detenida por tráfico de drogas

La identificación de este último proceso es producto del estudio de reportes estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario —en adelante, INPE—, así como de estadísticas nacionales correspondientes a las últimas décadas. Dichas fuentes evidencian, desde el año 1992, el incremento exponencial de la población penitenciaria nacional y el incremento correlativo del número de personas detenidas por el delito de tráfico de drogas en el marco del agravamiento de la crisis en la que se encuentra actualmente sumido el sistema penitenciario peruano —ver figura 14—.

Figura 14

Aumento de la población penitenciaria en el Perú y Lima 1974-2007(39)

Fig14-pag68.JPG
 

 

En efecto, la prisión peruana, institución receptora de los últimos productos del sistema penal, acumula hoy, entre otros problemas, la sobrepoblación y la presencia desmesurada de personas en detención preventiva. Como se puede apreciar en el cuadro 15 esta última se revela cómo una característica estructural del sistema penitenciario peruano(40) mientras que por otro lado la sobrepoblación genera graves problemas de salud y seguridad.

Consideramos que el exorbitante número de personas reclusas en las cárceles peruanas refleja los magros resultados de la política criminal del país, especialmente cuando esta combate ciertos delitos usando la represión y la lógica retributiva, en vez de políticas públicas que exigen creatividad y precisión. Es el caso de la predilección que desde hace unas décadas muestra el sistema penal en su faceta más represiva hacia el tráfico de drogas.

En el marco de nuestro estudio diacrónico, destaquemos que hoy el tráfico de drogas es un delito específico que pertenece al grupo de los delitos contra la seguridad pública, junto con otros de menor relevancia cuantitativa, pero al que hace un par de décadas las estadísticas consideraban, al igual que el delito de terrorismo, como un delito especial que no entraba en las categorías tradicionales. Por aquellos años —los ochenta—, la alta recurrencia del tráfico de drogas entre la población reclusa era nueva y alarmante. Según el censo de 1987, el 28% de la población penitenciaria —e incluso el 49% y el 32% de la población penitenciaria de los departamentos de Pucallpa y Huánuco, respectivamente— se encontraba detenida por este delito(41).

Figura 15

Población penitenciaria nacional según situación jurídica 1975-2008(42)

Fig15-pag70.JPG
 

 

Figura 16

Población penitenciaria según categoría de delito 1990-2008(43)

Fig16-pag70.JPG
 

 

Paralelamente al exponencial incremento de la población penitenciaria desatado en los años noventa, el número de detenidos por tráfico de drogas aumentó progresivamente de manera que su grado de participación en la cifra total de reclusos se ha mantenido intacto a través de las décadas —véase la categoría “delitos contra la seguridad pública” en la figura 16—. Así, en enero del 2008, 10.568 personas encarceladas fueron acusadas de haber cometido este delito, más del doble de las 4.377 señaladas en las estadísticas del año 1990(44).

En realidad, la evolución de la población penitenciaria peruana de las últimas décadas corresponde en gran medida al aumento del número de detenidos por delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual y por tráfico de drogas. Por el contrario, los delitos contra la tranquilidad pública o contra la vida, el cuerpo y la salud aparecen en disminución. El cuadro 17 muestra mes por mes el mencionado crecimiento del número de detenidos por tráfico de drogas en nuestro país.

Concluimos la descripción de este incremento exponencial y progresivo del número de detenidos por el delito de tráfico de drogas haciendo hincapié en que este proceso, al igual que los anteriores, se inicia a comienzo de los años noventa y coincide con el régimen del presidente Fujimori, particularmente con el golpe de Estado que realizó dicho mandatario. Sin embargo, a diferencia de la aparentemente eficaz represión policial contra el tráfico de drogas y de la proliferación de la legislación sobre la materia, el incremento de la población penitenciaria reclusa por tráfico de drogas continúa en franco desarrollo hasta nuestros días.

