El acuerdo de arbitraje y la cláusula de resolución unilateral en el derecho venezolano

Revista Nº 5 Jul.-Dic. 2006

Alfredo De Jesús O. 

1. Introducción.

En su sentencia del 5 de mayo del 2005, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela(1) indicó que la estipulación de una cláusula de resolución unilateral es incompatible con un acuerdo de arbitraje y, en consecuencia, la existencia de la primera deja sin efecto al segundo. Sin embargo, esta argumentación no resiste un análisis serio desde el punto de vista del derecho de los contratos venezolano, ni del arbitral.

Ambas instituciones son perfectamente compatibles. El comentario de este fallo permitirá plantear la discusión a la luz de la legislación contractual de Venezuela, al analizar el funcionamiento de estas manifestaciones jurídicas del derecho moderno(2) y, así, demostrar la perfecta comunicación y compatibilidad entre ellas.

La sentencia en cuestión fue dictada con motivo de un recurso de regulación de jurisdicción, ejercido contra una sentencia de un tribunal estatal de primera instancia, que declaró sin lugar la excepción de arbitraje opuesta por la parte demandada. Con su fallo, la Sala Político Administrativa confirmó la decisión del aludido tribunal estatal, al determinar que el poder judicial sí tenía jurisdicción para conocer el litigio, a pesar de la existencia de un acuerdo de arbitraje. El presente comentario se detendrá en diversos pasajes del fallo para exponer sus argumentos, demostrar su inconsistencia con el derecho positivo venezolano y sugerir una rectificación urgente de los mismos.

Dos aspectos de la decisión despiertan una gran preocupación. En primer lugar, la nueva violación por parte de la Sala Político Administrativa del llamado efecto negativo de la competencia-competencia, que le impide analizar la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje antes de que lo haga el tribunal arbitral, y, en segundo término, la infundada incompatibilidad entre el acuerdo de arbitraje y la cláusula de resolución unilateral.

Para efectos prácticos, se emplearán estas dos preocupaciones como hilos conductores de la exposición y reflexiones, tanto en el análisis del litigio (2), como en lo relativo a su resultado (3).

2. El análisis del litigio.

Para exponer las particularidades del litigio se abordarán, en primer lugar, los términos del problema planteado (2.1.), para luego referirlo a los elementos de solución de los que disponía el sentenciador para tomar su decisión (2.2.).

2.1. El problema planteado.

Dos sociedades comerciales celebraron un contrato de venta(3) de varios inmuebles, a través de un documento notariado. En el convenio las partes incluyeron un acuerdo de arbitraje que las obligaba a someter a este mecanismo las eventuales controversias que surgieran respecto de aquel. Adicionalmente, se estipuló que en un supuesto determinado la compradora tendría la facultad de darlo por terminado de forma unilateral, sin necesidad de incoar un procedimiento arbitral y de exigir a la vendedora el pago de una determinada suma de dinero a título de daños y perjuicios, en ejecución de una cláusula penal. En resumen, dicha compraventa contenía un acuerdo de arbitraje, una cláusula de resolución unilateral y una cláusula penal, en caso de que operara la referida resolución unilateral.

El acuerdo arbitral remitía a las partes a un arbitraje institucional administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. En el mismo, se estableció: “... las partes expresamente convienen en que las eventuales controversias que se susciten en relación con este contrato, su existencia, ejecución, interpretación, terminación y cualesquiera otra deberán ser resueltas definitivamente mediante arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y, supletoriamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje Comercial”.

Por otra parte, el pacto señaló: “... en caso de que no se realizare la entrega en propiedad de los locales a la compradora, según lo dispuesto en la cláusula sexta del presente documento, por causas imputables a la propietaria, tales como el desistimiento de esta de la presente negociación en cualquier tiempo, la compradora podrá a su elección: a) dar por terminado el presente contrato de forma unilateral y sin que esté obligada a recurrir al procedimiento arbitral, en cuyo caso la propietaria deberá entregar a la compradora en forma inmediata la cantidad de dos millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica con cero centavos (U$ 2.251.400.oo), sin que la compradora tenga que probar los daños y perjuicios sufridos...”.

Es decir, en caso de que se cumplieran las condiciones previstas en la cláusula de resolución unilateral, el acreedor tendría derecho a declarar resuelto el contrato sin necesidad de acudir al tribunal arbitral para que este se pronunciara al respecto. Evidentemente, la eventual controversia que surgiera en cuanto al hipotético ejercicio adecuado o no por parte del acreedor en lo tocante a su derecho de declarar resuelto el contrato se resolvería ante un tribunal arbitral.

Por razones que no se expresan en la sentencia, la parte actora inició dos procedimientos de arbitraje antes de acudir a los tribunales estatales. El primero fue declarado sin lugar, mediante laudo, y, en el segundo, simplemente se desistió del procedimiento. Después de esos intentos infructuosos, en un manifiesto incumplimiento del acuerdo, la parte actora acudió el 21 de noviembre del 2002 a las cortes venezolanas para demandar la resolución del referido contrato de venta, daños y perjuicios, así como algunas medidas cautelares. El 8 de enero del 2003 fue admitida la demanda y se ordenó la citación de la demandada para que compareciera a contestarla. El 17 de enero del 2003, el tribunal estatal decretó una medida de enajenar y gravar los referidos inmuebles.

Verificada su citación, y dentro del plazo de contestación, la demandada optó por oponer la excepción de arbitraje, argumentando cuestión previa de falta de jurisdicción. Para ello alegó que el contrato, cuya resolución judicial se pretendía, contenía un acuerdo arbitral que remitía a las partes a un trámite institucional, bajo las reglas del referido centro de arbitraje.

El 3 de octubre del 2003, el tribunal estatal de primera instancia —Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas— declaró sin lugar la cuestión previa opuesta, al declarar que el poder judicial sí tenía jurisdicción para conocer el caso. En la motivación de su sentencia, el referido despacho argumentó que la estipulación de la cláusula de resolución unilateral dejaba abierta la vía judicial y, por lo tanto, el acuerdo de arbitraje resultaba ineficaz. Fue así como la demandada interpuso el recurso de regulación de jurisdicción en contra de esta decisión.

