Fundamentos teóricos de la non reformatio in peius en el nuevo juicio con motivo del reenvío

Revista Nº 59 Abr.-Jun. 2017

Yoruanys Suñez Tejera 

Abogada litigante. 

Presidenta del Capítulo de Derecho Penal de la UNJ. 

Profesora de Derecho Penal General y Procesal Penal. 

Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 

(Cuba) 

Mailin Ramos Morales 

Licenciada en Derecho. 

Profesora de Derecho. 

Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 

(Cuba) 

Sumario

Es propósito de esta investigación los fundamentos teóricos que permiten sustentar la prevalencia de la non reformatio in peius en el nuevo juicio con motivo del reenvío dispuesto en la casación penal. Como resultado, se facilita la interpretación uniforme y seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales en Cuba. 

Temas relacionados

Non reformatio in pejius; segunda instancia; recurso de casación; juicio de reenvío; principio de congruencia: principio acusatorio; sistema acusatorio.

1. Concepto y naturaleza jurídica de la non reformatio in peius

Las palabras reformatio y peius provienen del latín, la traducción aproximada de la primera puede ser “reforma” o “cambio”, y para la segunda “peor” o “perjuicio”, de modo que prohibición de reformatio in peius se puede interpretar como “no cambio” o “reforma para peor”, aunque también se le conoce como non reformatio in peius o, en traducción aproximada, “prohibición de reforma peyorativa”. Para algunos autores, esta última, representa un principio negativo, un no actuar del tribunal, una prohibición de empeorar la situación del acusado recurrente (Galetta de Rodríguez, 2008).

Una de las más completas y claras definiciones es la expresada por Ruiz Moreno, quien plantea que la non reformatio in peius es una institución procesal que incorpora para el sujeto que recurre, y que ha resultado condenado, una ventaja añadida, un plus o matiz de predicción en la fase del recurso, lo que sin duda contrasta con la característica que, por antonomasia, acompaña al proceso: la incertidumbre de su resultado.

A través de la prohibición de la reformatio in peius una parte procesal, que impugna en solitario, ve asegurado un concreto resultado instantes antes de proceder a impugnar la resolución que le infringe gravamen. Esta singular característica, se mire como se mire, para el condenado que recurre, supone jugar con cierta ventaja al añadir un elemento nuevo que le permite controlar, aunque sea en cierta medida, su suerte de cara a la decisión del recurso y le garantiza un determinado resultado que no tiene parangón con ninguna otra institución procesal (Ruiz, 2000).

Para Mendoza, la reformatio in peius alude a la regla que debe imperar en el proceso penal, en virtud de la cual resulta imposible que el órgano encargado de conocer el asunto, en vía de recurso, pueda alterar los límites objetivos y subjetivos que han sido trazados por el recurrente y con ello agravar la situación procesal que quedó fijada por la sentencia de instancia, salvo en aquellos casos en que ambas partes hayan recurrido, en cuyo caso el tribunal ad quem tendría plena libertad para moverse (Mendoza, 2001).

De estas definiciones pueden extraerse determinados elementos básicos que conforman la non reformatio in peius, entre los que se encuentra la existencia de: un recurso, un recurrente, unos límites, un temor o inseguridad y una prohibición. Este análisis conduce a instituciones claves como el derecho al recurso, el agravio, el interés de recurrir, la congruencia recursiva, la garantía, la libertad al impugnar y la seguridad de que el resultado no será peor que el obtenido.

La non reformatio in peius es una institución jurídica asociada al régimen de los recursos, que ofrece al acusado recurrente, la seguridad de que no se adoptará contra él una más grave calificación o sanción si el fiscal no impugnó la sentencia. Para determinar finalmente si puede aplicarse o no, la ‘no reforma en peor’ en el reenvío se requiere profundizar en su naturaleza jurídica (Fuentes & Carrasco, 2013).

Del propio concepto puede verificarse que la non reformatio ha impuesto un límite al tribunal ad quem, que también pudiera alcanzar al del nuevo juicio, puesto que si lo que se pretende es evitar que alguien deje de recurrir por temor de encontrarse peor como resultado de ejercer su derecho, por más que pretenda contrariarse esta idea, la prohibición debe alcanzar al tribunal que dictará la segunda sentencia. Su propia formulación ya enmarca una protección, no obstante, es preciso encontrar la justificación por la que se impondrían estos límites a la libertad en la actuación de los jueces (Fuentes & Carrasco, 2013).

