Puntos de vista 

Osvaldo J. Marzorati Biografía

Abogado y Doctor en Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires. Máster en Comparative law de la Columbia University. Realizó estudios de Derecho Americano en la Princeton University y de Derecho Comparado en la Universidad de Madrid. Es fundador y presidente honorario de la Asociación Argentina de Franchising, y miembro, entre otras, de la American Society of International Law y la Interamerican Bar Association. Profesor de Derecho Internacional Privado, Derecho de los Negocios Internacionales y Casuística Contractual en las universidades de Buenos Aires, Argentina de la Empresa, la Universidad Torcuato Ditella y la Maestría en Derecho de la Universidad Austral. Conferencista y autor de diversas obras de derecho mercantil internacional. Asesor y árbitro internacional, miembro del estudio Allende & Brea de Buenos Aires.

Sumario Contrato de distribución, forma de concesión. Su escasa regulación en el nuevo Código Civil y Comercial

El autor plantea que se constituye un error considerar la distribución comercial como una forma de concesión como lo hace el nuevo Código Civil y Comercial argentino. Por el contrario, sostiene que la concesión es una forma especial de distribución existiendo entre ambas una relación de especie a género siendo la concesión una forma de distribución. La consecuencia es que no se puede aplicar automáticamente y por remisión las normas de la concesión a la distribución.

Abstract Distribution contract form of concession, limited regulation in the new Civil and Commercial Code

Critic on the approach of the new argentine civil and commercial code establishing the distribution agreement as a sub-type of the concession agreement which is the other way around. Such wrong assumption makes inapplicable in the author views diverse norms of the concession agreement to the distribution agreement.

Acuerdos de concesión y distribución

Concesión y distribución

Inaplicabilidad de ciertas normas del contrato de concesión al contrato de distribución

Contrato de distribución, forma de concesión —Su escasa regulación en el nuevo Código Civil y Comercial—

Revista Nº 52 Jul.-Sep. 2016

por Osvaldo J. Marzorati 

El contrato de distribución comercial es tal vez el más importante de todos los acuerdos agrupados bajo el rubro distribución que comprenden diferentes figuras jurídicas instrumentadas en contratos todos hoy aun innominados en el código de Vélez, como la agencia, la concesión y la franquicia o el suministro que instrumentan el tráfico mercantil de la distribución de productos y en algunos casos de servicios, aunque su importancia internacional y nacional está focalizada en la distribución de productos. El nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país que entró en vigencia el 1º de agosto del 2015 contiene a todas estas figuras por primera vez con ciertas particularidades. Este trabajo está enfocado en analizar los problemas del contrato de distribución como quedó finalmente sancionado.

Al prepararse el anteproyecto se esbozó un régimen particular y separado de la concesión para el contrato de distribución, por la simple razón de que la distribución es el género y la concesión es la especie. Sin embargo, al formular la comisión redactora, la temática del elenco de contratos de distribución elevada al Poder Ejecutivo se prefirió la solución del Proyecto de 1998, el cual remitía el contenido de las normas relativas a la distribución a la aplicación de las normas de la concesión comercial en tanto fueren pertinentes. Como es sabido, todos los proyectos anteriores, incluyendo el Proyecto de 1993, fracasaron por distintas razones. Esta situación se mantendrá mientras sea impulsado por el Poder ejecutivo, el cual en dos ocasiones le efectuó modificaciones y se concretó en la ley 26.994, promulgado por el Poder Ejecutivo y cuya vigencia, proyectada para 2016, fue adelantada para agosto del 2015. En nuestro país existen cientos de concesionarios de fábricas nacionales, unos cuantos de marcas extranjeras y miles de distribuidores de productos fabricados en Argentina o en el extranjero. Los concesionarios en general son de automotores o de estaciones de servicio de venta de combustibles, cuando estos no son simples convenios de suministro, a menos que se incorporen como en los Estados Unidos a los contratos entre las empresas petroleras y las estaciones de servicio como contrato de concesión, en el que la compañía petrolera suministra diferentes tipos de productos y el dueño de la estación de servicio los comercializa al por menor, quedando fuera de ese contrato las estaciones de servicio “sin bandera” o blancas porque compran combustible por fuera de las grandes marcas o lo importaban. De todos modos, en la misma ley, el contrato de suministro fue diferenciado con normas propias de la distribución.

Pero aun suponiendo que el universo de las concesiones de estaciones de servicio sean concesiones en el sentido del Proyecto, más algunos contratos de maquinarias de considerable valor, lo que es posible, a media agua entre la distribución y la concesión, también es apropiado verificar si el contrato que más les conviene es el de suministro que ahora está legislado y que con anterioridad era un contrato innominado que vinculaba a toda la industria proveedora de productos intermedios para la industria terminal, fueran estos autos, camiones, tractores, lavarropas, o toda la línea blanca o electrónica. El tema fue debatido en la doctrina italiana, que separa el suministro de la concesión de una corriente de pensamiento que sostuvo que la naturaleza de la concesión de venta exclusiva era el suministro de la mercadería, pero fue descartada por entender que el suministro que existe en el aprovisionamiento esta completado con la obligación de revender, del cual es causa, por el cual perdió el favor de los especialistas.

No es relevante para el objetivo de este trabajo analizar si el contrato de suministro de combustibles de marca a una estación de servicio constituye o no una concesión, pues esta tiene un régimen mucho más estricto que el suministro, y que es un contrato que se agota en el aprovisionamiento, esto es, en término del producto a suministrar, por lo que en principio no le es aplicable. Existen por el contrario, muchos contratos de todo tipo, internacionales y locales, que regulan la simple distribución, es decir, el género y que el Proyecto puede afectarles en su funcionamiento al aplicarle en lo pertinente las normas de la concesión. Como consecuencia de lo anterior se sigue que, habiendo la Comisión aconsejado que la distribución se regle en cuanto fuere pertinente por el contrato de concesión, es nuestro propósito analizar su posible funcionamiento aplicando ese criterio y, de este modo, determinar, en definitiva, qué normas son pertinentes y, valga la redundancia, cuáles son impertinentes.

Para ello, primero debemos precisar las características generales de la concesión. Al respecto es dable observar que el contrato de concesión comercial debiera llamarse, al menos doctrinariamente, contrato de concesión de producto y servicios, para distinguirlo del anteriormente llamado contrato de concesión privada(1). Además, es necesario distinguirlo de la llamada concesión de obra pública o de diferentes concesiones en materia de gas y petróleo o energía, básicamente nacidos para cubrir las necesidades administrativas del Estado o de sus subdivisiones políticas, empresas descentralizadas o entes autónomos o incluso de empresas de Estado, que no son objeto del Proyecto y en algunos casos están contemplados en leyes especiales. En definitiva, coexisten en nuestro país tres formas de concesión: la concesión administrativa(2), la citada concesión privada por la que todo tipo de asociaciones civiles conceden servicios a terceros de variada índole, y la concesión comercial de mercaderías o de venta, como también la designó otro jurista argentino(3). Desde el punto de vista del Proyecto es Concesión a secas.

La naturaleza jurídica de la concesión fue materia de muchas apreciaciones doctrinarias tanto en el extranjero como en nuestro país. Durante bastante tiempo la jurisprudencia lo consideró como una simple compraventa que se originaba como una sucesión de ventas entre un fabricante y sus intermediarios, es decir, como una compraventa comercial o un típico contrato de cambio, pero luego, con el influjo de la doctrina europea desarrollada por los contratos de concesión de cerveza y luego por la de los automotores, se observó que conformaban no uno o más contratos de cambio, tampoco una sucesión de compraventas comerciales, sino una modalidad nueva de contratos empresarios donde una fábrica se desligaba de la comercialización directa de los productos que fabricaba y los tercerizaba en empresarios a los que se les designaba especialmente como distribuidores oficiales de los productos de su marca o marcas(4). En otras palabras, se trataba de un contrato con vocación de duración que no comprendía solo una serie de compraventas futuras, sino que la obligación de concesionarios era comercializar una parte de la producción del concedente, en las oportunidades y bajo las condiciones que este fijara. Esto fue retomado por la ley brasileña; la única que existe y regula con ese nombre a la concesión limitada a vehículos con motores a explosión, sean autos, camiones, tractores, cosechadoras, etc., llamada también ley Ferrari, en homenaje al diputado que la promovió.

Por ese motivo, el conocido jurista uruguayo Dr. Rodríguez Oliveira sostuvo que era un contrato de coordinación(5) en la medida en que ambos cumplían tareas complementarias. Esto lo distingue de los contratos de cambio en el sentido de que son contratos de tracto sucesivo y de duración, pero a mi juicio no son contratos de larga duración como los contempla el artículo 1011 del nuevo Código Único —CCU—.

La razón de ser de la concesión son las necesidades de las empresas productoras de tercerizar la venta y el servicio de ciertos productos. Estos verdaderos distribuidores oficiales en lugar de tener una red enorme de empleados a cargo de sucursales diseminadas por territorios a veces muy vastos y designar a empresarios independientes para promover y concretar la venta de sus vehículos al público consumidor, tenían a su cargo la comercialización de los vehículos fabricados por empresas que los preferían. Curiosamente los americanos del norte llamaron a este contrato Franchise dealer agreement y los franceses concession commercial, lo que motivo la aguda reflexión de Jean Guyenot, quien sostuvo que había una concesión a la Françoise o una franchise a la americain, pero que en realidad eran el mismo contrato; su naturaleza jurídica no cambiaba, ambos eran contratos de adhesión que instrumentaban una distribución comercial para productos de alto precio o de tecnología compleja. Esta era la razón por la que un fabricante cambiaba su sistema de comercialización de una simple distribución comercial a una concesión comercial.