En lugar de cumplir con el deber legal de remitir a las partes al arbitraje, la Sala Político Administrativa consideró “necesario” examinar el acuerdo arbitral con su ya consolidado criterio, según el cual ninguno de ellos es suficientemente claro, expreso, inequívoco y no fraudulento. Esto ha sido reiterado una y otra vez después del tristemente célebre caso Hoteles Doral, C.A. v. Corporación L’Hoteles, C.A.(4).

En esta oportunidad se fundamentó en la cláusula de resolución unilateral para decidir que de la misma “... se desprende que no existe una manifiesta e inequívoca actitud de sometimiento al conocimiento exclusivo en árbitros privados, esto es, una clara disposición a renunciar a los órganos de administración de justicia. En efecto, se observa, por un lado, que las partes determinaron en la cláusula decimotercera que las divergencias que surgieran con motivo del contrato se resolverían por vía de arbitraje y, por el otro, en la cláusula séptima se dejó a criterio de la compradora, que ante el incumplimiento de la entrega de locales en propiedad, se daría por terminado el contrato en forma unilateral y que, por lo tanto, no estaba obligada a recurrir al procedimiento arbitral, para lo cual debe recurrirse ante la jurisdicción ordinaria, convirtiendo, por tanto, la cláusula de arbitraje en opcional cuando la acción de resolución del contrato se fundamentase en causas imputables a la propietaria”.

Luego señaló: “... con relación a este punto debe señalar la Sala que, en el presente caso, para hacer efectiva la cláusula que establece la posibilidad de resolución unilateral del contrato, es necesario el pronunciamiento de un órgano judicial, que determine el supuesto incumplimiento y, como consecuencia, la procedencia de la resolución del contrato y la condena de pago de la indemnización convenida. Por tanto, al establecerse que la compradora podía dar por terminado el contrato, en caso de incumplimiento de la propietaria, sin que esté obligada a recurrir al procedimiento arbitral, se está dejando abierta la vía judicial para plantear la acción de resolución del contrato”.

Por estos motivos, la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la solicitud de regulación de jurisdicción, confirmó la sentencia del tribunal estatal de primera instancia y condenó en costas a la recurrente, pero no sin antes señalar: “... en el presente caso no se verifica una manifestación inequívoca, sin vacilaciones o contradicciones en cuanto al sometimiento a un laudo arbitral, pues si bien es cierto que la parte demandada, en la primera oportunidad en que compareció a juicio, opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción por la existencia de la cláusula compromisoria de arbitraje, no es menos cierto que tal situación no resulta suficiente, para sustraer el conocimiento que por mandato constitucional detentan los tribunales ordinarios de la República para dirimir los conflictos entre los ciudadanos. De tal forma que no habiéndose pactado de manera absoluta, la renuncia a toda posibilidad o alternativa de acceso a los órganos de administración de justicia, ello no enerva su conocimiento en la presente controversia, cuando, precisamente, una de ellas, la compradora, ha optado por incoar una acción judicial de resolución del contrato, fundamentándose en la cláusula prevista en el contrato suscrito. Así se declara”.

2.2. Los elementos de solución.

Muchos son los comentarios que se pueden hacer sobre esta sentencia, especialmente en lo relativo a los innumerables argumentos jurídicos que los tribunales estatales tenían en sus manos para pronunciar una decisión con resultados completamente distintos. Por razones de metodología este análisis se limitará a dos de ellos: (i) al efecto negativo de la competencia-competencia y (ii) lo referente a la cláusula de resolución unilateral, que por concepto “cierra” las vías a la intervención de los tribunales, así sean estatales o arbitrales.

En cuanto al primero de estos aspectos, los tribunales estatales —tanto el Juzgado Sexto de Primera Instancia como la Sala Político Administrativa— carecen de potestad para pronunciarse sobre la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje antes de que lo haga el tribunal arbitral(5), por lo cual se debe afirmar lo siguiente: este principio fundamental del derecho venezolano de arbitraje está consagrado implícitamente en los artículos 7º y 25 de la Ley de Arbitraje Comercial(6) —en adelante, LAC— y, expresamente, en el artículo 5º ejusdem. Mientras los primeros dos textos otorgan esa potestad exclusivamente al tribunal arbitral, el segundo establece categóricamente: “el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”.

En resumen, quien tiene el poder y la facultad para pronunciarse, en primer lugar, sobre la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje y, por ende, sobre su eficacia, es el tribunal arbitral, y no la corte estatal. La intervención de esta última en el contencioso de la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje está limitada legalmente al control judicial del laudo arbitral(7). Cualquier intervención sobre esta materia antes del pronunciamiento del tribunal arbitral constituye una interferencia indebida de las cortes estatales con el desarrollo del arbitraje.

A pesar de la clara consagración legal de este principio, causa impresión que después de siete años de vigencia de la LAC todavía no haya sido aplicado por la Sala Político Administrativa. Sin embargo, tal postulado constituye un criterio constante de la Sala de Casación Civil después del conocido caso Hanover PGN Compressor, S.A. v. Consorcio Cosaconveca(8), en el que se estableció: “... la validez del acuerdo de arbitraje comercial no se discute ante jueces, sino ante el tribunal arbitral”(9). El argumento de fondo de esta regla impuesta por la LAC se puede admitir como un corolario del hecho de que el tribunal arbitral es el “juez natural” en los casos en que haya un acuerdo de arbitraje, como bien ha sido establecido en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela(10).

En lo referente al funcionamiento de la cláusula de resolución unilateral, también conocida como cláusula resolutoria, cláusula de resolución expresa o pacto comisorio, se debe ser categórico en dejar sentado que esta no deja abierta la vía judicial. Decir lo contrario constituye un grave error. Precisamente, es todo lo contrario. Las partes la acuerdan con el fin de evitarse tener que acudir ante el juez estatal para conseguir la resolución del contrato. Las razones para estipular este tipo de pacto contractual accesorio son muy parecidas a los motivos que llevan a las partes a incluir un acuerdo de arbitraje. En este sentido, los costos, la lentitud y las restricciones a la libertad de acción del acreedor ante la espera de una decisión judicial(11) son las principales razones que las llevan a acordar una cláusula de resolución unilateral.

