Puntos de vista

Carlos Ruiz-Tagle Vial Biografía

El autor es doctor en derecho de la Universidad de Los Andes, Chile, máster en derecho de la Universidad de Valencia, España 2016. Abogado de la Universidad de Chile, Actualmente es profesor de la Universidad Católica del Norte, Angamos 0610, Antofagasta, Chile. caruiz@ucn.cl.

Sumario El depósito de pólizas como autorización de cláusulas del contrato de seguros en Chile

El presente escrito busca examinar el objetivo y requerimientos del depósito de las pólizas ante la Superintendencia de Valores y Seguros Chilena. Para poder contextualizarlo es necesario acudir a la legislación mercantil chilena como a las normas que ha dictado la Superintendencia de Valores y Seguros relativas a la contratación de seguros.

Abstract The deposit of policies as authorization of clauses of the insurance contract in Chile

The present document seeks to examine the objective and requirements of the deposit of the policies before the Chilean Securities and Insurance Superintendency. To be able to contextualize it, it is necessary to refer to the Chilean mercantile legislation as to the norms that the Superintendency of Securities and Insurance has dictated regarding the insurance contracting.

Pólizas de seguros

Contratos de seguros

Depósito de pólizas

Ley de Protección de los derechos del consumidor

El depósito de pólizas como autorización de cláusulas del contrato de seguros en Chile

Revista Nº 59 Abr.-Jun. 2018

por Carlos Ruiz-Tagle Vial 

Contenido

Introducción. I Régimen normativo del depósito de pólizas ante la Superintendencia de Valores y Seguros chilena. Ley 20667 sobre contrato de seguros, Ley 19946 sobre Protección del Consumidor. Normas de Carácter General 349 de la Superintendencia de Valores y seguros de Chile. II Modelo de pólizas y su contenido. III Doctrina chilena de elementos del depósito. IV Pólizas que no requieren ser depositadas. V Pólizas que no requieren ser depositadas. VI Gestión de depósito de las pólizas. VII Conclusiones.

Introducción

El presente escrito busca examinar el objetivo y los requerimientos del depósito de las pólizas ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. Para este fin, resulta necesario poder contextualizarlo y para ello hay que acudir tanto a la legislación mercantil chilena como a las normas que ha dictado la Superintendencia de Valores y Seguros relativas a la contratación de seguros.

Esta materia resulta importante ya que delimita el alcance de los contratos de seguros y, particularmente, da cuenta de las funciones que revisten a la Superintendencia de Valores y Seguros para cumplir con sus objetivos. Destacaremos, especialmente, las funciones supervisoras, que corresponden al control y vigilancia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y administrativas.

También dicha institución cumple una función normativa correspondiente a la regulación que ejerce la SVS, mediante la emisión de normas o instrucciones propias para el mercado de valores y seguros, y las entidades que lo integran. Es decir, establecer su marco regulado; Además posee una función sancionadora que la faculta para ejercer su potestad y castigar cuando resulte menester a los responsables de abusos, con arreglo a derecho el incumplimiento o violación del marco regulador como consecuencia de una justa investigación.

Finalmente, en su función de desarrollo y promoción de los mercados, se centra en la capacidad de introducir o gestionar iniciativas para contribuir a una mejor operación del mercado, mediante la elaboración y colaboración para la creación de nuevos productos como nuevas pólizas o instrumentos representativos de dinero y la difusión de los mismos.

I. Régimen normativo depósito de pólizas ante la Superintendencia de Valores y Seguros

La Ley 20667 modificó el Código de Comercio chileno en lo referente a los contratos de seguros. Dicha norma se refiere en su artículo 513 a una serie de definiciones que se incorporan al tráfico de seguros. En el literal p) del mencionado artículo de la Ley 20667 indica que para los efectos de la normativa sobre seguros se entenderá por póliza: “el documento justificativo del seguro”. Este literal del Código de Comercio, a nuestro entender, debe coordinarse con los literales e), j), r), y) y w) del mismo artículo por la relación que presentan. De igual forma el artículo mencionado debe coordinarse con los artículos 515, 518, 519, 542, 567, 593 y 595 del mencionado cuerpo normativo que abordan el tema de este instrumento mercantil con diversos enfoques.