Una tercera corriente lo relacionó con un contrato de licencia de marca, donde también existe una relación de permanencia y una obligación de ventas mínimas, pero esa es toda la analogía, mientras que las diferencias son mayores: la licencia es un contrato de la propiedad industrial, mientras que la concesión es un contrato del derecho comercial. El licenciatario tiene la autorización para usar una marca para fabricar un producto conforme a especificaciones y pagar un mínimo venda o no. En la concesión no existen pagos mínimos, sino la obligación de comprar productos en función de un programa de compras, basado en objetivos de venta, en función del mercado y de la producción que influyen en las compras. Esos productos pertenecen al concedente que le permite al concesionario identificar su negocio con su marca y emblemas, pero sin concederle ninguna licencia a esos efectos ni cobrar separadamente por el uso del nombre y marca, ambos son derechos de la propiedad industrial. Esta situación no existe en la licencia, en la que el licenciatario usa la marca para vender productos y además paga una regalía por cada venta que efectúa, mientras que el concesionario compra productos para revender a nombre y por cuenta propia, poniendo o adaptando su estructura y organización al servicio de la comercialización de productos del concedente y, de hecho, absteniéndose de vender productos de la competencia.

Luego se sugirió la teoría del monopolio, que fue utilizada por la doctrina francesa y discutida por la doctrina italiana(6), seguida por la teoría de que constituía una técnica de integración de empresas. Esta última sostenida por Champaud, quien afirmó que se trataba de una forma secundaria de integración. Es una teoría atractiva, pero solo se trata de eso. Si fuera de un grupo de sociedades, la integración se implementaría para formar una unidad de decisión, mediante una sociedad que actúa como controlante y así, el grupo de sociedades crece formando enjambres de entes y obteniendo el control de otras empresas. El jurista francés sostiene que en la concesión el fabricante obtiene una forma de control, aunque no total, a través de contratos que permiten una agrupación donde las empresas mantienen una subordinación económica, pese a la autonomía patrimonial y jurídica. Nuestra ley de sociedades permite formas de control por contrato o por vínculos especiales, pero no como una forma de integración, sino para atribuir consecuencias jurídicas a esa forma de control.

Otra teoría es la del contrato preliminar o normativo, la cual ha sido sostenida por la doctrina argentina(7). Por mi parte, si bien es cierto que el contrato es parcialmente normativo, dado que contempla la designación de un concesionario para comprar en el futuro, no es menos cierto que existen desde su firma derechos y obligaciones que las partes se obligan a cumplir tales como obligarse a comprar, prestar servicios poner pedidos y sobre todo, hacer inversiones en edificios, en equipos, en inventario y en herramientas que deben ser aprobadas, de modo que decir que es normativo no abarca toda su complejidad, ya que contiene obligaciones muy precisas desde su firma. Así tuvo oportunidad de señalarlo un viejo precedente de la justicia comercial de la sala B(8).

Por último, el mismo Champaud luego de decir que no existe en su tiempo un verdadero derecho de la integración, sostuvo que desde el punto de vista clásico, la concesión es un contrato sui generis(9), dado que es un contrato donde la situación jurídica de las partes está dominada por principios contradictorios donde la empresa concesionaria mantiene su independencia jurídica y patrimonial, pero por otro lado, esta económica y contractualmente ligada a la del concedente, con lo que se genera una lucha entre la independencia y la subordinación, concluyendo que su encuadramiento es imposible hasta tanto se formule una teoría general de los contratos de integración.

La teoría del contrato sui generis era útil dentro de una visión clásica del contrato, ya que si un contrato no está tipificado es habitualmente innominado, y se lo relaciona al contrato más idéntico o si no se lo puede relacionar se dice que es sui generis, de modo que si se cambia la clasificación de los contratos, también se le puede crear una categoría diferente y encuadrarlo. Desde este punto de partida, se sostuvo que no es un contrato de coordinación como sostuvo el Profesor Olivera, sino de(10) colaboración, dado que el propósito que anima a ambos comerciantes es vender, es decir, que no habría intereses contrapuestos. Aunque la diferencia parece sutil, concuerdo en que es más apropiado. Finalmente, como lo sostengo en mi obra sistemas de distribución comercial, otro autor francés que estudió el tema en profundidad, Jean Guyenot, sostuvo que el contrato de concesión es simplemente un contrato de adhesión cuya utilidad es innegable, ya que de esa manera se facilitan las negociaciones y las condiciones, pues al estar predispuestas facilitan su rápida conclusión, esto por cuanto el objetivo del concedente es desarrollar una red homogénea de distribución de sus productos mediante un contrato marco de adhesión a través del cual el concedente productor organiza las relaciones con todos sus concesionarios.

En efecto, en esta destaco que una autora española, Puente Muñoz, asevera que la concesión mercantil se separa tanto de los contratos de derecho común como de los contratos de adhesión, porque más que un modo de cambio de prestación o de servicios entre partes contratantes, busca la concentración en el mercado, acercándose al pensamiento de Champaud.

Lo cierto es que la uniformidad existente se consigue mediante el uso de reglamentos emanados del concedente, complementadas con las circulares emanadas del mismo concedente, esto es, aquellas que fijan diversas categorías de concesionarios con base en el crédito, el territorio, las ventas y la inversión. De modo que si bien las condiciones generales son de adhesión, no lo son las condiciones particulares del contrato que reflejan la envergadura de cada concesionario y las condiciones de acceso a la compra del producto.

Así como la franquicia, la concesión o la agencia quedan bien delimitadas y están claramente tipificadas. No sucede lo mismo con el contrato de distribución, en el que generalmente no hay aspectos de servicios involucrados como en la concesión, ya que los contratos internacionales de distribución se conceden habitualmente al importador del producto o a una subsidiaria local que importa y luego distribuye el producto localmente mediante distribuidores que incluso pueden tener sub-distribuidores o clientes mayoristas, siendo estos los que venden al público según el tipo de producto involucrado. No nos ocuparemos en este trabajo de la problemática de la ley aplicable a los mismos, pues se trata de una temática amplia, por tanto dejaremos el desarrollo de la problemática de conflicto de leyes y jurisdicciones para otra oportunidad.

Al margen de la ley del consumidor que hace a toda la cadena responsable, los distribuidores solo venden y se limitan a entregar la garantía escrita del fabricante, quien designa a un representante técnico para atender los reclamos o lo remiten a los mismos distribuidores para que le sean hechos los reclamos por el término legal o pactado. A todos ellos se les aplican en cuanto sean pertinentes las normas de la concesión. Es decir que la distribución aparece en el Proyecto como una forma de concesión, pero por alguna razón el Proyecto como lo indica su modelo de 1998, señala o advierte que se le aplican las normas de la concesión en cuanto sean pertinentes. De ahí que debamos indagar cuáles son las normas pertinentes y para ello debemos analizar el contrato. No hay autores que nieguen la existencia del contrato de distribución, stricto sensu, ni aquí ni en Europa, lo que ha resultado difícil es separar el concepto económico de la distribución que comprende a muchas figuras como la agencia, la representación, el comisionista, el proccatiori di affari, la franquicia y el contrato de concesión, y perfilar las diferencias que tiene la distribución desde el ángulo jurídico frente a la concesión, que innegablemente junto con la franquicia constituyen los dos contratos más modernos, que al menos en el orden internacional, ocupan hoy un rol preponderante en el ámbito de la UE.

Esto es parcialmente claro en la normativa antitrust que los engloba a todos, y también en los europeos que no denominan los contratos por su naturaleza jurídica, sino por la relación económica que implican desde el ángulo de las normas de defensa de la competencia, como por ejemplo en el así llamado CFR, el marco común de referencia, el cual ha tomado estado público y constituye hoy la base jurídica en Europa para intentar uniformar la legislación comunitaria que los describe y al vez, donde se contemplan la agencia, esto es, la distribución con pacto de exclusividad y la franquicia.

Dado que el proyecto legisla sobre la distribución por remisión a las normas pertinentes de la concesión, debemos tener en cuenta en primer lugar cuales son las características de la concesión, que es un contrato: a) consensual, b) bilateral, c) oneroso, d) conmutativo, e) instrumentado hoy por escrito, f) de tracto sucesivo, g) intuitu personae, h) de cláusulas predispuestas por el concedente, i) de colaboración, j) de duración, k) con exclusividad(11). El contrato de concesión no es un contrato de cambio, sino un contrato de colaboración, formulado como contrato de adhesión. Históricamente, el concesionario compra el producto y debe financiar el stock, para que lo venda de inmediato o a largo plazo, ya que la venta al público se hace por su intermediación y la red de concesionarios, excepto cierto tipo de clientes que se reserva por usos y practicas bien establecidas del concedente.

El contrato de concesión es un contrato de duración al cual el proyecto le fijó un plazo mínimo de 4 años. Con ciertas salvedades, el contrato de concesión es exclusivo para ambas partes y además es intuitu personae. La elección del concesionario es un proceso de rigurosa selección de perfiles empresariales tanto en lo económico, como en lo financiero y en su capacidad de gestión previa. Por ende, la muerte del concesionario pone fin a la concesión aun tratándose de una sociedad de capital, porque la persona quien gestiona es determinante para la selección, salvo que sus hijos estén integrados en la empresa, si no, lo más conveniente es que vendan a un nuevo postulante.