Tal estipulación le permite al acreedor declarar unilateralmente la resolución del contrato ante el incumplimiento, por parte del deudor, de alguna de sus obligaciones. Una vez se haya producido dicha declaración, este no podrá oponerse a ella. Además, si ante la eventual decisión del tribunal, a pesar del pacto, el deudor decide llevar la controversia a un tribunal, esto no tendrá sino un efecto meramente declarativo. El régimen es completamente distinto al caso en que la resolución sea declarada por un tribunal en los términos del artículo 1167 del Código Civil venezolano, que otorga a los acreedores la facultad de reclamar judicialmente la resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento. Una cosa es la resolución convencional del contrato y otra, muy distinta, la resolución judicial.

La doctrina civilista en Venezuela ha sido constante respecto de la admisión de la cláusula de resolución unilateral como una manifestación más de la libertad contractual y del principio de la autonomía de la voluntad, resaltando especialmente el poder que tiene el acreedor en un contrato bilateral de declarar la resolución por el incumplimiento de su deudor, sin necesidad de intervención judicial. En este sentido, grandes autores del derecho venezolano de los contratos y las obligaciones como Kummerow(12), Melich Orsini(13) y Maduro Luyando(14), han dedicado varias líneas a su estudio y han destacado su validez en el ordenamiento jurídico nacional.

Más recientemente(15) se ha vuelto a tratar el tema en la misma línea de los precitados profesores y, en lo particular, ha sido utilizada como ejemplo en contribuciones a la teoría de los accesorios de los créditos, resaltando su capacidad de ser transmitida a título de accesorio en las operaciones de cesión(16). Al referirse a la naturaleza y al funcionamiento de esta cláusula, Melich Orsini señala que constituye un refuerzo al derecho del acreedor de solicitar la resolución del contrato: “... este reforzamiento consiste en el otorgamiento al acreedor del derecho a declarar unilateralmente resuelto el contrato, sin necesidad de acudir al tribunal en solicitud de que este lo pronuncie así, cuando el deudor incumpla una o varias determinadas obligaciones según las modalidades establecidas. La estipulación de tal pacto o cláusula sustrae al acreedor a la incertidumbre de si el juez apreciará o no como de suficiente gravedad el incumplimiento de su deudor, a los fines del pronunciamiento de la resolución del contrato”(17).

Los precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia sobre la validez de la cláusula de resolución unilateral son inquietantes. Sin ampararse en ninguna norma legal, en 1999 la Sala Político Administrativa(18) decidió que en el ordenamiento jurídico venezolano resultaba necesario reclamar judicialmente la resolución de los contratos, lo cual, como se ha sostenido, uniendo voces a la doctrina nacional en materia de contratos y obligaciones, resulta falso y quimérico.

Por otro lado, después de realizar la correspondiente consulta, son inexistentes los desarrollos sobre esta institución en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil. Pero esto último no sorprende, porque es bien sabido que, lamentablemente, esta corporación, por prestar excesiva atención a los asuntos procesales y por su “burda e inaceptable simplificación”(19) de la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho ha olvidado el derecho sustantivo. Por su parte, la Sala Constitucional(20), en una decisión reciente, y sinceramente escandalosa, declaró que las cláusulas de resolución unilateral son inconstitucionales porque constituyen una usurpación de las funciones del poder judicial.

Uno de los pocos precedentes “jurisprudenciales” positivos sobre lo que es una cláusula de resolución unilateral, su naturaleza, su funcionamiento y su perfecta compatibilidad con el derecho venezolano proviene de un tribunal arbitral compuesto por un prestigioso panel de árbitros. Se trata del caso Ciadi Autopistas Concesionadas de Venezuela v. República Bolivariana de Venezuela, en el que se estableció que una estipulación del contrato de concesión constituía una cláusula de resolución unilateral, lo que no resultaba inconsistente con las disposiciones obligatorias contempladas en el derecho venezolano(21) y, en particular, con el Decreto-Ley de Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos Nacionales(22).

Por su parte, según señala Melich Orsini respecto a la regulación de la cláusula de resolución unilateral en el ordenamiento jurídico de Venezuela, si bien este tipo de estipulación no se encuentra consagrada expresamente en el Código Civil, a ella se hace referencia en numerosas normativas especiales como ocurre, por ejemplo, en la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio (art. 13), en la Ley de Propiedad Horizontal (art. 35) y en la Ley de Venta de Parcelas (art. 16)(23).

Como se ha visto, el derecho positivo venezolano es claro al establecer las dos premisas jurídicas que sirven de hilo conductor en el presente comentario: (i) establecer que quien tiene facultad para pronunciarse de primero sobre la validez y existencia del acuerdo de arbitraje es el tribunal arbitral y (ii) reconocer que la cláusula de resolución unilateral otorga al acreedor la posibilidad de declarar resuelto el contrato en cuestión, sin necesidad de acudir a los tribunales para obtener dicha declaratoria.

A continuación se estudiará la aplicación del derecho positivo venezolano sobre la materia en la sentencia objeto del presente comentario. Luego se pasará a su correspondiente valoración.

3. Los resultados del litigio.

Para analizar los resultados del litigio planteado, primero se estudiará el contenido de la decisión (3.1.) e inmediatamente se procederá a describir sus implicaciones (3.2.).