La prohibición de reforma en perjuicio del acusado encuentra respaldo en el derecho de defensa y viabiliza el derecho al recurso, en tanto impide el empeoramiento de una situación jurídica frente a un remedio que la ley concede. Si impide el empeoramiento, entonces se presenta como una importante garantía, es una certidumbre, una certeza de que no estará peor que antes. De modo que, su carácter de garantíaestá determinado por su íntima relación con el derecho de defensa y con el derecho al recurso (Prieto, 1982).

La garantía antes mencionada está enmarcada en el ámbito de los recursos y opera cuando una sentencia llega a un tribunal revisor superior en virtud de haber sido recurrida. Por recurso se entiende el acto procesal que comporta el derecho que se concede a las partes en el proceso para obtener que un tribunal fiscalice una resolución judicial que el recurrente considere perjudicial, y si no se utiliza, convierte en firme la resolución en virtud de su consentimiento.

Como garantía procesal, persigue evitar que el acusado contra el que se ha dictado sentencia condenatoria se vea disuadido ante el temor a empeorar su situación si en uso de los recursos legalmente establecidos en la ley, la impugna. Como límite, la jurisdicción del tribunal que conoce el recurso queda circunscripta a revisar los términos en que se formuló. Es decir, los pronunciamientos de la sentencia impugnada que no son recurridos deben quedar firmes, cuando no ha mediado impugnación de la parte acusadora.

La non reformatio in peius tiene dos aspectos cardinales, por una parte, es una garantía procesal del derecho al recurso y, por otra, es un límite al poder punitivo del Estado. El órgano jurisdiccional no puede imponer una pena más grave que la emanada del proceso en que se dictó la sentencia recurrida y como colofón asegura la estabilidad de las resoluciones judiciales que en los aspectos no impugnados pudieran quedar firmes.

En resumen, la non reformatio in peius es una garantía del derecho al recurso del condenado, derivado del derecho de defensa, que limita al poder punitivo del Estado y refuerza la seguridad jurídica de las decisiones jurisdiccionales. En la literatura, la non reformatio in peius ha sido tratada, unas veces, como principio y, otras, como garantía, pero algo es inobjetable, ha alcanzado un grado de aceptación en el Derecho Procesal moderno que aun en países en que no se ha positivizado, es respetada y reconocida. La falta de previsión normativa no es obstáculo para alcanzar su aplicación empírica, ni para evaluar el conjunto de valores que respalda (Fuentes & Carrasco, 2013).

Como principio que integra el debido proceso penal, la non reformatio in peius suscita debates debido a la ausencia de su regulación dentro de la Ley de Procedimiento cubana. Por ello es propósito de la investigación determinar los fundamentos teóricos que permiten sustentar la prevalencia de dicha prohibición en el nuevo juicio con motivo del reenvío dispuesto en la casación penal, con el propósito de facilitar la interpretación uniforme y seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales en Cuba.

2. Peculiaridades del recurso de casación penal

La casación es el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos en la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio (Aragoneses, 1997).

El recurso de casación es un recurso extraordinario que otorga el legislador, autorizando a impugnar decisiones concretas y determinadas que dicta un tribunal. Este recurso se interpone con la finalidad de denunciar cuestiones de fondo o de forma que no fueron resueltas ante las instancias anteriores. Se habla de un recurso extraordinario, puesto que es condición indispensable que el fundamento, concepto o motivación de la denuncia esté perfectamente encuadrado en el precepto legal que se cita como autorizante de aquella, pues de lo contrario será desestimado (Carnelutti, 1950).

Antes del recurso de casación tiene que existir un juicio, tiene que haberse desarrollado un proceso. El juicio previo, en su verdadera y completa formulación, supone el respeto a todas las prescripciones legales establecidas en la ley para que el proceso pueda concluir con una sentencia no viciada de nulidad. En el sistema mixto o acusatorio formal, en razón de alcanzar la justeza de la decisión, el proceso transcurre por distintas etapas en las que los jueces están imbuidos de amplias facultades de todo tipo. De ahí que la actividad de control en virtud de los recursos adquiere especial significación (Fuentes & Carrasco, 2013).

Los recursos son medios que la ley concede a las partes que han sufrido un gravamen con motivo de haberse dictado una resolución que, a su entender, contiene un error en la aplicación del Código Penal o ha incurrido en una grave falta en la Ley de Procedimiento Penal. De la Rúa los define como medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho expresamente previstos en la ley, una parte postula la revisión de errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio (De la Rúa, 1991).