El contrato de concesión en un contrato de adhesión con algunas pocas clausulas particulares consensuadas. Tanto el texto del contrato, como el del reglamento han sido unilateralmente dictados y el concesionario no puede apartarse de las mismas, excepto cuando las cláusulas hayan sido ejercidas abusivamente o infrinjan el orden público, la moral o las buenas costumbres, según el criterio del juzgador.

Si, por otra parte, nosotros tomamos en cuenta el contrato de distribución, veremos que también —como no podía ser menos— es consensual, conmutativo, bilateral, oneroso de cláusulas predispuestas, exclusivo o no exclusivo, intuitu personae de colaboración, de tracto sucesivo, pero no formal. Un tema que se ha discutido es si se trata de un contrato nominado o innominado, al menos en el CCU. Es claro que el contrato de distribución no está legislado específicamente, ya que en un solo artículo se dice que se le aplican las normas de la concesión en cuanto sean pertinentes.

Un conocido autor argentino sostiene que es una forma de la que se vale una empresa fabricante que recurre a métodos propios de venta por viajantes sucursales y a agentes o designando a otros intermediarios como los distribuidores. Lo anterior para canalizar la venta de sus productos(12). La jurisprudencia ha sostenido que es la característica esencial del distribuidor que actúa a nombre propio y por cuenta propia. Cam. Nac. Com. Sala E 16’681. Esto es así porque costó mucha tinta tipificar la agencia y distinguirla de la distribución debido a que la confusión conceptual en el comercio e incluso en los abogados ha sido constante.

La distribución entonces, a nuestro juicio, es la relación contractual de colaboración entre el fabricante de un producto y quien en su nombre y por cuenta propia asume la función de revenderlos al público consumidor, mediante su propia organización, según los compromisos que asume con el fabricante. Si pensamos en un contrato de concesión no cabe duda de que comparten la mayor parte de sus rasgos, pero no todos, como no podía ser de otra manera, ya que la concesión es una distribución refinada y los usos y las costumbres en nuestro país han dado ciertas características a este contrato que excede a la circunstancia visible de que la distribución era un contrato innominado, muchas veces verbal, y no un rasgo esencial la exclusividad, como en la concesión. Por el contrario, existen muchos distribuidores que distribuyen en forma no exclusiva productos de diferentes fabricantes, lo que no existe en la concesión.

El distribuidor es un comerciante independiente como el concesionario, pero la distribución en una enorme cantidad de casos no es exclusiva, un distribuidor distribuye muchos productos diferentes de distintos productores, en tanto y cuanto lo que le interesa a estos es que el distribuidor tenga establecida una red de distribución sobre un territorio con muchos canales y bocas de venta que son intercambiables y sirven para canalizar diferentes productos que no requieren una distribución única y especializada de un solo producto.

La concesión es para una marca y no se comparte, al menos hasta el presente, y solo hay una veintena de marcas reconocidas en el mundo automotor. Por eso es muy común en los contratos internacionales que el distribuidor tenga el derecho a distribuir productos no competitivos o que no afecten la imagen del producto que representan. Por otra parte, existen distribuidores exclusivos que se comprometen a comercializar productos de un solo fabricante y dentro de los no exclusivos están los que distribuyen marcas reconocidas y aquellos que distribuyen marcas que no tienen mercado y que ayudan a formar. Esta modalidad era generalmente ajena a la concesión, hasta que los vehículos rusos o chinos o vietnamitas comenzaron a exportarse fuera de sus territorios. En esos casos se ha advertido el nombramiento de concesionarios que distribuyen dos marcas de diferentes fabricantes hasta que la segunda marca se vuelve conocida o exitosa y entonces deben optar.

El fabricante de Buenos aires que quiere expandirse y no tiene distribuidor es, muchas veces, menos importante que el distribuidor de una localidad o provincia, en la que el distribuidor es reconocido por vender productos de marca ya acreditados, por lo que su tarea le agrega difusión y, al provenir el producto de la mano de un comerciante localmente conocido, facilita su comercialización, o al menos su difusión, que es objeto de designar distribuidores en zonas alejadas.

De su origen de casa de ramos generales a distribuidor de productos varios, surge luego la necesidad de revestir al vendedor local con el título más pomposo de distribuidor, esto porque connota una idea de estabilidad, aunque no sea exclusivo, para distribuir su producto y aunque venda diferentes marcas competitivas o con exclusividad en algunos casos en los que el precio del producto lo justifica o su margen le resulta interesante al distribuidor, como para sacrificar el abandono de otras líneas. Existe movilidad en la distribución, pero mucha menos en la importación y en la representación de un fabricante, que habitualmente son exclusivas por la ingente capitalización que requiere importar productos por cuenta y riesgo propios, lo que exige una logística especial. Esto hace que algunos distribuidores sean empresas de envergadura, ya que en los contratos internacionales deben asumir la compra y la nacionalización de productos a su costo y riesgo. De esto surge la observación de Guyenot sobre la concesión, en la que sostiene que es una distribución exclusiva de productos de alto precio o de alta técnica que requiere una manera uniforme de relacionarse con la red mediante pautas de eficiencia que permiten al concedente utilizar al máximo la estructura del concesionario puesta a su servicio para comercializar su producción.

Como señalamos, la concesión es siempre exclusiva, en particular en ciertos tipos de industria o comercio, aunque su exclusividad es en muchos casos limitada o localizada en el negocio a través del cual compra y vende el producto concedido. En cambio, la distribución es una forma que admite la ausencia de exclusividad, por los motivos expresados.

En segundo lugar, las normas que regulan la relación concedente-concesionario, generalmente condensadas en un reglamento o manual, son mucho más rígidas que las normas de distribución emanadas de la fábrica que permiten una mayor flexibilidad al distribuidor. Las inversiones de los concesionarios son importantes y el negocio amerita que la red funcione jerárquicamente en forma organizada, según la importancia de cada concesionario. Si bien el fabricante siempre da instrucciones al distribuidor sobre su producto, la regulación de la relación es mucho más minuciosa en la concesión desde los locales, la vestimenta, la publicidad y otros detalles operativos.

En tercer lugar, los distribuidores no prestan la garantía personal sobre lo que venden sino que dejan en claro que la única garantía sobre el producto proviene de la fábrica. Tampoco dan servicio a los productos, todo eso se hace por terceros independientes que contrata el fabricante, siguiendo sus propias pautas sobre las personas que le presenta algunas veces su distribuidor cuyo rol es remitir al consumidor a la empresa designada por el fabricante, para que atienda los reclamos en garantía mediante un tercero no relacionado con el distribuidor o al menos independiente de este.

Por estas razones, la jurisprudencia nacional, aun antes de la redacción del proyecto de Código Civil y Comercial, en análisis destacó que en el contrato de distribución, la ausencia de caracterización legal no constituye un óbice para una configuración generada en el trafico mediante la reiteración de elementos que lo incluyen en la práctica, por lo que puede ser considerado como un contrato usualmente típico (Cam. Nac. Comercial Sala C 5/11/81 ED 97-691 conf. Sala E 16’11’81 E.D. 97-218).

También se lo ha asimilado al contrato de consignación de mercaderías legislado en el artículo 232 del Código de Comercio, Cam. Nac. Com. Sala A 25-7-66, criterio que considero es equivocado, ya que la consignación es una modalidad de la compraventa para posibilitar a un fabricante poner su producto cuando no dispone de un distribuidor que financieramente pueda comprarlo. En ese caso, el stock de productos que le remite queda a nombre del propietario en consignación y el consignatario al venderlo factura y paga su precio recién entonces al fabricante, quedándose con un sobreprecio fijado y autorizado por este. Así mismo, permanece rindiendo cuentas del stock y facturando en firme las ventas efectuadas a terceros a su nombre. Este contrato no encuadra en la figura del comisionista exactamente, pero es una de las características establecidas en la práctica comercial local.

En el contrato de distribución, el distribuidor compra y se hace de la mercadería para revender, en la consignación recibe mercadería ajena, pero no en propiedad, y si no la vende, debe restituirla, pero si la vende a terceros, no lo hace como agente, sino que como consignatario se identifica como comisionista a nombre propio. Solo allí se obliga a pagar el precio al fabricante quedándose con el sobreprecio autorizado por el fabricante.

A su vez, la distribución pasó de ser encuadrada en la jurisprudencia, no solo como una sucesión de compraventas independientes que por sí mismas no originan, en caso de cese, ninguna indemnización, sino que además existía una relación estable entre ambas partes que generaba responsabilidades. Tampoco podemos ocultar que han existido casos de distribuidores que no pagan sus productos, que no reciben los mismos en propiedad y cobran una comisión por su venta. En la doctrina moderna, esto constituye una agencia y el llamado distribuidor es en realidad un agente.

Finalmente, existen diferentes distribuciones de productos reguladas administrativamente o que no tienen las características de una distribución. Entre estos la de los distribuidores de diarios y revistas, llamados así por la práctica, pero que carecen de riesgo, ya que los diarios y revistas le recompran el material no vendido y por lo tanto, no se puede hablar de distribución. Este, a su vez, está reglamentado por DEC. 24095/45, donde se establecen la estabilidad de las paradas callejeras de venta y la obligación del diario de recomprar el material no vendido.