3.1. El contenido de la decisión.

A pesar de la forma clara en que el derecho positivo venezolano consagra el efecto negativo de la competencia-competencia del acuerdo de arbitraje, el cual les prohíbe a los jueces estatales pronunciarse sobre la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje antes de que lo haga el tribunal arbitral, y reconoce el funcionamiento de la llamada cláusula de resolución unilateral, la Sala Político Administrativa decidió alejarse de la pauta indicada. En este sentido, ignoró el primero y desconoció completamente el régimen de la segunda. Para gran sorpresa, en su motivación no citó ni hizo referencia a ninguna norma legal de la LAC o del Código Civil. Es una decisión sin fundamento legal. No cabe duda de que esto causa desasosiego y constituye un motivo de alarma, especialmente porque se trata de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En cuanto a los efectos del acuerdo de arbitraje y, en especial, al aludido efecto negativo de la competencia-competencia, la Sala, en lugar de reprochar al tribunal estatal de primera instancia por haber incumplido su deber legal de declarar su falta de jurisdicción y de remitir a las partes al arbitraje, hizo lo contrario. En efecto, confirmó la decisión mediante la cual el tribunal estatal decidió que tenía jurisdicción para conocer de la causa, a pesar de la estipulación de un acuerdo arbitral. Pero no fue solo eso. La Sala, al incurrir en la misma actividad del tribunal estatal de primera instancia, que se considera censurable, estimó que era “... necesario determinar si del contenido del contrato se evidencia la intención de las partes de someterse en forma inequívoca, indiscutible y no fraudulenta, a resolver por vía de arbitraje, las divergencias que se presentaren en el transcurso de la vigencia del contrato suscrito”.

Al respecto, surgen varias inquietudes: ¿Por qué la Sala Político Administrativa insiste en pronunciarse sobre la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje antes que lo haga el tribunal arbitral, cuando la LAC expresamente excluye a la jurisdicción estatal de tal pronunciamiento (LAC, art. 5º: Efecto negativo de la competencia-competencia) y lo atribuye, también expresamente, al tribunal arbitral (LAC, arts. 7º y 25: Efecto positivo de la competencia-competencia)? ¿Por qué era “necesario” pronunciarse sobre este punto? ¿En qué norma legal se fundamenta? ¿Qué norma del derecho positivo venezolano autoriza a la Sala Político Administrativa para determinar si un acuerdo de arbitraje es inequívoco, indiscutible o no fraudulento? ¿Qué norma del derecho positivo venezolano establece como condición para que el acuerdo de arbitraje surta sus efectos, que sea inequívoco, o peor aún, que sea indiscutible?

A estas dudas se pueden sumar otras, tales como: ¿Por qué se insiste en el tema de un acuerdo de arbitraje fraudulento? ¿Por qué se plantea el tema del acuerdo de arbitraje fraudulento? ¿Qué ha pasado con el principio general del derecho recogido expresamente por el Código Civil de Venezuela, según el cual, la buena fe se presume y quien alegue mala fe debe probarla? ¿Todavía, después de que la LAC tiene años de vigencia, se siguen manteniendo posiciones infundadas como la consistente en considerar al arbitraje como una justicia de segunda? ¿Qué ocurre con el principio del tribunal arbitral como juez natural del arbitraje y su consecuente facultad legal para pronunciarse acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo arbitral?

Para justificar la intervención indebida en la relación contractual, la cual fue convenida libremente por las partes, la Sala señaló: “... si bien por una parte se constitucionalizan los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, sin embargo, debe erradicarse el uso tergiversado que de ellos se pretende, en aras de garantizar los cánones y principios del sistema de administración de justicia”.

De lo anterior, surgen varias inquietudes: ¿De dónde infiere la Sala Político Administrativa que se quiera dar un uso tergiversado a los medios alternativos para la resolución de conflictos? ¿Quién quiere darle un uso tergiversado? ¿De qué están hablando? Como se puede apreciar, la preocupación no puede ser mayor.

En todo caso, si alguien quisiera darle un uso tergiversado, ¿podría generalizarse una excepción y convertirla en una regla que vaya en detrimento de toda la ciudadanía, dejando al margen la Constitución y la ley y el derecho fundamental de acceso a la justicia arbitral? Por otra parte, ¿acaso no existen medios idóneos para ventilar y corregir esos “usos tergiversados”? ¿Qué hay del control judicial del laudo arbitral? ¿Qué pasa con la aplicación del artículo 171 del Código de Procedimiento Civil venezolano que establece que las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables por daños y perjuicios?

El llamado es necesariamente a la reflexión y a la sensatez, en primer lugar, y a la aplicación de la LAC, en segundo. Por último, la Sala se refirió a “garantizar los cánones y principios del sistema de administración de justicia”. Al respecto, cabe preguntarse, ¿cuáles son esos “cánones”? ¿Qué es lo que se está garantizando? ¿Cuáles son esos aludidos “principios del sistema de justicia” que autorizan, en criterio de la Sala Político Administrativa, a declarar sin efecto los acuerdos de arbitraje válidamente convenidos por las partes?

Lamentablemente, en lo relativo a la cláusula de resolución unilateral los comentarios tampoco son alentadores. A pesar de la posición unánime de la doctrina venezolana sobre la naturaleza y funcionamiento de ese tipo de estipulación, en el sentido de que se trata de un pacto accesorio de un convenio, que otorga al acreedor el poder de declarar resuelto el contrato en curso ante el incumplimiento de su deudor, sin necesidad de solicitar dicha declaratoria ante un tribunal, la Sala Político Administrativa consideró que deja una vía abierta para que el poder judicial se pronuncie sobre la resolución. Es precisamente todo lo contrario.

En efecto, la cláusula de resolución unilateral se fija con el fin de eludir el pronunciamiento del poder judicial al respecto. ¿De dónde infiere la Sala Político Administrativa que una cláusula de resolución unilateral “deja abierta la vía judicial”? Afirmar eso es tan contradictorio como decir que el acuerdo de arbitraje lo hace.

En el caso concreto, la cláusula de resolución unilateral no tenía ningún tipo de patología ni contradicción, como se ha planteado en otras oportunidades(24). Cuando la disposición establece la posibilidad de declarar resuelto el contrato sin necesidad de acudir al arbitraje esto no implica en ningún momento que se deje abierta la vía judicial. En efecto, por su funcionamiento natural no resulta necesario el pronunciamiento del tribunal arbitral para que se produzca la resolución.