La Ley 20667 debe coordinarse a su vez con la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor chilena —19946 y sus modificaciones— ya que ambas se refieren a los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas. Además, la Ley 19496, protectora de los consumidores en los artículos 16, 17, 17 B y 17, desarrolla las denominadas cláusulas abusivas, sus consecuencias y sanciones. Examinaremos la aplicación de la Ley 19496 a los contratos de seguro.

También regulan esta materia los dictámenes de la Superintendencia de Valores y Seguros. En lo que estudiamos son importantes las Normas de Carácter General 349 —en adelante N.C.G. 349— de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha: 26.07.2013, ya que establece reglas relativas al depósito de pólizas y disposiciones mínimas aplicables al mercado asegurador.

Conforme a las nuevas disposiciones y con el objeto de establecer el procedimiento para incorporar los modelos de condiciones generales de pólizas y cláusulas al depósito de pólizas y las disposiciones que dichos textos deberán contener, dicha institución resolvió impartir instrucciones relativas al depósito de pólizas y su comercialización.

Indica SVS en la N.C.G. 349 que mantendrá a disposición del público un depósito de pólizas que contendrá todos los modelos de textos de condiciones generales de pólizas y cláusulas que puedan ser utilizados en la contratación de seguros, en virtud del literal e) del artículo 3º del Decreto de Fuerza de Ley 251 de 1931.

Las entidades aseguradoras no podrán ofrecer ni contratar seguros con modelos de condiciones generales que no hubieren sido incorporados al depósito, salvo lo dispuesto en el título V de la N.C.G. 349. Una vez depositados los textos de modelos, las entidades aseguradoras podrán ofrecer y contratar con ellos a partir del sexto día contado desde su incorporación al depósito de pólizas. Los modelos de condiciones generales de las pólizas y cláusulas de seguro deberán estar redactados en forma clara y entendible, no podrán ser inductivas a error ni deberán contener estipulaciones que se opongan a la ley.

La Superintendencia podrá prohibir la utilización de un modelo de póliza o cláusula, cuando su texto no cumpla con los requisitos de legalidad y claridad en su redacción o con las disposiciones mínimas.

II. Modelos de pólizas y contenido y sujeto a depósito

En el Derecho chileno, como en el de muchas otras latitudes, las condiciones generales son los textos de las pólizas tipo que deben utilizar las entidades aseguradoras en la contratación de los seguros, que contienen las regulaciones y estipulaciones por las que se rige el contrato respectivo(1) (Veiga Copo 2005: 65).

Dichos textos pueden ser usados por cualquier compañía de seguros del grupo que corresponda al riesgo asegurado. Los modelos de texto de condiciones generales deberán incorporarse al depósito de pólizas y cumplir con las disposiciones establecidas en esta norma. También tendrán que ser depositados con una denominación que guarde relación directa con la naturaleza del riesgo a asegurar y en ningún caso bajo nombres de fantasía o marcas comerciales. Además, no podrán contener el nombre, logos, sitios web o cualquier otra identificación de alguna compañía aseguradora, aunque esta la hubiere diseñado.

Las condiciones generales habrán de estar escritas en idioma castellano y expresarse en términos de uso común y general, definiéndose los términos técnicos o conceptuales específicos, necesarios para su adecuada comprensión por los asegurados(2). Generalmente, la comprensión de los contratos de seguros resulta difícil como consecuencia de los conceptos empleados y la interrelación de los mismos, debido a esto, la ley facilita la comprensión con los contenidos con un orden de materias. Por eso los textos deberán contener las siguientes materias mínimas, exceptuando aquellas que no se apliquen al producto o tipo de seguro, en el orden que se señala a continuación, estableciéndose un artículo para cada una de ellas: a) Reglas aplicables al contrato; b) Cobertura y materia asegurada; c) Exclusiones; d) Obligaciones del asegurado; e) Agravación o alteración del riesgo; f) Declaraciones del asegurado; g) Prima y efectos del no pago de la prima; h) Denuncia de siniestros; i) Terminación, y j) Comunicación entre las partes.

