El blanqueo de dinero: problemática actual española, con anotaciones de derecho comparado estadounidense (*)

Revista Nº 53 Oct.-Dic. 2015

Miguel Abel Souto 

Catedrático acreditado de Derecho penal y vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero 

Universidad de Santiago de Compostela 

(España) 

Sumario

El estudio demuestra que la larga lista de reformas en materia de blanqueo de dinero vulnera la seguridad jurídica y la consideración del Derecho penal como ultima ratio en el marco de una política criminal globalizada.

Temas relacionados

Blanqueo de dinero, reformas, seguridad jurídica, ultima ratio, política criminal globalizada.

I. La expansión del castigo del blanqueo

A juicio de Tiedemann la herencia de Beccaria en materia de Derecho penal económico abarca la necesaria certeza del Derecho, leyes claras y simples para la prevención eficaz y la proporcionalidad que impone restringir la intervención del Derecho penal(1). Tamaña fortuna de ideales garantistas, toda esta herencia de Beccaria, ha sido dilapidada con las normas penales sobre el blanqueo, de raigambre estadounidense(2), “relativamente nuevas”(3), muy utilizadas por la fiscalía debido a su severidad y amplitud(4), que se han expandido e impulsado por convenios y organismos internacionales(5).

Este trabajo dejará constancia de las “importantes novedades”(6) introducidas mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 5 del 2010 en materia de blanqueo de dinero, la cual constituye una evidente manifestación expansiva del Derecho penal(7) que olvida el principio de subsidiariedad(8) y rompe con un “Derecho penal garantista”(9), “indudable”(10) o “desbocada expansión”(11) que transforma al desbordado tipo del blanqueo(12) en un representante genuino del Derecho penal del enemigo, al castigar con penas desproporcionadas e injustificables(13), aunque por suerte sin llegar todavía hasta los 20 años de prisión del modelo estadounidense(14), conductas muy alejadas de la puesta en peligro del bien jurídico(15) y derogar o reducir garantías del imputado(16) lo transmuta en el marco de una lógica “de emergencia”(17) o “un discurso securitario”(18), incompatible con las exigencias de un ius puniendi democrático(19), en una de las más clamorosas muestras de la “fundamentación sociotecnológica de un Derecho penal, convertido en instrumento político”(20), con “quiebra de los valores y principios constitucionales”(21), en una herramienta “para investigar y perseguir situaciones patrimoniales anómalas”(22).

Pese a ser una manifestación del peyorativamente denominado moderno Derecho penal(23), la regulación del blanqueo de dinero “ha sufrido en los últimos años tantas modificaciones”(24) que atentan contra el principio de seguridad jurídica(25), una “incesante ampliación”(26) franca(27) y “sumamente discutible”(28) que propicia “una aplicación desmesurada cuando no aberrante”(29), que han transformado al blanqueo, tanto en España como en otros países(30), en un “cuerpo extraño”(31) o “monstruo jurídico”(32) capaz de engullir lo no punible por otros tipos(33), a modo de cuestionable(34) tipo de recogida(35) omnicomprensivo(36), como demuestra la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre del 2012, la cual al no poder probar la participación dolosa en una estafa castiga por blanqueo imprudente a una mula informática que, sin preocuparse por el significado económico y jurídico de su trabajo, hizo varias transferencias a Moldavia de dinero defraudado mediante phishing o pesca de datos protegidos(37).

También en Alemania el tipo penal sobre el blanqueo ha sido modificado en múltiples ocasiones, hasta se acaba de denunciar, recientemente, su “poca claridad jurídica”(38), en Italia se ha advertido la “constante expansión”(39) de los delitos antecedentes del blanqueo y en los Estados Unidos de América se ha puesto de relieve tanto la vulneración de los principios de proporcionalidad in dubio pro reo(40) y non bis in idem en la reforma relativa al producto o ganancias criminales brutas(41) operada por la ley de la recuperación y la lucha contra el fraude(42), de 20 de mayo del 2009(43), como la expansión de los hechos previos del blanqueo a cientos de delitos, hasta el punto de que la estimación de 250 infracciones antecedentes se ha calificado de muy conservadora y en el caso James contra los Estados Unidos, del 2007, se sentenció que hechos previos del blanqueo respecto de las organizaciones criminales (Rico, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) eran “casi todos los delitos federales bajo el sol”(44).

Semejante tendencia expansiva en el castigo del blanqueo debería contenerse, según recomienda Díaz y García Conlledo, mediante los principios limitadores del ius puniendi(45), como a continuación propondré al analizar las últimas modificaciones del Código Penal en materia de blanqueo y su recepción jurisprudencial.

II. Incorrección lógica de la nueva rúbrica, al no usarse en el objeto material de la descripción típica, y lingüística, según la real academia

En primer lugar, la reforma de 22 de junio del 2010 altera, en el título XIII del libro II, incluso(46) la rúbrica del capítulo XIV(47), que encabeza los artículos 298 a 304 del Código Penal, de manera que en el anterior rótulo “De la receptación y otras conductas afines” se sustituyen las tres últimas palabras por “el blanqueo de capitales”(48), locución que luego ni se precisa, ni es definida, ni se emplea en el tipo penal(49), aunque pone de manifiesto la “autonomía de este delito”(50) y que no representa una forma de receptación(51), pues la anterior rúbrica permitía considerar el blanqueo una especie del género receptación, como lo estimó la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre del 2012 al dejar escrito, por dos veces, “receptación, en su modalidad de blanqueo”(52).

Con todo, el circunloquio(53) “blanqueo de capitales” constituye un antitético híbrido de imprecisión y exactitud, ya que supone un contraste entre el laxismo técnico jurídico que entraña el primer término y la precisión que se pretende con el segundo. Aparte de que la mayor precisión de las palabras capitales, bienes y activos(54) frente al dinero para designar el objeto material del delito no deja de ser una pretensión, puesto que según el diccionario académico dinero equivale a hacienda o fortuna(55), esto es, conjunto de bienes, y para María Moliner dinero es tanto como “cosa de valor”(56), sin olvidarse de que para la Real Academia solo existe el dinero negro, pero no los bienes o capitales negros ni sucios. Además, la referencia al dinero, tratándose del blanqueo, tiene una gran difusión tanto en España como en los países de nuestro entorno jurídico. Así, en Bélgica(57) y Francia(58) se habla de blanchiment de l’argent y en la Suiza francófona de blanchissage de l’argent, en los países sudamericanos predomina la locución lavado de dinero, en Alemania se sirven del término Geldwäsche y los austríacos y suizos de habla germánica, añadiendo la partícula iterativa erei, prefieren referirse al Geldwäscherei(59). Igualmente, los países anglófonos aluden al money laundering y en Italia y en la parte helvética de habla italiana se acostumbra a denominar este fenómeno como riciclaggio di denaro. Incluso aparece la mención al dinero en las rúbricas de algunos textos punitivos, su articulado o ambos, verbigracia, en el cuerpo del artículo 648 bis del Código Penal italiano(60), tanto en el encabezamiento como en la redacción del artículo 305 bis del texto punitivo suizo(61) o en la rúbrica del § 261 del StGB alemán (Geldwäsche), sin que ello fuese óbice para que la doctrina germana mantuviese que no solo se podría blanquear dinero, pues, a modo de ejemplo, en palabras de RUß, “en contra del tenor literal de la designación típica el objeto del blanqueo de dinero no está limitado a recursos monetarios”(62), sino que se toman en consideración todos los valores u objetos patrimoniales(63). También el artículo 1956 del Código Penal estadounidense, que castiga en su título 18 el blanqueo, incluye conceptos amplios de productos, instrumentos monetarios y transacciones financieras(64). En suma, mucho más adecuado hubiese sido que la reforma de junio del 2010 uniese al vocablo blanqueo la voz dinero, en la medida en que el mencionado término constituye el menos antitético y el más extendido de los que se emplean para designar el objeto material(65). En este sentido la Real Academia Española, en la última actualización de su diccionario, constata la incorrección lingüística de la rúbrica “blanqueo de capitales” al desterrar tal locución de nuestro léxico y sustituirla por la expresión “blanqueo de dinero”(66).

Respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es de alabar la sensibilidad lingüística de la que hace gala el alto tribunal en la sentencia de 29 de noviembre del 2011, que constantemente (en 22 ocasiones) utiliza la locución “blanqueo de dinero” y tan solo una vez emplea los términos “blanqueo de capitales”, obligado al hacer una cita literal y entrecomillada de otra sentencia, resolución de noviembre del 2011 que castiga a cuatro años y nueve meses de prisión y multa de 21.043.450 euros al miembro de una organización por remitir al extranjero 10.571.725 euros procedentes del narcotráfico mediante el sistema hawala(67).

III. Perturbador cambio en la designación del hecho previo

En segundo término, la Ley Orgánica 5 del 2010, en el inciso inicial que contiene el artículo 301.1, respecto del requisito relativo al conocimiento de que los bienes tengan su origen “en un delito”, cambia estas palabras por la imprecisa(68) o genérica(69) fórmula “en una actividad delictiva”, “sin quedar clara la finalidad perseguida”(70) con la sustitución, locución a la cual se atribuye un “muy discutible”(71) afán expansivo y, en principio, mayor amplitud que al anterior sustantivo delito(72), pues parece permitir la inclusión de las faltas en los hechos previos del blanqueo(73), lo que supondría “una enorme ampliación del ámbito de este delito”(74) rechazable “de plano”(75), ya que el control económico y social que implicaría el castigo del blanqueo sería “más que excesivo”(76), por lo que se ha dicho que “no hay que prever que la modificación tenga más trascendencia que la nominalista”(77) y que el cambio carece de relevancia(78).

En efecto, aun cuando los nuevos términos “actividad delictiva” constituyan una perturbadora mención que puede abrir la caja de Pandora de la que saldrían todos los males de la expansión del blanqueo, las faltas deben excluirse de los hechos previos(79) sobre la base de una interpretación literal, histórica y sistemática(80).

Gramaticalmente “actividad delictiva”, según enseña el diccionario académico, es solo la “relativa al delito”, términos que, en sentido estricto, no incluyen las faltas. Si se hubiese querido abarcar las faltas se habría empleado la inequívoca fórmula “infracción criminal”(81).

Por otra parte, una interpretación histórica(82), que atienda a los antecedentes legislativos, confirma la exclusión gramatical de las faltas, pues en el anteproyecto del 2008 todavía figuraba la voz delito(83), cuya sustitución propuso el Consejo Fiscal en su informe(84) por “actividad delictiva”(85) para poner de relieve que no se precisa(86) “la existencia ni la constancia formal de condenas previas”(87) por el delito base(88) del que procedan los bienes objeto de blanqueo(89), como recuerdan las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de diciembre del 2011(90), 30 de octubre(91), 9 de noviembre(92) y 5 de diciembre del 2012(93), lo cual ya resultaba tan evidente(94) para doctrina y jurisprudencia(95) que la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2012 estima “reiterado ad nauseam” que no se exija una condena por el delito antecedente(96), pues la sentencia absolutoria sobre el delito previo puede serlo por razones distintas a la inexistencia de la actividad delictiva(97), pero no basta que las empresas del recurrente en varios ejercicios hubiesen declarado pérdidas, sino que, según la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo del 2012, “lo realmente exigido por el precepto considerado es la acreditación suficiente de que los bienes inicialmente bajo sospecha tuvieron su origen en concretos delitos”(98), aunque normalmente la jurisprudencia ni siquiera requiere la identificación del acto delictivo concreto del que derivan los bienes(99), el “conocimiento de un delito en particular”(100), con lo que la reforma subraya el deseo de convertir el blanqueo en “un tipo de recogida y hasta de sospecha”(101). Tampoco en los Estados Unidos se viene exigiendo un conocimiento exacto del hecho previo para aplicar los tipos penales sobre el blanqueo de los artículos 1956 y 1957(102).

Igualmente, una hermenéutica que tomase en consideración los antecedentes legislativos internacionales nos conduciría a la misma exclusión de las infracciones leves, ya que las considerablemente ampliadas(103) Directivas 2001 de 1997 y 2005 de 1960, las cuales utilizan los mismos términos “actividad delictiva” que ahora se incorporan al código(104), pese a abarcar “la práctica totalidad de los delitos”(105), no citan las faltas en sus catálogos de infracciones, como tampoco se incluyen en la definición que la decisión marco del Consejo, de 26 de junio del 2001, ofrece sobre la “actividad delictiva” ni en el Convenio de Varsovia, de 16 de mayo del 2005(106).

Asimismo, la interpretación sistemática también descarta de los hechos previos del blanqueo las faltas, dado que el “origen en una actividad delictiva” por fuerza tiene que ser el mismo “origen ilícito” del que se habla poco después en el artículo 301.1 respecto de las conductas indeterminadas para ocultar o encubrir, las cuales constituyen, de conformidad con los antecedentes internacionales(107), tentativas específicas cuya comisión consumada se tipifica en el artículo 301.2(108), que se refiere a los hechos previos con la fórmula “delitos expresados en el apartado anterior”. En idéntico sentido la sistemática obliga a descartar las faltas en la “actividad delictiva” del artículo 301 por pura coherencia, habida cuenta de que el 301.4 castiga el blanqueo aunque el “delito del que provinieren los bienes”, al que se refiere en los apartados anteriores, se cometiere en el extranjero(109).

De otro lado, las faltas deben excluirse de los hechos previos del delito de blanqueo porque en caso contrario se vulneraría la consideración del Derecho penal como ultima ratio(110), pues la ley contra el blanqueo, de 28 de abril del 2010(111) —que traspuso la tercera Directiva fuera de plazo, en último lugar de los países de la Unión(112), después de que la Comisión incoase, en junio del 2008, procedimientos de infracción contra quince Estados(113)—, cuyo reglamento se aprobó el 5 de mayo de 2014(114), solo entra en juego ante activos que tengan “su origen en un delito”, fórmula con la que define los “bienes procedentes de una actividad delictiva”(115). Si se incluyesen las faltas como hechos antecedentes del blanqueo en los términos “actividad delictiva” del artículo 301.1 del texto punitivo se invertirían paradójicamente las relaciones del Derecho penal con el administrativo(116) —restablecidas en el 2010 según la propuesta del grupo de estudios de política criminal(117)—, discrepancia entre la legislación preventiva(118) y represiva en materia de blanqueo(119) que generaría una disfuncionalidad(120), pondría en peligro la seguridad jurídica(121) y quebrantaría tanto el principio de intervención mínima(122) como el de ultima ratio(123).

Por último, debe descartarse la inclusión de las faltas en los hechos previos del delito de blanqueo(124) porque vulnera el principio de proporcionalidad(125), limita la eficacia de la norma(126) e incrementa los costes sociales(127) de forma intolerable.

Con todo, el futuro que nos aguarda no es muy esperanzador, pues la proyectada reforma del Código penal de 2015, que dice acabar con las faltas, realmente convierte la mayoría de ellas en delitos, de manera que, en caso de aprobarse, expandiría el campo de los hechos previos del delito de blanqueo generando un control económico y social excesivo.

IV. Consecuencias absurdas de la tipificación ilimitada del autoblanqueo

La Ley Orgánica 5 del 2010, tras la referencia del artículo 301.1 a la “actividad delictiva”, que integra el hecho previo, añade el inciso “cometida por él o por cualquiera tercera persona”(128), con lo que ya no solo no exige la ausencia de intervención en la infracción antecedente(129) sino que, “frente a la indefinición anterior”(130) o “silencio”(131), “tipifica expresamente”(132), “admite”(133) de un modo patente, el blanqueo cometido por el responsable del hecho previo(134) —ya sea su autor o haya intervenido en él de otra manera(135)— en la forma en que el delito venía siendo mayoritariamente interpretado(136), descarta en esta sede el “autoencubrimiento impune”(137) por inexigibilidad(138) y “zanja una de las cuestiones más controvertidas”(139), “sumamente discutida”(140), sometida a “fuerte crítica”(141), que había generado una jurisprudencia “ciertamente”(142) “vacilante”(143) o ambigua(144), la cual vulneraba el principio de igualdad y la seguridad jurídica(145). Así las cosas el legislador “interviene en la polémica”(146), “resuelve”(147) “definitivamente el problema”(148), acaba con “el debate”(149) o pone término a la “añeja”(150) e “intensa”(151) discusión doctrinal y jurisprudencial(152). En este sentido ya existía un acuerdo del pleno del Tribunal Supremo no jurisdiccional, de 18 de julio del 2006(153), que, aunque “no era del todo claro”(154), admitía el autoblanqueo(155) y en tal línea la sentencia del alto tribunal de 13 de julio del 2012 afirma que “no se ajusta a la doctrina jurisprudencial el argumento de que el delito de blanqueo de capitales queda absorbido o consumido por el delito contra la salud pública de tráfico de drogas”(156), permite el concurso real de delitos, “ya sea porque el legislador pretende reforzar la tutela del bien jurídico que tutela el delito previo castigando también el beneficio obtenido con la venta de la mercancía ilícita, ya sea porque se estima que con el aprovechamiento del dinero ilícitamente obtenido se vulneran otros bienes jurídicos supraindividuales distintos a la salud pública” y entiende que también debe penarse respecto del dinero obtenido del narcotráfico su “introducción ilegítima en el circuito económico legalizado”(157), la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012 resalta que “la finalidad de la punición del blanqueo de capitales es conseguir una mayor eficacia en la persecución de este tipo de delitos, incidiendo en dos bienes jurídicos distintos, sin que se excluya de forma expresa al autor del delito, como ocurre con la receptación, dentro de nuestro sistema jurídico penal”(158) y, desde luego, según recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio del 2012, la cuestión relativa a la legitimidad del castigo del autoblanqueo ni siquiera se suscita cuando el dinero procede de delitos anteriores no sancionados, en caso contrario se llegaría al absurdo de que una condena previa serviría de salvoconducto para realizar operaciones de blanqueo sine die(159), sentencia que también reconoce que con el blanqueo “se está atacando otro bien jurídico, dificultándose la localización y la aprehensión de esos bienes de procedencia ilícita”, por lo que “es también un delito contra la Administración de Justicia… sin perjuicio de su vertiente socioeconómica”(160).

Ahora bien, el castigo del “autoblanqueo”(161) “no impide las dudas sobre su legitimidad y eventual inconstitucionalidad”(162) ni resulta ilimitado, debe admitir excepciones(163) cuando la conducta se circunscriba al encubrimiento “y poco más”(164), sin afectación relevante de otros bienes jurídicos(165), pues sin sentido e injustamente respondería por blanqueo el ladrón que esconde su botín en un monte(166) o el autor de un delito de hurto que oye música en el equipo por él sustraído(167), y tal castigo “entraña el peligro de ser utilizado como calificación alternativa a cualquier delito”(168). La sanción penal del autoblanqueo, combinada con las nuevas conductas de posesión o uso, incorporadas al Código Penal por la Ley Orgánica 5 del 2010, conduce a “un resultado insatisfactorio”(169), “desmedido”(170) o “cuestionable desde consideraciones dogmáticas y político-criminales”(171), produce “perplejidad”(172), “extrañas consecuencias”(173), hasta absurdas(174), “supuestos paradójicos”(175) que nos colocan en los límites de lo punible(176) y pueden rozar el “esperpento”(177) o “alcanzar niveles ridículos”(178). Si a la sanción del autoblanqueo se le añade el castigo de la posesión y el uso cometería un nuevo delito el que tiene un cuadro o joya que ha robado y el que usa el coche por él sustraído(179). La nueva redacción, en principio, hará que “siempre que exista un delito patrimonial, estemos, además de, ante el delito investigado, ante un potencial blanqueo”(180) y alcanza “cualquier conducta de agotamiento de un delito con efectos económicos”(181), a todo interviniente en una infracción penal de la que obtiene un bien, con lo que el tipo se expande discutible y exponencialmente(182). Sería considerado blanqueador el “sicario que tiene en su poder el dinero recibido por matar a otro”(183), el delincuente fiscal que conserva la cantidad no pagada(184), pues “«posee» la cuota tributaria defraudada”(185), y el estafador que mantiene los bienes procedentes de la estafa(186).