Todo esto ha coexistido en el país bajo el rubro de distribución, por lo tanto considero inadecuado decir que a la distribución se le aplican las normas de la concesión en cuanto fueren pertinentes, no porque este mal en sí mismo, sino porque no resuelve el problema de la certidumbre, al no intentar calificar o precisar lo pertinente y porque no se ha tenido en cuenta la diversidad de usos y costumbres que establecen prácticas diferentes entre ambas figuras, por tanto el tema deberá ser resuelto por vía legal o por la jurisprudencia futura, como veremos más adelante. De lo contrario, habrá muchas opiniones y mayor litigiosidad sobre el alcance del artículo 1511 del CCU.

Hasta ahora, hemos visto que ambos contratos tienen características similares; son contratos de cláusulas unilateralmente predispuestas por una parte, el fabricante ambos son intuitu personae y de colaboración, ya que ambas partes tiene una finalidad común, a saber, vender un producto al consumidor, pero a su vez, difieren en cuanto a las formalidades. No hay contratos de concesión verbales en la práctica y aunque la ley no le impone forma determinada, sí los hay de distribución. En efecto, existen muchos contratos de distribución de hecho o verbales y si bien ambos son de duración y de tracto sucesivo, la duración varía. Ningún concesionario acepta ser nombrado por un año, porque le es imposible recuperar su inversión en un lapso tan breve. En su tiempo, la fábrica productora de Chevrolet fijo sus contratos con un plazo de cinco años para permitir un horizonte claro de medición de la performance de un concesionario, mientras que en la distribución, por lo habitual, la inversión es menor para el distribuidor, quien es un empresario en actividad que toma un negocio aprovechando lo que tiene, y su duración es más volátil, porque el plazo es más breve. Si el negocio no rinde, entonces no renueva y se retira, con un breve preaviso, por eso no le interesa la exclusividad, el cual es un concepto sobre el que volveremos, ya que cambia la exclusividad en el aprovisionamiento debido a la no exclusividad en la venta del producto que se comparte con otros distribuidores, con la salvedad de un territorio o una zona muy específica.

Este es un tema sumamente complejo, porque los territorios no se respetan entre los distribuidores, ya que permanentemente los distribuidores tienen una zona de actuación donde residen, pero además, gracias a diferentes estrategias, se las han ingeniado para vender fuera de su zona. En efecto, se han potenciado con el advenimiento de internet y de las ofertas —disfrazadas— urbi et orbe que los distribuidores hacen por medio de la web, para atraer clientes o consumidores fuera de su zona de actuación, con la pasividad del fabricante. La regla es que nunca se sanciona a un concesionario o distribuidor exitoso, en todo caso, se le reprocha determinada conducta.

El público consumidor que tiene poca fidelidad respecto de quien le vende es muy susceptible al precio o a cualquier condición especial, por pequeña que sea, que le permita sacar una ventaja personal sobre el producto que adquiere aun cuando tenga que trasladarse a otra punta de la ciudad o fuera de la ciudad. Su fidelidad con el distribuidor de la zona no existe, por ende compra en otra zona, salvo que el producto sea de poca monta o la compra resultante tenga la misma característica. Esta infidelidad del consumidor que es su derecho y privilegio provoca desplazamiento de ventas y de clientes consumidores. Cuando estas ventas provocan una merma de ventas, el distribuidor afectado suele recurrir al fabricante, pero para este la disputa entre los distribuidores no mejora su venta total que sigue una curva estable, mientras se venda igual cantidad. Por ende, no sacrificará a quien vende más, al revés, lo distingue a fin de año, ante la indisimulada consternación que le produce a los distribuidores afectados que alegan prácticas predatorias. Así funciona la distribución en el ámbito local.

Finalmente, además del plazo, hay una diferencia substancial en la indemnización. En la concesión se piden daños y perjuicios y se obtienen en ciertos casos o se niegan de plano en otros, como lo sentó la Corte en el caso automotores Saavedra y la jurisprudencia que siguió esas aguas. En cambio, en la distribución no se suele dar indemnización de daños y perjuicios, sino una indemnización que compense el tiempo caído de ventas por el cambio de rubro o de fabricante, es decir, que la función es meramente resarcitoria, dado que no se indemniza el perjuicio del lucro cesante, sino el costo estimado de reubicación del exdistribuidor perjudicado, como veremos en detalle al compararlas. La nueva ley ha liquidado la rescisión unilateral de ambos contratos con un sistema de preaviso obligatorio, cuyo incumplimiento esta tarifado en la concesión y seguramente será aplicado a la distribución, ya que salvo casos de rescisión por causa la rescisión unilateral, si es intempestiva, exige pagar un mes de ganancias por cada año de vigencia del contrato remitiendo la concesión a las normas de la agencia.

Por ende, si le aplicamos a la distribución todas las normas que contempla el proyecto para la concesión mientras sean pertinentes, podremos encontrar que una gran cantidad de normas previstas para la concesión pueden ser inaplicables a la distribución, la cual tiene características muy particulares o simplemente matices relevantes diferentes.

Por otra parte, esa remisión obliga a verificar si es pertinente aplicar las normas de la concesión a la distribución, en cada circunstancia, ciertamente tema de abogados y no de comerciantes. Esta terminología nos obliga, en primer lugar, a decidir si el contrato de distribución es nominado o innominado. Según hemos visto, un contrato es nominado cuando la ley lo regula especialmente. El Proyecto de ley le dedica uno de los dos incisos que contiene el último artículo sobre concesión, disponiendo que se le aplican al contrato de distribución las normas de la concesión en cuanto sea pertinente. Así mismo, lo nombra y lo regula por remisión.

¿Es acaso esta referencia escueta a la distribución una regulación especial en los términos del artículo 970? Mi respuesta en un primer momento fue que se trataba de un contrato innominado, pero sin embargo el proyecto lo denomina claramente y por lo tanto, una primera cuestión es si es nominado un contrato cuyo nombre solo se menciona, pero que se regula por remisión. La respuesta es afirmativa, hay ejemplos claros en el código de Vélez: la compraventa gratuita se regula por las normas de la donación por remisión. Por otra parte, un contrato que desde hace muchos años no está regulado, pero que ha sido tipificado por la doctrina y aun por la jurisprudencia, como lo sostuvo la Sala C en lo Comercial, demuestra que es un contrato tipificado, bien sea porque está nominado como tal o porque los usos y costumbres lo han tipificado de todas maneras, por vía de la jurisprudencia y por los aportes de la doctrina.

Sin embargo, soy de la opinión que regular el género, la distribución por referencia a la especie y la concesión no es atinado por cuanto implica a) reglar la distribución con una normativa específica —la de la concesión— que le es aplicable pero no en su totalidad, sino solo cuando sea pertinente y, en segundo lugar, b) crear una zona gris que será litigiosa cuando entren en colisión las normas no pertinentes o conducentes de la concesión con los usos y las costumbres propias de la distribución que deberán ser tenidas en cuenta y requerirán precisiones que el legislador omitió considerar.

Desde una visión integradora, la escueta referencia tomada del proyecto de 1998 me parece insuficiente e incorrecta, porque el contrato de distribución tiene mayor importancia que el de agencia en la vida económica del país y se encuentra reglado y con mayor prosapia que algunos de los contratos nuevos incorporados. La norma acepta que hay diferencias al establecer que solo se aplica en lo pertinente, pero falla al no precisar o calificarlo, dejando la tarea de establecer esa frontera a los tribunales en última instancia. Desde esa perspectiva, el juzgador deberá decidir si le aplica a la resolución de la distribución las normas de los artículos 1508 y 1509 del CCU o si se sigue la vieja jurisprudencia de resarcir la rescisión intempestiva con una indemnización proporcional al tiempo de vigencia de la distribución, la cual ha llegado a determinar 18 meses de ventas, tomadas del promedio del último año para resarcir al distribuidor por readecuar su negocio, con el objetivo de comercializar los negocios de otro fabricante.

Existe numerosa doctrina nacional y europea sobre el contrato de distribución y una multitud de fallos sobre el tema de la distribución y su indemnización que no pasa por el daño y perjuicio, sino que trata acerca de la estimación del costo del reacomodamiento del distribuidor terminado abruptamente.

Así, en Europa se le otorga un plazo de preaviso, en ausencia de culpa, de unos tres meses promedio, o se le aplica las normas de la agencia en última instancia y durante muchos años al vencimiento del plazo sin renovación. El distribuidor no tenía derecho a indemnización alguna, porque él sabía desde el comienzo que solo tenía un negocio temporal y no una canonjía de por vida. No concebimos una concesión verbal, pero sí ha existido la distribución por convenio verbal sin un solo documento y configurando una verdadera distribución de hecho. Toda esa riqueza doctrinaria y comercial no puede quedar subsumida en una sola frase: la pertinencia, simplemente porque en todo caso la concesión es hija de la distribución y no al revés. Por otra parte, si se considera que no es pertinente, el intérprete queda obligado a recurrir al artículo 970 que se refiere a la compatibilidad con otras normas, lo que genera otro tipo de problemas de interpretación. Por supuesto que es mucho más fácil aplicar las normas de la concesión a la resolución, pero nadie resuelve un convenio de distribución, lo rescinde para el futuro, no hay nada que devolver y casi diría que es imposible devolver las prestaciones liquidadas en el tiempo.

La distribución tiene siglos de experiencia, la concesión es, como señaló Guyenot, una distribución de productos de alta técnica o de alto precio. Ambas están escasamente legisladas a nivel europeo, a diferencia de la agencia que tiene reconocimiento comunitario por la Directiva 653 de 1986 y 14 países tienen legislación sobre agencia, con excepción de Bélgica o para el caso Brasil y Estados Unidos, donde no existe aún legislación sobre concesión o distribución, salvo para temas específicos como las restricciones verticales a la competencia que la comprenden y que no son consideradas en este análisis. Por otra parte, ya la jurisprudencia se pronunció, y a pesar de no estar legislado, puede ser considerado como un contrato usualmente típico(13).