Figura 17

Población penitenciaria detenida por tráfico de drogas en 1998, 2000 y 2005(45)

Fig17-pag71.JPG
Fig17-pag71.JPG
 

 

7. La tesis actuarial en el Perú. ¿Qué hacer con la herencia de los noventa?

Harcourt caracteriza el paradigma actuarial por el privilegio del empleo de instrumentos cuantitativos probabilistas, las predicciones de reincidencia, la utilización de prácticas de identificación de infractores —como la elaboración de perfiles criminales—, la gestión de poblaciones, la generalización de trazos antisociales y otros mecanismos de eficacia aparente, por encima del empleo de la perspectiva clínica en el tratamiento del crimen(46).

Reimpulsando el empleo de una perspectiva cualitativa, clínica y terapéutica para el estudio y tratamiento del crimen, las críticas del modelo actuarial resaltan la pérdida de lo particular o de la singularidad de los casos y de las personas que constituyen una población. Simon y Feeley han sostenido también que, en los años noventa, los países más desarrollados fueron testigos del surgimiento de la nueva penología, un “modo de discurso y de tecnología para la gestión de personas peligrosas que reemplaza un primer lenguaje de culpabilidad moral, diagnóstico clínico y tratamiento de intervención (...), un lenguaje actuarial de cálculos probabilistas y distribuciones estadísticas aplicadas a las poblaciones”(47).

Como señala Harcourt, la política criminal actuarial migra de ciertos países desarrollados hacía países que, como el nuestro, adoptan las políticas y metodologías de sus interlocutores cooperantes(48). Por ejemplo, uno de los últimos mecanismos de represión de este tipo ha sido el drug courrier profile, que la Drug Enforcement Agency —DEA— implementó en los años noventa y que podría traducirse en el perfil del burrier(49) que utiliza la policía peruana del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez(50). En este artículo, nos hemos centrado en describir tres procesos sociopolíticos desarrollados durante los años noventa, los cuales muestran la influencia del modelo actuarial en la política criminal peruana con respecto al tráfico de drogas.

Así, en primer lugar, hemos constatado que durante los noventa se desarrolló una proliferación de leyes sobre el tráfico de drogas, la mayoría de ellas establecidas por el poder ejecutivo mediante decretos legislativos, decretos supremos y decretos de urgencia. En segundo lugar, hemos expuesto la particular focalización de la actividad represiva de la policía en el tráfico de drogas que se desarrolló durante dicha década. Ésta comprende la inversión en la creación de unidades, sistemas de información e indicadores especializados en materia de drogas, así como el aumento de las intervenciones y arrestos por el delito de tráfico de drogas; desarrollos que, sin embargo, se contraponen a la tendencia de la policía a disminuir sus actuaciones represivas, alcanzan resultados poco eficaces y, sin duda, afectan negativamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Finalmente, y como consecuencia directa de lo anterior, hemos constatado que durante la década mencionada, la población penitenciaria reclusa por el delito de tráfico de drogas aumentó exponencialmente y contribuyó decididamente al igualmente dramático incremento de la población penitenciaria nacional. Abandonada la perspectiva clínica y la aproximación a las personas, el sistema penitenciario peruano se ha vuelto incapaz de la proclamada rehabilitación y no ha cesado de dirigirse hacia su inevitable crisis y a una política de gestión de poblaciones conflictivas y antisociales, imitando un modelo que ya en los noventa era susceptible de críticas.

Sin duda, estos procesos muestran que, en el marco del desarrollo de la criminalización del tráfico de drogas —historia que lleva casi un siglo en nuestro país—, la década de los noventa fue testigo del desarrollo de una política criminal de tipo actuarial frente al tráfico de drogas. Como lo muestra nuestro estudio, dicha tendencia se ha prolongado hasta nuestros días a través del sistema penitenciario, aunque como política criminal reclame que los legisladores y actores la doten de una nueva identidad frente a dicho legado.

A pesar de la magnificencia cuantitativa de estas últimas décadas, puntos importantes no han sido aún definidos en la política criminal peruana frente al tráfico de drogas. ¿Se trata de un modelo extremadamente represivo o flexible frente al consumo? A la ambivalencia normativa se añade la incoherencia de las instituciones encargadas de poner en práctica las prohibiciones. Hasta la fecha, como hemos visto, la policía arresta o detiene mayor número de personas por consumo de drogas que por tráfico de drogas. Por otro lado, el debate entre la legalización y la criminalización de los cultivos de coca no ha visto avances significativos desde el registro de 1978, a causa de la incapacidad del Estado de incluir políticamente al sector de los agricultores llamados “cocaleros”. Como bien señala Prado Saldarriaga, “la crisis cocalera se manifiesta como un hecho latente y recurrente que conlleva situaciones de violencia e inseguridad, que se han sucedido cíclicamente en los últimos tres años”. Así, también conlleva actuaciones políticas contradictorias, como es el caso de las ordenanzas regionales que legalizan los cultivos y la sentencia del tribunal constitucional que las aplaca(51).