Para evitar un bis in ídem(187) debería interpretarse el tipo conforme a la categoría de los “actos copenados impunes”(188) posteriores(189) en el sentido de que la posesión por los autores o partícipes en el hecho precedente únicamente puede castigarse como blanqueo cuando no quepa sancionarlos por el delito previo(190). Así lo puso de relieve el Consejo General del Poder Judicial respecto de los autores o cómplices de delitos patrimoniales y socioeconómicos para salvar la proscripción constitucional de bis in idem, aunque el argumento solo sirve para la posesión, al formar parte de la consumación en estos delitos(191), pero no para la utilización de bienes(192), que provocaría un concurso real de delitos(193). Con todo, cabe excluir del tipo tanto la utilización como otra clase de posesiones distintas a las indicadas sobre la base del principio de insignificancia y de una interpretación teleológica que, tomando en consideración el bien jurídico tutelado, exija un menoscabo relevante del orden socioeconómico y la idoneidad de los comportamientos para incorporar capitales ilícitos al tráfico económico. En sentido similar Díaz y García Conlledo requiere para el castigo del autoblanqueo una afectación relevante del bien jurídico(194) o “suficiente antijuridicidad material”(195), Lorenzo Salgado considera atípicas las “acciones que no tengan una mínima idoneidad para llegar a comprometer el bien jurídico”(196), Matallín Evangelio alude al “principio de ofensividad”(197), invocado en la tramitación legislativa de la reforma penal italiana sobre autoblanqueo(198), y Corcoy Bidasolo habla de la necesidad de una restricción típica con “criterios de proporcionalidad”(199) y “lesividad material”(200). En todo caso, el legislador en el delito de blanqueo “debería haber medido mejor las posibles consecuencias de su cuestionable ampliación”(201), que plantea dudas de “constitucionalidad”(202).

V. Nuevas conductas sin finalidades: mera posesión, que puede vulnerar el ‘ne bis in ídem’, y simple utilización, casi sin ámbito de aplicación

La reforma de 22 de junio del 2010 también introduce en el inciso inicial del artículo 301.1 del texto punitivo —amén de una coma entre “convierta” “o transmita”, incorrecta(203) por su función antitética, ya que como tal separa, pero al seguirle una conjunción se pretende a la vez unir la conducta de convertir y la de transmitir, coma anterior a una conjunción que solo se explicaría por la presencia de un inciso previo, inexistente en este caso— la posesión y utilización como nuevas modalidades típicas(204), castigo respecto del que, aun cuando se haya pretendido que responde a la necesidad de cumplir con compromisos o exigencias internacionales(205), con cita incluso del artículo 6.1.b i) de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional(206), no existía ninguna obligación internacional para el legislador español de modificar el artículo 301 del Código Penal(207), tampoco según la mencionada Convención de Palermo, de 13 de diciembre del 2000, cuyo artículo 6.1.b condiciona la incriminación de la posesión y utilización, con una cláusula de reserva constitucional similar a la recogida en otros documentos internacionales, al respeto de “los conceptos básicos”(208) de “cada ordenamiento jurídico”(209).

Las conductas de posesión y utilización ya quedaban abarcadas, desde el Código Penal de 1995, por la fórmula “realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”, pero ahora se incluyen de forma expresa en el código(210). En este sentido se ha dicho que la ampliación de comportamientos en la Ley Orgánica 5 del 2010 únicamente es nominal y no real(211), aunque verdaderamente sí se ha operado un cambio importante, “una relevante extensión”(212), pues hasta ahora esas conductas solo estaban castigadas si mediaba una finalidad de ocultación, encubrimiento o auxilio; sin embargo, desde la reforma pasan a sancionarse de manera objetiva. Ciertamente, para un sector doctrinal, el cual reputa que el artículo 301.1 tipifica exclusivamente actos dirigidos a la ocultación, encubrimiento o ayuda(213), la reforma nada alteraría, mas para los que entendemos que el precepto abarca, a la luz tanto de la interpretación gramatical(214), que atienda a la colocación o ausencia de comas y al orden de la descripción típica(215), histórica, lógico-sistemática(216) y teleológica como de los documentos internacionales(217), no solo actos indeterminados tendentes a la ocultación, encubrimiento o auxilio, sino también la nuda adquisición, conversión y transmisión de bienes, con conocimiento de que derivan de un delito, pero sin importar la finalidad que guía al blanqueador(218), la Ley Orgánica 5 del 2010 equipararía la posesión y utilización objetivas a las tres últimas conductas. De hecho, el legislador con la modificación parte de la base de esta segunda interpretación, pues en caso contrario no habría sentido la necesidad de cambio alguno. En palabras de Martínez-Buján Pérez, la reforma “vendría a confirmar la validez”(219) de esta última tesis ya que la mención a las nuevas conductas “cobra pleno sentido si se trata de modalidades tasadas dentro de un tipo que no requiere la constatación de finalidad alguna y que es independiente del segundo tipo que se describe”(220), a juicio de Díaz y García Conlledo, resultaría “extraño”(221), en el contexto ampliatorio y las orientaciones político-criminales de la reforma, “que los términos se hayan incluido a meros efectos aclaratorios”(222) o, según Morillas Cueva, esta interpretación atiende “a los objetivos que parece buscar la formulación legislativa”(223). En la misma línea se ha invocado la superfluidad de estas conductas si se mantiene la tesis contraria, que la posesión y utilización no suponen enmascaramiento ni auxilio, la ubicación sistemática entre los delitos socioeconómicos conversora de la finalidad en irrelevante, el solapamiento e injustificable tratamiento punitivo dispar respecto del encubrimiento y la delimitación prácticamente imposible del blanqueo con la receptación y el encubrimiento(224), diferenciación complicada(225) que obliga a hacer a los juristas “malabarismos para cohonestar el principio de vigencia con el de legalidad”(226).

Entre las recientes sentencias del Tribunal Supremo que confirman el castigo de la simple adquisición, conversión y transmisión de bienes, sin finalidades, pero con conocimiento de su origen delictivo, pueden citarse la del 20 de febrero del 2013, que sanciona meras adquisiciones a sabiendas de que el dinero deriva del narcotráfico, como la compra de una casa, tres fincas rústicas y un coche o la construcción de dos viviendas, en parcelas de los suegros, con instalaciones deportivas y piscina dotada de cubierta telescópica retráctil(227), la de 30 de octubre del 2012, que pena la adquisición, con conocimiento del origen delictivo del dinero, de dos vehículos, una plaza de garaje, un boleto premiado de lotería, el ingreso de 54.993,88 euros en cuentas bancarias y la cancelación anticipada de dos préstamos(228), la de 16 de marzo del 2012, sobre adquisiciones de bienes y absolutoria(229), la de 12 de junio del 2012, que castiga la conversión o cambio de divisas sabiendo que tienen origen delictivo(230), la de 5 de diciembre del 2012, que sanciona conversiones y transmisiones de bienes con conocimiento de que derivan de un delito(231), o la de 6 de febrero del 2013, sobre un matrimonio en el que el marido se dedicaba al narcotráfico, con adquisiciones, a sabiendas de que el dinero procedía de tal actividad, por ambos cónyuges de diversas fincas rústicas y urbanas, dos bateas, tres coches, dos barcos o un décimo de lotería premiado y conversiones, como ingresos en efectivo en cuentas bancarias por 173.316,86 euros, conductas respecto de las que nada se dice de sus finalidades(232).

Respecto de la posesión, hasta ahora el mero ingreso de este derecho en la esfera jurídica del blanqueador no se castigaba, puesto que quedaba excluido del término adquiera en virtud de una interpretación restrictiva, histórica y sistemática, al requerir la incorporación de un bien procedente de un delito al patrimonio del blanqueador, que precisa un incremento patrimonial y la obtención del dominio sobre los bienes ilícitos(233). Así, el clásico ejemplo de los testaferros, frecuentemente utilizados en el blanqueo(234), no quedaba embebido en este verbo, porque realmente los “hombres de paja” no adquieren la propiedad de los bienes debido a la ausencia de un incremento patrimonial. Tales casos iban a parar, empero, a la fórmula “realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar…”, que exigía demostrar las mencionadas finalidades, prueba de la que el legislador del 2010 libera.

Sobre el testaferro de un criminal estadounidense trata la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio del 2012, según la que el empleado de un banco gestionó importantes transferencias a través de sociedades interpuestas y pignoró una imposición en garantía de un préstamo personal para justificar la entrada de dinero en Estados Unidos desvinculado de su dueño, que estaba siendo investigado por blanqueo, comportamientos en los que la sentencia menciona el propósito de ocultar o encubrir(235).

En torno a las conductas indeterminadas se requiere demostrar las finalidades de ocultación, encubrimiento o auxilio, así la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre del 2012 deja constancia de que la compañera sentimental de un narcotraficante, condenada por blanqueo, consintió en figurar como titular de sus fincas y en constituir y aparecer como administradora en sociedades mercantiles con el fin de ocultar al auténtico titular del patrimonio, confirma la condena de otro acusado por construir dos habitáculos con la finalidad de destinarlos a la ocultación de dinero procedente del narcotráfico y castiga al que efectuó gestiones para que un Audi A-6 TDI, de alguien que se dedicaba al tráfico de drogas, figurase a nombre de otra persona y concertó el seguro de responsabilidad civil de un Audi A-8, en su propio nombre, para evitar que se detectara que la titularidad correspondía al narcotraficante, a cuya hija también sanciona por recoger 24.000 euros y entregárselos a un tercero con la finalidad de ocultarlos en paraísos fiscales(236). Igualmente, en la sentencia de 6 de febrero del 2013, sobre un matrimonio, en el que el marido se dedicaba al narcotráfico y la mujer al blanqueo, se les condena por hacer figurar como titulares de varios vehículos comprados por ellos a familiares “para ocultar tanto la verdadera titularidad como el origen ilícito del dinero”(237) y se vuelve a referir la sentencia a la “finalidad de ocultar la verdadera titularidad”(238) cuando alude al acto de otorgar capitulaciones matrimoniales con separación de bienes tras la detención del marido, adjudicándose la mujer fincas rústicas, el mobiliario y el ajuar de la casa.

Así las cosas, desde la reforma del 2010 se castiga la mera posesión de bienes delictivos carente de finalidades, con lo que se alcanza más fácilmente a los correos o mulas que transportan dinero, a sabiendas de su origen criminal, cuando son sorprendidos durante el traslado, correos tradicionales, v. gr. la mujer que, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012, llevó 30.000 euros procedentes del narcotráfico al despacho de un abogado(239) y los correos organizados que transportaban dinero a Turquía, de los que se habla en otra sentencia del mismo día(240), que no debe confundirse con la nº 974 de la operación “Ballena Blanca”, cuyo controlador fue castigado a tres años de prisión y multa de dos millones de euros, o mulas modernas captadas en el ciberespacio(241), como el joven absuelto en la sentencia de 3 de diciembre del 2012, que abrió, por una oferta de trabajo, una cuenta en internet, recibió en ella una transferencia de 3.363,43 euros fruto de una estafa informática y, después de retirar el dinero y quedarse con una comisión, envió postalmente al extranjero 3.060 euros(242).

También dentro del título 18 del Código Penal estadounidense el artículo 1956 castiga el transporte internacional de dinero y el artículo 1952, conocido como la Travel Act, sanciona viajes al extranjero o interestatales para distribuir bienes delictivos(243). Mucho más allá van los delitos castigados en el título 31, pues el artículo 5322, relativo a las exigencias de notificación, que afecta a cualquier viajero en un aeropuerto, incluso a los portadores de dinero lícito, eleva a delito lo que en España serían meras infracciones administrativas del control de cambios o vulneraciones de la normativa de prevención del blanqueo, el no informar de que se llevan al exterior o se introducen en los Estados Unidos más de 10.000 dólares, hechos que se castigan con prisión de hasta cinco años, multa no superior a un cuarto de millón de dólares o con ambas sanciones, además de una confiscación que puede ser inconstitucional por desproporcionada, como declaró la Corte Suprema en el caso los Estados Unidos contra Bajakajian, de 1998, aunque en el 90% de los supuestos el dinero en efectivo es decomisado(244). No contento con esto el legislador estadounidense, para combatir el terrorismo(245), introdujo, mediante la conocida Ley patriótica o USA Patriot Act(246), de 26 de octubre del 2001(247), motivada por los atentados del 11 de septiembre, en el título 31 del Código Penal el artículo 5332, sobre contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, para salvar en más casos la constitucionalidad de las confiscaciones o multas excesivas proscritas por la octava enmienda(248).

No obstante, ahora el tipo penal español del blanqueo abarca, en principio, al transportista que hace la mudanza de un famoso traficante de drogas, al trabajador de un garaje que custodia el vehículo de dicho narcotraficante y al guardarropa de cualquier establecimiento que queda al cuidado de su abrigo, dado que el artículo 301.1 castiga, desde la reforma de 22 de junio de 2010, la simple posesión de bienes con conocimiento de que tienen su origen en un delito, de manera que, a juicio de Sánchez Stewart, se convierte al blanqueo en un delito “permanente e imprescriptible”(249) mientras no cese la situación ilícita(250), según el artículo 132.1 del Código Penal, y se produciría tanto un control social excesivo como una posible paralización de la vida económica. Con todo, deben descartarse estas conductas del tipo mediante una interpretación restrictiva que exija, conforme al principio de insignificancia, una entidad “suficiente”(251) o relevante del valor de los bienes y de la contraprestación así como la limitación teleológica relativa a que los comportamientos sean idóneos para incorporar capitales ilícitos al tráfico económico(252).

En cuanto a la utilización, la reforma abarca, sobre todo, los grandes movimientos de capitales, pero también la interceptación en las aduanas de puertos españoles de vehículos de lujo sustraídos en la Unión Europea, que se tratan de trasladar fuera del territorio comunitario en el entramado de una organización criminal, hecho que había preocupado a la Fiscalía General del Estado en su Consulta 4 del 2006(253), así como al que le permite vivir un narcotraficante en una de sus mansiones, castillos o pazos, inquilino que debe saber que no puede aceptar tal oferta sin someterse al riesgo de una persecución penal. En este sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012, que considera el disfrute gratuito de una vivienda en Marbella, por la compañera sentimental de un delincuente, utilización de bienes a sabiendas de su origen ilícito, sin requerir finalidad alguna(254).

En tal línea el título 18 del Código Penal estadounidense recoge en el artículo 1957 la llamada norma de empleo o “gasto de dinero”(255), que castiga al que realice transacciones monetarias de bienes delictivos, con conocimiento de su origen, sin requerir ninguna finalidad(256).

Cuestión distinta es el encaje de la nueva conducta en el artículo 301 del texto punitivo, pues por utilización habría que entender todo uso o empleo de bienes delictivos que no implique un cambio de titularidad, en el sentido que exigen la adquisición y transmisión, una mutación de naturaleza, como requiere la conversión, una posesión sancionable, una ocultación o encubrimiento efectivo y que no se incluya en la realización de indeterminados actos para ocultar, encubrir o auxiliar. En el enmarañado marco de las conductas típicas del artículo 301 queda muy poco espacio para otorgar a la utilización un ámbito propio de aplicación, pero obviamente lo que se pretende es salvar los obstáculos probatorios(257), ya que cuando no se prueben ninguno de los elementos necesarios de los otros comportamientos basta constatar una utilización de bienes con el mero conocimiento de su origen delictivo, pues “siempre nos quedará…” el París de la utilización, anhelado por la fiscalía y puesto a disposición por el legislador con el propósito de no dejar ningún hueco “por el que pueda escabullirse conducta alguna”(258).

De modo que ahora, a diferencia de la regulación anterior que no incriminaba la mera utilización de bienes procedentes de un delito(259), en principio, el artículo 301.1 de nuestro código alcanza, como el § 261 II nº 2 del StGB alemán, al que escriba un texto en un ordenador sustraído(260). Sin embargo, el tipo penal español contra el blanqueo, al igual que el alemán, debe ser “restringido teleológicamente”(261), lo cual fuerza a excluir del artículo 301 del texto punitivo, por razones de atipicidad(262), todos los objetos materiales de cuantía irrelevante, como los “montantes en céntimos”(263), en virtud del principio de insignificancia(264) o de “intervención mínima”(265).

Precisamente el artículo 1957 del Código Penal estadounidense, tachado de norma draconiana por la Corte Suprema en el caso los Estados Unidos contra Rutgard, de 1997(266), aunque su constitucionalidad ha sido salvada en varias ocasiones(267), fija el mínimo de 10.000 dólares para la tipicidad de las transacciones monetarias, el gasto de dinero o el uso de bienes delictivos. Sorprendentemente el texto punitivo español no exige una entidad mínima del objeto material para el delito de blanqueo y castiga con las mismas penas todas las conductas, sin embargo, las sanciones previstas en el artículo 1957 del Código Penal estadounidense representan la mitad de las contempladas en el artículo 1956, prisión de hasta diez años frente a veinte y multa máxima de 250.000 dólares frente a 500.000 o, en ambos casos, del doble del importe de la transacción o del valor de los bienes delictivos(268), cuando en España, además, la multa llega hasta el triplo, penas que atentan manifiestamente contra el principio de proporcionalidad.

El mismo principio de insignificancia resulta aplicable a los actos básicos de consumo, prestaciones de servicios o ventas de mercancías en los negocios vitales cotidianos(269), dada la importancia de que se pueda transmitir el dinero recibido y utilizar las mercancías compradas(270). Si no desterrásemos del tipo conductas dirigidas a sustentar la vida, al autor previo que solo dispusiese de dinero originado por un delito “prácticamente se le prohibiría la satisfacción de necesidades de importancia vital”(271) y, con ello, la propia subsistencia(272). Además, se estaría obligando a cualquier potencial oferente de bienes o servicios “ora a renunciar a la liquidación de cuentas con dinero incontrolado ora a abstenerse del tráfico mismo”(273), lo cual limita tanto los derechos económicos del ciudadano que suscita serias dudas de constitucionalidad(274) y vulnera el “tráfico negocial sin fricciones y leal”(275).

Semejante castigo de la por Salditt denominada “violación de la excomunión económica”(276), tanto de los bienes delictivos como de las personas, con la que se pretende aislar(277) al autor del delito previo y convertir el dinero delictivo en inútil(278), nos acerca peligrosamente a un “Derecho penal del enemigo”(279), obliga a la mujer e hijos del narcotraficante, que saben que todo su dinero procede del tráfico de drogas, a abandonarlo, pues no pueden convivir con él en el piso pagado con bienes delictivos, ni subirse al coche, ni usar el teléfono ni los electrodomésticos, impide a los amigos de este delincuente visitarle, aconseja a los abogados no aceptar su caso, salvo que fuesen designados de oficio, y recomienda a cualquier ciudadano no tener el más mínimo contacto con él si no quiere verse sometido al riesgo de persecución penal.