Dentro del orden descrito anteriormente, se podrán intercalar estipulaciones relativas a otras materias, siempre que ello sea necesario para una mejor comprensión del contrato. En el primer artículo de la póliza, denominado “Reglas aplicables al contrato”, que será de carácter obligatorio, deberá señalarse lo siguiente: Se aplicarán al presente contrato de seguro las disposiciones contenidas en los artículos siguientes y las normas legales de carácter imperativo establecidas en el título VIII, del libro II, del Código de Comercio. Sin embargo, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario.

Cuando el condicionado general incorpore regulaciones imperativas —como lo permite el artículo 542 del Código de Comercio—, deberá hacerse referencia al artículo que específicamente trate esa materia o transcribir la parte que sea pertinente, según el tipo de riesgo de que se trate. Las estipulaciones más favorables para el asegurado o beneficiario podrán consignarse en las condiciones generales o particulares de la póliza. En caso de contradicción, primará la estipulación más beneficiosa para el asegurado que resulta de interés ya que puede interpretarse contra el estipulante.

Tratándose de seguros de personas, la incorporación en las condiciones generales de la póliza de exclusiones de cobertura por enfermedades o dolencias preexistentes, deberá señalar expresamente que estas corresponden a enfermedades, dolencias o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata a su favor, antes de la contratación del seguro.

Las condiciones generales de pólizas que contemplen coberturas para riesgos de diferente naturaleza —pólizas multiriesgos—, que admitan la contratación separada de cada cobertura, deberán contenerse en disposiciones separadas, explicando la forma de contratar cada riesgo.

Las compañías tendrán que mantener a disposición de la Superintendencia un informe que explique con precisión las materias aseguradas, los riesgos cubiertos, la metodología y fórmula de cálculo de las reservas técnicas asociadas al seguro y valores garantizados —cuando corresponda—. Dicho informe deberá estar suscrito por el gerente general y el actuario o gerente técnico.

Las condiciones particulares de las pólizas no están sujetas a depósito. Se entenderá por condiciones particulares de la póliza de seguro todas aquellas estipulaciones que regulan aspectos que, por su naturaleza, no sean materia de condiciones generales y que permiten la singularización de una póliza de seguro determinada, especificando sus particularidades, tales como: requisitos de asegurabilidad o aseguramiento, especificación de la materia asegurada, individualización del asegurador, contratante, asegurado y beneficiario, si corresponde; descripción, destino, uso y ubicación del objeto o materia asegurada, monto o suma asegurada, prima convenida; lugar, tiempo y su forma de pago; franquicias, deducibles y duración del seguro.

Por otra parte, las condiciones particulares, solo pueden modificar el texto de las condiciones generales depositadas en caso de establecerse condiciones más convenientes o favorables para el asegurado o beneficiario, en su caso, suprimiendo exclusiones, restricciones o requisitos especiales de cobertura, sin que con ello se modifique sustancialmente el tipo de riesgo o la cobertura. No se podrán agregar exclusiones.

Si las condiciones generales de la póliza contemplan exclusiones por preexistencia, deberá dejarse constancia en las condiciones particulares de aquellas enfermedades, dolencias o situaciones de salud preexistentes declaradas por el contratante o asegurado, que no serán cubiertas o, por el contrario, las condiciones en que ellas serán cubiertas. La regla anterior será aplicable también a las declaraciones de actividades o deportes riesgosos.

Las cláusulas adicionales son aquellas estipulaciones accesorias a uno o más modelos de texto de condiciones generales de pólizas, que permiten extender o ampliar las coberturas comprendidas en las condiciones generales de un texto depositado, incluyendo riesgos no contemplados o bien cubriendo el riesgo asegurado por la póliza principal por causales excluidas en esta. Por consiguiente, no podrá ser objeto de cláusulas adicionales la inclusión de limitaciones a las coberturas o de restricciones a los derechos de los asegurados.

Estas cláusulas deberán ser redactadas en forma clara y entendible de modo que permitan su perfecta complementación o armonía con el texto a que accederán. Las cláusulas adicionales solo podrán contratarse en conjunto con los modelos de pólizas a que accedan, debiendo identificarse el nombre y el código de la póliza a la que accede. Las cláusulas adicionales no podrán acceder a otras ya depositadas.