En fin, nuestra última consideración apunta a plantear más que una crítica a una tendencia político criminal, la urgencia de que se incluya en la agenda peruana de lucha contra el tráfico de drogas un debate acerca de los objetivos de dicha cruzada política. ¿Se trata de indicadores y cifras que debemos alcanzar y mostrar o de personas y sistemas sociales que debemos proteger y recuperar? La apuesta por esto último implica la implementación de una política criminal que articule los valores que dictan la economía, la estadística y el derecho penal, con una perspectiva cualitativa, social, humana y ética.

Sin duda, la incorporación de perspectivas humanistas así como de instrumentos clínicos y cualitativos en la lucha contra el tráfico de drogas nos previene de una ciencia puesta al servicio de los réditos políticos y más bien dirige su contribución hacia la solución de un problema humano que pasa por la desigualdad social, la exclusión política de ciertos sectores, la desintegración familiar y la decadencia moral, problemas que finalmente terminan en las fábricas de exclusión y crimen que son las cárceles peruanas.

Queda entonces abierta la tarea de integrar, en el seno de cada misión de la tan mentada lucha contra el tráfico de drogas y de las personas que las llevan a cabo, nuevas perspectivas, valores y esquemas cognitivos que permitan construir el verdadero progreso de esta cruzada, de las ciencias así como, del país y de la humanidad.

Bibliografía

ADLP-Congreso. Archivo digital de la legislación en el Perú del Congreso de la República. En: Sitio oficial del Parlamento de la República del Perú, www.congreso.gob.pe/ntley/LeyNume_1.asp [consulta realizada en mayo del 2009].

Baratta, A. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Buenos Aires: Siglo XXI, 1982.

Bergalli, R. El control penal en el marco de la sociedad jurídica. En:Sociology of Penal Control within the Framework of the Sociology of Law, Oñati Proceedings, n.º 10, Roberto Bergalli (ed.), Oñati International Institute for the Sociology of Law, 1991, pp. 25-46.

Brochu, S. Drogue et criminalité: une relation complexe. Montréal: Presses Université Montréal, 2006.

Caulkins, J. y Chandler, S. Long Run Trend in Incarceration of Drugs Offenders in the United States. En: Crime and Delinquency, 52-4 Crime Delinquen, 2006, pp. 619-641.

Cedro. El problema de las drogas en el Perú. Informe 2008. Lima: Cedro, 2008.

Cedro y Rubio, M. Legislación peruana sobre drogas 1920-1993. Lima: Cedro, 1994.

Comisión Europea. Criminalité liée à la drogue. En: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/supply/ fsj_drugs_supply_reduction_fr.htm [consulta realizada en mayo del 2009].

Costa, G. y Basombrío, C. Liderazgo civil en el Ministerio del Interior. Lima: IEP, 2004.

Cotler, J. Drogas y política en el Perú: la conexión norteamericana. Lima: IEP, 1999.

CVR. Informe final de la comisión de la verdad y reconciliación. Tomo II, “Los actores del conflicto: las fuerzas policiales”. Lima: CVR, 2003.

Defensoría del Pueblo - Perú. Supervisión del sistema penitenciario 2006. Informe Nº 113. Lima: Defensoría del Pueblo, 2007.

Degregori, C. Perú: crisis de régimen constitucional en un contexto de ajuste neoliberal y violencia política. En: Gaytan, P.; Peñaranda, R. y Pizarro E. (eds.) Democracia y reestructuración económica en América Latina. Bogotá: Cerec, 1996.

Dirandro (Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú). Historia y organización. En: sitio oficial de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú PNP - Dinandro, http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirandro/historia.html [consulta realizada en marzo y julio del 2008].