En cuanto al ejercicio de la abogacía(280), carente de problemas cuando se respeta el código deontológico(281), no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional, sino que construye un entramado particularmente idóneo para el blanqueo mediante la “especial estructura de las sociedades constituidas en Delaware y la opacidad de las transmisiones respecto a la Hacienda Pública y terceros”(282) así como “su directa participación en la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada en España, gestionando y administrando sus cuentas con las que se adquirían los inmuebles”(283), comportamiento que fue castigado, a título de blanqueo, con tres años de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 700.165,44 euros. Paradójicamente este caso pone de manifiesto que el país impulsor del GAFI ofrece, en alguno de sus estados, servicios opacos que favorecen el blanqueo; de hecho, los centros financieros de Miami, Nueva York y Londres así como de otros países de la OCDE son preferidos por los blanqueadores frente a los pretendidamente más atractivos(284) paraísos fiscales(285), que activan los “mecanismos de alarma”(286). En este sentido se viene apreciando una progresiva disminución de las transferencias superiores a 30.000 euros, de obligada declaración según el artículo 7.2 b) del real Decreto 925 de 1995, de 9 de junio, desde o a territorios o países designados en el real Decreto 1080 de 1991, de 5 de julio, completado por la orden del Ministerio de Economía, de 24 de octubre de 2002, pues mientras en el año 2010 ascendían a 309.117, pasaron en el 2011 a 305.858 y se volvieron a reducir en el 2012 a 300.068(287). También el Tribunal Supremo se pronunció el mismo año 2012, el 9 de abril, sobre otro abogado blanqueador, que cobró el 6% (600.000 euros) de la cantidad total estafada y obtuvo un préstamo por un millón de euros a cambio de asesorar, colaborar y ejecutar las operaciones necesarias para convertir en efectivo 10 millones procedentes de una estafa, de modo que pudieran disponer de ellos sus autores, y facilitar tanto las propias cuentas bancarias como las de otras personas físicas y jurídicas con las que tenía relación, el cual fue condenado a un año y medio de prisión, multa de 10 millones de euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por un año(288).

Respecto al Código Penal estadounidense y el cobro de honorarios por los abogados, el artículo 1957, en el apartado primero de su letra f), excluye de la aplicación del delito de blanqueo por transacciones monetarias, ya desde la reforma de 1988(289), las necesarias para preservar el derecho de defensa garantizado por la sexta enmienda(290).

Obviamente, no existe ningún problema en someter a controles la posesión y uso de bienes delictivos para seguir el rastro del crimen y proceder al decomiso, aunque carece de sentido castigar tanto el mero aprovechamiento, cuando el blanqueo se ha independizado de la receptación(291), como la posesión y utilización no destinada a la inversión en la economía legal sino en actividades delictivas(292). Por otra parte, parece que el prelegislador deseaba incriminar(293) la “posesión injustificable de bienes”(294), cuya sanción transitaría por la peligrosa senda de la “inversión de la carga de la prueba”(295), pero el comiso y la receptación civil constituyen alternativas preferibles(296) y menos evocadoras de un Derecho penal de autor frente a la exhibición de bienes delictivos(297).

Si a ello se le une la posibilidad de castigar el blanqueo por imprudencia grave(298) se puede generar una preocupante desproporción punitiva al ser viable sancionar la posesión y utilización negligentes con una pena, de seis meses a dos años de prisión y multa del tanto al triplo que no distingue entre tipos básicos y agravados, la cual permite en el caso concreto castigar con mayor gravedad la conducta negligente que la dolosa, desproporción que no es de recibo(299). Además, pese a que la doctrina reclama que el blanqueo imprudente se limite a los especialmente obligados por la normativa de prevención(300), de conformidad con la propuesta del grupo de estudios de política criminal(301), y hasta se ha llegado a calificar de aberración(302) aplicar el tipo culposo a cualquiera que use un bien procedente de un delito, sin embargo, el Tribunal Supremo, aunque a veces reserve el blanqueo imprudente para los especialmente obligados, como en la sentencia de 3 de diciembre del 2012(303), mayoritariamente lo admite para cualquier ciudadano, v. gr. en la sentencia de 9 de noviembre del 2012 fueron sancionados por blanqueo imprudente 24 de los 28 condenados(304) y la de 20 de febrero de 2013 castigó por blanqueo culposo a los padres que consintieron en sus fincas obras suntuarias, valoradas en 563.000 euros, sin adoptar las más mínimas cautelas sobre la procedencia del dinero, sabiendo que el hijo había sido condenado por narcotráfico, y luego se las transmitieron a la nuera(305).

Con razón se ha criticado que la asistemática(306), expansionista(307) y muy dudosa(308) modalidad imprudente de blanqueo se haya convertido en “una especie de reedición de la medieval y denostada semiprobatio(309), la cual vulnera la presunción de inocencia de la misma manera que el recurso a la “ignorancia deliberada”(310) o willful blindness, de abolengo estadounidense(311), que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio del 2012 incluye en el dolo eventual(312), pero que la de 3 de diciembre del 2012 descarta, hasta por su “incorrección idiomática”(313), construcción que debe rechazarse cuando pretenda “soslayar la imprescindible motivación de los elementos fundamentadores de la prueba del conocimiento”(314). Tampoco carece de enjundia la comisión del blanqueo negligente en el ejercicio de la abogacía(315) y también es posible, a tenor del apartado segundo del artículo 576 bis del Código Penal, la financiación del terrorismo(316) imprudente por no detectarla o impedirla(317), aunque se reserva para los sujetos especialmente obligados conforme a la normativa de prevención.

VI. Novedosos tipos agravados por la procedencia de los bienes de la corrupción y los delitos urbanísticos

Respecto de los nuevos tipos agravados(318), los diputados y senadores que aprobaron la Ley Orgánica 5 del 2010, como los mayores en la obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, solo se interesan por las cifras, pero no se preguntan por lo esencial, pues han sucumbido al encanto pitagórico o la “fascinación por los números”(319) al no resistir la tentación del endurecimiento(320) punitivo, de incrementar las penas en el delito de blanqueo ante un considerable(321) o largo elenco(322) de hechos previos que manifiesta la tendencia expansionista(323) de la política criminal en esta materia(324), pese a que tales aumentos de gravedad “carecen de efecto preventivo general relevante”(325). Sobre tamañas cualificaciones se proyecta la imposición en la mitad superior de la prisión por pertenencia a una organización dedicada al blanqueo del artículo 302.1(326), con lo que se permite que la pena alcance “límites realmente elevados”(327).

Los nuevos tipos agravados se ubican sistemáticamente de forma incorrecta, en la medida en que se sitúan en el artículo 301.1 del Código Penal y alcanzan al 301.2(328), carecen de fundamento político criminal y adolecen de una pésima redacción. Realmente se agrava la pena del blanqueo de bienes originados en algunos delitos contra la administración pública(329), los recogidos en los artículos 419 a 445 del texto punitivo, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo(330), aunque para llegar a esa simple conclusión el lector e intérprete habrá de malgastar bastante tiempo con riesgo de perderse entre las rúbricas, capítulos y títulos del código, pues el legislador, críptica y farragosamente(331), sin ofrecer ninguna pista que vincule las agravaciones a un elemento corruptor, público o urbanístico(332), solo dispone que los bienes tengan su origen en infracciones de los “Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI”, con lo que al exceso en el incremento de la pena une el de caracteres, pues en vez de “V, VI, VII, VIII, IX y X” bastaba con escribir “V a X”, y vuelve a sucumbir a la fascinación pitagórica con una concentración, que difícilmente se puede encontrar en otro texto legal, de nueve números romanos entre catorce palabras, dicción peculiar(333) que rompe la estructura del tipo, habida cuenta de que la cualificación hasta ahora existente alude a “delitos relacionados con el tráfico de drogas (…) descritos en los artículos 368 a 372”(334). Una redacción coherente con el otro tipo agravado y fácilmente inteligible podría haber rezado: “delitos contra la Administración pública descritos en los artículos 419 a 445 o relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo”, sin necesidad de mencionar los artículos 319 y 320, pues en este último capítulo no existen más delitos.

Ciertamente, la corrupción constituye “uno de los grandes problemas de nuestro tiempo”(335), como puso de manifiesto Ferré Olivé en el encuentro ítalo-hispano-luso-polaco sobre blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario, celebrado en Lisboa del 18 al 21 de abril de 2002, tanto en el mundo, de hecho fue el tema que se trató en el V foro internacional sobre crimen y Derecho penal en la era global celebrado en Pekín(336), la capital del país(337) al que, según se ha dicho, se dirige el mayor flujo de dinero ilícito(338), como en España, la cual estaba situada en percepción de la corrupción, según Transparencia Internacional, durante el año 2012 en el puesto 30 de 176 países(339), retrocedió en el 2013 a la posición 40 de 177(340) y en 2014 se mantuvo en el puesto 37 de 175 naciones(341).

En realidad, España posee una regulación penal razonable contra la corrupción(342), pero existen serios problemas de falta de recursos(343). Pese a las necesidades de medios materiales y humanos(344), las sentencias por delitos relativos a la corrupción en nuestro país se incrementaron en un 151% durante los años 2010, 2011 y 2012(345). Además, las comunicaciones de operaciones sospechosas por corrupción y soborno únicamente se encuentran situadas en el quinto lugar de importancia en las infracciones precedentes del blanqueo y han disminuido de 93 en el 2011 a 80 en el 2012. También han descendido la remisión de informes por el SEPBLAC a la fiscalía anticorrupción de 70 en el 2011 a 53 en el 2012 y las congelaciones e incautaciones policiales relativas a los delitos de corrupción y soborno de 8 en el 2011 a 1 en el 2012(346). Finalmente, un estudio estadístico sobre 605 sentencias, dictadas entre el 23 de mayo de 1997 y el 26 de marzo de 2013, acaba de constatar que el cohecho y la malversación de caudales públicos solo fueron delitos previos del blanqueo de dinero en el 0,4% de los casos(347).

Por supuesto que la corrupción representa un “monstruo social de mil cabezas”(348), existe sobre la materia un “creciente interés internacional”(349), tanto político(350) como normativo(351), hasta llega a vincularse con instituciones educativas o religiosas(352) y parece que el legislador penal español con este nuevo tipo agravado pretende responder a sucesos de gran atención mediática(353), entre los que se cita el caso de Isabel Pantoja y Julián Muñoz(354), pero la escalada punitiva es evidente, pues desde la atipicidad del blanqueo de dinero procedente de la corrupción se ha pasado a su castigo en 1995 cuando el hecho previo sea grave, se ha ampliado en el 2003 a cualquier delito relativo a la corrupción y se ha elevado en el 2010 a la consideración de circunstancia agravante específica(355). Ya el GAFI, en su informe de 23 de junio del 2006, puso de relieve las deficiencias del sistema preventivo español respecto de las “personas del medio político”(356), según la traducción de la normativa europea, aunque sería más correcto hablar de “personas políticamente expuestas” (politically exposed persons)(357), definidas por la tercera Directiva contra el blanqueo(358) como “personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados”(359), que son concretadas en la Directiva 2006/70/CE(360), la cual desarrolla el documento europeo que se acaba de mencionar(361). Igualmente, el GAFI elaboró, en octubre de 2010, una guía de referencia y una nota informativa para concienciar sobre cómo el uso de sus recomendaciones podría ayudar a combatir la corrupción, que fue revisada en octubre del 2012 para adaptarla a los cambios operados en las recomendaciones(362), analizó las relaciones entre corrupción y blanqueo, sus métodos y las vulnerabilidades del sistema de prevención en un informe publicado en el 2011(363), abordó en las nuevas recomendaciones de febrero del 2012 la necesidad de contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente o beneficiario es una persona políticamente expuesta extranjera y de adoptar medidas razonables para identificarlas cuando sean nacionales o pertenezcan a una organización internacional, a cuyos efectos publicó en el 2012 un informe destinado a ayudar a las instituciones informantes a comprender mejor e identificar los factores de riesgo, es decir, las relaciones negociales, clientes y productos, que pueden revelar el blanqueo de dinero procedente de la corrupción(364) y acaba de elaborar una guía para favorecer la aplicación de las recomendaciones 12 y 22 a las personas políticamente expuestas extranjeras, nacionales e internacionales, sus familiares y allegados, con fuentes externas de información, como bases de datos, e indicios de blanqueo de dinero vinculado a la corrupción(365).

También el grupo de estudios de política criminal evidenció la indudable relación entre irregularidades urbanísticas y blanqueo(366), pues el negocio de la construcción(367) no solo representa, en palabras de Terradillos Basoco, un inagotable “venero de donde se nutren los activos a lavar”(368) sino también “un caldo de cultivo adecuado para realizar el blanqueo de dinero”(369), un sector privilegiado para introducir bienes delictivos en la economía legal, de ahí que el legislador sintiese la necesidad de mostrar al ciudadano(370) que abordaba la emergente y escandalosa corrupción urbanística nacional evitando la consolidación de sus beneficios(371), sobre todo después de la detención de 19 alcaldes a finales del 2009 por corrupción urbanística(372).

No obstante, el desacierto político-criminal(373) que pesaba sobre el tipo agravado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico(374) debe predicarse, con mayor razón, de los nuevos tipos cualificados cuando los bienes tengan su origen en algunos delitos contra la Administración pública y los urbanísticos, ya que no puede presumirse que las sumas blanqueadas procedentes de estas infracciones superen las derivadas de otros delitos(375). Tampoco se justifican dichos tipos agravados en atención a los bienes jurídicos protegidos(376), pues nos encontramos ante los mismos valores tutelados mediante el tipo básico(377), porque la Administración de Justicia tiene interés en sancionar cualquier delito(378) y el orden socioeconómico(379) no resulta más lesionado por el blanqueo de dinero procedente de esos delitos. Lo que realmente determina un mayor contenido de injusto es el valor de lo blanqueado, dato que no se tiene en cuenta(380) al incrementar la prisión, y sobre él debería operarse para agravar la pena(381), de manera que el tipo cualificado habría de centrarse en las características del objeto material, la magnitud(382) o notoria importancia(383) de la “cantidad efectivamente blanqueada”(384) y no en la irrelevante naturaleza del delito previo(385), dado que el fundamento de la agravación radicaría en el mayor caudal de bienes ilícitos(386) puestos en circulación. Desde el punto de vista técnico, también es inaceptable agravar las penas en el blanqueo por el origen de los bienes, habida cuenta de que desposeeríamos de autonomía(387) a este tipo penal para atender al delito base(388). La incriminación del blanqueo quedaría privada de contenido material independiente(389) y no pasaría de ser un refuerzo del bien jurídico ya protegido mediante el delito del que derivan los capitales(390). Igualmente, si el Código Penal de 1995, según dejó escrito Núñez Paz, pretendía sancionar especialmente(391) el blanqueo de dinero “procedente del narcotráfico”(392) —a diferencia del texto punitivo estadounidense, que no contempla un tipo agravado para el blanqueo del dinero de la droga, aunque la primera directriz o guía de sentencias de 1987(393) refleja que la pena máxima de 20 años prevista en el artículo 1956 puede imponerse en los casos en los que el narcotráfico es el delito antecedente(394)— y una decepcionante aplicación jurisprudencial, a pesar de la ampliación de los hechos previos, sigue centrándose casi exclusivamente en el tráfico de drogas(395), como demuestran un estudio sobre 363 sentencias dictadas entre 1995 y 2010, conforme al cual el narcotráfico integraba el delito previo del blanqueo en el 91% de los casos (337)(396), y otro análisis de 605 sentencias publicadas entre 1997 y 2013, según el que los delitos relativos a drogas representaban el hecho antecedente del blanqueo en el 94,2% de los supuestos(397) —persecución que no disminuye, pues las investigaciones por narcotráfico debidas a la comunicación de operaciones sospechosas por el SEPBLAC se incrementaron de 21 en el 2010 a 22 en el 2011 y a 48 en el 2012(398)—, a lo que se añaden dos nuevos tipos cualificados, resulta que “el ámbito de aplicación”(399) o “de operatividad del tipo básico se reduce”(400) “considerablemente a favor de la agravación”(401), ampliada de forma notable(402), de modo que el primero, convertido en un “tipo residual”(403), casi nunca se aplicaría(404), lo cual transforma la regla en “excepción”(405) mediante una extraña técnica de formulación normativa que articula como tipo básico de referencia uno apenas empleado. Finalmente, el fundamento de la cualificación no subyace en el mayor reproche, dado que no es más culpable el que convierte bienes vinculados a delitos contra la administración pública y el urbanismo que los que blanquean capitales derivados de otros delitos(406), ni en la presión internacional, puesto que ningún instrumento supraestatal obliga a agravar la pena del blanqueo en estos casos(407), y en la actualidad tales cualificaciones resultan muy poco oportunas en plena disminución de la corrupción urbanística debido a la crisis del sector inmobiliario(408), porque, aunque un informe estadounidense sobre blanqueo de dinero y delincuencia económica constate que en el año 2010 el 17% de las 175 investigaciones policiales españolas relativas al blanqueo estaban relacionadas con la corrupción(409) y a pesar de que la extraordinaria dilación de macroprocesos como el caso Malaya —en el que también sorprende la llamativa(410) “atenuante analógica de detención irregular”(411)—, iniciado el 13 de octubre del 2005 pero cuya sentencia no se publicó hasta el 4 de octubre del 2013(412), y su notoriedad parezcan indicar lo contrario, la memoria presentada por el Fiscal General del Estado en el 2011 registra en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un “descenso de las investigaciones sobre corrupción urbanística”(413) y la memoria del 2012 resalta en esta fiscalía “la continuada disminución de diligencias de investigación o de procedimientos relacionados con la corrupción urbanística”(414).

VII. Adaptación del castigo del blanqueo, no exigible por la normativa internacional, a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas

Igualmente, la reforma de 22 de junio del 2010 incorpora el blanqueo de dinero al innovador modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas(415) dispuesto en el artículo 31 bis del texto punitivo(416), que requiere un delito doloso de una persona física en beneficio de la persona jurídica salvo en la financiación del terrorismo, donde cabe la imprudencia grave de la persona física(417), pero, según pone de manifiesto Silva Sánchez, frente a la pretendida “necesidad de cumplir con compromisos internacionales”(418), este modelo de responsabilidad no resultaba obligado, pues los convenios normalmente solo exigen sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias” en las que caben las administrativas, medidas de seguridad y otras consecuencias jurídicas distintas de las penas en sentido estricto(419); además, en virtud de la reforma, con la empresa responderán los administradores o directivos que no hayan adoptado un programa de cumplimiento eficaz(420), ya que ahora todos actúan “como garantes de la no comisión de delitos de blanqueo en su organización, en otras palabras, como agentes de policía”(421) y en caso de no cooperar pende sobre ellos, como espada de Damocles, una imputación por blanqueo(422), otra muestra más de cooperación policial que posee raigambre estadounidense, como el castigo de la tentativa que favorece la figura del agente provocador(423), la cual, además, ya se encuentra expresamente tipificada en el artículo 1956 a, 3, A), que alude a la actuación policial encubierta(424).

Así las cosas, la gestión del riesgo(425), o evaluación y monitorización por el sujeto obligado del peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento(426) o compliance programs(427), desempeña un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas(428), aunque “no bastará”(429) la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas “para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales”(430).

Incluso en los Estados Unidos existe un tipo específico de blanqueo en el título 18 del Código Penal, el artículo 1960(431), que sanciona hasta con cinco años de prisión al que lleve, controle, gestione, supervise, dirija o sea propietario de un negocio de transmisión de fondos sin licencia(432), delito cuyas exigencias volitivas ha relajado la ley patriótica(433), muchas empresas vinculadas a la criminalidad organizada (RICO) se dedican al blanqueo y los artículos 1961 a 1964 castigan con un máximo de 20 años de prisión a las personas físicas o jurídicas relacionadas con empresas que se estructuren de forma mafiosa o que lleven a cabo una racketeering activity, la cual se define amplísimamente en el apartado primero del artículo 1961(434).