Sin embargo, no es posible afirmar que porque una sentencia haya sido examinada en repetidas ocasiones, tiene mayores posibilidades de ser más justa que la firmada a través de un solo grado de jurisdicción. Esto explica por qué en ocasiones no hay necesidad de impugnación o de varias instancias cuando las partes consideren justa la decisión.

En la medida en que los recursos corresponden a las partes, existe por regla general sobre la materia el principio dispositivo. Las partes efectúan la impugnación de la resolución en cuestión mediante el acto impugnativo o interposición del recurso. La base o presupuesto para que la parte plantee la impugnación, es la existencia de un gravamen, perjuicio, agravio o afectación; es decir, algo que afecta el derecho o interés de quien lo interpone (Vázquez Rossi, 1945). Por tanto, el tribunal de casación actúa porque lo ha pedido un recurrente. Conviene recalcar que tiene que existir un recurso, un agravio, un interés de recurrir y un tribunal supremo para conocer la impugnación. Ha de recordarse que la non reformatio in peius, se aplica cuando el recurso, el agravio, el interés es solo del imputado. Si el acusador o las demás partes recurren no existe prohibición, y si las partes no recurren, se entiende que han consentido la sentencia (Fuentes & Carrasco, 2013).

Una característica fundamental del recurso de casación es que no equivale a plantear una nueva instancia, tal y como ocurre en la apelación, sino que su actuación otorga la garantía de que el tribunal inferior no haya incurrido en la aplicación de la ley en error de derecho o que no han sido infringidas o vulneradas las reglas de procedimiento, de tal modo que haya producido indebidamente un perjuicio. De ahí la clasificación de los recursos por infracción de ley (de fondo) o por quebrantamiento de forma.

A través de la interposición de un recurso de casación de fondo en materia penal, se pretende obtener el restablecimiento de la justicia de una decisión penal. Se trata de un juicio de derecho en defensa de la ley decisoria de la litis, en el que a partir del supuesto de que se ha hecho una aplicación errónea de la ley penal, se persigue que el tribunal de casación, por medio de este recurso extraordinario y de derecho estricto, haga imperar la justicia de la decisión (Fuentes & Carrasco, 2013).

Este recurso tiene como objeto demostrar la existencia de un error cometido en la sentencia al aplicar o dejar de aplicar, indebidamente, la ley penal a los hechos que en la sentencia se declaran probados. Si la sentencia es casada por infracción de ley, el tribunal de casación revoca el fallo de la sentencia y sobre la base del mismo resultado probado de los hechos, califica y dicta la nueva resolución conforme a Derecho.

Si el acusado fue el único recurrente, el tribunal de casación no puede imponer una sanción mayor que la acordada por el tribunal de instancia. Esta es la arista más pacífica que presenta el principio de la non reformatio in peius y en cuanto a ello se advierte una práctica judicial uniforme, de respeto al acusado cuando es el único recurrente (Mendoza, 2001).

Cosa distinta ocurre cuando se han quebrantado las formalidades y garantías del proceso. El examen de la non reformatio in peius en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en la manera en que se desenvuelve pura y simplemente en la vida práctica, facilitará comprender, al fin, la postura que como colofón puede sostenerse desde el Derecho Procesal Penal en Cuba (Fuentes & Carrasco, 2013).

Constituyen motivo de casación los errores in procedendo que la ley determina singularmente, lo que significa que no pueden ser defectos procesales cualquieras, sino aquellos que tienen consecuencias particularmente graves para el proceso. Esta distinción reúne en el grupo de motivos de casación a todos los errores in iudicando con los más graves errores in procedendo.

Si se trata de un quebrantamiento de forma, cuando el tribunal de casación admite o estima el motivo denunciado, anula o casa la sentencia y le devuelve las actuaciones al de instancia para que las reponga hasta el momento en que se cometió el quebrantamiento. En consecuencia, se produce el reenvío para la subsanación de las faltas procesales advertidas (Fuentes & Carrasco, 2013).

En sentido general, el objeto principal del recurso de casación por quebrantamiento de forma es el restablecimiento de los autos al estado en que se hallaban cuando se incurrió en el defecto, para que de ese modo pueda ser subsanada la falta y se dicte la resolución que en justicia proceda. Se origina por haberse incurrido, al dictar sentencia el tribunal o con anterioridad a este momento procesal, en algún defecto del procedimiento que la anula o invalida.