Duprez, D.; Kokoreff, M. y Weinberger, M. Carrières, territoires et filières pénales: pour une sociologie comparée des trafics de drogue (Hauts-de-Seine, Nord, Seine-Saint-Denis). Paris: Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies, 2001.

Estela Benavides, M. Un enfoque de mercado: radiografía del narcotráfico en el Perú. En: Estela Benavides, Manuel et ál. El narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú. Estudios sobre coca, cocaína, seguridad y desarrollo. Lima: Macroconsult, 2009, pp. 21-72.

Friesendorf, C. Squeezing the balloon? United States Air Interdiction and the Restructuring of the South American Drug Industry in the 1990’s. En: Crime, Law & Social Change, n.º 44, 2005, pp. 35-78.

Harcourt, B. Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas de criminalidad 1962-1991. Lima: INEI, 1991.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Perú, serie estadísticas 1970-1992. Lima: INEI, 1993.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas sobre la producción el tráfico y consumo de drogas 1994-1996. Lima: INEI, 1996.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas sobre la producción el tráfico y consumo de drogas 1996-1997. Lima: INEI, 1997.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas sobre la producción el tráfico y consumo de drogas 1997-1998. Lima: INEI, 1998.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas seguridad y violencia 1997-98. Lima: INEI, 1998.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas de violencia y seguridad pública 1998-99. Lima: INEI, 1999.

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Compendio de estadísticas Perú 2006. Lima: INEI, 2006.

INPE(Instituto Nacional Penitenciario). Informe estadístico enero 2008. Lima: Instituto Nacional Penitenciario, 2008.

INPE (Instituto Nacional Penitenciario). Informe estadístico junio 2004. Lima: Instituto Nacional Penitenciario, 2004.

INPE (Instituto Nacional Penitenciario). Informe estadístico mayo 2003. Lima: Instituto Nacional Penitenciario, 2003.

INPE (Instituto Nacional Penitenciario). Informe estadístico enero 2002. Lima: Instituto Nacional Penitenciario, 2002.

INPE-INEI. Censo nacional penitenciario del 7 de abril de 1986. Lima: INEI, 1987.

Kaminski, D. L’activité pénale sous influence: un bilan de recherche. En: Kaminski, Dan (ed.) L’usage pénal des drogues. Bruxelles: De Boeck Université, 2003, pp. 11-37.

Kokoreff, M. Les trajectoires recomposées ou le pénal entre mises en scène et zones d’ombre. En: Kaminski, Dan y Kokoreff, Michel (eds.) Sociologie pénale: systeme et experience. Paris: Erès, 2004, pp. 107-131.

Lacey, N. Criminology, Criminal law and Criminalization. En: Maguire, Mike; Morgan, Rob y Reiner, Robert (eds.). Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Clarendon Press, 1997, pp. 437-448.

Laniel, L. The Relationship between Research and Drug Policy in the United States. En: Geffray, Christian; Fabre, Guiliem y Michel Schiray. Globalization, Drugs and Criminalization: Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001276/127644e.pdf [consulta realizada el 17 abril del 2008].

Library of USA Congress. Country Study. Peru. General Police. En: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+pe0160) [consulta realizada el 2 mayo del 2009].

Mc Gregor, F. Droga: desinflando el globo: narcotráfico, corrupción y opinión pública en el Perú. Lima: Universidad del Pacífico - Instituto para la Paz, 1998.

Ordinola. M. et ál. La ruta de la coca: de caserío en caserío a la coca global. Qué hacer. n.º 149, 2004, pp. 27-60.

ONUCD y Devida. Perú: monitoreo de cultivos de coca. Lima: ONUCD-Perú, 2008.

ONUCD-Perú. Drogas y delitos en el Perú. Situación actual y evolución. Lima: ONUCD, 2007.

PNP. Historia de la PNP. En: sitio oficial de la Policía Nacional del Perú, http://www.pnp.gob.pe/historia.html [consulta realizada el 22 de mayo del 2009].

Prado Saldarriaga, V. Criminalidad organizada: conceptos, características, tráfico ilícito de drogas, asistencia judicial mutua, entrega vigilada de bienes, extradición, convenios internacionales y legislación nacional. Lima: Idemsa, 2006.