Ciertamente, gran parte de las operaciones de blanqueo tiene lugar mediante empresas y numerosos sujetos obligados en la normativa de prevención son personas jurídicas(435), por lo que incluso se ha considerado “imperiosa la necesidad de una regulación legal explícita en este tema”(436). Efectivamente, el uso de empresas pantalla para el blanqueo de dinero resulta frecuente, como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio del 2012(437), pero hasta ahora había bastado con las consecuencias accesorias y la doctrina del levantamiento del velo de las sociedades, que proscribe la prevalencia de la personalidad jurídica creada si se comete fraude de ley o se perjudica a terceros, conforme recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012, que confirmó la afectación de 14 sociedades —entre ellas cuatro de Delaware que participaban en tres de responsabilidad limitada, un par de sociedades gibraltareñas y otras dos domiciliadas en Reino Unido— de un abogado, cuyo patrimonio se confundía de manera evidente e injustificada con los bienes de las sociedades, al pago de costas, multas y responsabilidades civiles derivadas de sus delitos de blanqueo y contra la Hacienda(438), responsabilidad civil sobre la que, desde luego, no existía ningún problema en que correspondiese a personas jurídicas, según se constata en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril del 2012, que estima el recurso de casación interpuesto por la acusación particular para declarar responsables civiles subsidiarios a La Caixa y Fibanc-Mediolanum debido al incumplimiento de la normativa de prevención, que facilitó indudablemente la comisión delictiva, la cual se habría dificultado de modo extraordinario con la obligada denuncia a las autoridades administrativas, ya que “los indicios que revelaban la sospecha sobre la licitud de las operaciones eran evidentes, por su elevadísima cuantía, ausencia de constatación del origen real de los fondos, intervención de un ciudadano extranjero, mecánica de su ejecución con una clara tendencia hacia la rápida conversión en efectivo, etc.”(439)

Asimismo, denuncié(440) que a la incorporación de la “compleja y desordenada”(441) regulación sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas no le hubiese acompañado la imprescindible reforma procesal de unas normas inadaptadas al nuevo modelo de incriminación(442). El legislador ni siquiera aludió “a la necesidad de una coetánea reforma de la ley de enjuiciamiento criminal”(443) que estableciese el estatus procesal de las personas jurídicas, que materializase para ellas la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismas y las demás garantías procesales, modificación sin la que “resulta sumamente dudoso que el nuevo modelo pueda cumplir sus pretendidos objetivos”(444), pues no tomar en consideración las características específicas de la actividad empresarial aboca a una “ineficacia preventiva”(445). Precisamente por ello el Fiscal General del Estado durante el último gobierno socialista había calificado de imperiosa(446) la necesidad de reformar el proceso penal para esclarecer las múltiples dudas sobre la manera de sentar en el banquillo a una sociedad(447). En este sentido la Ley 37 del 2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal(448) algo mejora la situación al consagrar un cierto estatus procesal de las personas jurídicas en dos nuevos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, ya que uno aplica a la toma de declaración al representante designado por la persona jurídica “los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable”(449) e, igualmente, el otro afirma, con una redacción prácticamente idéntica, que el representante podrá declarar en nombre de la persona jurídica “sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio”(450).

VIII. Manifiesta inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y blanqueo de dinero

En último lugar, el Real Decreto-Ley 12 del 2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público(451) ofrece tanto una “impunidad a bajo coste por la defraudación cometida”(452), como “una forma de blanquear el dinero”(453), admite una “declaración tributaria especial”(454), así denominada en el apartado I de la exposición de motivos y en la disposición adicional 1ª, también llamada por algunos “amnistía fiscal” en la medida en que “a la exoneración de sanciones, intereses y recargos tributarios, se une la exoneración de responsabilidad penal”(455), términos evitados desde instancias gubernativas(456) para salvar las dudas de constitucionalidad, aunque no resulta tan evidente que el artículo 62 i) de la Constitución prohíba todas las amnistías sino solo los indultos generales(457). Se discute sobre la naturaleza jurídica de esta exención de responsabilidad criminal, pues hay quien opina que se trata de una causa específica de anulación de la pena(458) o la misma excusa absolutoria recogida en el artículo 305.4 del Código Penal(459) y otros piensan que nos hallamos ante una causa distinta de exención de la responsabilidad criminal, una supresión de la punibilidad o regularización tributaria diferente(460), pero, en cualquier caso, la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal española del 2012 resulta manifiesta(461).

Por otra parte, el Real Decreto-Ley 12 del 2012(462) generó inseguridad jurídica(463) y gran preocupación entre los asesores tributarios, que temieron ser sancionados por el simple hecho de aconsejar sobre el funcionamiento de la amnistía a los que hubieran cometido un delito fiscal, pues al no afectar el real decreto-ley al delito de blanqueo el defraudador de más de 120.000 euros que regularizase su situación, incluso si el origen de sus bienes procede de actividades legales, podría ser procesado por blanqueo(464). Hasta se iba asentando en determinadas fiscalías de audiencias provinciales el criterio de que las cuotas defraudadas que se pretenden regularizar podrían servir de base para un delito de blanqueo, ya que el artículo 305.4 del Código Penal nada decía sobre la exención de responsabilidades por tal delito cuando los bienes declarados tengan procedencia ilícita(465) y en este sentido se había reclamado una modificación del mencionado precepto sobre la regularización tributaria para evitar que la autodenuncia implique una condena por blanqueo(466). En tal línea el gobierno promovió una reforma del Código Penal para que no fuesen procesados por blanqueo los delincuentes fiscales que hubiesen regularizado su situación(467), pero no el dinero obtenido con actividades ilegales como el narcotráfico(468), que se aprobó el 27 de diciembre del 2012(469).

El resultado final de esta reforma es muy discutible y pone de manifiesto las dificultades(470), dudas(471) o problemas que plantea la viva polémica(472) o el debate(473) del delito fiscal como hecho previo del blanqueo de dinero(474), infracciones entre las que estarían interesados en concertar un “matrimonio de conveniencia”(475) la fiscalía y la agencia tributaria, según se ha denunciado. De hecho, la defraudación tributaria ocupa el primer lugar, con diferencia, de las infracciones previas al blanqueo en las comunicaciones de operaciones sospechosas y continúan incrementándose en los últimos años tanto las comunicaciones analizadas por fraude (405 en el 2011 y 474 en el 2012) y contrabando (449 en el 2011 y 458 en el 2012) como la remisión de informes por el SEPBLAC a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (471 en el 2011 y 590 en el 2012) y al Departamento de Aduanas (246 en el 2011 y 288 en el 2012)(476). Desde luego, la relación entre delito fiscal y blanqueo se remonta ya a la definición fenomenológica de money laundering que figuraba en el informe de 1984 elaborado por la estadounidense Comisión Presidencial sobre Criminalidad Organizada(477), aunque sigue siendo ingenuo pretender aplicar los amplios deberes de colaboración y controles administrativos del bajo sistema impositivo americano a los parámetros europeos de elevada tributación(478), especialmente teniendo en cuenta que la prevención se articula sobre agentes(479) en los que concurre un “grave conflicto de intereses”(480). En todo caso, sobre la idoneidad de la cuota defraudada superior a 120.000 euros para ser objeto material del delito de blanqueo en España la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012 se pronuncia afirmativamente, porque “es el bien derivado del delito”(481), pero requiere que “se pueda identificar razonablemente la parte de los bienes del patrimonio del defraudador que constituyen la cuota tributaria”(482).

También en los Estados Unidos el delito fiscal puede ser hecho previo del blanqueo no solo, en general, respecto de las diez modalidades recogidas en el artículo 1956 del Código Penal, el tipo sobre gasto de dinero del artículo 1957 o la norma de viajes del artículo 1952 en el marco de un negocio continuado sino que hasta existe un tipo específico de blanqueo con la finalidad de evasión fiscal en el artículo 1956 a, 1, A, ii)(483). Incluso, en el caso del 2006 los Estados Unidos contra Santos, sobre una lotería ilegal(484), que motivó en el 2009 la reforma del artículo 1956(485), se incluyen en el objeto material del delito susceptible de blanqueo las ganancias criminales brutas(486), con lo que evidentemente resultan abarcados los bienes de origen lícito retenidos mediante la comisión del hecho previo, como ocurre con los impuestos impagados en el delito fiscal, según venía reconociendo la jurisprudencia antigua, caso los Estados Unidos contra Levine de 1992, y más reciente anterior a la reforma, caso los Estados Unidos contra Yusuf del 2008(487).

(*) Este artículo, que se integra en el proyecto DER2011-24950, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación o de Economía y Competitividad de España, se elaboró gracias a una estancia investigadora en el Center for the Administration of Justice de la Florida International University. El autor agradece al director del Centro Salas la amable hospitalidad y a la subdirectora Carazo.

(1) Cfr. Tiedemann, K., “Cesare Beccaria e i reati economici”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nº 3, 2013, pp. 1383 y 1384.

(2) Vid. American jurisprudence, second edition. A modern comprehensive text statemet of american law, state and federal, completely revised and rewritten in the light of modern authorities and developments, vol. 53A, Thomson/West, 2006, USA, §§58-68, pp. 767-779, 2014 cumulative supplement, vol. 53A, Thomson Reuters, 2014, §§59-67, pp. 49-52; Corpus juris secundum. A contemporary statement of american law as derived from reported cases and legislation, vol. 3A, Thomson Reuters, 2013, §1167, p. 341, vol. 37, 2008, §29, pp. 26 y 27, 2014 cumulative annual pocket part, vol. 37, §29, p. 4, vol. 15A, 2012, §286, pp. 558 y 559, 2014 acumulative annual pocket part, vol. 15A, §286, pp. 26 y 27; United States code annotated. Title 18, crimes and criminal procedure, §§1761 to 1962, West group, 2000, §§1956 y 1957, pp. 481-539, 2014 cumulative annual pocket part, Thomson Reuters, 2014, §§1956 y 1957, pp. 80-145; United States code service. Lawyers edition. 18 USCS, crimes and criminal procedure, §§1691-1960, Lexis Nexis, Charlottesville, 2010, §§1956 y 1957, pp. 479-614, cumulative supplement, 2014, §§1956 y 1957, pp. 24-41.

(3) Auten, M. R., “Money spending or money laundering: the fine line between legal and illegal financial transactions, en Pace Law Review, vol. 33, nº 3, 2013, p. 23.

(4) Cfr. Strader, J. K., Understandig white collar crime, 3ª ed., Lexis Nexis, New Providence/San Francisco, 2011, p. 293.

(5) Vid. Abel Souto, M., Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el Ordenamiento penal español, Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, enero del 2001, en www.cervantesvirtual.com; Anderson, M., “International money laundering: the need for ICC investigative and adjudicative jurisdiction, en Virginia Journal of International Law, vol. 53, nº 3, 2013, pp. 763-786; Buisman, S., “The influence of the european legislator on the national criminal law of member states: it is all in the combination chosen, en Utrecht Law Review, vol. 7, nº 2, 2011, pp. 137-155; Delston, R.S./Walls, S.C., “Strengthening our security: a new international standard on trade-based money laundering is needed now, en Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 44, nº 3, 2012, pp. 737-746; Fijnaut, C., “The european parliament and organised crime: the impeding failure of the Alfano committee”, en European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 21, nº 10, 2013, pp. 1-7; Joyce, E., “Expanding the international regime on money laundering in response to transnational organized crime, terrorism, and corruption, en Reichel, P. (ed.), Handbook of transnational crime & justice, Sage publications, Thousand Oaks/London/New Delhi, 2005, pp. 81-97; Matallín Evangelio, A., “El blanqueo de capitales en la normativa internacional: obligaciones derivadas en el Ordenamiento jurídico español”, en Vidales Rodríguez, C. (coord.), Tráfico de drogas y delincuencia conexa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 275-293; Popa, G.D., “International cooperation in the struggle against trans-border organized crime and money laundering, en Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. 4, nº 2, 2012, pp. 575-578; Rădulescu, D., “International organizations involved in money laundering prevention, en Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, vol. LXII, nº 1, 2010, pp. 43-48; Reider-Gordon, M./Butler, T. K., “Anti-money laundering, en International Lawyer, vol. 47, nº 1, 2013, pp. 387-405; Vidales Rodríguez, C., El delito de legitimación de capitales: su tratamiento en el marco normativo internacional y en la legislación comparada, Center for the Administration of Justice, Florida International University, Miami, 1998.

(6) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (coords.), III congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 226; también en Fernández Teruelo, J. G. (dir.), Estudios penales en homenaje al Profesor Rodrigo Fabio Suárez Montes, en Constitutio Criminalis Carolina, Oviedo, 2013, p. 358.

(7) Vid. Abel Souto, M., “La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 79, febrero de 2011, pp. 5-32; Silva Sánchez, J. M., “Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N. (coords.), II congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 131-139.

(8) Cfr. Castro Moreno, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, en Álvarez García, F.J./Cobos Gómez De Linares, M. A./Gómez Pavón, P./Manjón-Cabeza Olmeda, A./Martínez Guerra, A. (coords.), Libro homenaje al profesor Luis Rodríguez Ramos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 447.

(9) Corcoy Bidasolo, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, en Mir Puig, S./Corcoy Bidasolo, M. (dirs.), Constitución y sistema penal, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires/São Paulo, 2012, p. 161.

(10) Morillas Cueva, L. “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, en Revista Foro FICP, nº 2, septiembre del 2013, p. 69.

(11) Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., en Conde-Pumpido Ferreiro, C. (dir.), Código penal comentado, 3ª ed., con concordancias y jurisprudencia. Actualizado a la LO 5/2010 de 23 de junio de 2010, tomo I, Bosch, Barcelona, 2012, p. 1089.

(12) Cfr. Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas. (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, en Álvarez García, F. J./Cobos Gómez De Linares, M. A./Gómez Pavón, P./Manjón-Cabeza Olmeda, A./Martínez Guerra, A., op. cit., pp. 656, 657 y 665; de la misma autora, “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, en Fernández Steinko, A. (ed.), Delincuencia, finanzas y globalización, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2013, p. 375.

(13) Cfr. Vidales Rodríguez, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código penal español tras la reforma de la L.O. 5/2010)” en Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2012, p. 2.

(14) Cfr. Bennet, C. M./Turner, C. D. (eds.), Money laundering. An analysis for federal law, Novinka, New York, 2013, p. VII; Doyle, C., “Money laundering: an overview of 18 U.S.C. 1956 and related federal cirminal law”, en Bennet, C. M./Turner, C. D., op. cit., p. 1, que recoge un listado de las penas máximas imponibles por blanqueo según los casos en pp. 34-39.

(15) Vid. Arias Merlano, J.C., El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero. (El caso colombiano 1982-2002), Tesis doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, diciembre de 2014; Cevallos Y Torres, J. F. De, Blanqueo de capitales y principio de lesividad, Ratio Legis, Salamanca, 2014.

(16) Cfr. Muñoz Conde, F., “El delito de blanqueo de capitales y el Derecho penal del enemigo”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…”, cit., p. 376.

(17) Rebollo Vargas, R., “La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 10, 2013, p. 202.

(18) Faraldo Cabana, P., “La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: ¿un tratamiento similar para dos fenómenos distintos?”, en Neves Cruz, J./Cardoso, C./Lamas Leite, A./Faria, R. (coords.), Infrações económicas e financeiras, Coimbra editora, 2014, p. 429.

(19) Cfr. Terradillos Basoco, J. M., “El Derecho penal económico español: de la pujanza económica a la depresión”, en Velásquez Velásquez, E./Posada Maya, R., /Cadavid Quintero, A./Molina López, R./Sotomayor Acosta, J. O. (coords.), Derecho penal y crítica al poder punitivo del Estado. Libro homenaje al profesor Nodier Agudelo Betancur, tomo I, Ibáñez, Bogotá, 2013, p. 320.

(20) Varela Castro, L., “Últimas líneas jurisprudenciales en sede de blanqueo”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., p. 387.

(21) Ibíd.

(22) Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 658.

(23) Cfr. Muñoz Conde, F., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 375.

(24) Ibíd.

(25) Cfr. Silvente Ortega, J., Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la jurisprudencia y el Derecho comparado con los países de la Unión Europea, Diego Marín, Librero-Editor, Murcia, 2014, p. 347.

(26) Castro Moreno, A., “Consideraciones críticas…”, cit., p. 447.

(27) Cfr. Rebollo Vargas, R., “Limitaciones del Derecho penal en la prevención del blanqueo de capitales”, en García Arán, M. (dir.), La delincuencia económica. Prevenir y sancionar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 140.

(28) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 52.

(29) Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización de bienes como actos de blanqueo en la legislación penal española”, en Revista Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, nº 6, jul/dez. 2012, p. 48; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., p. 5.

(30) Vid. Cesoni, M. L. (sous la direction de), La lutte contre le blanchiment en droit belge, suisse, français, italien et international. Incrimination et confiscation, prévention, entraide judiciaire, Bruylant, Bruxelles, 2013.

(31) Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., Strafrecht, Besonderer Teil: Lehrbuch, 3. Auflage, Gieseking, Bielefeld, 2014, §29, “Geldwäsche, §261, marginal 6.

(32) Muñoz Conde, F., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 375.

(33) Ibíd.

(34) Matallín Evangelio, A., “El ‘autoblanqueo’ de capitales”, en Revista General de Derecho Penal, nº 20, noviembre de 2013, en www.iustel.com, p. 40.

(35) Cfr. Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginales 5, 8 y 31.

(36) Silvente Ortega, J., op. cit., p. 351.

(37) Cfr. STS nº 834/2012, RJ\2013\1442, fundamentos de derecho primero y segundo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(38) Fernández, L./Heinrich, B., “Die Strafbarkeit des Strafverteidiges wegen Geldwäsche durch Annahme des Honorars nach südafrikanischem und deutschen Recht, en Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 126, nº 2, 2014, p. 394.

(39) Birindelli, G./Ferretti, P./Torre, M. LA, “Anti-money laundering in italian banks”, en British Journal of Economics, Management & Trade, vol. 4, nº 6, 2014, p. 842.

(40) Vid. Levin, D./Stewart, N., “Whither the rule of lenity”, en The Journal of the Federalist Society’s Practice Groups, vol. 10, 2009, pp. 42-47.

(41) Cfr. Bennet, C.M./Turner, C.D., op. cit., pp. VII-IX.

(42) Vid. Dickinson, L.A., “Revisiting the merger problem in money laundering prosecutions post-Santos and the Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009, en Notre Dame Journal of Law, nº 28, 2014, pp. 579-604.

(43) Vid. Reidy, J., “The problem of proceeds in the era of FERA”, en American Journal of Criminal Law, vol. 37, nº 3, 2010, pp. 317-329.

(44) Vid. Doyle, C., op. cit., pp. 3, 5, 6, 69, 71 y notas 2 y 31.

(45) Cfr. Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., p. 299.

(46) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 167.

(47) Cfr. Terradillos Basoco, J. M., Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal. Tomo IV. Derecho penal. Parte especial (Derecho penal económico), Iustel, Madrid, 2012, p. 163.

(48) Cfr. Muñoz Conde, F., Derecho penal. Parte especial, 18ª ed., revisada y puesta al día, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 549.

(49) Cfr. Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 72.

(50) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 167.

(51) Cfr. Faraldo Cabana, P., “El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010”, en Revista de Inteligencia, nº 0, 1er trimestre de 2012, p. 31.

(52) STS nº 978/2012, antecedente primero y segunda sentencia, en Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, nº 1, 2014.

(53) Bermejo, M.G./Agustina Sanllehí, J. R., “El delito de blanqueo de capitales”, en Silva Sánchez, J. M. (dir.), El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma, La Ley, Madrid, 2012, p. 441.