En las condiciones generales o particulares, según la naturaleza de la disposición, se deberán incluir las exigencias previstas en el artículo 17 B de la Ley 19496 y demás disposiciones que pudieran ser aplicables de dicha ley.

A propósito de la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, surge, a nuestro entender, la interrogante sobre la aplicación de la presunción de la autorización administrativa como base de la buena fe. A este respecto señala dicha normativa en su artículo 16, literal g): “son cláusulas abusivas las dictadas en contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato”.

La ley expresa que se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales”.

III. Doctrina chilena sobre el depósito

Sobre el depósito, la doctrina chilena resulta insuficiente, en parte debido a que su vigencia es muy cercana. En efecto, desde el mes de diciembre del año 2013 comenzó la vigencia de la Ley 20667. Nos referiremos a continuación a los planteamientos doctrinales relativos al depósito.

El profesor Osvaldo Lagos indica que “el sistema de depósito de pólizas, establecido con rango legal en el artículo 3º letra e) del Decreto con Fuerza de Ley 251 de 1931 sobre compañías de seguros, y regulado en la norma de carácter general 349 de la Superintendencia de Valores y Seguros —SVS—, no es un sistema de homologación o revisión obligatoria previa. Más bien, este sistema consiste en que las compañías de seguros, para poder contratar seguros masivos, deben realizarlo a través de condiciones generales depositadas en la SVS.

Subraya que, conforme a la norma, transcurridos seis días desde su incorporación al depósito de pólizas, las compañías podrán utilizar estos contratos tipo para ofrecer seguros, a menos que la SVS los considere ilegales, o bien, sujeto a las modificaciones que la SVS pueda realizar a esos contratos, atendidos sus defectos de redacción o defectos de ilegalidad parciales que la SVS detecte. Por lo tanto, aun cuando estén sometidas al sistema de depósito, las cláusulas de los condicionados generales utilizados para contratar seguros masivos son susceptibles de ser declaradas nulas por abusivas, a partir de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

Resulta relevante determinar el sentido de la expresión “se encuentran ajustados a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo” ya que, según Lagos, no existe diferencia con un clausulado que no hubiere sido depósito que igualmente puede ser declarado nulo.

A partir de la apertura del mercado asegurador y de las reformas introducidas al inicio de la década de 1980, se introdujo la libre competencia en el mercado asegurador. Conforme a esta libertad, la SVS autorizaba la incorporación de cláusulas redactadas por las compañías y la Asociación de Aseguradores o los corredores de seguros. Las propuestas de pólizas eran examinadas por la SVS y, superados los reparos, eran inscritas en el Registro de Pólizas (Contreras; 2014:195).

Con la reciente modificación normativa se creó el depósito de pólizas, por medio del artículo 3º, literal e) del Decreto con Fuerza de Ley 251 se indica que: “Son atribuciones y obligaciones de la Superintendencia: e) Mantener a disposición del público, los modelos de textos de condiciones generales de pólizas y cláusulas que se contraten en el mercado”. Será responsabilidad de las compañías de seguro que las pólizas de seguros que contraten estén redactadas en forma clara y entendible, que no sean inductivas a error, y que no contengan cláusulas que se opongan a la ley.

Para el funcionamiento de la SVS, resulta indispensable esclarecer cuales son los alcances del depósito y de la eliminación del mismo para la seguridad jurídica de los consumidores y las mismas compañías aseguradoras.

El alcance de dicho depósito es un requisito indispensable para que puedan utilizar en el mercado el mencionado clausulado y hacer presumir la buena fe de su contenido conforme a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor (L. 19946) que a este respecto señala dicha normativa en su artículo 16, literal g), son cláusulas abusivas aquellas que “en contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen.

Es decir, se elimina el Registro de Pólizas mencionado en el artículo 3º, literal e) del Decreto con Fuerza de Ley 251, que es reemplazado por un depósito de pólizas, en el que se incluyen los modelos de textos de condiciones generales que se contraten en el mercado. Para el caso de las compañías del primer grupo, en los casos de seguros de transporte y de casco marítimo y aéreo, así como en los contratos de seguros en que el asegurado y el beneficiario sean personas jurídicas y el monto de la prima anual no sea inferior a 200 UF, podrán contratar con modelos no depositados, debiendo la póliza ser firmada por ambas partes.