Prado Saldarriaga, V. Política criminal nacional, tráfico ilícito de drogas y tratamiento penal de los actos de cultivo de plantas fiscalizadas (2008). En: sitio de derecho penal de la Universidad de Friburgo, http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=articulos [consulta realizada el 20 de diciembre del 2009].

Rivera, I. (ed.) Política criminal y sistema penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas. Barcelona: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, 2005.

Schiray, M. Certainties and Uncertainties as Regards Illicit Drug Trafficking: Research in the Case of France. En: Geffray, Christian; Fabre, Guiliem y Schiray, Michel. Globalization, Drugs and Criminalization: Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. Unesco, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001276/127644e.pdf [consulta realizada el 17 abril del 2008].

Schmalleger, F. Criminology Today. New Jersey: Prentice Hall, 1996.

Simon, J. y Feeley M. The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications. En: Criminology, n.º 30, 4, 1992, pp. 449-474.

Snacken, S., Beyens, S. y Tubex, H. Changing Prisons in Western Countries: Fate or Policy. En: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n.º 1, 1995, pp. 18-53.

UN-ODC (United Nations Office Drugs and Crime). World drug report 2008. United Nations publications, 2008.

UN-ODC (United Nations Office Drugs and Crime). World Drug Report 2009. United Nations publications, 2009.

UN-ODC (United Nations Office Drugs and Crime). Chronologie: Cent ans de contrôle de drogues. http://css.unodc.org/documents/wdr/timeline_F.pdf [consulta realizada el 27 de mayo del 2009].

Wacquant, L. Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial, 2000.

OPD-DEVIDA. Informe-estadística sobre drogas en el Perú. Lima: Observatorio Peruano de Drogas y Devida, 2006.

(1) Duprez, D.; Kokoreff, M. y Weinberger, M. Carrières, territoires et filières pénales: pour une sociologie comparée des trafics de drogue (Hauts-de-Seine, Nord, Seine-Saint-Denis). Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies, Paris: 2001; Kokoreff, M. “Les trajectoires recomposées ou le pénal entre mises en scène et zones d’ombre”. En: Kaminski, Dan y Kokoreff, Michel. (eds.) Sociologie pénale: systeme et experience. Erès, Paris: 2004, pp. 107-131; Lacey, N. “Criminology, Criminal law and Criminalization”. En: Maguire, Mike; Morgan, Rob y Reiner, Robert (eds.). Oxford Handbook of Criminology. Clarendon Press, Oxford: 1997, pp. 437-448; Baratta, A. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI, Buenos Aires: 1982; Bergalli, R. “El control penal en el marco de la sociedad jurídica”. En:Roberto Bergalli (ed.). Sociology of Penal Control within the Framework of the Sociology of Law. Oñati Proceedings, n.º 10, Oñati International Institute for the Sociology of Law, 1991, pp. 25-46.

(2) Harcourt, B. Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age. University of Chicago Press, Chicago: 2007; Simon, J. y Feeley M. “The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications”. En: Criminology, n.º 30, 4, 1992, pp. 449-474.

(3) Laniel, L. “The Relationship between Research and Drug Policy in the United States”. En: Geffray, Christian; Fabre, Guiliem y Michel Schiray. Globalization, Drugs and Criminalization: Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. Unesco, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001276/127644e.pdf [consulta realizada el 17 abril del 2008]; Schiray, M. “Certainties and Uncertainties as Regards Illicit Drug Trafficking: Research in the Case of France”. En: Geffray, Christian; Fabre, Guiliem y Schiray, Michel. Globalization, Drugs and Criminalization: Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. Unesco, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001276/127644e.pdf [consulta realizada el 17 abril del 2008]; Kaminski, D. “L’activité pénale sous influence: un bilan de recherche”. En: Kaminski, Dan (ed.) L’usage pénal des drogues. De Boeck Université, Bruxelles: 2003, pp. 11-37.