Pero si nos aferramos a que la referencia del artículo 1511 no lo habilita para ser considerado en los términos del artículo 970 como un contrato nominado, si por vía de hipótesis aceptamos esa proposición, entonces debe sostenerse que de ser innominado existe un orden de prevalencia en el sistema del Código que hace inconsistente en cuanto a en lo esencial, la aplicación de las normas de la concesión a la distribución, porque para ello se le debe aplicar, en primer término, los principios que surjan de la autonomía de la voluntad. Por ello, puede haber una colisión entre lo que parece o se afirma que es impertinente y lo que las partes dispongan en ejercicio de esa autonomía de la voluntad que priorizamos, esta es, la autonomía de la voluntad que está prevista según el orden normativo del artículo 970 o aquella en la que el intérprete privilegia un régimen afín que le es compatible por tener la misma finalidad.

En el sistema proyectado de Código Único. a los contratos innominados, que son no tipificados en el Proyecto se les aplica la autonomía de la voluntad, (limitada por el orden público, o normas indisponibles), en segundo lugar, por los principios generales de los contratos, y siguiendo el orden del 970, en tercer lugar, por los usos y prácticas del lugar de su celebración y finalmente, en ausencia de las anteriores, por las normas correspondientes de los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad, en ese orden(14).

Es decir, por una parte se aplican, por indicación expresa del 1511, las normas de la concesión en cuanto fueren pertinentes, lo que debe ser precisado caso por caso. Si pensamos o argüimos que no son pertinentes o que el contrato es innominado, se debe aplicar la voluntad de las partes; en primer lugar, para regir sus obligaciones, es decir la autonomía de la voluntad; en segundo lugar, por las normas generales de los contratos; y en tercer lugar, por los usos o practicas del lugar de celebración(15), y solo si estas no existiesen, en último lugar, según el orden del artículo 970.

Por otra parte, se aplican las normas de los contratos afines en cuanto fueren compatibles y se adecuen a su finalidad. Me apresuro a destacar que ambos contratos son compatibles y pertenecen al mismo género, pero la finalidad requiere contenidos y soluciones diferentes. Resulta imprescindible definir si pertinencia es lo mismo que compatibilidad. A mi juicio, no. Compatible, según la Real Academia de la legua española proviene del latín compatibilis y se define como la característica de tener aptitud o proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto la otra es que sea pertinente del latín pertinens, que en su primera acepción significa perteneciente a una cosa. Como segunda acepción, dícese de los que vienen a propósito. Por último, en su tercera acepción, significa conducente o concerniente al pleito. A pesar de que los dos términos tienen raíces latinas diferentes y no significan lo mismo, como se desprende de su definición, el diccionario Vox de la lengua castellana explica que pertinente es lo relativo a una cosa o a propósito, y es un término sinónimo y oportuno de compatible, en este sentido, repite la misma definición de la Real Academia.

Las diferencias —sermo vulgaris— no son perceptibles en el comercio. Si bien se puede afirmar que impertinente es lo que no es a propósito e incompatible es lo que tiene aptitud para unirse, el lego no alcanza a comprender la diferencia. Será más práctico desarrollar un estándar para decidir si es o no es pertinente, por ejemplo, que pertinente es que corresponde, y si es más fácil sostener que impertinente es que no corresponde, mientras que la incompatibilidad es un término mucho más técnico, verbigracia un sistema operativo es incompatible con otro, el régimen de la compraventa es incompatible con el del comodato, porque su objeto, finalidad y alcance son diferentes.

Dada la dificultad para determinar si pertinencia es igual a compatibilidad, cosa que creemos no es exacta, la pregunta que nos formulamos es ¿cuándo no son pertinentes? A mi juicio, la respuesta está en la aplicación de la autonomía de la voluntad en cuanto modifica normas disponibles y en los usos y la práctica comercial, que son vinculantes y que integran el contrato en virtud del 964 inc. 2º y 3º del Proyecto y, por expresa remisión de la ley, tienen prevalencia sobre el inciso del artículo 970.

Frente a aquellos que consideren que pueden asimilarse ambos contratos son compatibles pero no algunas de sus normas con impertinentes, no pueden resolver con certidumbre qué disposiciones de la concesión no son aplicables a la distribución, debiendo aplicar soluciones legales diferentes de que aquellas que el CCU contempla para la concesión. Estas soluciones están validadas por las interpretación de los contratos prevista en el artículo 1º del título preliminar al disponer que deberá estarse a la finalidad de la norma, y que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Al establecer que la distribución se rige en lo pertinente por la concesión, no dice por qué se rige cuando es impertinente, situación no reglada legalmente, por lo que es lícito aplicar los usos, las prácticas y las costumbres con fuerza vinculante, salvo que sean irrazonables o existan normas indisponibles.

Si aplicamos este criterio nos resultará fácil, aun para iniciar una polémica sobre el tema, que no pase por la simpleza de afirmar que como ambas figuras tienen por finalidad comercializar el producto de un concedente o fabricante, toda norma de una de estas es, en principio, aplicable a la otra, salvo indicación contraria, por no tener aptitud para unirse o ser claramente impertinente con el alcance que le atribuye la Real Academia. Pero esto no resuelve el problema en términos de certidumbre.

Es conducente, a los efectos de este análisis, enumerar algunos supuestos que hacen a nuestro juicio impertinente o inaplicable ciertas normas de la concesión, a saber:

Generalmente, el contrato de distribución no es exclusivo salvo en el aprovisionamiento. El distribuidor puede representar a productos competitivos, como regla, mientras que la concesión pretende ser exclusiva, y de hecho lo es, aunque el proyecto permita el pacto en contrario. El concesionario no puede representar a Ford y a Chrysler al mismo tiempo, salvo cuando Ford haya comprado la marca Chrysler, el distribuidor puede, porque no vende productos de alto precio ni de alta técnica, compartir competidores en las líneas menos comprometidas, por ejemplo véase los relojes, salvo aquellos con precios inaccesibles a cuyos distribuidores le permiten tener varias distribuciones de productos competitivos, pero cuya imagen no sea autoexcluyente, en otras palabras, la condición de exclusividad es diferente y el resultado es que a toda distribución no exclusiva no se le aplicarían las normas de la concesión y a toda distribución exclusiva, que en principio podría aplicársele, en ese aspecto, pero no integralmente, según las circunstancias del caso.

Por otra parte, el concedente está obligado a adquirir el stock de artículos nuevos y de sus partes o repuestos del concesionario en el proyecto, cuando la concesión es de plazo tipo indeterminada, pero nada de eso sucede en la distribución. El fabricante se reserva el derecho de readquirir productos nuevos en stock, generalmente para evitar que el anterior distribuidor los venda a bajo precio a todos los clientes y evite, de esa manera, que el nuevo distribuidor pueda vender el inventario que debe adquirir para iniciar su contrato, o, en su defecto, el nuevo distribuidor le hace una oferta y negocia un precio por el stock y se llega a un acuerdo sin juicio alguno. En una hay una obligación, en la otra solo rige la conveniencia. Esto nunca ha generado problemas, el stock siempre es vendible y tiene un precio. Por ello creo que es impertinente aplicarle esa regla de la concesión, porque la autonomía de la voluntad y la práctica comercial han generado un sistema diferente en materia de distribución avalado por los usos y costumbres que debiera primar sobre la solución prevista para la concesión.

En realidad, concluido el contrato o resuelto el distribuidor, luego de rescindida, la distribución no tiene derecho a vender siquiera esos productos como distribuidor y los debe rematar en el mercado, como liquidación de inventario. El fabricante no hará un juicio, nadie tiene interés en el comercio de litigar por un stock que tiene un valor en el mercado. En los contratos internacionales se advierte en muchos casos que el fabricante se reserva el derecho de inspeccionar y comprar el inventario en buen estado a precios de compra más un 5% de gastos de acarreo, sin que tenga la obligación de hacerlo. Así es generalmente como se concluyen las cuentas y se paga o se cobra lo que se adeuda de esa manera tanto en la distribución local, como y sobre todo en la distribución internacional.

Otro tema relevante es cuando el concesionario presta el servicio de garantía como una obligación ante el cliente, nada de eso existe en la distribución en nuestro país donde generalmente el distribuidor no atiende los reclamos del cliente, simplemente los deriva al fabricante, el cual designa a otra persona a esos efectos, y la reparación o la sustitución del producto en garantía debe ser reclamada directamente ante el fabricante o a quien este designe para atender la garantía de sus productos(16). Por ende, la conclusión es que no es pertinente aplicar la obligación de garantía al distribuidor, quien le enfatiza al cliente que él no atiende ni gestiona la reparación de productos defectuosos ni su garantía, sea la distribución exclusiva o no exclusiva, y el público consumidor concurre a la dirección que le dio el distribuidor por indicación del fabricante, porque tampoco le interesa hacer un reclamo si alguien se ocupa del mismo y lo hace asumiendo una obligación del fabricante.

Esa es la práctica sin perjuicio de la aplicación de las normas de protección al consumidor, ya que en definitiva es claro que la fábrica es la responsable final de atender ese reclamo. Por lo tanto, entre partes y frente a terceros es válido el uso y en la práctica funcionan de la manera que se ha descrito anteriormente. La compatibilidad con el contrato de concesión afín no le es aplicable, porque no se adecuan a las prácticas comerciales de la concesión del automotor en la que el concesionario presta la garantía, presta un servicio y atiende los problemas del cliente y es responsable frente al mismo. Por tanto, no resulta pertinente aplicar una cláusula que no se aplica en la plaza, según el uso y la costumbre. No hay entonces pertinencia, por lo que los jueces deberán lidiar, muy probablemente, con estos temas, si se recurre a la ley de protección al consumidor y el fabricante falla con su garantía.