A partir de este cambio legislativo, las consecuencias de una infracción de las normas mínimas exigidas por la SVS son de responsabilidad de las compañías aseguradoras y de quienes contraten con ellas.

A nuestro entender, nos encontramos ante una regresión normativa que le asigna a la autonomía de la voluntad y a los efectos de la libertad contractual la responsabilidad de lo que ocurra entre las partes. Las atribuciones de la SVS se han minimizado y no existe un control ex antes de las pólizas. De acuerdo con el profesor Osvaldo Contreras se verifica la posibilidad de un control a posteriori, ya que la SVS podrá prohibir la utilización de un clausulado cuando a su juicio, su texto no cumpla con los requisitos de legalidad y claridad en su redacción, o con las disposiciones mínimas indicadas. Esta situación conduce a pensar que el depósito de pólizas no garantiza que este se ajuste a las normas legales (2014:197).

Roberto Ríos añade que de lo expuesto y en la aplicación del artículo 542 del Código de Comercio sobre la imperatividad se concluye que hoy el legislador es quien determina el contenido mínimo de la póliza y ha tomado el control del contenido del contrato de seguro, en su afán de proteger al asegurado en tanto contratante débil. En consecuencia, queda desplazada la facultad de la SVS para fijar el contenido mínimo de la póliza en su particularidad de condición general que integra el contrato de seguro (2015:122).

Agrega Ríos, al analizar la imperatividad del artículo 542, que “El legislador chileno optó por estructurar una norma siguiendo el artículo 2º de la LCS española este es el contenido del inciso primero del artículo 542 del Código de Comercio, por un lado, y por otro lado, sustrajo del inciso primero del artículo 3º literal e) del Decreto con fuerza de ley 251 el criterio de determinación de los contratos de seguros que amparan los denominados ‘grandes riesgos’, que quedan fuera del manto de protección de la imperatividad” (2015:469 y 470).

La Superintendencia de Valores y Seguros difiere de las anteriores interpretaciones y destaca que se puede consultar el Depósito de uso público mantenido por dicha institución. Esta autoridad sostiene el Depósito que contiene los textos actualizados de los modelos de póliza, sus modificaciones y cláusulas adicionales que se contratan en el mercado. La página de la referencia indica que las entidades aseguradoras no pueden contratar con modelos que no hubieren sido previamente depositados en él, salvo las excepciones legales.

Siguiendo los juicios de los profesores Contreras y Ríos se puede concluir que no existe compatibilidad, sin embargo, si se hace separadamente, se puede encontrar que para Contreras la SVS puede prohibir la utilización en el mercado si su texto no cumple con los requisitos de legalidad y claridad en su redacción, o con las disposiciones mínimas indicadas, es decir, un control de mínimos formales.

Por otra parte, para Ríos, ese control de mínimos no está entregado a la SVS sino al poder legislativo. Si se examina esta postura, a la SVS no le corresponde función alguna diferente a la de observador o de buzón. La ley podría, según Ríos, cambiar esta situación. A nuestro juicio, parece que Ríos apunta a una realidad sin referirse a otra igualmente importante. Menciona, con acierto, que es la ley la que establece el rol del depósito, pero eso no constituye novedad en el Derecho chileno, debido a su carácter legalista. La ley puede cambiar a la ley pero, aparentemente, el depósito de las pólizas se encontraría en una tierra de nadie, en que la SVS sería un observador pasivo con las manos agarrotadas o invisibles, como la de Adam Smith en los inicios del Liberalismo.

A nuestro entender, conforme a la normativa del Decreto con Fuerza de Ley 251, a la Ley 20667 y a las N. C. G. 349 la SVS tiene el control sobre el fondo y forma de las propuestas de pólizas que realizan las aseguradoras y debe ejercer dicha autoridad. A esto se debe agregar que, se presume, las pólizas depositadas y publicadas por la SVS han sido redactadas sin abusos y no contienen cláusulas abusivas en los términos del artículo 16, literal g) de la Ley 20667.