Existe una tercera posibilidad de anular una sentencia como resultado del recurso de casación aun cuando no se acoja ninguno de los motivos planteados. Es lo que se conoce en la práctica judicial cubana como casación de oficio, aunque, en esencia, es una declaración de nulidad. En algunos ordenamientos jurídicos la estimación de una vulneración de un precepto constitucional da lugar, según los casos, a la anulación y nueva sentencia o a su anulación y reenvío al tribunal de instancia según que la vulneración detectada sea asimilable a la infracción de ley o el quebrantamiento de forma clásicos. Al respecto Martínez Arrieta refiere que este último aspecto es, a su juicio, erróneo. Si el tribunal de casación detecta, a través de una impugnación, que el enjuiciamiento realizado ha vulnerado un derecho constitucional, lo que procede es declarar su nulidad y, por ende, la absolución del acusado en la instancia (Martínez, 2004).

3. Presupuestos teóricos que permiten sustentar la prevalencia de la non reformatio in peius en el juicio de reenvío en el proceso penal cubano

Los presupuestos actúan como guía y orientación estableciendo criterios sobre los que se ha de fundamentar una teoría o posición que permita a su vez determinar, en el caso objeto de investigación, el porqué del reconocimiento de la non reformatio in peius en el juicio de reenvío en el proceso penal cubano, los que a continuación se relacionan:

a) La necesidad de preservar el principio acusatorio

La característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes ejercidos en el proceso, estos poderes se vinculan y condicionan unos a otros: su principio fundamental, que le da nombre al sistema, se afirma en la exigencia de que la actuación de un tribunal para decidir el pleito y los límites de su decisión están condicionados al reclamo (acción) de un acusador y al contenido de ese reclamo (nemo iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio) y, por otra parte, a la posibilidad de resistencia del imputado frente a la imputación que se le atribuye (Maier, 2002).

En el inquisitivo el juez despliega al unísono las facultades de investigación y decisión, y le corresponden al superior amplias posibilidades de revisión en apelación o casación. El doble desempeño del juez en dicho sistema reúne en una sola las tareas de la acusación y del juzgamiento, con lo cual la imparcialidad del juzgador se pone en duda (Fuentes & Carrasco, 2013).

El acusatorio es un principio de orden procesal que implica la distribución de funciones o roles: no ha de ser la misma persona que investiga que la que juzga (Batle, 2008). El Estado delega en diferentes órganos cada una de estas funciones para garantizar que cada cual, sin introducirse en las tareas de otros, pueda responder ante el resto de los ciudadanos por su cumplimiento, al tiempo que se actúe de forma independiente e imparcial.

En el procedimiento ordinario el tribunal actúa porque lo ha instado el fiscal o el querellante, el acusador fija el objeto del proceso y todo transcurre dentro de los marcos que aduce la acusación a excepción de la posibilidad que se concede de rectificar la calificación siempre que no signifique una alteración sustancial de los hechos. Si bien en fases anteriores a la casación se justifica mejor la actuación de oficio por la necesidad de culminar dictando una sentencia justa y objetiva, en trámites de recurso el proceso se desplaza con más intensidad hacia lo acusatorio y dispositivo, por lo que queda a disposición de las partes si recurren o no (Florián, 2001).

La prohibición de la reformatio in peius es una de las características esenciales del principio acusatorio en virtud de la cual el órgano revisor no puede agravar más a un recurrente de lo que ya lo estaba por la resolución o sentencia recurrida, salvo que la contraparte también la impugne. El juez ad quem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos de la impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de defensa (Sendra, 2001).

Ante la ausencia de una pretensión expresa de la acusación, el tribunal no puede, sin vulnerar el principio acusatorio, sustituir tal petición por su propia iniciativa. El principio acusatorio establece que la pretensión de la acusación es el presupuesto que condiciona la facultad de decisión del tribunal (Fuentes & Carrasco, 2013).

Es indudable que la impugnación puede demostrar la pertinencia de la agravación o la necesidad de anular lo actuado porque se observa que los hechos pudieron ser sancionados con mayor gravedad. Al respecto, evalúan Alcalá-Zamora y Levene la prohibición militaría en contra de la justeza del fallo, pero agregan que si desaparece dicha restricción, el recurrente sería objeto de la más cruel de las burlas puesto que puso en marcha el instrumento que contra él se vuelve. Refieren, si esta situación se produce es por error o desidia de los acusadores al no recurrir y no parece justo que las culpas de la acusación las supla el tribunal en contra del acusado (Alcalá-Zamora & Levene, 1945).