Por otra parte, existen distribuidores pequeños que no pueden adquirir stocks por falta de capital e intermedian con sus clientes mediante la modalidad indent, en virtud de la cual el cliente realiza la importación y nacionalización del producto y el distribuidor no compra porque no puede y actúa cobrando una comisión que se suele arreglar caso por caso o con alguna normativa, dependiendo del tipo de distribución. El anteproyecto contemplaba el contrato de distribución con un régimen separado con un capitulo para clarificar todos estos temas, dándole la solución de la agencia a esas ventas, con derecho a comisión como lo resuelve la práctica italiana. Esto, en la medida que no fuesen ocasionales, sino tuvieran una cierta permanencia, pero al retomar el entonces proyecto, la solución de 1998, se difirió la oportunidad de legislar específicamente sobre la distribución, solución esta que pudo haber sido pensada exprofeso para que las partes lo reglasen y así no cristalizar la vitalidad de la distribución en un contrato tan pautado como la concesión. Esta es, obviamente, una especulación, pero en un Código Civil y Comercial detallado no deja de sorprender el hecho de que no podamos saber el fundamento de esa remisión actual.

Se preguntará el lector cómo funciona un contrato de distribución que, a su vez, cumple alguna función incluso no ocasional de agencia, no compra stock, presenta el cliente y percibe una comisión. Esto se ha resuelto en Europa donde se abre una cuenta por las operaciones indent, en la que se reconoce una comisión y otra cuenta por las operaciones de distribución donde se debe el precio de la mercadería comprada para revender por el distribuidor. Obviamente, esto no está contemplado en la concesión, pero nada se opone para que un contrato de distribución siga siendo de distribución con esa característica, porque si la mayoría de las operaciones son indent el contrato como lo consideran y tratan en Colombia seria de agencia. Allí, la jurisprudencia no distingue y cuando detecta operaciones de agencia en una distribución la somete a la agencia y a su régimen indemnizatorio. Esta es una solución que vuelve impertinente las normas de la concesión, en los términos del artículo 970, inciso 3º.

Un aspecto tal vez menos importante es que la remuneración del concesionario es una retribución por comisión o por margen, es decir que la definición desfigura el verdadero sentido de la concesión comercial en la que el concesionario solo compra y se aprovisiona del concedente para vender, permitiendo a la norma regular no solo el modo sino también el mismo objeto, dándole una flexibilidad inusual y ampliando la práctica del mercado, posiblemente para incorporar a los propietarios de estaciones de servicio que cobran una suma fija por litro vendido. Por otra parte, la única compensación que recibe el distribuidor es la diferencia entre el precio especial por aprovisionarse del fabricante y el precio que cobra a los intermediarios o a los consumidores, el cual es fluctuante.

El distribuidor tiene muchos clientes habituales que compran con descuento o bonificación, y tiene otro precio para los consumidores no habituales sean o no finales. El delta entre su precio de costo y su retribución, o bien, su precio de venta, constituye su ingreso, que detraído de los gastos fijos y variables irroga la venta constituye su ganancia. El concesionario tiene varios ingresos, ya que presta servicios especiales por el servicio y venta de repuestos que factura según precio que fija a los clientes, recupera parte de la mano de obra prestada en garantía que factura al concedente y además, vende accesorios de todo tipo, de modo que la retribución del concesionario difiere de la práctica y el uso a nivel local de la llamada retribución del distribuidor, que es un comerciante que compra para revender exclusivamente y no presta el servicio de garantía. Únicamente, en las operaciones indent, que son por lo general excepcionales, cobra una comisión por su intervención. Considero por ello, que esas normas admiten pacto en contrario y, por ende, prima la libertad de contratación, ya que el concepto retribución no constituye una norma indisponible ni imperativa.

Otra diferencia menos importante es que el distribuidor no pone como el concesionario una organización al servicio del fabricante como lo hace el concesionario con el concedente en forma exclusiva, porque habitualmente, el distribuidor tiene varios negocios de distribución, de manera que este cuando pierde una línea de productos no las reemplaza, solo prescinde del personal afectado en esa línea de productos, sino toma otra equivalente. Por otra parte, existe una mayor libertad en la fijación del precio del distribuidor al público, por cuanto el distribuidor se mueve dentro de su margen con total flexibilidad. Este es otro tema conflictivo de no simple resolución que quedará librado a la interpretación judicial.

Por otra parte, el distribuidor tiene otras líneas de productos que comercializa y que la desaparición de su proveedor no impacta de manera igual que al concesionario, por eso la jurisprudencia exigía que se le diera un preaviso tempestivo, no desconsiderado, ni descomedido, para permitir su reacomodamiento, diferente del que sería a título de indemnización por daños(17). Esta jurisprudencia adquiere aún mayor valor ya que se dictó con posterioridad al fallo de Automotores Saavedra, leading case en la materia, que declaró que los contratos no se celebran para siempre y que transcurrido un plazo razonable que permita aunque esto, no ocurra cumplir el efecto normal de los mismos, tal como recuperar su inversión, cada parte es libre de rescindirlos sin indemnización.

Tomándose el computo de los años que estuvo en vigor, la jurisprudencia había declarado que un contrato renovado periódicamente durante muchos años por prorrogas automáticas de un año se había vuelto de plazo indeterminado. La práctica jurisprudencial en nuestro país afirmó que el distribuidor que era terminado intempestivamente no tenía derecho a una indemnización para cubrir no su lucro cesante, sino, por el contrario, el costo de su reacomodamiento en el mercado. A su vez, el monto de la compensación se basaba en el tiempo que la distribución estuvo vigente y estimada prudencialmente(18). La jurisprudencia es clara, a mayor tiempo de duración de la distribución más plazo para el preaviso, pero como se fija el plazo del preaviso. Fuera de algún caso aislado, entiendo que el plazo máximo de preaviso ha sido de 18 meses o en su defecto el pago de un mes de utilidad promedio por el lapso suficiente para permitir su reacomodamiento, disminuido prudencialmente en los contratos de duración, en distribuciones exclusivas. Las no exclusivas no tienen un parámetro similar. Pensamos que un plazo de 3 meses es más que suficiente para asistir a un distribuidor no exclusivo que haya sido distribuidor por menos de 5 años. Esto siempre que el contrato haya adquirido el estado de plazo indeterminado, salvo algún caso excepcional, que necesite readecuarse y seguir otro emprendimiento, o como el proyecto de 1998, establecer un techo de 6 meses de preaviso o si este no se cumpliera, el pago de 6 meses de utilidades, el cual lamentablemente se perdió en los vericuetos del congreso.

Según la aplicación de la normativa de los artículos 1492 y 1493 de la agencia aplicables a la concesión, esta jurisprudencia esta en colisión con las normas del proyecto sobre concesión, que primero establecen un plazo mínimo de 4 años y luego establecen una indemnización cuando es de plazo indeterminado equivalente a un mes de utilidades por cada año que el contrato estuvo en vigencia, en ausencia de plazo de preaviso. Así, si el contrato estuvo en vigencia por 20 años, tiene derecho a 20 meses de indemnización en ausencia de plazo de preaviso. Esta disposición es cuestionable y no parece pertinente aplicarla a la distribución. En primer lugar, porque el contrato de concesión remite a la agencia, pero es incorrecto o impertinente aplicar por pertinencia una remisión de segundo grado contenida en el contrato de concesión. Todas las normas europeas le ponen un tope para el reclamo cuando el fabricante prescinde del distribuidor, y esa normativa o techo máximo, que era de 6 meses, se perdió en los sucesivos cambios que sufrió el anteproyecto original.

La rescisión unilateral durante el plazo mínimo de vigencia de la concesión obliga a pagar daños y perjuicios, pero el contrato de distribución no tiene plazo mínimo fijado, no pudiendo este fijarse sino por acuerdo de partes. En ambos contratos, no obstante, y cualesquiera sea su plazo la rescisión con causa, obliga a pagar daños y perjuicios, pero si el plazo es indeterminado cualquiera puede ponerle fin, porque nadie se obliga para siempre, con el aditamento que el objeto del plazo de preaviso en la distribución, este tiene como finalidad permitir su reubicación al permitirle reacomodar su negocio, mientras que el plazo previsto para la concesión equivalente a un mes de utilidad por cada año que el contrato estuvo vigente es mucho más severo y corresponde a una indemnización.

Para el caso, un contrato de distribución 30 años, según lo estableció la jurisprudencia, rescindido sin preaviso suficiente, generó una compensación fijada arbitrariamente en 18 meses. Si se aplicasen las normas de la concesión, una vez que sea ley, debería ser de 30 meses de utilidades, lo que resultaría totalmente desproporcionado para compensar el reacomodamiento del distribuidor en los contratos de distribución. Este es un tema sumamente sensible y obviamente litigioso. Sostengo que las normas del proyecto relacionadas con la falta de preaviso en la concesión tomada de la agencia no deben aplicarse por remisión de segundo grado a la distribución. Es impertinente darle una indemnización a quien solo necesita un reacomodamiento de su negocio, es decir, no es pertinente. A pesar de que en la versión del proyecto se eliminó la jurisprudencia que contenía el título I, artículo 1º, como criterio vinculante, la interpretación judicial sobre el alcance de un plazo o la fijación de una indemnización siempre resulta vinculante y goza del beneficio de doctrina judicial pacifica, aunque le pese al legislador.