(54) Lombardero Expósito, L. M., Blanqueo de capitales. Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria, Bosch, Barcelona, 2009, pp. 30 y 31.

(55) Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Espasa Calpe, Madrid, 2001, vigésima segunda edición, voz “dinero”, segunda acepción; Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española, Espasa Calpe, Madrid, 2006, voz “dinero”, segunda acepción.

(56) Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 2007, 3ª ed., voz “dinero”.

(57) Vid. Cesoni, M.L./Vandermeersch, D., “La lutte contre la blanchiment en Belgique, en Cesoni, M. L., op. cit., pp. 139-281.

(58) Vid. Binet-Grosclaude, A./Tricot, J., “La lutte contre le blanchiment en France, sous la supervision de Giudicelli-Delage, G., en Cesoni, M. L., op. cit., pp. 349-424.

(59) Cfr. Arzt G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 9.

(60) Cfr. Martino, A. Di, “La lutte contre le blanchiment en Italie”, traducido al francés por Maria Luisa Cesoni, en La misma autora, op. cit., p. 425.

(61) Cfr. Cassani, U./Pavlidis, G., “La lutte contre le blanchiment en Suisse”, en Cesoni, M. L., op. cit., p. 285.

(62) RUß, W., “Kommentar zum § 261 StGB”, en StGB Leipziger Kommentar. Großkommentar, Walter de Gruyter, Berlin, 1994, 11. neubearbeitete Auflage, p. 325, marginal 7, traducido al castellano por Miguel Abel Souto bajo el título “Comentario al parágrafo 261 del Código penal alemán: el blanqueo de dinero”, en Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 6, nº 1, 1997, p. 183, marginal 7.

(63) Cfr. Arzt, G., “Geldwäsche und rechtsstaatlicher Verfall”, en Juristen Zeitung, 1993, p. 913; Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 12; Bottke, W., “Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche”, Teil 1, en Wistra, nº 3, 1995, p. 90; Cebulla, M., “Gegenstand der Geldwäsche”, en Wistra, nº 8, 1999, p. 286; Häcker, J., en Müller-Gugenberger, C./Bieneck, K. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht. Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeitenrechts, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2006, 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, §51, p. 1486, marginal 26; Helmers, G., “Zum Tatbestand der Geldwäsche (§261 StGB): Beispiel einer rechtsprinzipiell verfehlten Strafgesetzgebung, en Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 2009, nº 3, p. 511; Hetzer, W., “Der Geruch des Geldes - Ziel, Inhalt und Wirkung der Gesetze gegen Geldwäsche”, en Neue Juristische Wochenschrift, 1993, p. 3299; Knorz, J., Der Unrechtsgehalt des §261 StGB, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, p. 31; Körner, H.H./Dach, E., Geldwäsche. Ein Leitfaden zum geltenden Recht, Verlag C.H. Beck, München, 1994, p. 15, marginal12; Lackner, K./Kühl, K., Strafgesetzbuch Kommentar, Verlag C.H. Beck, München, 2007, 26. Auflage, § 261, p. 1134, marginal 3; Rengier, R., Strafrecht. Besonderer Teil I. Vermögensdelikte, Verlag C.H. Beck, München, 2008, 10. Auflage, p. 362, marginal 6; Stree, W., en Schönke, A./Schröder, H./Cramer, P./Lenckner, T./Eser, A./Stree, W./Eisele, J./Heine, G./Perron, W./Sternberg-Lieben, D./Schittenhelm, U., Strafgesetzbuch Kommentar, Verlag C.H. Beck, München, 2006, 27. neu bearbeitete Auflage, § 261, p. 2168, marginal 3; Tröndle, H./Fischer, T., Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Verlag C.H. Beck, München, 2010, 57. Auflage, § 261, p. 1754, marginal 6.

(64) Cfr. American jurisprudence, second edition, 2014 cumulative supplement, cit., §59, p. 49; Doyle, C., op. cit., pp. 5, 9, 10, 11, 14 y 74, nota 58; Strader, J.K., op. cit., pp. 296, 300 y 310-312; United States code annotated, 2014 cumulative annual pocket part, cit., pp. 98 y 99; United States code service, 2010, cit., pp. 494-498.

(65) Sobre la cuestión terminológica vid. el primer capítulo de la monografía Abel Souto, M., El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales, Servicio de publicacións e intercambio científico, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 2002, pp. 23-40 y 270.

(66) Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Avance de la vigésima tercera edición, voz “blanqueo”, en http://www.lema.rae.es/drae/?vol=blanqueo, marzo de 2014, vigésimotercera edición, edición del tricentenario, Espasa Libros, Barcelona, octubre de 2014.

(67) Cfr. STS nº 1283/2011, RJ\2012\1806, en www.westlaw.es (febrero del 2015).

(68) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., pp. 282 y 288.

(69) Cfr. Rebollo Vargas, R., en Álvarez García, F.J. (dir.), Derecho penal español. Parte especial (II), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 773.

(70) Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, en Álvarez García, F. J./González Cussac, J. L. (dirs.), Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 340; De la misma autora, “Ganancias criminales…”, cit., p. 664; De la misma autora, “Prevención y sanción…”, cit., p. 375.

(71) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 282.

(72) Cfr. Fernández Teruelo, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales. Los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas”, en Diario La Ley, nº 7657, 22 de junio de 2011, p. 6; Del mismo autor, “Blanqueo de capitales”, en Ortiz De Urbina Gimeno, I. (coord.), Memento experto Francis Lefebvre. Reforma penal. Ley orgánica 5/2010, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2010, pp. 318, 319 y 324, marginales 2934, 2936 y 2968.

(73) Cfr. Serrano Gómez, A./Serrano Maíllo, A., Derecho penal. Parte especial, 16ª ed., Dykinson, Madrid, 2011, p. 562; Silvente Ortega, J., op. cit., pp. 114 y 449.

(74) Muñoz Conde, F., Derecho penal…, cit., p. 557.

(75) Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 666; De la misma autora, “Prevención y sanción…”, cit., p. 376.

(76) Moreno Alcázar, M. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, en Boix Reig, J. (dir.), Derecho penal. Parte especial. Volumen II. Delitos contra las relaciones familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, Iustel, Madrid, 2012, p. 689.

(77) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168.

(78) Faraldo Cabana, P., “El blanqueo…”, cit., p. 31; De la misma autora, “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIV, 2014, p. 54.

(79) Cfr. Flores Mendoza, F., “La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica”, en Cuadernos de Política Criminal, nº 2, 2013, pp. 180 y 181; Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 228; Regis Prado, L., “El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el Derecho brasileño. (Ley 12.683/2012)”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 10, 2013, p. 395.

(80) Así también vid. Díaz-Maroto y Villarejo, J., Estudios sobre las reformas del Código penal. (Operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero), Civitas/Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 466.

(81) Cfr. Terradillos Basoco, J. M., Lecciones…, cit., p. 166.

(82) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 228 y 229, nota 15.

(83) Anteproyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre, del Código penal, aprobado en el consejo de ministros de 14 de noviembre de 2008, en Diego Díaz-Santos, M. R./Matellanes Rodríguez, N. P./Fabián Caparrós, E. A. (compiladores), XXI Congreso universitario de alumnos de Derecho penal, Ratio legis, Salamanca, 2009, p. 27.

(84) Cfr. Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Receptación y blanqueo…”, cit., p. 340; De la misma autora, “Ganancias criminales…”, cit., p. 665; De la misma autora, “Prevención y sanción…”, cit., p. 376; Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 485; Del mismo autor, Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 601.

(85) Vid. Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, aprobado en su sesión de 4 de febrero de 2009, en Diego Díaz-Santos, M. R./Matellanes Rodríguez, N.P./Fabián Caparrós, E. A., op. cit., p. 198.

(86) Cfr. Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168; Martell Pérez-Alcalde, C., “El delito de blanqueo de capitales”, en Revista Jurídica de Catalunya, nº 4, 2011, p. 159.

(87) Queralt Jiménez, J. J., Derecho penal español. Parte especial, 6ª ed. revisada y actualizada, Atelier, Barcelona, 2010, p. 1295.

(88) Cfr. Mestre Delgado, E., en Lamarca Pérez, C. (coord.), Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal, Colex, Madrid, 2012, p. 477; Del mismo autor, en Lamarca Pérez, C. (coord.), Delitos y faltas. La parte especial del Derecho Penal, 2ª ed., Colex, Madrid, 2013, p. 447.

(89) Cfr. Vives Antón, T. S./González Cussac, J. L., en Orts Berenguer, E./Carbonell Mateu, J. C./González Cussac, J. L./Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal. Parte especial, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, CD, 6.5.1.1.

(90) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 229.

(91) Vid. STS nº 811/2012, RJ\2012\11067, fundamentos de derecho vigésimo primero y vigésimo segundo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(92) Vid. STS nº 857/2012, RJ\2012\11325, fundamento de derecho segundo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(93) Vid. STS nº 974/2012, RJ\2013\217, fundamentos de derecho vigésimo octavo y trigésimo séptimo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(94) Cfr. Díaz-Maroto y Villarejo, J., en Molina Fernández, F. (coord.), Memento práctico Francis Lefebvre, Penal 2011, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2010, p. 1131, marginal 12400; Del mismo autor, Estudios…, cit., pp. 455, 456, 469 y 470; Faraldo Cabana, P., “Antes y después…”, cit., p. 55; Fernández Teruelo, J. G., “El nuevo…”, cit., p. 7; Gallego Soler, J. I., en Corcoy Bidasolo, M./Mir Puig, S. (dirs.), Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 665; González Rus, J. J., en Morillas Cueva, L., (coord.), Sistema de Derecho penal español. Parte especial, Dykinson, Madrid, 2011, p. 640; Manzanares Samaniego, J. L., Código Penal. (Adaptado a la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio). (Comentarios y jurisprudencia), II, Parte especial. (Artículos 138 a 639), Comares, Granada, 2010, pp. 726 y 727; Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa, coordinación de la obra a cargo de Puente Aba, L. M., resumen y actualización de la lección relativa al blanqueo por Faraldo Cabana, P., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 255; Moreno Alcázar, M. A., op. cit., p. 689; Martell Pérez-Alcalde, C., op. cit., p. 159; Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., pp. 71, 95 y 96; Rebollo Vargas, R., en Álvarez García, F.J., op. cit., p. 779; Del mismo autor, “La deslegitimación…”, cit., p. 215; Del mismo autor, “Limitaciones…”, cit., p. 146; Serrano Gómez, A./Serrano Maíllo, A., op. cit., p. 564.

(95) Vid. Abel Souto, M., “La expansión…”, cit., pp. 12 y 13; Del mismo autor, “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., II congreso…, cit., pp. 72 y 73 y bibliografía allí citada.

(96) Cfr. STS nº 578/2012, RJ\2012\9057, fundamentos de derecho noveno, décimo y undécimo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(97) Cfr. Hurtado Adrián, A., “Blanqueo de capitales. (Art. 301.1)”, en Juanes Peces, A. (dir.), Reforma del Código penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley orgánica 5/2010 de 22 de junio. Situación jurídico-penal del empresario, El Derecho, Madrid, 2010, p. 253.

(98) STS nº 190/2012, RJ\2012\5307, fundamento de derecho cuarto, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(99) Cfr. Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168.

(100) Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., p. 1089.

(101) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 288.

(102) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 5, 11, 13, 15, 16, 22, 70, nota 17, 75, nota 75 y 83, nota 170; Strader, J. K., op. cit., pp. 297 y 300; United States code annotated, 2014 cumulative annual pocket part, cit., p. 113; United States code service, 2010, cit., pp. 493, 494, 586 y 587.

(103) Cfr. Ambos, K., Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht. Völkerstrafrecht. Europäische Strafrecht, 2. Auflage, Beck, München, 2008, p. 436, marginal 32a.

(104) Cfr. Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Receptación y blanqueo…”, cit., pp. 341 y 342; De la misma autora, “Ganancias criminales…”, cit., pp. 666 y 667; De la misma autora, “Prevención y sanción…”, cit., pp. 376 y 377; Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 486, 4ª ed., cit., p. 602; Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., pp. 61, 69, 83, 84 y nota 47.

(105) Castro Moreno, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del Anteproyecto de 2008”, en Diario La Ley, nº 7277, 5 de noviembre de 2009, p. 4.

(106) Cfr. Carpio Delgado, J. Del, “Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo. Especial referencia a la reforma del artículo 301.1 del Código Penal”, en Revista Penal, nº 28, julio de 2011, p. 16.

(107) Cfr. Vogel, J., “Geldwäsche – eine europaweit harmonisierter Straftatbestand?”, en Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft, nº 2, 1997, p. 340.

(108) Vid. Abel Souto, M., El blanqueo de dinero…, cit., pp. 91, 92, 95, 165-169, 245 y 246; Del mismo autor, “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, en El mismo autor/Sánchez Stewart, N. (coords.), I congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 213, 233, 234 y 326; Díez Ripollés, J. L., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, en Actualidad Penal, nº 32, 1994, pp. 603 y 604, para el anterior código penal, también en el mismo autor, Política criminal y Derecho penal —Estudios—, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 905 y 906; González Rus, J. J., en Cobo del Rosal, M. (dir.), Compendio de Derecho penal español. Parte especial, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2000, p. 536; Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., pp. 491 y 492, 4ª ed., cit., pp. 608-610; Del mismo autor, “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, en García Arán, M. (dir.), El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp. 233 y 234; Quintero Olivares, G., Comentarios a la parte especial del Derecho penal, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 708; Del mismo autor, Comentarios a la parte especial del Derecho penal, 8ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 945.

(109) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 228, nota 15; Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 97.

(110) Vid. Manacorda, S., “La réglementation du blanchiment de capitaux en droit international: les coordonnées du système”, en Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, nº 2, 1999, p. 258.

(111) Vid. Espinosa Infante, J. M., La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, Dykinson, Madrid, 2012; Peláez Martos, J. M., Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ciss/Wolters Kluwer España, Valencia, 2012; Pena Beiroa, J. A., Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales. (Abogados, auditores y economistas), Andavira, Santiago, 2012.

(112) Cfr. García Noriega, A., Blanqueo y antiblanqueo de capitales. Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado, Difusión jurídica, Madrid, 2010, pp. 321, 371 y 372.

(113) Cfr. Peláez Martos, J. M., Blanqueo de capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley, Wolters Kluwer, Madrid, 2010, p. 29.

(114) Vid. Real Decreto 304 del 2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10 del 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, BOE de 6 de mayo; Aparicio Díaz, L., “Notas sobre el nuevo reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, en Diario La Ley, nº 8337, 20 de junio de 2014, pp. 1-6; Martínez-Carande Corral, J. L., “La conservación de documentos en el nuevo reglamento de prevención del blanqueo de capitales. El artículo 29 del Real Decreto 304 del 2014, una puerta al caos documental”, en Diario La Ley, nº 8354, 15 de julio de 2014, pp. 1-6.

(115) Ley 10 del 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, BOE de 29 de abril, artículo 1.2.

(116) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “Prólogo”, en Abel Souto, M., El blanqueo de dinero…, cit., p. 18.

(117) Vid. Grupo de Estudios de Política Criminal, “Principios de reforma de la normativa administrativa de prevención del blanqueo”, en Una regulación alternativa contra la corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas, Gráficas Luis Mahave, Málaga, 2010, pp. 62 y 63.

(118) Vid. Edge, K. R., “Bank on it: money laundering. It’s a dirty business, en Tennessee Bar Journal, vol. 49, 2013, pp. 27-29; Gordon, R. K., “Losing the war against dirty money: rethinking global standards on preventing money laundering and terrorism financing, en Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 21, nº 3, 2011, pp. 503-565; Kleemans, E. R./Soudijn, M. R. J. /Weenink, A. W., “Organized crime, situational crime prevention and routine activity theory”, en Trends in Organized Crime, vol. 15, nº 2/3, 2012, pp. 87-92; Soudijn, M. R. J., “Removing excuses in money laundering”, en Trends in Organized Crime, vol. 15, nº 2/3, 2012, pp. 146-163.

(119) Sobre la tortuosa relación del Derecho penal y el administrativo en sede de blanqueo vid. Abel Souto, M., El blanqueo de dinero…, cit., pp. 241 y 242; Del mismo autor, “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo. Análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 20, octubre de 2005, pp. 24 y 25; Del mismo autor, El delito de blanqueo en el Código penal español, Bosch, Barcelona, 2005, pp. 240-246; Del mismo autor, Conductas típicas…”, cit., p. 203; Aránguez Sánchez, C., El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2000, p. 191; Fabián Caparrós, E. A., El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998, p. 387; Gómez Iniesta, D., en Arroyo Zapatero, L./Berdugo Gómez de la Torre, I./Ferré Olivé, J. C./García Rivas, N./Serrano Piedecasas, J. R./Terradillos Basoco, J. M. (dirs.), Comentarios al Código penal, Iustel, Madrid, 2007, p. 667; Palma Herrera, J. M., Los delitos de blanqueo de capitales, Edersa, Madrid, 2000, p. 335; Terradillos Basoco, J. M., “El delito de blanqueo de capitales en el Derecho español”, en Cervini, R./Cesano, J. D./Terradillos, J. M., El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo. Cuestiones dogmáticas y político-criminales. Un enfoque comparado: Argentina-Uruguay-España, Alveroni, Córdoba (República Argentina), 2008, p. 225, nota 31; Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., p. 54; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., pp. 9 y 10.

(120) Carpio Delgado, J. Del, “Principales aspectos…”, cit., p. 16.

(121) Vid. Savona, E. U., “Luci e ombre di un esperimento regionale. La Direttiva anti-riciclaggio dell’Unione europea”, en Corvese, C. G./Santoro, V. (a cura di), Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 93.

(122) Cfr. Aliaga Méndez, J. A., Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, Wolters Kluwer, Madrid, 2010, p. 13.

(123) Cfr. Silvente Ortega, J., op. cit., p. 353; Terradillos Basoco, J. M., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 240.

(124) Para una exclusión de las faltas por ausencia de afectación material del bien jurídico vid. Rebollo Vargas, R., en Álvarez García, F. J., op. cit., pp. 779 y 780; Del mismo autor, “La deslegitimación…”, cit., p. 219; Del mismo autor, “Limitaciones…”, cit., p. 150.

(125) Cfr. Fernández Teruelo, J. G., “Blanqueo…”, cit., p. 324, marginal 2968; Del mismo autor, “El nuevo…”, cit., p. 7; Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Receptación y blanqueo…”, cit., p. 341; Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 97.

(126) Cfr. Flick, G. M., “Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nº 4, 1992, p. 1293; Terradillos Basoco, J. M., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 261. Para un estudio criminológico sobre la eficacia de la normativa contra el blanqueo vid. Blanco Cordero, I., “Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica”, en Eguzkilore, nº 23, 2009, pp. 117-138.

(127) Cfr. Flick, G. M., “La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nº 4, 1990, 1264.

(128) Inicialmente el texto prelegislativo empleaba la más simple expresión “por él o por terceras personas”, cambiada al admitirse en el Congreso la enmienda 358 del Grupo parlamentario popular (BOCG, Congreso de los diputados, IX legislatura, serie A: proyectos de ley, 18 de marzo de 2010, nº 52-9, pp. 161 y 162) para evitar el infundado temor a que se exigiese que el blanqueador conociese al autor del delito previo (cfr. Berdugo Gómez de la Torre, I./Fabián Caparrós, E. A., “La ‘emancipación’ del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, en Diario La Ley, nº 7535, 27 de diciembre de 2010, p. 18, nota 57).