En su motivación, además, la Sala indicó: “Para hacer efectiva la cláusula que establece la posibilidad de resolución unilateral del contrato, es necesario el pronunciamiento de un órgano judicial, que determine el supuesto incumplimiento y, como consecuencia, la procedencia de la resolución del contrato”. Si esto fuera así, cabe preguntarse: ¿Cuál es la diferencia entre la cláusula de resolución unilateral y el derecho de solicitar la resolución judicial de un contrato? En términos más sencillos: ¿Qué es una cláusula de resolución unilateral en concepto de la Sala Político Administrativa?

Del extracto citado de la sentencia es evidente que la corporación confunde ambas instituciones. Al respecto, se debe recordar que la cláusula de resolución unilateral permite que el acreedor en un contrato bilateral declare unilateralmente resuelto el contrato ante el incumplimiento de su deudor, sin que sea necesario ningún pronunciamiento judicial. Por su parte, el artículo 1167 del Código Civil venezolano consagra el derecho que tiene el acreedor, en un contrato bilateral, de acudir a un tribunal para que este declare su resolución.

La diferencia existente entre estas dos situaciones consiste en que en la primera la resolución se produce por la manifestación unilateral de voluntad del acreedor, mientras que en la segunda se da mediante declaración judicial. Vale recordar que respecto de la necesidad de la intervención judicial para que se produzca la resolución, el artículo 1167 del Código Civil de Venezuela no se constituye como una norma de orden público(25). Es decir: no es necesaria la intervención del órgano judicial para que esta opere, con todos sus efectos, sino que tan solo es un medio convencional para sancionar el incumplimiento contractual(26).

Claro está que el acreedor que haya declarado unilateralmente la resolución, en virtud de una cláusula unilateral, no podrá evitar un proceso en caso de que el deudor inconforme acuda ante un tribunal estatal o arbitral con el argumento de que la resolución fue declarada indebidamente, como sucede, por ejemplo, porque según él no incurrió en el incumplimiento imputado. En este evento, el tribunal que tenga jurisdicción para conocer el caso, estatal o arbitral, se deberá pronunciar, como se señaló con anterioridad, simplemente sobre si se trataba o no de una verdadera cláusula de resolución unilateral y constatar si se verificaron los supuestos que aquella establecía para que esta operara.

La decisión del juez estatal o del tribunal arbitral, según corresponda, de acuerdo con la existencia o no de un acuerdo de arbitraje, no tendrá sino un carácter declarativo. Es decir, solo constatará si se había producido o no la resolución. Es por este motivo por el que la estipulación en un mismo contrato de un acuerdo de arbitraje y una cláusula de resolución unilateral resulta perfectamente válido. Sus regímenes son perfectamente compatibles entre sí. En estos casos, quien tendrá la jurisdicción para pronunciar esa sentencia declarativa será el tribunal arbitral.

Es más, los regímenes de ambas instituciones contractuales son tan compatibles que los efectos retroactivos de la resolución unilateral no son aplicables al acuerdo de arbitraje por una disposición expresa de la LAC. En este sentido, el artículo 7º de esa normativa dispone que para efectos de declarar de la existencia y validez del pacto —poder que compete en primer lugar al tribunal arbitral—: “El acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo”.

Es decir, en el caso bajo estudio, al igual que sucede con las cláusulas penales(27), los efectos retroactivos de la resolución del contrato principal no afecta ni su existencia ni su validez y, por lo tanto, los efectos del acuerdo de arbitraje. Esto revela la perfecta compatibilidad entre la cláusula de resolución unilateral y el acuerdo arbitral. En especial, por el llamado principio de autonomía(28), sobre el cual ya se ha hecho referencia en otras oportunidades(29).

3.2. Las implicaciones de la decisión.

Es difícil determinar el alcance, las implicaciones y el valor de este fallo. Sin duda alguna, rompe bruscamente con el derecho positivo venezolano en materia de validez y eficacia de los acuerdos de arbitraje y significa un duro golpe para el derecho de los contratos.

Pero nuevamente es necesario referirse por separado a las repercusiones que esto conlleva, en sus respectivos campos de aplicación. En este sentido, pareciera necesario seguir utilizando los dos hilos conductores seguidos hasta el momento y referirse, en primer lugar, a las consecuencias de esta decisión respecto a la validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en la legislación nacional y, en segundo término, respecto al derecho de los contratos en particular, al régimen de la cláusula de resolución unilateral.

En cuanto a la validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano, se puede afirmar sin ningún tipo de dudas que esta nueva decisión constituye un ejemplo más de la hostilidad de la Sala Político Administrativa frente al arbitraje. Prácticamente pareciera que no existe un acuerdo arbitral(30) que pase el indebido examen que hace la referida corporación, en violación del efecto negativo de la competencia-competencia (LAC, art. 5º), al pronunciarse sobre la existencia y la validez del acuerdo de arbitraje antes de que lo haga el tribunal arbitral.

Ante esta situación, simplemente se insiste en el llamado a la reflexión y al respeto de la LAC y a las expectativas legítimas de las partes. Asuntos como el planteado crean una gran desconfianza en el sistema de justicia venezolano —tanto el judicial como el arbitral—, lo que deja en entredicho el fin del derecho conocido con el nombre de seguridad jurídica. En todo caso, y como ya se ha mencionado(31), lo único que logra una sentencia como la que se comenta es perturbar el buen desarrollo del arbitraje, en la medida en que, desde un punto de vista teórico, este tipo de interferencias no tiene ninguna relevancia jurídica en lo que respecta a la constitución del tribunal arbitral y al desarrollo del proceso. Sus implicaciones se manifiestan respecto de costos y desgaste innecesario de las partes y de los litigantes.

Esta concepción hostil o poco favorable al arbitraje, se deriva muy probablemente del criterio de la Sala de considerar injustificadamente al arbitraje como un régimen de excepción y, por ello, de interpretación estricta, que en el caso bajo examen se plantea en los siguientes términos: “De tal suerte, que el arbitraje constituye una excepción a la competencia constitucional de los tribunales ordinarios del país a resolver por imperio de la ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos”(32).