En la distribución es usual dar un plazo breve de prueba de un año y luego renovarlo, lo que no es práctico en la concesión debido al tipo de inversión que requiere. En la distribución se convienen contratos a prueba por un plazo de un año, para luego decidir si el negocio es bueno para ambos. Nada de esto existe en la concesión. La distribución es un contrato rico en matices y soluciones propias, la concesión es un contrato más cerrado y formal(19).

Por eso sostengo que esa litigiosidad sobre cómo se calcula la indemnización en la distribución en los contratos de plazo indeterminado se elimina poniendo un plazo o tope máximo para uno o ambos contratos, siguiendo los antecedentes europeos e incluso los españoles, los cuales ponen un límite de 3 meses y excepcionalmente de 6 meses de preaviso, cualesquiera haya sido la duración; plazo que desapareció en unos de los trasiegos y revisiones que tuvo el anteproyecto. Por todo esto, resulta patente que las diferencias entre los usos y la práctica y lo normado para la concesión no se agotan solo en el plazo y en la forma de la compensación, como hemos visto.

Además, no debe olvidarse que la distribución ha sido mucho más compleja que la concesión. Desde el punto de vista de su tipología, este último es un contrato importado en nuestro país por las terminales automotrices(20). La distribución en Argentina fue instrumentada de manera caótica, mezclada con convenios de comodato para locales de suministro para las mercaderías y compraventas bajo el sistema de consignaciones, ya que se trataba de un contrato no tipificado en el código y se manejaba por el artículo 1197 del Código Civil, solo limitado por el orden público. Incluso el mismo contrato de distribución fue confundido con la agencia. He visto en mi vida profesional contratos de agencia locales en los que el agente tenía el derecho a designar distribuidores, una solución bizarra propia de la falta de caracterización de los contratos, incluso confundidos por la doctrina en las jornadas o congresos de derecho comercial. Es atinado repasar las normas europeas que no confunden a la distribución con la agencia(21). En definitiva, sostengo que la práctica y los usos en lo comercial, en Argentina, constituyen una costumbre y una práctica aceptada que hacen impertinente la aplicación del artículo 1492/3 de la agencia al distribuidor, por no ser pertinente el desconocer prácticas diferenciadoras establecidas por usos y costumbres. Además, sin perjuicio de que si resulta no pertinente, por cualquier otro raciocinio aplicarle el artículo 1511©, por ejemplo, porque se trata de un tema de distribución al que no es conceptualmente admisible aplicarle por remisión las normas de la concesión, que remiten al contrato de agencia, debe primar una solución distinta, en virtud de la aplicación del inciso 1º y siguientes del artículo 970.

Hemos reseñado las condiciones en las cuales las disposiciones de la concesión no se aplican a nuestro juicio, pero es necesario abordar a riesgo de ser repetitivos, y, además elaborar aquellas que son pertinentes y por ende se aplican, tarea que de todas maneras los jueces tendrán que afrontar.

Si tomamos el artículo 1502, ya hicimos notar la diferencia en cuanto al concepto y por tanto no se aplica. El concepto retribución corresponde a un servicio prestado. En el contrato de distribución, el distribuidor no presta un servicio, sino que compra una producción en condiciones que acuerda con el fabricante para revender, por lo cual es libre de ganar más o menos en esa reventa. El artículo 1503 es pertinente y se aplica a la distribución porque al permitir el pacto en contrario las partes pueden o no modificar los términos del artículo sin que la tipificación quede afectada. En cambio, el artículo 1504 es pertinente y el 1505 —obligaciones del concesionario— es pertinente parcialmente porque el inciso d) es inaplicable cuando el distribuidor no presta la garantía ni hace servicio preentrega, ni de mantenimiento, servicios que sí se prestan en la concesión.

Pensamos por lo ya expuesto que el plazo del convenio de concesión mínimo de cuatro años previsto en el artículo 1506 no es pertinente, incluso es incompatible con la actividad del distribuidor y de ahí la necesidad de tener contratos de menor plazo, para beneficio de ambos. El tema puede llegar a ser opinable, pero creo que el CCU debió haberlo previsto expresamente si esa fue la intención. No se le puede aplicar un plazo mínimo por afinidad. Por otra parte, el plazo mínimo de la concesión fue fijado en función de las ingentes inversiones que el concesionario debe erogar y que requieren de un lapso para ser recuperadas. Además se reduce a la mitad si las instalaciones son provistas por el concedente, mientras que en la distribución no se ha visto que ningún fabricante le facilite las instalaciones a su distribuidor. Esto es diferente en la distribución, donde las inversiones no son tan cuantiosas y por ende el plazo resulta más conveniente librarlo según lo que las partes acuerden. Por último, si fijan un plazo de un año y lo renuevan resulta aplicable la última parte del artículo 1506, que lo hace de plazo indeterminado, generando un plazo de preaviso, en función de los años que estuvo el contrato en vigor.

Al contemplar el margen entre el precio de compra y el de venta como forma de retribución, es notable que el artículo 1507 pensado para la concesión es tan amplio que no hay realmente un argumento para contestarlo por impertinente, pero las restantes formas de retribución no parecen compatibles con la distribución, por lo que nos remitimos a lo manifestado anteriormente en el artículo 1508. Por lo ya dicho creo que no se aplica el sistema de indemnización para contratos de tiempo indeterminado, porque basta que las partes lo proyecten como un contrato de duración, pero con la cláusula reciproca según la cual puede rescindirse unilateralmente, para que el sistema indemnizatorio de la concesión no fuera aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de que el objeto de la indemnización en la concesión por falta de preaviso y el objeto de la compensación al distribuidor para su reacomodamiento respondan a criterios bien diferentes, ello sin contar que las partes en función del artículo 970, inciso 1º podrían pactar otras formas de indemnización al distribuidor de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que las disposiciones de la concesión no le son aplicables por no ser pertinentes con los alcances ya comentados.

Creo que lo más grave de aplicar normas de remisión en este tema reside en que la concesión recibe por remisión normas indemnizatorias previstas para la agencia, pero la distribución recibe normas de la agencia por la vía si se considera pertinente aplicar esas normas de la concesión. Se trata de una especie de remisión de segundo grado en un tema tan relevante y especifico como el plazo mínimo o el plazo de preaviso donde debieron ser previstas específicamente. Seguramente habrá interpretaciones judiciales contradictorias a las que sería pertinente poner fin aclarando legislativamente la cuestión.

En cambio, las causales de resolución del contrato de distribución incorporadas por referencia son pertinentes como tales. En los primeros cuatro casos la resolución opera de pleno derecho y las partes nada se deben, el quinto contempla el plazo del contrato y existiendo incumplimientos se puede resolver el contrato sin apartarse de lo corriente. El incumplimiento por disminución significativa del volumen de los negocios es una clara causal de resolución en la distribución por culpa del distribuidor. En estos casos, en la agencia existe un preaviso de dos meses, cuya aplicación al pequeño distribuidor parece razonable.

Además, en los contratos de distribución, el fabricante no hace uso automático de esa cláusula por disminución significativa, y en cambio, prefiere reducir la cantidad de productos que vende lisa y llanamente, reduciendo su territorio para acomodar a otro distribuidor, y si fuera exclusivo, se eliminaría la exclusividad. Creo que estas soluciones son mejores que la prevista en el artículo 1495, que no es pertinente a mi juicio y deben permitir pacto en contrario, por ser soluciones menos terminantes que se usan para este tipo de problemas, incluso contractualmente. Todas estas disquisiciones serian superfluas si se hubiese aceptado un techo para el plazo de preaviso. La falta de distinción en este punto a falta de norma legal que lo distinga o aclare volverá litigiosa cualquier interpretación que se busque. El artículo 1508, en su segunda parte, es impertinente porque obliga al fabricante a readquirir productos y repuestos, la distribución se maneja con otro criterio, que resulta de la práctica y me remito a lo ya comentado. De igual modo, el artículo 1509 remite a su vez al artículo 1494 de la agencia. Además, creo que es pertinente con las salvedades ya mencionadas. Finalmente, la solución de los subdistribuidores del artículo 1510 es totalmente pertinente y compatible con un contrato de distribución normal tanto local como internacional. Nada dispone el contrato de concesión de quien es la clientela, a mi modo de ver y dado que no remite en ese caso a la compensación de la clientela de la agencia, el concesionario no tiene derecho a la clientela, ya que omite su referencia, y como dice Guyenot, no le corresponde porque el concesionario rescindido se queda con su fondo de comercio, por ende la clientela lo sigue, y si no lo sigue, es porque la clientela era de la marca y no del distribuidor.

Mi conclusión preliminar es que el distribuidor seguirá funcionando de la misma manera como se encuentra operando en la actualidad, regido por los usos y las prácticas establecidas, y por aquellas disposiciones del contrato de concesión que sean pertinentes o compatibles con su finalidad específica y no son pertinentes todas las normas de la concesión que son distintas a los usos y las prácticas contrarias, según el respaldo legal que le brinda el artículo 970 y el artículo 1º del título preliminar. Es posible que la jurisprudencia resuelva que las distribuciones exclusivas sean regidas por las normas de la concesión, siguiendo la tendencia italiana de abarcar en la distribución todo contrato de venta con pacto de exclusivo a ambas figuras. Así mismo, que la falta de preaviso en la distribución de plazo indeterminada solo habilite a un resarcimiento razonable destinado al reacomodamiento del distribuidor, pero diferente al contemplado para la concesión. Todo ello dependerá del margen de apreciación prudente sobre la aplicación del artículo 1511, inciso 2º, a un contrato que el legislador evitó tipificar, pudiendo hacerlo. Sostengo que, si se legislara, el distribuidor de un producto nuevo que carece de mercado tendría derecho en ese caso a una retribución similar a la de la agencia por la clientela que ayudo a formar.