Lo expuesto deja sentado que cuando se establece un recurso solo a favor del acusado, todo cuanto no se impugna queda firme porque no es materia de inconformidad. Ello produce un marco de seguridad jurídica para el imputado quien conoce, a partir de ese momento, que el recurso limitó el alcance del conocimiento y facultades decisorias del tribunal de casación.

En definitiva, la imposibilidad de empeorar la situación del condenado recurrente único es una de las garantías implícitas en el principio acusatorio y trae causa de este, por lo que ha de entenderse también incluido entre las garantías consagradas en la Constitución, concretamente en la relativa al derecho a un proceso con todas las garantías que, incluye también el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial.

El principio acusatorio es reconocido por la Constitución cubana(1), en tanto reconoce expresamente la división de funciones de la fiscalía y los tribunales, es paradigma del debido proceso y de los sistemas procesales modernos y del que forma parte la prohibición de la non reformatio in peius. La necesidad de la preservación o fortalecimiento del principio acusatorio conduce a concluir que no debe anularse una sentencia, de oficio, cuando la nulidad pueda provocar una agravación del acusado recurrente. El tribunal del juicio nuevo no debe tampoco empeorar la situación de quien recurrió en busca de mejora (Fuentes & Carrasco, 2013).

b) El respeto a la congruencia recursiva

Esta arista de la congruencia en vía recursiva se encuentra estrechamente vinculada con la prohibición de la reformatio in peius y con el propio principio acusatorio. Impide imponer mayor sanción al acusado recurrente como consecuencia del ejercicio de su recurso y limita el poder jurisdiccional del órgano de casación y del tribunal del juicio nuevo.

La sentencia que resuelve un recurso debe tener correlación con la pretensión recursiva, es decir, con el agravio que se pretende reparar mediante el acto de impugnación. Así como el juicio está presidido por la congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, el recurso penal está presidido por la congruencia que debe existir entre el acto de impugnación y la sentencia que falla el recurso. De manera que, la nulidad de oficio contraviene la congruencia recursiva, más si es en contra del acusado por su único y propio recurso (Fuentes & Carrasco, 2013).

Cuando el tribunal del nuevo juicio impone una sanción mayor o agrava la calificación del delito por el que sancionó al acusado recurrente en la sentencia primera, el fallo es incongruente. En el recurso, el imputado no ha solicitado que se declare la nulidad para agravar su situación sino para mejorarla, de manera que se excede el tribunal si aprovecha la ocasión para hacerlo.

En los trámites de impugnación es obvio que es el escrito de las partes el que fija el objeto del recurso, y la sentencia del órgano superior jurisdiccional debe contener la respuesta a tal petición. El defecto o el exceso en esa contestación pueden hacer incongruente la resolución que se dicte. El empeoramiento de la condición jurídica de un recurrente condenado en la primera instancia de un proceso penal, como consecuencia exclusiva del recurso, vulnera el principio de la congruencia recursiva (Rojas, 2007).

También se produce la incongruencia cuando sin recurso fiscal, el tribunal de casación ordena el reenvío con un mensaje de agravación o cuando se agrava de hecho el fallo en el juicio nuevo. Tan desprovista de soportes legales resultaría una condena de primera instancia sin acusación, como la imposición de una pena en el nuevo juicio al acusado originalmente absuelto o una sanción más grave como resultado de su exclusivo recurso.

c) La non reformatio in peius como proscripción de la indefensión

El acceso a la defensa, reconocida en el artículo 59 de la Constitución de la República de Cuba(2), es preservado por todas las legislaciones y ha sido una preocupación de la comunidad internacional. El derecho a la defensa deviene garantía esencial en el proceso.

El contenido de esta garantía incluye, entre otros aspectos, el derecho a ser informado. Esta información al acusado debe ser una constante dentro de todo el proceso e incluir, dentro de aquella información, los sucesos que van aconteciendo como resultado de la tramitación del asunto. Las partes deben conocer todos los materiales de hecho y de derecho que pueden influir en la resolución judicial, de modo que nada de lo que ocurra en un proceso determinado puede quedar oculto para ellas (Fuentes & Carrasco, 2013).