Al respecto, se recuerda nuevamente que la Sala Político Administrativa es el único órgano del Tribunal Supremo de Justicia que sostiene esta tesis y se insiste en que el arbitraje ni es un régimen de excepción ni los tribunales ordinarios están en una situación de privilegio o primacía frente a los tribunales arbitrales(33). El constituyente de 1999 fue claro al incluir tanto a las cortes estatales como a los tribunales arbitrales en el mismo nivel, dentro del sistema de justicia, sin establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos, para lo cual creó la opción en cabeza de los justiciables respecto de acudir a la jurisdicción estatal o a la arbitral.

Lamentablemente, es previsible que estas constantes interferencias y negativas de la Sala Político Administrativa para aplicar la LAC desvíe el contencioso de la validez y eficacia del acuerdo de arbitraje a los tribunales constitucionales, siendo estos últimos lo encargados de velar porque las causas sean remitidas a los tribunales arbitrales, lo que tampoco es motivo de alegría por las dilaciones que eso supone. Después de todo, esta ilegítima negativa de reconocer la validez y eficacia de los acuerdos de arbitraje constituye una violación a las garantías de acceso a la justicia y al juez natural que consagra el derecho constitucional y convencional, derivado de las convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Venezuela.

En lo referente al impacto que tiene este fallo respecto al régimen de la cláusula de resolución unilateral y al derecho venezolano de los contratos no se considera que esto genere mayores problemas prácticos. La cláusula de resolución unilateral es un dispositivo característico del derecho moderno de los contratos y, de ahí, su consagración expresa en numerosos textos legislativos contemporáneos, al igual que en la mayoría de los contratos.

Su utilización no sucumbirá por otro episodio trágico en el que una sentencia no haya hecho la elemental diferenciación entre la resolución convencional y la judicial, en violación del principio elemental del derecho venezolano de los contratos y de la libertad contractual. Simplemente, quedará en la memoria de los abogados y de la academia, como un ejemplo más de desnaturalización de los contenidos contractuales y de la actual crisis del contrato en el ordenamiento jurídico del país.

La cláusula de resolución unilateral es un contrato, lo que la separa completamente de la resolución judicial. Aquella es complementaria de la segunda y se presenta como una excepción natural a la prohibición de hacerse justicia por sus propios medios(34), como también lo es, por ejemplo, la excepción de incumplimiento, en virtud de la cual cada una de las partes en un contrato bilateral puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya.

4. Conclusión.

Esta nueva sentencia genera nuevas y grandes inconformidades. Cada vez es más evidente y preocupante la hostilidad de la Sala Político Administrativa frente al arbitraje. Igualmente se manifiesta el profundo sentimiento de incomodidad que el reconocimiento por escrito de esta situación causa en la conciencia del jurista, tan solo consolada por la esperanza de que estas notas contribuyan a corregir el camino emprendido. Pero, ¿cuál es la causa de esta situación?

Al desconocer la validez y eficacia de un acuerdo de arbitraje, esta decisión nuevamente atenta contra una institución creada con el propósito de descongestionar las cortes estatales. Esto con el fin último de que los justiciables tengan un efectivo acceso a la justicia —judicial o arbitral— y puedan, en consecuencia, dirimir sus conflictos en relativa paz, a través de medios idóneos y civilizados, evitando el recurso a las piedras y al garrote.

¿Adónde se pretende llegar con este tipo de sentencias? Ripert decía que existen principios jurídicos que están ligados a la civilización y aseguran su conservación. Su desconocimiento hace que el derecho entre en decadencia(35) y, en consecuencia, también su sistema social.

Venezuela atraviesa una gran crisis en lo que se refiere a la administración de justicia y, en este sentido, en numerosas oportunidades el Tribunal Supremo ha señalado que el sistema está colapsado por la cantidad de casos pendientes por resolver, al igual que por otros motivos. Esto ha llegado a un extremo tal que ha originado el desinterés de los particulares para acudir a los tribunales.

Sobre lo anterior se citarán, como ejemplo, dos extractos de sentencias, uno de la Sala Constitucional y otro de la Sala de Casación Civil. En este sentido la primera señaló: “... en la actualidad, es un hecho notorio que el sistema de justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos pendientes de atención. La carga de trabajo del poder judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos —problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del sistema de justicia—, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables”36.

Por otro lado, la Sala de Casación Civil ha comentado: “... la excesiva litigiosidad, la ritualidad de los procesos, la multiplicidad de competencias de los tribunales y el reducido número de juzgados en relación con las causas sometidas a su consideración, entre otros motivos, han producido retardos considerables en la administración de justicia por parte del Estado, lo que en definitiva ha causado la pasividad de los particulares respecto de las arbitrariedades e ilegalidades cometidas y ha originado desinterés en poner en marcha la actividad jurisdiccional para obtener el restablecimiento del orden jurídico infringido”(37).

Ante esta crisis, surge un interrogante: ¿Qué se logra con bloquear el sano desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos?

En sentencias anteriores la Sala Político Administrativa, además de autodeclararse “promotora de los medios alternativos de solución de conflictos”(38), ha señalado que el deber constitucional (Constitución Bolivariana, art. 258) de promover el arbitraje: “... no se agota o tiene como único destinatario al legislador, esto es, a la Asamblea Nacional como órgano legislativo nacional; sino también, al propio operador judicial”(39).

Respecto a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Considera la Sala Político Administrativa que realmente está promoviendo el arbitraje?

Tanto el acuerdo de arbitraje como la cláusula de resolución unilateral son instituciones contractuales bien conocidas y de un uso cada vez más frecuente. Mientras que la primera es nominada y se ha desarrollado legalmente por la LAC, la segunda es innominada, pero ha sido desarrollada ampliamente por la doctrina.

Ambas instituciones contractuales tienen perfecta comunicación entre ellas por lo que no se vacila al decir que su inclusión en el mismo contrato es perfectamente compatible y normal. A pesar de lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia desconoció el régimen de ambas.