(4) UN-ODC (United Nations Office Drugs and Crime). “Chronologie: Cent ans de contrôle de drogues”. En: http://css.unodc.org/documents/wdr/timeline_F.pdf [consulta realizada el 27 de mayo del 2009]; Schmalleger, F. Criminology Today. Prentice Hall, New Jersey: 1996; Comisión Europea. “Criminalité liée à la drogue”. En: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/supply/fsj_drugs_supply_reduction_fr.htm [consulta realizada en mayo del 2009].

(5) Fuente: UN-ODC (2009).

(6) Library of USA Congress. “Country Study. Peru. General Police”. En: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+pe0160) [consulta realizada el 2 mayo del 2009]; ONUCD y Devida. Perú: monitoreo de cultivos de coca. ONUCD-Perú, Lima: 2008.

(7) Cedro. El problema de las drogas en el Perú. Informe 2008. Cedro, Lima: 2008.

(8) Cedro. El problema de las drogas en el Perú. Informe 2008. Cedro, Lima: 2008.

(9) UN-ODC (United Nations Office Drugs and Crime). World drug report 2008. United Nations publications, 2008.

(10) Fuente: Estela Benavides, M. (2008).

(11) Estela Benavides, M. “Un enfoque de mercado: radiografía del narcotráfico en el Perú”. En: Estela Benavides, Manuel et ál. El narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú. Estudios sobre coca, cocaína, seguridad y desarrollo. Macroconsult, Lima: 2009, pp. 21-72.

(12) Cotler, J. Drogas y política en el Perú: la conexión norteamericana. IEP, Lima: 1999; Mc Gregor, F. Droga: desinflando el globo: narcotráfico, corrupción y opinión pública en el Perú. Universidad del Pacífico - Instituto para la Paz, Lima: 1998; Ordinola. M. et ál. La ruta de la coca: de caserío en caserío a la coca global. Qué hacer. n.º 149, 2004, pp. 27-60; Friesendorf, C. “Squeezing the balloon? United States Air Interdiction and the Restructuring of the South American Drug Industry in the 1990’s”. En: Crime, Law & Social Change, n.º 44, 2005, pp. 35-78; Costa, G. y Basombrío, C. Liderazgo civil en el Ministerio del Interior. IEP, Lima: 2004.

(13) Duprez, D.; Kokoreff, M. y Weinberger, M. Carrières, territoires et filières pénales: pour une sociologie comparée des trafics de drogue (Hauts-de-Seine, Nord, Seine-Saint-Denis). Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies, Paris: 2001; Kokoreff, M. “Les trajectoires recomposées ou le pénal entre mises en scène et zones d’ombre”. En: Kaminski, Dan y Kokoreff, Michel. (eds.) Sociologie pénale: systeme et experience. Erès, Paris: 2004, pp. 107-131; Lacey, N. “Criminology, Criminal law and Criminalization”. En: Maguire, Mike; Morgan, Rob y Reiner, Robert (eds.). Oxford Handbook of Criminology. Clarendon Press, Oxford: 1997, pp. 437-448; Baratta, A. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI, Buenos Aires: 1982; Bergalli, R. “El control penal en el marco de la sociedad jurídica”. En: Roberto Bergalli (ed.). Sociology of Penal Control within the Framework of the Sociology of Law. Oñati Proceedings, n.º 10, Oñati International Institute for the Sociology of Law, 1991, pp. 25-46.

(14) Rivera, I. (ed.) Política criminal y sistema penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, Barcelona: 2005.

(15) Cedro y Rubio, M. Legislación peruana sobre drogas 1920-1993. Cedro, Lima: 1994; Prado Saldarriaga, V. Criminalidad organizada: conceptos, características, tráfico ilícito de drogas, asistencia judicial mutua, entrega vigilada de bienes, extradición, convenios internacionales y legislación nacional. Idemsa, Lima: 2006; UN-ODC (United Nations Office Drugs and Crime). World Drug Report 2009. United Nations publications, 2009; ADLP-Congreso. “Archivo digital de la legislación en el Perú del Congreso de la República”. En: sitio oficial del Parlamento de la República del Perú, www.congreso.gob.pe/ntley/LeyNume_1.asp [consulta realizada en mayo del 2009].

(16) Las siguientes abreviaturas corresponden a los diferentes tipos de instrumentos normativos citados: L = Ley; D.L. = Decreto Legislativo; D.S. = Decreto Supremo y D.U. = Decreto de Urgencia.