IV. Gestión de los modelos sujetos a depósito

El envío de modelos de pólizas y cláusulas a depósito se efectuará a través del módulo SEIL —Sistema de envío de información en línea—, disponible en el sitio web de esta Superintendencia —www.svs.cl—, de acuerdo a las instrucciones establecidas para tales efectos en la N. C. G. 314 de 27 de julio de 2011, o la que la modifique o reemplace. La remisión de depósitos en fecha y horario no hábil, será registrada como si hubiesen ingresado el día y hora hábil siguiente.

Los textos de pólizas y cláusulas que se entreguen al contratante o asegurado deberán corresponder íntegramente al modelo depositado, debiendo señalar en forma destacada el código de identificación en el depósito de la póliza o cláusula respectiva.

No obstante, tratándose de textos de pólizas que contengan secciones o planes que puedan contratarse separadamente, la compañía podrá entregar al contratante o asegurado exclusivamente el texto de los planes o secciones efectivamente contratadas, incluyendo además las disposiciones comunes que le sean aplicables.

Las instrucciones para el envío de los textos a depósito y la forma de operar el sistema se detallan en el módulo SEIL, opción “Bajar software gratuito”. Una vez recibido el texto en el depósito de pólizas, el sistema de la Superintendencia emitirá un mensaje que contendrá el código de identificación en el depósito que se asignará a dicho texto, el cual deberá ser utilizado por las compañías en su comercialización.

Ingresado a depósito, el modelo de texto de las condiciones generales de la póliza o de la cláusula respectiva será puesto a disposición del público en el sitio web de la Superintendencia —www.svs.cl—, a partir del sexto día contado desde dicha fecha de ingreso. Esta manera de exponer la gestión de depósito contenida en la citada norma general no parece la adecuada y siembra la duda sobre el rol y las funciones de la SVS en este proceso. Planteado de esta forma, puede entenderse que el rol de la SVS es el de buzón de los textos por 6 días, al término de ellos se publican en la página de dicha institución los que constituyen textos autorizados.

V. Pólizas que no requieren ser depositadas

La contratación de seguros con modelos no depositados se regirá por lo dispuesto en el párrafo segundo, literal e) del artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley 251 de 1931 y por las siguientes indicaciones:

Las compañías de seguros del primer grupo podrán contratar con modelos no incorporados al depósito de pólizas, para el caso de los seguros de transporte y de casco marítimo y aéreo, y en aquellos seguros en los que tanto el asegurado como el beneficiario sean personas jurídicas y el monto de la prima anual convenida sea igual o superior a 200 unidades de fomento netas de impuestos al valor agregado. En el caso de seguros con vigencia pactada por períodos distintos al año, la cuantía de la prima se determinará proporcionalmente a la que correspondería a un lapso de un año, calculado en numerales diarios, no pudiéndose acoger a dicho inciso si el resultado arroja una equivalencia inferior a 200 unidades de fomento como prima anual.

En el caso de seguros contratados en moneda extranjera o en otras unidades reajustables autorizadas por la Superintendencia, se estará para el cálculo del límite de 200 unidades de fomento de la prima anual, al tipo de cambio y/o unidad de conversión a la fecha de suscripción del contrato. Si por motivo de la modificación de una póliza esta deja de cumplir con los requisitos del primer inciso de este número, deberá adecuarse a un modelo de condicionado general depositado. Las pólizas deberán ser firmadas por ambas partes, es decir, por un lado, por el asegurador y, por el otro, el contratante o el asegurado.

Las pólizas deberán contener textual y destacadamente la siguiente leyenda: En virtud de lo establecido en el literal e) del artículo 3º de la Ley de Seguros, el texto de esta póliza de seguros no se encuentra depositado en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las pólizas y cláusulas deberán ser redactadas en idioma castellano o, al menos, contar con una traducción firmada por ambas partes. La naturaleza del seguro y el riesgo asegurado determinará el carácter de asegurado, y cualquier estipulación que altere la titularidad del interés asegurado, no será tomada en cuenta a objeto de permitir la contratación con un modelo no depositado.

VI. Responsabilidad de la compañía en la contratación de pólizas

Será responsabilidad de las compañías de seguros que las pólizas de seguros que contraten estén redactadas en forma clara y entendible, que no sean inductivas a error, y que no contengan cláusulas que se opongan a la ley. Dichas condiciones serán exigibles al texto íntegro de la póliza comprendiendo en él, además, las condiciones particulares del seguro y los documentos anexos relativos a su contratación.