Lo más alarmante es que para ello no se fundamentó en ninguna norma legal, ya que en la motivación de la misma no se hace ni siquiera una referencia mínima a ningún artículo de la LAC ni del Código Civil venezolano. Esta situación es preocupante, especialmente porque se trata de una sentencia proveniente del máximo tribunal de la República. Una reflexión muy seria sobre el tema se hace imprescindible. De lo contrario, se vulnera la seguridad jurídica, el primero de los valores sociales(40).

(1) Inversiones 225 S.A. v. Desarrollos del Sol C.A. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, S. Político Administrativa, Sent. 2571, mayo 5/2005, M.P. Yolanda Jaimes Guerrero.

(2) Se trata de manifestaciones del derecho moderno de los contratos, pero esencialmente del auge, relativamente reciente, del empleo de este tipo de pactos en los convenios. Tanto el acuerdo de arbitraje como la cláusula de resolución unilateral tienen antecedentes milenarios. Por ejemplo, esta última también es conocida como pacto comisorio, y tiene su origen en la Lex commisoria del derecho romano, que facultaba al vendedor a considerar resuelto el contrato si el comprador incumplía su obligación de pagar el precio de la cosa en un tiempo determinado, con las restituciones a que hubiera lugar. Véase Bernad Mainar, R. Curso de derecho privado romano. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas: 2001, pp. 450 y 451; Petit, E. Tratado elemental de derecho romano. Ediciones Nuevo Mundo, Buenos Aires: 1993, p. 495, Nº 370.

(3) Las partes calificaron el contrato como una opción de compraventa, pero se trataba de una venta que se había perfeccionado y en la que simplemente se establecían modalidades para hacer la tradición. En todo caso, la calificación del contrato es irrelevante para los efectos del presente comentario.

(4) Hoteles Doral C.A. v. Corporación L’Hoteles C.A. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala Político Administrativa, Sent. jun. 20/2001, M.P. Yolanda Jaimes Guerrero.

(5) De Jesús O., A. Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje en el derecho venezolano. En: Ciclo de Conferencias sobre Arbitraje Comercial Interno e Internacional. Reflexiones Teóricas y Experiencias Prácticas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales - Comité Venezolano de Arbitraje, Caracas: 2005, Nº 103-106.

(6) Gaceta Oficial Nº 36.430, 7 de abril de 1998.

(7) De Jesús, ob. cit., Nº 108-110.

(8) Hanover PGN Compressor S.A. v. Consorcio Cosaconveca. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, S. Civil, Sent. feb. 8/2002, M.P. Franklin Arrieche Gutiérrez.

(9) Este criterio ha sido reiterado expresamente por la misma Sala de Casación Civil en las sentencias Promotora E.P, 1697 C.A. v. Asociación Civil El Carrao, ago. 13/2004, M.P. Carlos Oberto Vélez; Operaciones F.F. C.A. v. Valores Venafin S.A. —parte I—, ago. 19/2004, M.P. Antonio Ramírez Jiménez y Operaciones F.F. C.A. v. Valores Venafin S.A. —parte II—, nov. 9/2004, M.P. Antonio Ramírez Jiménez.

(10) Consorcio Barr, S.A. v. Four Seasons Caracas C.A. Tribunal Supremo de Justicia, S. Constitucional, Sent. nov. 19/2004, M.P. Carmen Zuleta de Merchán.

(11) Flour, J.; Aubert, J.L.; Flour, Y. y Savaux, É. Droit civil. Les obligations. 3. Le rapport d’obligation. Armand Colin, 2ª ed., Paris: 2001, p. 165, Nº 256.

(12) Kummerow, G. Anotaciones sobre la estructura y el mecanismo de la cláusula resolutoria expresa. En: Studia Iuridica, Nº 2, Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas: 1958, pp. 171 y ss.

(13) Melich-Orsini, J. Doctrina general del contrato. Editorial Jurídica Venezolana - Marcial Pons, Caracas: 1998, pp. 761-765, Nº 415-418; La resolución del contrato por incumplimiento. Edición revisada y actualizada de la doctrina, legislación y jurisprudencia. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Nº 59, Caracas: 2003, pp. 66-75, Nº 24 y 25.

(14) Maduro Luyando, E. Curso de obligaciones. Derecho civil III. Fondo Editorial Luis Manojo, Colección Grandes Juristas, Caracas: 1983, pp. 518 y 519.

(15) Ochoa Gómez, Ó. El pacto comisorio o acuerdo tácito o expreso de resolución de los contratos por incumplimiento de alguna de las partes de sus obligaciones. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona, vol. I, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas: 2002, pp. 965-984.

(16) De Jesús O., A. La cesión de créditos. Contribución a una teoría de la cesión de créditos en el marco del derecho general de las obligaciones. Prólogo de Castro Hernández, Caracas: 2002, p. 87; La cesión de créditos hipotecarios y la regla del accesorio. En: Studia Iuris Civiles. Homenaje a Gert F. Kummerow, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas: 2004, p. 135, Nº 3.

(17) Melich-Orsini, ob. cit., p. 761, Nº 415.

(18) Sociedad de Corretaje de Seguros Scort C.A. y Sociedad de Corretaje de Seguros Análisis y Técnica Anatec C.A. v. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Corte Suprema de Justicia de Venezuela, S. Político Administrativa, Sent. mar. 11/1999, M.P. Hermes Harting.

(19) “A nuestro juicio, los criterios que ha establecido nuestra casación para distinguir entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho adolecen de una burda e inaceptable simplificación. Consecuencia de ello es que se deje al margen del derecho casi toda la actividad interpretativa que cumplen los jueces del mérito, con lo que resulta abolida en la práctica la garantía de una unívoca interpretación judicial de los contratos y negocios jurídicos. Esto ha hecho que a lo largo de su ya centenaria existencia nuestra jurisprudencia de casación casi no tenga ninguna consistencia en materia de derecho sustantivo” —Melich Orsini, ob. cit., p. 401, Nº 298—.

(20) Imel C.A. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, S. Constitucional, Sent. mar. 4/2005, M.P. Pedro Rafael Rondón Haaz.

(21) Autopistas Concesionadas de Venezuela v. República Bolivariana de Venezuela. Caso Ciadi Nº ARB/00/5. Laudo sobre el fondo, 23 de septiembre del 2003 —árbitros: Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidente); Kart-Heinz Böckstieger y Bernardo Cremades—, p. 80, Nº 227.