En definitiva, por todo lo expuesto, de no precisarse en una revisión parlamentaria, las causales de impertinencia con expresiones como: “* salvo usos y prácticas comerciales contrarias o acuerdo de partes * o fijando un techo al preaviso y sus efectos”, según lo preveía el anteproyecto original y se mantuvo para la franquicia, dándole una solución efectiva y protectora del pequeño distribuidor, y, al mismo tiempo, brindando al mismo tiempo certidumbre a ambas partes sobre quién debe juzgar los diferendos, esto es, qué los habrá y deberá decidir —caso por caso— y qué normas de la concesión no son aplicables a la distribución.

(1) Ver mi obra Sistemas de distribución comercial Ob. cit., p. 153 ss. y también Gastaldi el contrato de concesión privada donde se distinguen ambos contratos, el primero marco rumbos en el país en función de la concesión de venta y servicios de vehículos automotores, y en menor grado por la concesión de estaciones de servicios de las compañías proveedoras de combustibles, el segundo es el contrato típico de concesión de servicios de clubs, donde el concesionario paga un canon por tener el privilegio de atender el comedor o el bar o ambos o los servicios en general de alimentación, incluyendo celebraciones y eventos en instituciones privadas. Gastaldi, José M. El contrato de concesión privada p. 147 y ss. Astrea 1974.

(2) Ver Marienhoff. (1970) Tratado de Derecho administrativo. Buenos aires, T. III a p. 108 y siguientes trata los contratos administrativos nominados como la concesión de servicios públicos, que constituye una concesión administrativa, por la que el Estado a través de un proceso licitatorio concede por un plazo a un particular el derecho a explotar un servicio público o una obra pública o cualquier otro servicio del Estado y se destaca por contener cláusulas exorbitantes del derecho privado. Ver también Escola, Héctor Tratado integral de los contratos administrativos. Depalma 1977, p. 343 y ss.

(3) Hugo H Llobera. (2006) Contrato de concesión. Bs. As.: Ed. Astrea p. 57 y ss.

(4) Ver Iglesias Prada, Notas para el Estudio del contrato de concesión comercial. En: Estudios de derecho mercantil de homenaje a Rodrigo Uría, p. 225, Puente Muñoz (1976) La concesión comercial. Madrid: Ed. Montecorvo 1976 Mack, Manfred Der Rechnatur derVertrag Handel vertragen Neue Vertrag systeme in der Deutsche Republik Deutschland, Konder Comparato Franquia e concession de venta no Brasil Direito Mercantil 14. 1975-83.

(5) Rodríguez Oliveira, Contrato de distribución, agencia y concesión comercial. En: Estudios en homenaje a Rodrigo Uria, p. 260. Ídem Cambiasso, El contrato de concesión para la venta de automotores LL 138-1136. Conf. Bortolotti, Fabio (2007) Manuale di Diritto della distribuzione. Padua: CEDAM, p. 5 y ss. descarta la teoría del suministro y el de la teoría mixta que comprende un suministro y un mandato, por cuanto el mandatario debe responder frente a su mandante y en cambio el concesionario compra la mercadería para revender, concluyendo que es un contrato atípico para el Codigo Civile ya que la teoría del contrato marco normativo o de coordinación es insuficiente a su juicio.

(6) Colombel sostuvo que se trataba de una compraventa con cargo, aquella de revender teoría de corta vida. Champaud lo controvirtió diciendo que si tuviera un cargo como la donación, carecería de causa, pero sostuvo que la concesión podía configurar un monopolio. Champaud (1963) La concession commercial. Revue Trimestrelle de Droit Commercial. XV. 19. sec II. o al menos una técnica de concentración de empresas, cuya originalidad es que no pertenece al derecho societario ni a las uniones de empresas. La doctrina italiana distingue la distribución de la concesión de venta con cláusula de exclusividad. Galgano, Francesco, Tratado de diritto commerciale. Vol. 12, redactado por Aldo Frignani y Marco Torsello. Destacándose que la moderna concesión es una evolución del acuerdo de distribución de productos mayormente agropecuarios pero también industriales, sin los alcances de la producción en masa de redes de distribución con pacto de exclusiva que tienen a popularizarse en Europa. CEDAM Milán 2010 p. 546 y ss. coexistiendo frente a la distribución tradicional pero buscando desplazarla. Baldi, Robert, El derecho de la distribución comercial en Europa comunitaria. Madrid: rev. de derecho privado donde menciona la dificultad en precisar las diferencias entre ambas figuras, por la ausencia de legislación comunitaria, salvo el caso de agencia.

(7) Masnatta citado por Farina (1971) El contrato de Concesión el derecho privado JA doctrina. 717 y también Cambiasso, ob. cit., p. 1135. También Fariña (1971) El contrato de concesión en el derecho privado JA doctrina. 718. sostuvo que el contrato de concesión es un contrato con cláusulas normativas.

(8) Un fallo del 14/8/83, Ed. 104-183 ´Señaló que los contratos de concesión como contratos complejos, ya que en su unidad se recepta la combinación de figuras jurídicas nominales, admiten solo ser interpretados en cada caso concreto, dentro del contexto económico y estructural en el que están engarzados y todas la vicisitudes que durante su vigencia puedan presentarse, corresponde que sean estudiadas en su conjunto y en el marco de las relaciones del mundo económico y de los mecanismos dispuestos para su desenvolvimiento’. Es decir, que a esa fecha no tomó partido por ninguna teoría, pero dejó claro que las teorías de una sucesión de ventas no era suficiente.

(9) Champaud (1963) La concession Commerciale. Revue Trimestrelle de Droit commercial. 37.

(10) Sapper (1963) Le contrat d´affiliation en droit francais et allemand. Revue Trim. de Droit commerciale. 37.

(11) Ver O. J. Marzorati, ob. cit., p. 168 y ss. Llobera, Hugo, ob. cit., p. 95 y ss., destaca que es un convenio entre comerciantes y de agrupamiento, ya que el productor organiza una red de distribución para comercializar sus productos y establece ciertas limitaciones jurídicas y económicas a la actuación del concesionario, recalcando que si bien es bilateral, también es asimétrico, ya que son mayores las obligaciones del concesionario que las que el concedente contrae frente al concesionario.

(12) Zavala Rodríguez Carlos Juan, Código de Comercio comentado. Vol. III. 721. Este autor se adelantó a su tiempo al precisar que la distribución es uno de varios métodos económicos para distribuir productos y advertir la novedad de los nuevos sistemas de comercialización.

(13) Cam. Nac. Com. Sala C 5/ 11/81. ED 97-691 Sala E 16/1181 ED 97-218 Si bien el contrato de distribución es un contrato innominado se trata de un supuesto negocial en el que la ausencia de caracterización legal no constituye óbice para una configuración generada en el tráfico, mediante la reiteración de los elementos que se incluyen en la Práctica, por lo que puede ser considerado como un contrato usualmente típico.

(14) Art. 970 del Proyecto a consideración del honorable Congreso de la Nación.

(15) El art. 970 dispone los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos en el siguiente orden por: a) la voluntad de las partes. b) Las normas generales de los contratos obligaciones c) Los usos y costumbres del lugar de celebración. d) Las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad.

(16) Ver mi obra Sistemas de Distribución Comercial. Buenos Aires. 2003. En lo atingente a las obligaciones del Distribuidor y las diferencias entre la concesión de automotores y la distribución comercial páginas 87 y siguientes. Por otra parte, la jurisprudencia desde antiguo estableció que el contrato se rige por las disposiciones convenidas y la costumbre mercantil según la regla V del Título preliminar del código de comercio que se deroga pero que retoman total actualidad en el 970, así como normas análogas. C. Nac. Com., Sala B 13/5 77. Canepa cinematografía y Anexos S.A. Productos Braun S.A.

(17) Ver Cám. Nac. Com. En lo comercial Sala C el 10-4-94, publicado en La ley 1995-B-88. y también CSJN Automotores Saavedra S.A. Fiat argentina Ley 1989 B.4 y Cher Hasso. Waldemar C. Seven up CSJN 5’11’91 ED 145-756.

(18) Montenegro, Genaro C. cervecerías Bieckert; Pérez C. Cargill, Fernández Lindolfo C. Bodegas y Viñedos Recoaro. En todos ellos prevaleció que debe probarse un daño para pretender una indemnización, pero la falta de preaviso o su intempestitividad genera un derecho al resarcimiento del distribuidor para que pueda reestructurar y readecuar su actividad, sin tener que acreditar otro perjuicio.

(19) Conf. Sala C 24-3-03 ED 206-305 con nota del autor. Las dificultades para determinar la existencia de una relación de distribución.

(20) El primer contrato de concesión fue el de Industrias Káiser Argentina S.A., cuyo dueño Káiser Jeep Corporation lo introdujo en la Argentina.

(21) Ver las diferentes teorías y experiencias jurídicas sobre la naturaleza de la distribución y su tratamiento. OJ Marzorati. Ob. cit. p. 83-91 y 126 a 133.