(129) Cfr. Martos Núñez, J. A., en Polaino Navarrete, M. (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial. Tomo II. Adaptadas a la Ley Orgánica 5 del 2010 de reforma del Código Penal, Tecnos, Madrid, 2011, p. 212.

(130) Fernández Teruelo, J. G., “El nuevo…”, cit., p. 5.

(131) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168; Manzanares Samaniego, J. L., op. cit., p. 726.

(132) Informe del Consejo Fiscal…, cit., p. 198.

(133) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 234.

(134) Cfr. Flores Mendoza, F., op. cit., p. 181.

(135) Cfr. Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 281.

(136) Cfr. Fernández Teruelo, J. G., “Blanqueo…”, cit., p. 319, marginal 2936.

(137) García Valdés, C./Mestre Delgado, E./Figueroa Navarro, C., Lecciones de Derecho penal. Parte especial. Adaptadas a la docencia del Plan Bolonia, Edisofer, Madrid, 2011, p. 172.

(138) Cfr. Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168; Gallego Soler, J. I., op. cit., p. 665.

(139) González Cussac, J. L./Vidales Rodríguez, C., “El nuevo delito de financiación del terrorismo: consideraciones acerca de su necesidad y conveniencia”, en González Cussac, J. L. (dir.), Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 195, nota 22.

(140) Faraldo Cabana, P., “La prevención…”, cit., p. 425, nota 8.

(141) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 106.

(142) Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., p. 1090.

(143) González Cussac, J. L./Vidales Rodríguez, C., op. cit., loc. cit.

(144) Cfr. Matallín Evangelio, A., “El ‘autoblanqueo’…”, cit., p. 18.

(145) Cfr. Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 676.

(146) Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 494, 4ª ed., cit., p. 612.

(147) Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., p. 454.

(148) Zaragoza Aguado, J. A., en Gómez Tomillo, M. (dir.), Comentarios al Código penal, Lex nova, Valladolid, 2010, p. 1164.

(149) Carpio Delgado, J. Del, “Principales aspectos…”, cit., p. 19.

(150) González Rus, J. J., en Morillas Cueva, L., Sistema de Derecho penal…, cit., p. 637.

(151) Faraldo Cabana, P., “Antes y después…”, cit., p. 55.

(152) Cfr. Informe del Consejo Fiscal…, cit., p. 198.

(153) Cfr. Gómez Rivero, M. C., Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte especial. (Adaptado al EEES), Tecnos, Madrid, 2010, p. 540.

(154) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 283.

(155) Vid. Abel Souto, M., “La expansión…”, cit., pp. 15 y 16; Del mismo autor, “La reforma…”, cit., pp. 78-80, con cita de diversas sentencias del alto tribunal.

(156) STS nº 646/2012, JUR\2012\262611, fundamento de derecho segundo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(157) Ibíd.

(158) STS nº 974/2012, cit., fundamento de derecho vigésimo octavo.

(159) Cfr. STS nº 676/2012, RJ\2012\9445, fundamento de derecho tercero, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(160) Ibíd.

(161) Díaz-Maroto y Villarejo, J., Estudios…, cit., p. 467; Juanes Peces, A., “Principios inspiradores de la reforma del Código penal operada en virtud de la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio”, en El mismo autor, op. cit., p. 60.

(162) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168.

(163) Vid. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 451 y 458; Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., pp. 282-288; Matallín Evangelio, A., op. cit., pp. 19-44; Vidales Rodríguez, C., El delito de tráfico de drogas en la legislación penal costarricense. Su adecuación a la normativa internacional, Center for the Administration of Justice, Florida International University, Miami, 2012, pp. 40-43; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., pp. 17-19.

(164) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 284.

(165) Ibíd.

(166) Cfr. Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginales 30 y 31.

(167) Cfr. Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 87.

(168) Orts Berenguer, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., p. 255.

(169) Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 493, 4ª ed., cit., p. 611.

(170) Gallego Soler, J. I., op. cit., p. 666.

(171) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 166.

(172) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 289.

(173) Quintero Olivares, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 8 de marzo de 2010, p. 13; Del mismo autor, “La reforma del comiso (art. 129)”, en Quintero Olivares, G. (dir.), La reforma penal de 2010: análisis y comentarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, p. 109.

(174) Vid. Castro Moreno, A., “Reflexiones…”, cit., pp. 1 y 4; Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 224 y 225, nota 5; Silvente Ortega, J., op. cit., pp. 357 y 451.

(175) Matallín Evangelio, A., El ‘autoblanqueo’…”, cit., p. 24, nota 79.

(176) Cfr. Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Receptación y blanqueo…”, cit., p. 340; De la misma autora, “Ganancias criminales…”, cit., pp. 664 y 671.

(177) González Rus, J. J., en Morillas Cueva, L., Sistema de Derecho penal…, cit., p. 641.

(178) Quintero Olivares, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo…”, cit., p. 13; Del mismo autor, “La reforma del comiso”, cit., p. 109.

(179) Ibíd.

(180) Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., p. 1089.

(181) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168.

(182) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 458 y 460.

(183) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 290.

(184) Ibíd.

(185) Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., p. 1091.

(186) Cfr. Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 169.

(187) Cfr. Andrade Otero, M., “Blanqueo de capitales y secreto profesional: ¿conciliación posible?”, en Carretero González, C./Montalvo Jääskeläinen, F. De (dirs.), Retos de la abogacía ante la sociedad global, Civitas/Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 1542 y 1543; Carpio Delgado, J. Del, “Principales aspectos…”, cit., pp. 26 y 27; Conde Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., p. 1091; Corcoy Bidasolo, M., op. cit., pp. 168 y 169; Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 677; De la misma autora, “Prevención y sanción…”, cit., pp. 379 y 380; Martell Pérez-Alcalde, C., op. cit., p. 160; Martínez Francisco, M. N., “El impacto de la reforma del Código penal del delito de blanqueo de capitales y la Ley 10/2010, de 28 de abril en el ejercicio de la abogacía”, en Carretero González, C./Montalvo Jääskeläinen, F. De, op. cit., p. 1565; Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., pp. 493 y 494, 4ª ed., cit., pp. 611 y 612; Matallín Evangelio, A., El ‘autoblanqueo’…”, cit., pp. 18, 20, 23, 24, 28, nota 94, 29, 34 y 36-38; Orts Berenguer, E., op. cit., p. 255; Rebollo Vargas, R., en Álvarez García, F. J., op. cit., p. 775; Del mismo autor, “La deslegitimación…, cit., p. 211; Del mismo autor, “Limitaciones…, cit., p. 143; Serrano Gómez, A./Serrano Maíllo, A., op. cit., p. 563; Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., p. 60; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., p. 17.

(188) González Rus, J. J.,en Morillas Cueva, L., Sistema de Derecho penal…, cit., p. 641.

(189) Cfr. Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 168; Gallego Soler, J.I., op. cit., p. 665.

(190) Cfr. Quintero Olivares, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo…”, cit., p. 20; Del mismo autor, “La reforma del comiso”, cit., p. 110.

(191) Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, aprobado en su sesión de 18 de febrero del 2009, en Diego Díaz-Santos, M. R./Matellanes Rodríguez, N. P./Fabián Caparrós, E. A., op. cit., p. 104.

(192) En contra vid. Castro Moreno, A., “Reflexiones…”, cit., p. 5.

(193) Informe del Consejo General del Poder Judicial…, cit., p. 104; Fernández Teruelo, J. G., “Blanqueo…”, cit., p. 322, marginal 2954; Del mismo autor, “El nuevo…”, cit., p. 6.

(194) Cfr. Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 290.

(195) Ibíd.

(196) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 225.

(197) Matallín Evangelio, A., “El ‘autoblanqueo’…”, cit., p. 29.

(198) Cfr. Bricchetti, R., “Riciclaggio e auto-riciclaggio”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nº 2, 2014, pp. 684 y 694.

(199) Corcoy Bidasolo, M., op. cit., p. 169.

(200) Ibíd.

(201) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 290.

(202) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 107.

(203) Cfr. Díaz-Maroto y Villarejo, J., Estudios…, cit., pp. 461 y 462, nota 27.

(204) Vid. Abel Souto, M., “La expansión…”, cit., pp. 17-27; Del mismo autor, “La reforma…”, cit., pp. 81-98.

(205) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 454, 457 y 460.

(206) Cfr. Faraldo Cabana, P., “El blanqueo…”, cit., p. 31.

(207) Vid. Abel Souto, M., El blanqueo de dinero…, cit., pp. 97, 98, 100, 170, 247 y 258; Del mismo autor, El delito de blanqueo…, cit., pp. 107 y 108; Del mismo autor, “Conductas típicas…”, cit., pp. 193 y 194, con ulteriores indicaciones bibliográficas; Del mismo autor, “La expansión…”, cit., pp. 17-19; Del mismo autor, “La reforma…”, cit., pp. 82-85.

(208) Instrumento de ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, BOE de 29 de septiembre de 2003, artículo 6.1.b, inciso inicial.

(209) Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., p. 49; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., p. 6.

(210) Cfr. Muñoz Conde, F., Derecho penal…, cit., pp. 554 y 556.

(211) Cfr. Queralt Jiménez, J. J., Derecho penal…, cit., p. 1294.

(212) Robles Planas, R./Pastor Muñoz, N., en Silva Sánchez, J. M. (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 3ª ed. adaptada a la Ley Orgánica 5/2010 de reforma del Código penal, Atelier, Barcelona, 2011, p. 271.

(213) Vid. Faraldo Cabana, P., “Antes y después…”, cit., pp. 62, 63, 66 y 67, notas 44 y 48, que sorprendentemente califica su posición de doctrina mayoritaria, lo cual ni siquiera era cierto antes de la reforma de 22 de junio de 2010 (vid. Abel Souto, M., “Conductas típicas…”, cit., pp. 177-179, notas 15 y 16), pero más asombra que tal afirmación la apoye en menos citas bibliográficas a favor de su opinión, entre las que además únicamente figura una posterior a la Ley Orgánica 5 del 2010, que las referencias doctrinales más abundantes y actualizadas que recoge en contra de su posición.

(214) Vid. Terradillos Basoco, J.M., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 237.

(215) Cfr. Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 289.

(216) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 224.

(217) Cfr. Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 80.

(218) Vid. Abel Souto, M., El delito de blanqueo…, cit., pp. 93-102, 290 y 291; Del mismo autor, “Conductas típicas…”, cit., pp. 177-187 y 325. Así también, recientemente, vid. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 448 y 452; Blanco Cordero, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 13-01, 2011, p. 42; Del mismo autor, El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Cizur Menor, 3ª ed., 2012, p. 437; Cardona Torres, J., Derecho penal. Parte especial. Adaptado a la reforma de la Ley Orgánica 5 del 2010, de 22 de junio, Bosch, Barcelona, 2010, p. 335; Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., pp. 1090-1093; Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., pp. 289 y 290; González Rus, J. J., en Morillas Cueva, L., Sistema de Derecho penal…, cit., pp. 638 y 639; Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 224 y notas 3 y 4; Manso Porto, T., “El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado”, en Estudios Penales y Criminológicos, nº XXXI, 2011, pp. 323 y 324; Matallín Evangelio, A., “El ‘autoblanqueo’…”, cit., pp. 19 y 20; Moreno Alcázar, M. A., op. cit., p. 688; Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., pp. 79 y 80; Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos. (Puesta al día y análisis de reflexiones doctrinales), en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., p. 274; Robles Planas, R./Pastor Muñoz, N., op. cit., p. 271; Rebollo Vargas, R., en Álvarez García, F.J., op. cit., pp. 780, 781 y 783; Del mismo autor, “La deslegitimación…”, cit., p. 210; Del mismo autor, “Limitaciones…”, cit., p. 141; Terradillos Basoco, J. M., Lecciones…, cit., p. 168; Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., pp. 56-62; De la misma autora, El delito de tráfico de drogas…, cit., p. 33 y nota 44; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., pp. 11-13.

(219) Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 490, 4ª ed., cit., p. 607.

(220) Ibíd.

(221) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 289.

(222) Ibíd.

(223) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 80.

(224) Cfr. Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., pp. 56-58; De la misma autora, El delito de tráfico de drogas…, cit., p. 34; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., pp. 12 y 13.

(225) Orts Berenguer, E., op. cit., p. 253.

(226) Ibíd.

(227) Vid. STS nº 120/2013, RJ\2013\2026, fundamentos de derecho sexto y octavo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(228) Vid. STS nº 811/2012, cit., fundamento de derecho décimo sexto.

(229) Vid. STS nº 190/2012, cit., fundamento de derecho cuarto.

(230) Cfr. STS nº 476/2012, RJ\2012\6942, fundamento de derecho séptimo, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(231) Vid. STS nº 974/2012, cit., fundamentos de derecho octavo, undécimo, duodécimo y vigésimo séptimo.

(232) Vid. STS nº 138/2013, antecedentes segundo y tercero, fundamento de derecho décimo, en Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, nº 1, 2014.

(233) Vid. Abel Souto, M., El delito de blanqueo…, cit., pp. 106, 107 y 291; Del mismo autor, “Conductas típicas…”, cit., pp. 192, 193 y 325; Aránguez Sánchez, C., op. cit., p. 225; Jordana De Pozas Gonzálbez, L., en Conde-Pumpido Ferreiro, C. (dir.), Código penal. Doctrina y jurisprudencia, Trivium, Madrid, 1997, Tomo II, pp. 3086 y 3087; Martínez Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 490, 4ª ed., cit., pp. 607 y 608; Del mismo autor, “La dimensión internacional…”, cit., p. 232; Terradillos Basoco, J.M., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 234.

(234) Cfr. Molina Mansilla, M. C., “Análisis de la nueva doctrina jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de dinero”, en La Ley Penal. Revista de Derecho penal, Procesal y Penitenciario, nº 45, enero de 2008, p. 107.

(235) Cfr. STS nº 557/2012, RJ\2012\7078, fundamentos de derecho primero y tercero, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(236) Cfr. STS nº 857/2012, cit., fundamentos de derecho quinto, décimo tercero, décimo quinto y vigésimo primero.

(237) STS nº 138/2013, cit., fundamento de derecho primero.

(238) STS nº 138/2013, cit., fundamento de derecho noveno.

(239) Vid. STS nº 974/2012, cit., fundamento de derecho vigésimo sexto.

(240) Vid. STS nº 997/2012, RJ\2013\2498, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(241) Vid. Abel Souto, M., “La reforma penal española de 2010 sobre el blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, en El mismo autor/Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., pp. 161-221; Abel Souto, M., “Money laundering, new technologies, FATF and Spanish penal reform”, en Journal of Money Laundering Control, vol. 16, nº 3, 2013, pp. 266-284; Bryans, D., “Bitcoin and money laundering: mining for and effective solution, en Indiana Law Journal, vol. 89, nº 1, 2014, pp. 441-472; Chambers, C., “Can you ever regulate the virtual world against economic crime?, en Journal of International Commercial Law and Technology, vol. 7, nº 4, 2012, pp. 329-349; Dumitrache, A.-A./Boroi, A./Pusca, F./Pocora, M./Chirila, A.D., “Recent tehnological tendencies of money laundering, en Annals of DAAAM, vol. 22, nº 1, 2011, pp. 961 y 962; Evans-Pughe, C./Novikov, A./Vitalien, V., “To bit or not to bit, en Engineering & Technology, vol. 9, nº 4, 2014, pp. 82-85; Flores Mendoza, F., op. cit., pp. 155-187; Gainsbury, S., Internet gambling. Current research findings and implications, Springer, New York/Dordrecht/Heidelberg/London, 2012; Mallada Fernández, C., “El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales”, en Revista Penal, nº 31, enero de 2013, pp. 161-170; Ramage, S., “Information technology facilitating money laundering, en Information & Communications Technology Law, vol. 21, nº 3, 2012, pp. 269-282; Ryder, N./Reid, A.S., “E-crime, en Information & Communications Technology Law, vol. 21, nº 3, 2012, pp. 203-206; Stokes, R., “Virtual money laundering: the case of bitcoin and the linden dollar, en Information & Communications Technology Law, vol. 21, nº 3, 2012, pp. 221-236; Vlcek, W., “Global anti-money laundering standards and developing economies: the regulation of mobile money, en Development Policy Review, vol. 29, nº 4, 2011, pp. 415-431.

(242) Vid. STS nº 978/2012, en Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, nº 1, 2014.

(243) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 2, 3, 13, 23-27 y 76, notas 91 y 92.

(244) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 27-29 y 87, notas 229 y 230, que en pp. 29, 38, 87-89 y notas 231-247 se refiere al delito del artículo 5324, el cual castiga el fraccionamiento de una operación en varias para evitar la notificación de importaciones o exportaciones de dinero superiores a 10.000 dólares. Sobre el denominado structuring vid. recientemente American jurisprudence, second edition, 2014 cumulative supplement, cit., §67, pp. 51 y 52.

(245) Cfr. Popgor, E.S./Clark, R.S., Understanding international criminal law, 3ª ed., Lexis Nexis, New Providence/San Francisco, 2013, p. 78.

(246) En realidad la denominación se debe a un acrónimo: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism o Unión y fortalecimiento de América por la proporción de instrumentos adecuados necesarios para vigilar e impedir el terrorismo.

(247) Cfr. Strader, J.K., op. cit., p. 312.

(248) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 30 y 89-91, notas 249-255.

(249) Sánchez Stewart, N., “Los abogados estamos en desventaja respecto a otros sujetos obligados en la Ley Antiblanqueo”, en http://www.expansion.com/2010/11/23/juridico/1290544872.html, p. 2. En el mismo sentido vid. Silvente Ortega, J., op. cit., pp. 359 y 360.

(250) Cfr. Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 694.

(251) Vidales Rodríguez, C., “Blanqueo…”, cit., p. 14; De la misma autora, “La posesión y utilización…”, cit., p. 58, que igualmente alude en esta última obra a los principios de ofensividad e intervención mínima y excluye los hechos de escasa trascendencia.

(252) Así también vid. Díaz-Maroto y Villarejo, J., Estudios…, cit., pp. 464 y 465.

(253) Cfr. Fernández Teruelo, J.G., “Blanqueo…”, cit., pp. 322 y 323, marginal 2958.

(254) Cfr. STS nº 974/2012, cit., fundamento de derecho vigésimo séptimo.

(255) Cassella, S.D., “The forfeiture of property involved in money laundering offenses”, en Buffalo Criminal Law Review, vol. 7, nº 2, 2004, p. 614.

(256) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 3, 21, 22, 81-83, notas 160, 161, 164, 165, 167 y 170.

(257) Cfr. Moreno Alcázar, M. A., op. cit., p. 689.

(258) Orts Berenguer, E., op. cit., p. 253.

(259) Cfr. Molina Mansilla, M. C./Molina Mansilla, L., El blanqueo de dinero, Bosch, Barcelona, 2008, p. 23.

(260) Vid., críticamente Lampe, E.-J., “Der neue Tatbestand der Geldwäsche (§261 StGB), en Juristen Zeitung, nº 3, 1994, traducido al castellano por Miguel Abel Souto y José Manuel Pérez Pena, bajo el título “El nuevo tipo penal del blanqueo de dinero (§261 StGB)”, en Estudios Penales y Criminológicos, nº XX, 1997, p. 130.

(261) Vogel, J., op. cit., p. 356.

(262) Cfr. Lorenzo Salgado, J.M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 224 y 225.

(263) Bottke, W., “Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania”, traducido al castellano por Soledad Arroyo Alfonso y Teresa Aguado Correa, en Revista Penal, nº 2, 1998, p. 11.