(17) Degregori, C. “Perú: crisis de régimen constitucional en un contexto de ajuste neoliberal y violencia política”. En: Gaytan, P.; Peñaranda, R. y Pizarro E. (eds.) Democracia y reestructuración económica en América Latina. Cerec, Bogotá: 1996.

(18) INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas de criminalidad 1962-1991. INEI, Lima: 1991.

(19) Degregori, C. “Perú: crisis de régimen constitucional en un contexto de ajuste neoliberal y violencia política”. En: Gaytan, P.; Peñaranda, R. y Pizarro E. (eds.) Democracia y reestructuración económica en América Latina. Cerec, Bogotá: 1996.

(20) Los beneficios penitenciarios reagrupan en la legislación peruana a las medidas de excarcelación como la libertad condicional, la semilibertad, los permisos de salida, la redención de pena por estudios, etc.

(21) Por beneficios procesales comprendemos las medidas de reducción de pena por suministro de información, la suspensión de la pena por colaboración eficaz, etc.

(22) La mayoría han sido extraídas de los compendios nacionales editados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Otras provienen directamente de las oficinas de la Dirección Antidrogas de la PNP, Dirandro. Finalmente, han sido también integradas estadísticas publicadas por instituciones como el Observatorio Peruano de Drogas o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Región.

(23) INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Perú, serie estadísticas 1970-1992. INEI, Lima: 1993.

(24) Costa, G. y Basombrío, C. Liderazgo civil en el Ministerio del Interior. IEP, Lima: 2004.

(25) INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas de criminalidad 1962-1991. INEI, Lima: 1991; INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Perú, serie estadísticas 1970-1992. INEI, Lima: 1993.

(26) Library of USA Congress. “Country Study. Peru. General Police”. En: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+pe0160) [consulta realizada el 2 mayo del 2009].

(27) Fuentes: 1/ y 2/ INEI (1991); 3/ USA Library of Congress (2008); 4 y 5/ INEI (1993); 6/ INEI (1998) y 7/ INEI (2006).

(28) Fuentes de 1969-1991: INEI (1991); de 1992- 1998: INEI (1999); de 1999-2006: INEI (2006).

(29) Costa, G. y Basombrío, C. Liderazgo civil en el Ministerio del Interior. IEP, Lima: 2004; PNP. “Historia de la PNP”. En: sitio oficial de la Policía Nacional del Perú, http://www.pnp.gob.pe/historia.html [consulta realizada el 22 de mayo del 2009]; Dirandro (Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú). “Historia y organización”. En: sitio oficial de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú PNP - Dinandro, http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirandro/historia.html [consulta realizada en marzo y julio del 2008]; INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). “Estadísticas sobre la producción el tráfico y consumo de drogas 1994-1996”. INEI, Lima: 1996; INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). “Estadísticas sobre la producción el tráfico y consumo de drogas 1996-1997”. INEI, Lima: 1997; INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). “Estadísticas sobre la producción el tráfico y consumo de drogas 1997-1998”. INEI, Lima: 1998.

(30) Fuentes: 1/ INEI (2006) e INEI (1998); 2, 3 y 4/ INEI (1991).

(31) Fuentes: 1/ INEI (2006); 2/ ONUDD (2007); 3/ INEI (1999); 4 y 5/ INEI (1991).

(32) Cedro. El problema de las drogas en el Perú. Informe 2008. Cedro, Lima: 2008.

(33) Los casilleros sombreados de la Figura 9 muestran ciertas discrepancias. Por ejemplo nótese la cantidad de droga incautada que presenta la estrategia de lucha contra las drogas para el año 1999 o la cantidad de cocaína y de droga incautadas en 1995 que parecen haber sido corregida en las estadísticas recientes. Así mismo el Observatorio peruano de drogas presenta cifras para los años 2000 y 2003 que difieren de las presentadas en las estadísticas nacionales.