La redacción será clara y entendible cuando permita la comprensión directa del texto, utilizando un lenguaje adecuado y usual, empleando en su contratación textos tipográficos de tamaño adecuado. Se considerarán inductivas a error aquellas condiciones o estipulaciones ambiguas y carentes de claridad necesaria para determinar su sentido y alcance de los riesgos asegurados y los derechos y deberes de las partes.

En caso de duda sobre el sentido de una disposición en el modelo de condición general de póliza o cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el contratante, el asegurado o el beneficiario del seguro, según sea el caso. La prohibición de utilización de un modelo de póliza o cláusula no afectará a los contratos celebrados con anterioridad. En caso de que un modelo de póliza o cláusula sea prohibido, su código se mantendrá en el Depósito asignándose el estado de “prohibido” y la referencia a la resolución de prohibición y su fecha.

Las cifras estadísticas y financieras que la compañía deba informar a la Superintendencia, y que son correspondientes a las pólizas y cláusulas que contraten, deberán ajustarse a la división de ramos de seguros de acuerdo a los criterios de clasificación de los riesgos cubiertos establecidos en la Circular 2022 con posterioridad a la dictación de la circular —esto es diciembre del 2013—, todo nuevo contrato de seguro deberá suscribirse utilizando textos de condiciones generales y particulares que no contravengan las disposiciones del nuevo título VIII del libro II del Código de Comercio, introducido por la Ley 20667.

VII. Conclusiones

1. Los contratos de seguros en Chile se encuentran regulados por la Ley 20667, por las normas de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, por el Decreto con Fuerza de Ley 251 y por las normativas particulares emanadas de la Superintendencia de Valores y Seguros, organismo máximo regulador del mercado asegurador en Chile.

2. Tienen particular vigencia las N. C. G. 349 de la Superintendencia de Valores y Seguros que establecen reglas relativas al depósito de pólizas y disposiciones mínimas aplicables al mercado asegurador.

3. La doctrina y algunas resoluciones de la SVS discrepan sobre los alcances jurídicos del depósito de pólizas y, particularmente, sobre las consecuencias de dicho registro, atribuyendo a dicha actuación el carácter de requisito sine qua non, formal o material hasta aquellos que no le asignan mayor relevancia al asignárselas al legislador y no a la Superintendencia de Valores y Seguros chilena.

4. Resulta indispensable para el funcionamiento de la SVS esclarecer cuales son los alcances del depósito y de la eliminación del mismo para la seguridad jurídica de los consumidores y las mismas compañías aseguradoras.

5. El alcance de dicho depósito es un requisito indispensable para que puedan utilizarlo en el mercado y para que se pueda presumir la buena fe de su contenido conforme a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor (L. 19946) ya que las cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.

6. Conforme a la normativa del Decreto con Fuerza de Ley 251, a la Ley 20667 y a las Normas de Carácter General 349 la SVS tiene el control sobre el fondo y forma de las propuestas de pólizas que realizan las aseguradoras. Debe ejercer dicha autoridad proporcionando, con ese acto, certeza jurídica a todos los agentes que intermedian en este tráfico mercantil de tanta importancia.

7. Las pólizas depositadas y publicadas por la SVS, se presume, han sido redactadas sin que contengan cláusulas abusivas en los términos del artículo 16, literal g) de la Ley 19946 de Protección de Derechos de los Consumidores.

Bibliografía 

CONTRERAS STRAUCH, Osvaldo. (2014) Derecho de Seguros, Santiago: Thomson Reuters.

RÍOS OSSA, Roberto. (2015) El contrato de Seguro, Comentario al Título VII, libro II del Código de Comercio, Santiago: Thomson Reuters.

VEIGA COPO, Abel. (2005) Condiciones en el Contrato de Seguro. Granada: Comar.

(1) La denominación “Condiciones generales” es de común utilización en la legislación comparada.

(2) Las cláusulas de los contratos muy extensos confunden a los contratantes, particularmente, si se trata de contratos de adhesión que la Ley 19946 define en su artículo 3º.