(264) Cfr. Aránguez Sánchez, C., op. cit., pp. 184, 185 y 248; Palma Herrera, J. M., op. cit., pp. 350 y 351; Ragués I Vallès, R., “Lavado de activos y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de lavado”, en Roxin, C., Homenaje. Nuevas formulaciones en las Ciencias penales, Lerner, Universidad Nacional de Córdoba, 2001, p. 625; Terradillos Basoco, J.M., “El delito de blanqueo…”, cit., pp. 240 y 263.

(265) Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 481, 4ª ed., cit., p. 596; Del mismo autor, “La dimensión internacional…”, cit., p. 220, nota 87.

(266) Cfr. Strader, J.K., op. cit., pp. 311 y 312.

(267) Cfr. United States code service, cumulative supplement, 2014, cit., p. 38.

(268) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 18, 19, 23 y 84, nota 183.

(269) Cfr. Aránguez Sánchez, C., op. cit., pp. 184, 247 y 248.

(270) Cfr. Lampe, E. J., op. cit., pp. 131 y 132.

(271) Barton, S., “Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche (§261StGB)”, en Strafverteidiger, nº 3, 1993, p. 161.

(272) Cfr. Blanco Cordero, I., “Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo L, fascículo único, enero-diciembre 1997, p. 272.

(273) Bottke, W., “Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche”, en Wistra, nº 4, 1995, p. 122.

(274) Cfr. Blanco Cordero, I., “Negocios socialmente adecuados…”, cit., p. 290.

(275) Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 24.

(276) Salditt, F., “Der Tatbestand der Geldwäsche“, en Strafverteidiger-Forum, 1992, p. 121.

(277) Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 23.

(278) Cassella, S.D., op. cit., p. 614; Doyle, C., op. cit., p. 81, nota 160.

(279) Barton, S., op. cit., p. 163.

(280) Sobre la defensa letrada, el blanqueo y la posible calificación de neutral respecto al cobro de honorarios vid. Ambos, K., “Annahme bemakelten Verteidigerhonorars als Geldwäsche? Einschränkungsversuche in Lichte des Völker- und ausländischen Rechts, en Juristen Zeitung, nº 2, 2002, pp. 70-82; American College of Trust and Estate Counsel, “Voluntary good practices guidance for lawyers to detect and combat money laundering and terrorist financing, en ACTEC Law Journal, nº 37, 2011, pp. 28-76; Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginales 48a y 49; Blanco Cordero, I., “Cobro de honorarios de origen delictivo y responsabilidad penal del abogado por el delito de blanqueo de capitales. La situación en Alemania tras la sentencia del Tribunal constitucional alemán de 30 de marzo de 2004 (BVerfG, Urteil v. 30.3.2004), en Revista General de Derecho Penal, nº 3, mayo de 2005 así como en Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense, 2005, pp. 13-48; Coca Vila, I., “El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis? Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012 (TEDH 12323/11). Caso Michaud contra Francia, en InDret. Revista para el análisis del Derecho, www.INDRET.COM, nº 4, 2013, pp. 1-28; Choclán Montalvo, J. A., “Blanqueo de capitales y retribución del abogado. El pago de honorarios con cargo al patrimonio presuntamente criminal”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 53, octubre de 2008, pp. 43-50; Faraldo Cabana, P., “Los autores del delito de blanqueo de bienes en el Código penal español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los abogados y asesores fiscales”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo LIX, 2006, pp. 135-179; Fernández, L./Heinrich, B., op. cit., pp. 382-445; Gómez-Jara Díez, C., “El criterio de los honorarios profesionales bona fides como barrera al abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales: un apunte introductorio”, en Bajo Fernández, M./Bacigalupo Saggese, S. (eds.), Política criminal y blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2009, pp. 207-224; Gotzens, M./Schneider, M. C., “Geldwäsche durch Annahme von Strafverteidigerhonoraren? ¾Rechtslage nach der Entscheidung BGH StR 513/00 vom 4. 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M., “Responsabilidad penal del asesor jurídico en especial en relación con el blanqueo de capitales”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., pp. 301-337; Macaluso, A., “Séquestre et confiscation des provisions et honoraires d’avocat: comment interpréter l’exigence jurisprudentielle de la persistance de la bonne foi au moment de la contre-prestation adéquate?, en Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, vol. 131, nº 1, 2013, pp. 28-55; MATT, H., “Geldwäsche durch Honorarannahme eines Strafverteidigers. Besprechung von BGH, Urteil vom 4.7.2001, 2 StR 513/00, en Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, nº 3, 2002, pp. 137-152; Pérez Manzano, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 53, octubre de 2008, pp. 5-32 y también, con alguna modificación, en Bajo Fernández, M./Bacigalupo Saggese, S., op. cit., pp. 169-206; De la misma autora, “Los derechos fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las conductas neutrales. La sentencia del Tribunal constitucional alemán de 30 de marzo de 2004”, en Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pp. 789-835; Robles Planas, R., “Riesgos penales del asesoramiento jurídico”, en Diario La Ley, nº 7015, 18 de septiembre de 2008, pp. 1-15; Sánchez-Vera Gómez Trelles, J., “Blanqueo de capitales y abogacía. Un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, en InDret. Revista para el análisis del Derecho, www.indret.com, nº 1, 2008, pp. 1-40; Shapiro, M., “The prevalence of international money laundering crimes and the best practices to avoid it, en International white collar enforcement. Leading lawyers on understanding cross-border regulations, developing client compliance programs, and responding to government investigations, Aspatore, reproducido por Westlaw Next, nº 271741, 2010, pp. 1-10; Sobol, A. J., “Staying on top of the issues: new developments for white collar lawyers and their clients, en Managing white collar legal issues, 2011 edition. Leading lawyers on understanding recent notable cases, establishing key defense strategies, and developing client relationships, Aspatore, reproducido por Westlaw Next, nº 5312568, 2010, pp. 1-18.

(281) Vid. A lawyer’s guide to detecting and preventing money laundering. A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the Council of Bars and Law Societies of Europe, October 2014, en http://www.ccbe.eu, pp. 1-56 (febrero de 2015); Financial Action Task Force report, Money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals, June 2013, en http://www.fatf-gafi.org, pp. 1-46 (febrero de 2015); Sánchez Stewart, N., La profesión de abogado, vols. 1 y 2, Difusión jurídica, Madrid, 2008; Del mismo autor, Obligaciones del abogado y efectos de su incumplimiento, NSS, Barcelona, 2009; Del mismo autor, Manual de deontología para abogados, La Ley, Madrid, 2012; Del mismo autor, Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico, con prólogo de Abel Souto, M., Editorial Ley 57, Málaga, 2014.

(282) STS nº 974/2012, cit., fundamento de derecho octavo.

(283) Ibíd.

(284) Cfr. Fernández Steinko, A., “Financial channels of money laundering in Spain, en The British Journal of Criminology. An International Review of Crime And Society, vol. 52, nº 5, septiembre de 2012, pp. 924-926.

(285) Vid. Mihu, S., “Tax havens and the money laundering phenomenon, en Journal of Academic Research in Economics, vol. 3, nº 3, 2011, pp. 608-618; Popa, G. D., “Tax havens and the terrorism”, en Constanta Maritime University Annals, vol. 14, nº 20, 2013, pp. 275-279.

(286) Faraldo Cabana, P., “La prevención…”, cit., p. 424.

(287) Cfr. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Memoria de información estadística 2010-2012, 2013, en http://www.mineco.gob.es /stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2013/131208_ESTADISTICAS_2010_2012prensa.pdf, también en tesoro.es/sp/expcam/novedades_blanqueo.asp, p. 20 (febrero de 2015)

(288) Vid. STS nº 279/2012, RJ\2012\5606, en www.westlaw.es (febrero de 2015).

(289) Cfr. Strader, J. K., op. cit., p. 299; United States code annotated, 2000, cit., p. 533.

(290) Cfr. American jurisprudence, second edition, 2014 cumulative supplement, cit., §63, p. 51; Doyle, C., op. cit., pp. 22 y 83, nota 174.

(291) Cfr. Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., pp. 59 y 60; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., p. 14.

(292) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 457 y 458.

(293) Cfr. Conde-Pumpido Ferreiro, C./Sánchez-Junco Mans, J., op. cit., p. 1091.

(294) Quintero Olivares, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo…”, cit., p. 13.

(295) Queralt Jiménez, J.J., Derecho penal…, cit., p. 1295.

(296) Cfr. Orts Berenguer, E., op. cit., p. 255.

(297) Cfr. Vidales Rodríguez, C., “La posesión y utilización…”, cit., pp. 60 y 61; De la misma autora, “Blanqueo…”, cit., p. 15.

(298) Vid. Fabián Caparrós, E. A., “Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capitales”, en Revista General de Derecho Penal, nº 16, noviembre de 2011, en www.iustel.com, pp. 1-33.

(299) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 241 y 242, notas 50 y 53.

(300) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 453 y 461.

(301) Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, “Propuesta alternativa en el ámbito de los delitos de blanqueo de capitales y encubrimiento”, en Una regulación alternativa…, cit., pp. 67 y 68.

(302) Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 669.

(303) Vid. STS nº 978/2012, cit., fundamento de derecho cuarto.

(304) Cfr. STS nº 857/2012, cit., fundamento de derecho noveno.

(305) Cfr. STS nº 120/2013, cit., fundamento de derecho primero.

(306) Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 37.

(307) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 68.

(308) Matallín Evangelio, A., “El ‘autoblanqueo’…”, cit., p. 40.

(309) Varela Castro, L., op. cit., p. 388.

(310) Vid. Castro Moreno, A., “Consideraciones críticas…”, cit., pp. 450 y 452-462; Ragués I Vallès, R., “La doctrina de la ignorancia deliberada y su aplicación al Derecho penal económico-empresarial”, en Silva Sánchez, J. M./Miró Llinares, F. (dirs.), La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, Madrid, 2013, pp. 287-320.

(311) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 5, 14, 70, nota 18 y 83, nota 170, que cita los casos de los Estados Unidos contra Antzoulatos, de 1992, y contra Lewis, de 2008; Strader, J. K., op. cit., pp. 300-302, 304, 307 y 308; United States code service, 2010, cit., pp. 587 y 588.

(312) Cfr. STS nº 557/2012, cit., fundamentos de derecho primero y tercero.

(313) STS nº 978/2012, cit., fundamento de derecho cuarto.

(314) Lorenzo Salgado, J.M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 244 y 245.

(315) Cfr. Luzón Peña, D. M., “Conclusiones”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., pp. 397 y 398.

(316) En general, sobre la relación entre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo vid. Delston, R.S./Walls, S.C., “Strengthening our security: a new international standard on trade-based money laundering is needed now, en Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 44, nº 3, 2012, pp. 737-746; Faraldo Cabana, P., “La prevención…”, cit., pp. 421-435; Gordon, R., “Terrorism financing indicators for financial institutions in the United States”, en Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 44, nº 3, 2012, pp. 765-801; Hunt, J., “The new frontier of money laundering: how terrorist organizations use cyberlaundering to fund their activities, and how governments are trying to stop them, en Information & Communications Technology Law, vol. 20, nº 2, 2011, pp. 133-152; Johnson, B. A. S., “Trasnational terrorism: globalization, voluntary compliance, and U.S. port security”, en The Global Studies Journal, vol. 5, nº 4, 2013, pp. 65-76; Xhelili, B./Crowne, E., “Privacy & terrorism rewiew. Where have we come in 10 years?”, en Journal of International Commercial Law and Technology, vol. 7, nº 2, 2012, pp. 121-135.

(317) Vid. González Cussac, J. L., “Financiación del terrorismo”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., pp. 381 y 382.

(318) Vid. Abel Souto, M., “La expansión…”, cit., pp. 27-31; Del mismo autor, “La reforma…”, cit., pp. 98-105; Ferré Olivé, J.C., “El nuevo tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en delitos relativos a la corrupción”, en Abel Souto, M./Sánchez Stewart, N., III congreso…, cit., pp. 389-391; Núñez Paz, M.A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 267-279.

(319) Silva Sánchez, J. M., “La reforma del Código penal: una aproximación desde el contexto”, en Diario La Ley, nº 7464, 9 de septiembre de 2010, p. 5.

(320) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 288.

(321) Gallego Soler, J. I., op. cit., p. 665.

(322) González Rus, J. J., en Morillas Cueva, L., Sistema de Derecho penal…, cit., p. 637.

(323) Ibíd.

(324) Cfr. Terradillos Basoco, J.M., Lecciones…, cit., p. 164.

(325) Silva Sánchez, J. M., “La reforma…”, cit., p. 5.

(326) Vid. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 235-237.

(327) Muñoz Conde, F., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 376.

(328) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 235.

(329) Cfr. Vázquez Iruzubieta, C., Comentario al Código penal. Actualizado por LO 5/2010, de 22 de junio, La Ley, Madrid, 2010, p. 703.

(330) Vid. Díaz-Maroto y Villarejo, J., en Molina Fernández, F., op. cit., p. 1135, marginal 12425; Del mismo autor, Estudios…, cit., pp. 471 y 472; García Valdés, C./Mestre Delgado, E./Figueroa Navarro, C., op. cit., p. 171; Hurtado Adrián, A., op. cit., p. 247; Juanes Peces, A., op. cit., p. 61; Manzanares Samaniego, J. L., op. cit., p. 727; Martos Núñez, J. A., op. cit., p. 213; Mestre Delgado, E., en Lamarca Pérez, C., op. cit., p. 479; Rebollo Vargas, R., en Álvarez García, F. J., op. cit., pp. 785 y 786.

(331) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 226, nota 9.

(332) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 274.

(333) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., loc. cit.

(334) Vid. Cicchini, D.H., “From urbanization to globalization: using the federal money laundering and civil asset forfeiture statutes in the twenty-first century drug war, en Rutgers Law Journal, vol. 41, 2010, pp. 741-781; Fernández Steinko, A., “Blanqueo, narcotráfico y desregulación financiera”, en El mismo autor, Delincuencia, finanzas…, cit., pp. 245-288; Harrison, B., “Breaking free from insanity: a white-collar crime approach to drug war policy”, en University of the District of Columbia Law Review, vol. 15, 2011, pp. 129-137; Mercille, J., “The U.S. war on drugs in Afghanistan. Reality or pretext?, en Critical Asian Studies, vol. 43, nº 2, 2011, pp. 285-309; Navarro, I.A., “Housing markets on cocaine: explaining the relationship between cocaine exports and local housing markets in the Andes”, en Journal of Housing Research, vol. 22, nº 1, 2013, pp. 59-74; Palitot Braga, R. R./Lucena Martins, F. E., “Blanqueo de capitales y el tráfico de drogas en la deep web: el avance de la delincuencia virtual”, en Vidales Rodríguez, C., Tráfico de drogas…, cit., pp. 405-423; Vidales Rodríguez, C., “Tráfico de drogas y blanqueo de capitales: de la organización criminal a la desorganización normativa”, en La misma autora, Tráfico de drogas…, cit., pp. 477-509.

(335) Ferré Olivé, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, en El mismo autor (ed.), Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario. Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, vol. II, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002, p. 20.

(336) Vid. Fifth Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era, Beijing, 2013.

(337) Vid. Heilmann, S./Schulte-Kulkmann, N., “The limits of policy diffusion: introducing international norms of anti-money laundering into China’s legal system, en Governance, vol. 24, nº 4, 2011, pp. 639-664; Passas, N./Hsu, S./Li, J., “Development and legitimacy of chinese informal finance”, en The Pacific Review, vol. 25, nº 4, 2012, pp. 495-511; Shenggang, Y./Lai, W., “Detecting money laundering using filtering techniques: a multiple-criteria index”, en Journal of Economic Policy Reform, vol. 13, nº 2, 2010, pp. 159-178.

(338) Cfr. Pontón, D., “La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina”, en Íconos. Revista de Ciencias Sociales, nº 47, 2013, p. 148.

(339) Vid. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2012, en http://www.transparency.org (febrfero de 2015).

(340) Vid. Transparency International, The 2013 Corruption Perceptions Index, en http://cpi.www.transparency.org (febrero de 2015).

(341) Vid. Transparency International, The 2014 Corruption Perceptions Index, en http://www.transparency.org (febrero de 2015).

(342) Vid. Arias Rodríguez, J. M., “Algunas reflexiones sobre la política anticorrupción de la Unión Europea”, en Diario La Ley, nº 7989, 2012, pp. 8-11; Blanco Cordero, I., “La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5 del 2010: nuevos delitos y aumento de penas”, en Diario La Ley, nº 7534, 2010, pp. 1-11; Cuesta Arzamendi, J. L., De la, “La corrupción ante el Derecho y la justicia”, en Diario La Ley, nº 8153, 2013, pp. 7-9.

(343) Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, Comunicado a la opinión pública sobre corrupción, 2013, en http://www.gepc.es (febrero de 2015).

(344) Cfr. Abel Souto, M., “Anti-corruption strategy in the global era and money laundering”, en Fifth Session of the International Forum…, cit., p. 1.

(345) Cfr. Torres-Dulce Lifante, E., Memoria elevada al gobierno de S.M. presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, Madrid, 2013, vol. I, p. 655.

(346) Cfr. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, op. cit., pp. 16, 17 y 60 (febrero de 2015).

(347) Cfr. Silvente Ortega, J., op. cit., pp. 172, 185, 187, 188 y 443.

(348) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 52.

(349) Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 454 y 460.

(350) Cfr. Pieth, M., “Money laundering, en Pieth, M./Low, L.A./Bonucci, N., The OCDE convention on bribery. A commentary, 2ª ed., Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2014, p. 424.

(351) Vid. Páleníková, L., “Corruption in public tenders concept of selfcleaning”, en Anali Pravnog Faculteta Univerziteta u Zenici, nº 9, 2012, pp. 275-280.

(352) Vid. Kingston, K. G., “Churches and private educational institutions as facilitator of money laundering: the case of Nigeria”, en Journal of Advanced Research in Law and Economics, vol. 2, nº 2, 2011, pp. 136-142.

(353) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 274.

(354) Cfr. Faraldo Cabana, P., “El blanqueo…”, cit., p. 33.

(355) Cfr. Ferré Olivé, J. C., “El nuevo tipo agravado…”, cit., p. 389.

(356) Vid. Díaz-Maroto y Villarejo, J., “Recepción de las propuestas del GAFI y de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el Derecho español”, en Bajo Fernández, M./Bacigalupo Saggese, S., op. cit., pp. 33-37; Del mismo autor, “La normativa española sobre el blanqueo de capitales. El GAFI y las directivas europeas”, en Costa Andrade, M. DA/Antunes, M. J./Aires de Sousa, S., Estudos em Homenagem ao prof. doutor Jorge de Figueiredo Dias, Volume III, Coimbra editora, 2010, pp. 263-265.

(357) Cfr. Ferré Olivé, J.C., “El nuevo tipo agravado…”, cit., p. 390.

(358) Vid. Ionescu, L., “Money laundering directives and corruption in the European Union”, en Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. 2, nº 2, 2012, pp. 562-566.

(359) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 309, de 25 de noviembre de 2005, artículo 3.8.

(360) Vid. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables a los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, Diario Oficial de la Unión Europea, nº L 214, de 4 de agosto de 2006.

(361) Cfr. Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., p. 61.

(362) Vid. Financial Action Task Force (FATF), Corruption. A reference guide and information note on the use of the FATF recommendations to support the fight against corruption, October 2012, en http://www.fatf-gafi.org, pp. 1-8 (febrero de 2015).

(363) Vid. FATF report. Laundering the proceeds of corruption, July 2011, en http://www.fatf-gafi.org, pp. 1-53 (febrero de 2015).

(364) Vid. FATF report. Specific risk factors in laundering the proceeds of corruption. Asistance to reporting institutions, June 2012, en http://www.fatf-gafi.org, pp. 1-46 (febrero de 2015).