(22) Gaceta Oficial Nº 4.719 extraordinaria, 26 de abril de 1994. Este decreto-ley fue reformado por la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, del 25 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.394 extraordinaria, 25 de octubre de 1999.

(23) Melich Orsini, ob. cit., p. 60, pie de página 62.

(24) Por ejemplo, en Hoteles Doral C.A. v. Corporación L’Hoteles C.A. la cláusula de resolución unilateral sí estaba mal redactada, lo que demostró el desconocimiento de este tema por parte del abogado que redactó el contrato. En ese caso, la estipulación señaló lo siguiente: “En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de ‘la concesionaria’, podrá ‘la propietaria’ optar por cualquiera de las siguientes opciones: 1. Modificar el contrato y sus anexos de mutuo acuerdo. 2. Ejecutar la resolución del contrato y los anexos sin necesidad de declaratoria judicial, y hará exigible la fianza así como los daños y perjuicios. 3. Podrá solicitar por vía Judicial si así lo considerare conveniente el cumplimiento del contrato o la resolución unilateral del mismo incluyendo la reclamación por daños y perjuicios”. Es evidente que en este caso, la cláusula de resolución unilateral que se pretendía fue pésimamente redactada. Tal disposición dejaba abierta la vía judicial y lo hacía por un error imputable a las partes. Pero esta era una situación particular de un contrato mal redactado, que difiere completamente del asunto planteado en Inversiones 225 S.A. v. Desarrollos del Sol C.A., en donde tanto el acuerdo de arbitraje como la cláusula de resolución unilateral estaban perfectamente escritas.

(25) Melich-Orsini, ob. cit., p. 762, Nº 415.

(26) Paulin, Ch. La clause résolutoire. Prólogo de J. Devèze, Bibliothèque de Droit Privé, t. 258, LGDJ, Paris: 1995, p. 292, Nº 293.

(27) Mazeaud, D. La notion de clause pénale. Prólogo de François Chabas, Bibliothèque de Droit Privé, t. 223, p. 101, Nº 187-188. De Jesús O., A. Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje..., cit., Nº 10.

(28) Sin ninguna ambición de exhaustividad, el principio de la autonomía del acuerdo de arbitraje es aceptado y defendido en Venezuela por Hung Vaillant, F. Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas: 2001, pp. 155-156; De Maekelt, T. y Madrid, C. Al rescate del arbitraje en Venezuela. En: El Derecho Privado y Procesal en Venezuela, Homenaje a Gustavo Planchart Manrique, Universidad Católica Andrés Bello, t. II, Caracas: 2003, p. 752; Mogollón, I. El arbitraje comercial venezolano. Vadell Hermanos, Caracas: 2004, p. 50; Sánquiz Palencia, Sh. El derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el derecho venezolano. Universidad Católica Andrés Bello, pp. 156-161; Villasmil Vera, Y. El acuerdo de arbitraje en la Ley de Arbitraje Comercial: una convención exclusiva y excluyente de la jurisdicción ordinaria. En: Revista Lex Nova, Nº 240, Colegio de Abogados del Estado Zulia, Maracaibo: 2002, p. 79.

(29) De Jesús O., A. Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje..., cit., Nº 9 y 10.

(30) En la actualidad, solo se conocen dos casos de acuerdos de arbitraje que han pasado el examen de la Sala Político-Administrativa. Véanse Grupo Sánchez Plaz C.A. v. Shell Química de Venezuela C.A, Sent. 715, mayo 14/2003 e Inmunolab Laboratorios C.A. v. Becton Dickinson Venezuela C.A., Sent. 4650, jul. 7/2005.

(31) De Jesús O., A. Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje..., cit., Nº 98-101.

(32) La primera sentencia de la Sala que expresa este incorrecto principio de interpretación estricta respecto de los acuerdos de arbitraje, por considerar un supuesto régimen de excepción y no un régimen de opción como lo establece el texto constitucional venezolano, se produjo en el caso Hoteles Doral, C.A. v. Corporación L’Hoteles, C.A., donde se estableció: “... el arbitraje constituye una excepción y eclipse a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver por imperio de la ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento, en uso del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses previstos en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que tal régimen de excepción exige el cumplimiento y la verificación de una voluntad inequívoca y expresa de las partes involucradas, pues de lo contrario, el relajamiento de tales extremos comportaría de manera inexorable la propugnación de un estado de inseguridad jurídica perenne, donde de acuerdo a las circunstancias, cada parte opondría según su conveniencia, la sustracción o no de sus causas del conocimiento del poder judicial”. Lamentablemente, este criterio ha sido reiterado en otras oportunidades. Al respecto véanse: Banco Venezolano de Crédito S.A. C.A. v. Venezolana de Relojería S.A. Sent. ene. 29/2002, M.P. Yolanda Jaimes Guerrero y Consorcio Barr S.A. v. Four Seasons Caracas C.A. Sent. mar. 25/2003, M.P. Levis Ignacio Zerpa.

(33) De Jesús O., A. Validez y eficacia del acuerdo de arbitraje..., cit., Nº 25.

(34) Devèze, J., prólogo en Paulin, Ch. La clause résolutoire..., cit., p. VII.

(35) Ripert, G. Le déclin du droit. LGDJ, Paris: 1949, p. VI.

(36) Ana Mercedes Bermúdez. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, S. Constitucional, Sent. jun. 22/2005, M.P. Pedro Rondón Haaz.

(37) Hanover P.G.N. Compressor C.A. v. Consorcio Cosa­conveca, cit.; Operaciones F.F. C.A. v. Valores Venafin, S.A. —parte I—, cit.

(38) José Gregorio Melean González y otros v. República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia, S. Político Administrativa, Auto para mejor proveer, abr. 14/2004, M.P. Hadel Mostafá Paolini.

(39) Hoteles Doral, C.A. v. Corporación L´Hoteles, C.A., cit.

(40) Frase de Roubier, citada en Ripert, ob. cit., p. 155.