(34) Fuentes: 1/ INEI (2006); 2/ INEI (1999) e INEI (1998); 3/ y 4/ INEI (1991); 5/ DS. 77 004-2004-PCMEstrategia de lucha contra las drogas 2002; 6/ OPD-Devida (2006)y 7/ OEA-CICAD 1998-2003, INEI 2004-2005, Dirandro 2006-2007 elaboración: ONUDD (2007).

(35) Fuentes 1979-1983: INEI (1991); 1983 – 1991: INEI (1998) y 1991-2006: INEI (2006).

(36) Fuentes 1980-1990: INEI (1991), Estadísticas de criminalidad 1991, 1990-2006: INEI (2006), Compendio estadístico 2006.

(37) Fuentes: 1/ INEI (2006), Compendio estadístico 2006; 2/ OPD-Devida (2006), Información estadística sobre las drogas en el Perú;3/ ONUDD (2007); Informe Perú: Drogas y delito 2007.

(38) Fuentes: INEI (1991);INEI (1996) (1997) (1998); INEI (1998) e INEI (2006).

(39) Fuentes: INEI (1991); INEI (1999); INEI (2006) e INPE (2008).

(40) Defensoría del Pueblo - Perú. Supervisión del sistema penitenciario 2006. Informe 113. Defensoría del Pueblo, Lima: 2007.

(41) INPE-INEI. Censo nacional penitenciario del 7 de abril de 1986. INEI, Lima: 1987; INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Perú, serie estadísticas 1970-1992. INEI, Lima: 1993.

(42) Fuentes: INEI (1991); INEI (1999); INEI (2006) e INPE (2008).

(43) c/ En 1990 llamado delito “contra la moral y buenas costumbres”; b/ en 1990 comprendía solamente el tráfico de drogas, en adelante se añadieron otros delitos de menor relevancia cuantitativa; a/ el delito de terrorismo fue después repartido entre las categorías de “tranquilidad pública” y “contra el Estado y defensa pública”. Fuentes: INEI (1991); INEI (1999); INEI (2006) e INPE (2008).

(44) INPE. Informe estadístico enero 2008. Instituto Nacional Penitenciario, Lima: 2008; INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Estadísticas de criminalidad 1962-1991. INEI, Lima: 1991.

(45) Fuente: establecimientos penitenciarios, oficinas regionales. Elaboración: INPE/OPP. Unidad de estadísticas.

(46) Harcourt, B. Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age. University of Chicago Press, Chicago: 2007.

(47) Harcourt, B. Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age. University of Chicago Press, Chicago: 2007; Simon, J. y Feeley M. “The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications”. En: Criminology, n.º 30, 4, 1992, pp. 449-474.

(48) En efecto numerosos estudios muestran marcados incrementos en los indicadores sobre el tráfico de drogas de los países más industrializados. Para el caso norteamericano ver Brochu, S. Drogue et criminalité: une relation complexe. Presses Université Montréal, Montréal: 2006 o Caulkins, J. y Chandler, S. “Long Run Trend in Incarceration of Drugs Offenders in the United States”. En: Crime and Delinquency, 52-4 Crime Delinquen, 2006, pp. 619-641; mientras que para el caso europeo ver Kaminski, D. “L’activité pénale sous influence: un bilan de recherche”. En: Kaminski, Dan (ed.) L’usage pénal des drogues. De Boeck Université, Bruxelles: 2003, pp. 11-37; Wacquant, L. Las cárceles de la miseria. Manantial, Buenos Aires: 2000, o Snacken, S., Beyens, S. y Tubex, H. “Changing Prisons in Western Countries: Fate or Policy”. En: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n.º 1, 1995, pp. 18-53.

(49) Argot difundido en el Perú para denominar a los correos de drogas o personas que transportan droga al extranjero.

(50) “Imágenes, cifras y relaciones de alteridad: la eficacia en la construcción del correo de drogas de origen extranjero en el Perú”, Tesis para obtener el Máster en Criminología, dirigida por Dan Kaminski, Universidad Católica de Lovaina, 2009.

(51) Prado Saldarriaga, V. “Política criminal nacional, tráfico ilícito de drogas y tratamiento penal de los actos de cultivo de plantas fiscalizadas (2008)”. En: sitio de derecho penal de la Universidad de Friburgo, http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=articulos [consulta realizada el 20 de diciembre del 2009].