(365) Vid. FATF guidance. Politically exposed persons (recommendations 12 and 22), June 2013, en http://www.fatf-gafi.org, pp. 1-34 (febrero de 2015).

(366) Grupo de Estudios de Política Criminal, “Manifiesto sobre corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas”, en Una regulación alternativa…, cit., p. 18.

(367) Vid. Ferro Veiga, J. M., Propiedad inmobiliaria. Blanqueo de capital y crimen organizado, Editorial Club Universitario, Alicante, 2012.

(368) Terradillos Basoco, J. M., “El delito de blanqueo…”, cit., p. 214.

(369) Ríos Corbacho, J. M., “Un acercamiento al perfil del delincuente urbanístico”, en http://www.iustel.com, Revista General de Derecho Penal, nº 14, 2010, p. 7.

(370) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 269, 270 y 275.

(371) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 454, 459 y 460.

(372) Vid. Rebollo Vargas, R., “La deslegitimación…”, cit., pp. 191, 192 y 229; Del mismo autor, “Limitaciones…”, cit., pp. 129 y 159.

(373) Ya el Grupo de Estudios de Política Criminal en su primer manifiesto, de 2 de diciembre de 1989, propuso despenalizar el tráfico de drogas entre adultos para, además de otras muchas cosas, disminuir el margen de beneficios y el poder de las grandes organizaciones de narcotraficantes (cfr. Manifiesto por una nueva política sobre las drogas”, en Una alternativa a la actual política criminal sobre drogas, Imagraf, Málaga, 1992, p. 13). En este sentido, no solo Uruguay ha legalizado el uso recreativo y médico de la marihuana sino que también 21 estados de los EE. UU. actualmente permiten la venta de marihuana medicinal (cfr. Salas, L. P., “La legalización de la marihuana medicinal en Estados Unidos”, en Vidales Rodríguez, C., Tráfico de drogas…, cit., pp. 429 y 433) y la I conferencia centroamericana sobre seguridad concluyó, el 20 de mayo del 2014, en torno a la legalización de las drogas que “una actividad regulada puede ser controlada” (Carazo Johanning, A. T., “Algunas reflexiones sobre la política de drogas de Costa Rica: debate actual”, en Vidales Rodríguez, C., Tráfico de drogas…, cit., pp. 53 y 54).

(374) Vid. Abel Souto, M., El delito de blanqueo…, cit., pp. 279-287 y bibliografía allí citada; Del mismo autor, “Drugs criminal policies in the global era and money laundering”, en Sixth session of the international forum on crime and criminal law in the global era, Beijing, 2014, pp. 80-91; Del mismo autor, “Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero”, en Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, nº 2/3, 2014, pp. 7-17; Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 230 y 232; Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 272 y 273.

(375) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 276.

(376) Cfr. Berdugo Gómez de la Torre, I./Fabián Caparrós, E. A., op. cit., p. 13.

(377) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., loc. cit.

(378) Vid. Passas, N., “Financial controls and counter-proliferation of weapons of mass destruction”, en Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 44, nº 3, 2012, pp. 747-763; Petrunov, G., “Managing money acquired from human trafficking: case study of sex trafficking from Bulgaria to western Europa”, en Trends in Organized Crime, vol. 14, nº 2/3, 2011, pp. 165-183; Purkey, H., “The art of money laundering”, en Florida Journal of International Law, vol. 22, nº 1, 2010, pp. 111-144.

(379) Vid. Ene, C.-M./Uzlău, M.-C./Cristea, D. G., “The economic impact of financial abuse, financial crime and money laundering”, en Hyperion International Journal of Econophysks & New Economy, vol. 5, nº 1, 2012, pp. 147-157.

(380) Cfr. Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 286.

(381) Cfr. Palma Herrera, J. M., op. cit., pp. 787 y 788.

(382) Díaz y García Conlledo, M., “Blanqueo de bienes”, en Luzón Peña, D. M. (dir.), Enciclopedia penal básica, Comares, Granada, 2002, p. 209.

(383) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 275.

(384) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 231.

(385) Cfr. Aránguez Sánchez, C., op. cit., p. 316.

(386) Cfr. Faraldo Cabana, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código penal de 1995”, en Estudios Penales y Criminológicos, nº XXI, 1998, p. 150; Vidales Rodríguez, C., Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 142.

(387) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 232.

(388) Cfr. Álvarez Pastor, D./Eguidazu Palacios, F., La prevención del blanqueo de capitales, Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 290; De los mismos autores, Manual de prevención del blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2007, p. 356, Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 276.

(389) Cfr. Fabián Caparrós, E. A., El delito de blanqueo…, cit., p. 194.

(390) Ibíd.

(391) Núñez Paz, M. A., “El nuevo Código penal: Parte general y especial. Innovaciones y juicio crítico”, en Boletín de la Facultad de Derecho, UNED, nº 12, 1997, p. 426, nota 86.

(392) Ibíd.

(393) Vid. www.ussc.gov/guidelines-manual (febrero de 2015).

(394) Vid. Doyle, C., op. cit., pp. 18 y 79, notas 136 y 137, que también se refiere al narcotráfico como hecho previo del artículo 1952, en pp. 24 y 26, y de la criminalidad organizada (RICO), en pp. 33, 93 y 94, nota 287.

(395) Vid. Abel Souto, M., “Conductas típicas…”, cit., pp. 244 y 245; Moreno Alcázar, M.A., op. cit., p. 687.

(396) Cfr. Fernández Steinko, A., “Financial channels…, cit., pp. 909, 912 y 926.

(397) Cfr. Silvente Ortega, J., op. cit., pp. 172, 185 y 434.

(398) Cfr. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, op. cit., p. 56 (marzo 2014).

(399) Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., pp. 271 y 274.

(400) Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 3ª ed., cit., p. 499, 4ª ed., cit., p. 619.

(401) Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Receptación y blanqueo…”, cit., p. 345; De la misma autora, “Ganancias criminales…”, cit., p. 678; De la misma autora, “Prevención y sanción…”, cit., p. 381.

(402) Cfr. González Rus, J. J., en Morillas Cueva, L., Sistema de Derecho penal…, cit., p. 642.

(403) Hurtado Adrián, A., op. cit., p. 254.

(404) Cfr. Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 276.

(405) Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 227.

(406) Cfr. Palma Herrera, J. M., op. cit., p. 785.

(407) Cfr. Lorenzo Salgado, J. M., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 235, nota 33; Núñez Paz, M. A., “El tipo agravado de blanqueo…”, cit., p. 277.

(408) Cfr. Abel Souto, M., “Anti-corruption strategy…, cit., p. 3; Del mismo autor, “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, en Revista General de Derecho Penal, nº 20, noviembre de 2013, en www.iustel.com, p. 47.

(409) Cfr. United States Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International narcotics control strategy report, volume II, Money laundering and financial crimes, March 2012, p. 162, en http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012 (febrero de 2015).

(410) Queralt Jiménez, J. J., “Las extrañas atenuantes del ‘caso Malaya’”, en Revista Foro FICP, nº 3, diciembre de 2013, p. 4.

(411) Ibíd.

(412) Vid. Martín Pallín, J. A., “El caso Malaya: anatomía de un desastre procesal anunciado”, en Diario La Ley nº 8182, 31 de octubre de 2013, pp. 1-9.

(413) Conde-Pumpido Tourón, C., Memoria elevada al gobierno de S.M. presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, Madrid, 2011, vol. I, p. 708.

(414) Torres-Dulce Lifante, E., Memoria elevada al gobierno de S.M. presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, Madrid, 2012, vol. I, p. 616.

(415) Cfr. Fernández Teruelo, J. G., “Blanqueo…”, cit., p. 319, marginal 2936; Del mismo autor, “El nuevo…”, cit., pp. 2 y 16.

(416) Vid. Abel Souto, M., “La expansión…”, cit., pp. 31 y 32; Del mismo autor, “La reforma…”, cit., pp. 105-108.

(417) Cfr. Feijoo Sánchez, B., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Díaz-Maroto y Villarejo, J., Estudios…, cit., p. 78 y nota 18, a cuyo juicio la expresión “en tales casos” del artículo 302.2 “parece referirse a la existencia de una organización dedicada al blanqueo”, lo que excluiría los supuestos de imprudencia.

(418) Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., p. 460.

(419) Cfr. Silva Sánchez, J. M., “La reforma…”, cit., p. 3.

(420) Cfr. Díaz-Maroto y Villarejo, J., Estudios…, cit., p. 475.

(421) Silva Sánchez, J. M., “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, en Diario La Ley, nº 7534, 23 de diciembre de 2010, p. 9.

(422) Cfr. Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 7.

(423) Cfr. Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginal 52.

(424) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 9, 10 y 74, nota 64.

(425) Vid. Gaitán Urrea, A. F., “Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDI. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos”, en Revista de Derecho Privado. Universidad de los Andes, nº 48, 2012, pp. 1-40; Hoffmann, L., “A critical look at the current international response to combat trade-based money laundering: the risk-based customs audit as a solution”, en Texas International Law Journal, vol. 48, nº 2, 2013, pp. 325-348; Shepherd, K.L., “The gatekeeper initiative and the risk-based approach to client due diligence: the imperative for voluntary good practices guidance for U.S. lawyers”, en ACTEC Law Journal, nº 37, 2011, pp. 1-27.

(426) Vid. Fernánez Teruelo, J. G., Instituciones de Derecho penal económico y de la empresa, Lex Nova, Valladolid, 2013, pp. 79-144; Palma Herrera, J.M. (dir.), Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica, Dykinson, Madrid, 2014; Robles Planas, R., “El responsable de cumplimiento (compliance officer) ante el Derecho penal”, en El mismo autor, Estudios de dogmática jurídico-penal. Fundamentos, teoría del delito y Derecho penal económico, B de F, Montevideo/Buenos Aires, 2014, pp. 271-289.

(427) Vid. Arroyo Zapatero, L./Nieto Martín, A. (dirs.), El Derecho penal económico en la era compliance, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

(428) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., pp. 446 y 459-461.

(429) Díaz y García Conlledo, M., “El castigo del autoblanqueo…”, cit., p. 292.

(430) Ibíd.

(431) Vid. Corpus juris secundum, 2014 cumulative annual pocket part, vol. 37, cit., §29, p. 4.

(432) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 31, 91 y 92, notas 256-269.

(433) Cfr. Watterson, C., “More flies with honey: encouraging formal channel remittances to combat money laundering”, en Texas Law Review, vol. 91, nº 3, 2013, p. 725.

(434) Vid. Doyle, C., op. cit., pp. 31-33, 57-67 y 92-94, notas 270-294.

(435) Cfr. Bermejo, M. G./Agustina Sanllehí, J. R., op. cit., p. 455.

(436) Ibíd.

(437) Vid. STS nº 578/2012, cit., fundamento de derecho décimo.

(438) Cfr. STS nº 974/2012, cit., fundamento de derecho décimo cuarto.

(439) STS nº 279/2012, cit., fundamento de derecho noveno.

(440) Vid. Abel Souto, M., “La expansión…”, cit., pp. 6 y 32; Del mismo autor, “La reforma…”, cit., pp. 61, 107 y 108.

(441) Mapelli Caffarena, B., en Cuello Contreras, J./Mapelli Caffarena, B., Curso de Derecho penal. Parte general, Tecnos, Madrid, 2011, p. 259, marginal 478.

(442) Cfr. Fernández Teruelo, J. G., “Blanqueo…”, cit., p. 329, marginal 3006.

(443) Silva Sánchez, J. M., “La reforma…”, cit., p. 7.

(444) Ibíd.

(445) Terradillos Basoco, J. M., “Financiarización económica y política criminal”, en Serrano-Piedecasas Fernández, J. R./Demetrio Crespo, E. (dirs.), El Derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo, Colex, Madrid, 2010, p. 148.

(446) “Conde-Pumpido pide “estrangular financieramente” a los grupos que blanquean dinero en España”, en Diario La Ley, nº 7535, 27 de diciembre de 2010, p. 2.

(447) Ibíd.

(448) B.O.E. nº 245, de 11 de octubre del 2011.

(449) Párrafo primero del artículo 409 bis.

(450) Artículo 786 bis, apartado primero, párrafo primero.

(451) Vid. B.O.E. nº 78, de 31 de marzo de 2012.

(452) Gómez Benítez, J. M., “Blanqueo de capitales para salir de la crisis”, en http://elpais.com, 17 de abril de 2012, p. 1.

(453) Ibíd.

(454) Vid. Sanz Díaz-Palacios, J. A., Las amnistías fiscales en España. La “declaración tributaria especial” del año 2012 y el delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Pamplona, 2015.

(455) Sanjuán, P., “La amnistía fiscal permite el blanqueo de capitales pagando el 10% del dinero negro”, en http://www.lexdiario.es/noticias, lunes, 9 de abril de 2012, pp. 3 y 4.

(456) Cfr. Pérez Royo, F., “¿Amnistía fiscal mediante decreto ley y sin control judicial?”, en http://elpais.com, 16 de mayo de 2012, p. 1.

(457) Cfr. Paredes Castañón, J. M., “Amnistía fiscal: injusta, inconstitucional y político-criminalmente desastrosa”, en http://josemanuelparedes.blogspet.com, miércoles, 16 de mayo de 2012, p. 2.

(458) Cfr. Martínez-Buján Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, 4ª ed., cit., pp. 691, 692 y 697.

(459) Vid. Rosal Blasco, B. Del, “Reflexiones de urgencia sobre la trascendencia penal de la regularización fiscal extraordinaria del real Decreto-Ley 12/2012”, en http://diariolaley.es, nº 7885, 21 de junio de 2012, pp. 4 y 5.

(460) Vid. Paredes Castañón, J. M., op. cit., pp. 1 y 2; Pérez Royo, F., op. cit., pp. 1 y 2.

(461) Vid. Abel Souto, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 14-14, 2012, pp. 1-45.

(462) Vid. Rebollo Vargas, R., “La deslegitimación…”, cit., pp. 232-236; Del mismo autor, “Limitaciones…”, cit., pp. 162-166; Vidales Rodríguez, C., “Blanqueo…”, cit., pp. 22-24.

(463) Cfr. Silvente Ortega, J., op. cit., pp. 429, 430 y 441.

(464) Cfr. Viñas, J., “Hacienda evitará que el delito fiscal derive en acusaciones de blanqueo”, en http://www.cincodias.com, 24 de mayo de 2012, pp. 1 y 2.

(465) Cfr. Rosal Blasco, B. Del, “Reflexiones de urgencia…”, cit., pp. 2 y 3 y nota 3.

(466) Cfr. Herrera Molina, P. M., “Prólogo”, en Chico de la Cámara, P., El delito de defraudación tributaria tras la reforma del Código penal por la LO 5/2010. Reflexiones críticas y propuestas “de lege ferenda”, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 19.

(467) Vid. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10 del 1995, de 23 de noviembre, del Código penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados, X legislatura, serie A: proyectos de ley, 7 de septiembre de 2012, nº 17-1, pp. 1-12, cuya exposición de motivos advierte de la nueva configuración, como reverso del delito, de la regularización, que hace desaparecer el injusto del inicial incumplimiento, con lo que no queda rastro del reproche penal, “suprimiendo las menciones que la conceptuaban como una excusa absolutoria”.

(468) Cfr. Viñas, J., op. cit., p. 1.

(469) Ley Orgánica 7 del 2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10 del 1995, de 23 de noviembre, del Código penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la seguridad social, B.O.E. nº 312, de 28 de diciembre de 2012.

(470) Morillas Cueva, L., “Aspectos dogmáticos…”, cit., pp. 100 y 101.

(471) Matallín Evangelio, A., “El ‘autoblanqueo’…”, cit., p. 24, nota 78.

(472) Vidales Rodríguez, C., “Blanqueo…”, cit., p. 23.

(473) Rebollo Vargas, R., “La deslegitimación…”, cit., p. 214.

(474) Vid. Bacigalupo Zapater, E., Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero, Civitas/Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2012; Del mismo autor, “La reforma del delito fiscal por la LO 7/2007 (sic)”, en Diario La Ley, nº 8076, 6 de mayo de 2013, pp. 1-5; Blanco Cordero, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa…”, cit., p. 1-46; Boix Reig, J., “Delito fiscal vs. blanqueo de capitales”, en García Prats, F. A. (dir.), Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2014, pp. 47-50; Ferré Olivé, J. C., “Una nueva trilogía en Derecho penal tributario: fraude, regularización y blanqueo de capitales”, en Revista de Contabilidad y Tributación, Centro de Estudios Financieros, nº 372, marzo de 2014, pp. 41-82; Gómez Benítez, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes y su diferencia con la defraudación fiscal”, en Cuadernos de Política Criminal, nº 91, 2007, pp. 5-26; Mallada Fernández, C., Blanqueo de capitales y evasión fiscal, Lex nova, Valladolid, 2012; Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., pp. 681-695; Martín Queralt, J., “Delito fiscal y delito de blanqueo de capitales”, en García Prats, F. A., op. cit., pp. 23-45; Rosal Blasco, B. Del, “Delito fiscal y blanqueo de capitales: perspectivas ante la nueva reforma del tipo básico del delito fiscal”, en Diario La Ley, nº 7997, 9 de enero de 2013, pp. 1-12; Serrano González De Murillo, J. L., “Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo”, en Cuadernos de Política Criminal, nº 111, 2013, pp. 69-96; Serrano González De Murillo, J. L./Merino Jara, I., “Pasado, presente y futuro de las regularizaciones tributarias en Derecho penal”, en Diario La Ley, nº 8052, 27 de marzo de 2013, pp. 1-26.

(475) Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Ganancias criminales…”, cit., p. 655; De la misma autora, “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, en Revista de Derecho Penal, nº 37, 3er cuatrimestre de 2012, pp. 9 y 41.

(476) Cfr. Comisión De Prevención Del Blanqueo De Capitales E Infracciones Monetarias, op. cit., pp. 16 y 17 (febrero de 2015).

(477) Vid. Bucy, P., White collar crime. Cases and materials, West Publishing CO., St. Paul, 1992, p. 128; Carpenter, K. N.,”Money laundering”, en American Criminal Law Review, Spring 1993, p. 813; Gurulé, J., “The money laundering control act of 1986: creating a new federal offense or merely affording federal prosecutors an alternative means of punishing specified unlawful activity?, en American Criminal Law Review, Spring 1995, p. 824; Schuck, J./Unterlack, M. E., “Money laundering”, en American Criminal Law Review, Spring 1996, p. 881, así como las revisiones anuales del mismo artículo, a cargo de diversos autores, en esta revista hasta, de momento, la de Scura, K., “Money laundering”, en American Criminal Law Review, Falll 2013, p. 1271.

(478) Cfr. Arzt, G./Weber, U./Heinrich, B./Hilgendorf, E., op. cit., marginales 1-3.

(479) Vid. ragués i vallès, R., Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 2013.

(480) Fernández Steinko, A., “Financial channels…, cit., p. 918.

(481) STS nº 974/2012, cit., fundamento de derecho trigésimo séptimo, con un voto particular en contra.

(482) Ibíd.

(483) Cfr. Bennet, C. M./Turner, C. D., op. cit., p. VII; Doyle, C., op. cit., pp. 1, 3, 17, 22, 26 y 83, nota 172.

(484) Vid. Zimarowski, R., “Taking a gamble: money laundering after United States v. Santos”, en West Virginia Law Review, nº 112, 2010, pp. 1139-1181.

(485) Cfr. Strader, J. K., op. cit., p. 312

(486) Cfr. Bennet, C. M./Turner, C. D., op. cit., pp. VIII y IX; Doyle, C., op. cit., pp. 6, 8 y 11.

(487) Cfr. Doyle, C., op. cit., pp. 8 y 73, nota 53.