El abogado dedicó su recurso a criticar las faltas que le afectaban procurando que la calificación o la pena fueran rebajadas y no a informar al tribunal por qué no debía imponer mayor sanción o anular lo actuado para incluir hechos nuevos o calificaciones más graves, porque de hecho él no espera que esto suceda. Si el Fiscal no dijo que la sentencia es injusta y por qué es injusta, al imputado y su defensa les resulta imposible oponerse, contradecir o defenderse de un resultado peor que el que consintió la acusación.

Cuando el tribunal del recurso adopta una tercera posición, como es casar de oficio la sentencia, se produce algo sorprendente porque no se conoce qué circunstancia del proceso pudo llegar a tener alguna influencia en la formación del conocimiento y de la voluntad del órgano jurisdiccional, ni se ofreció la oportunidad de debatirlo. Al notificársele esta decisión del órgano de casación, sin que haya sido su petición, inmediatamente en el acusado aumenta la inseguridad jurídica sobre lo que resultará si se celebra un juicio nuevo (Fuentes & Carrasco, 2013).

El fallo que se dicta sin contradicción por el tribunal de casación es sorpresivo, extra o ultra petita, y el tribunal ad quem conoció y resolvió, sin excitación extraña a él. La nulidad de oficio en estos casos puede resultar uno de los ataques más graves al derecho de defensa y daña sensiblemente los principios de igualdad y contradicción (Maier J. B., 1996).

En el derecho a impugnar las sentencias que resulten desfavorables se requiere que se respete la prohibición de reformar la sentencia condenatoria, de manera tal que no se agraven los términos fijados en esta en perjuicio del acusado recurrente. Es una expresión de los principios de igualdad y contradicción de las partes de someterse en paridad de condiciones al proceso penal. Frente a los derechos del acusador se erige el del imputado a ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contraponerse a la agresión de que es objeto su libertad, su patrimonio y, en ocasiones, su propia vida.

El recurso o la posibilidad de recurrir constituyen un medio mediante el cual se equilibra la igualdad en el debate. Las partes pueden denunciar alguna circunstancia de hecho o de derecho que, a su juicio, los ha colocado en desventaja y por tanto demandan su subsanación.

Para el acusado, el recurso es el derecho de atacar la resolución judicial que considera gravosa, injusta o ilegal, y con ello perseguir un nuevo examen y pronunciamiento más favorable, de lo que se infiere que cuando el recurso es interpuesto únicamente por él, la prohibición de reforma en perjuicio deviene en garantía de su adecuada defensa ante la acción punitiva del Estado. De ahí que no baste que tenga el derecho de combatir la decisión que le perjudica, sino que debe contar con la seguridad de que no se obtendrá un resultado más lesivo a sus intereses que el proferido en la resolución que cuestiona (Claría, 1960).

La existencia de principios y garantías imponen al Estado la obligación de crear los mecanismos legales idóneos para que puedan cumplimentarse. No basta que las partes, y en especial el acusado, tengan el derecho a establecer el recurso contra la decisión que le causa perjuicio, sino que al interponerlo han de tener la seguridad de no obtener más agravio que el recibido con la sentencia que combaten. La necesidad de tutela jurisdiccional al derecho de defensa impide que ante el ejercicio del recurso del acusado, el tribunal se apropie de aquel derecho para conducir a resultados que lo contradigan o frustren.

d) La non reformatio in peius como garantía del derecho al recurso

La posibilidad de contar con instancias revisoras ante posibles situaciones de arbitrariedad o aplicación incorrecta del derecho aparece reconocida como una garantía del imputado. Así lo han expresado los instrumentos jurídicos internacionales. Esto no descarta la posibilidad recursiva del Fiscal, pero reafirma que es una de las garantías del debido proceso.

Se ha expresado que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce como garantía mínima del proceso penal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior a quien ha sido declarado culpable. En los sistemas procesales penales modernos el recurso se estableció como un medio de impugnación a solicitud de la parte agraviada y no como un mecanismo jerárquico para corregir los supuestos errores de los tribunales inferiores (Fuentes & Carrasco, 2013).

Mendoza expresa que la non reformatio in peius está encaminada a lograr que las partes se sientan seguras al momento de interponer el recurso, sabiendo que dicha actuación no implicará, en ningún caso, un empeoramiento de su situación en el proceso, pues el tribunal ad quem no podría, en virtud del imperio de esta prohibición, sobrepasar el límite que ha sido fijado por la resolución apelada, proporcionando lo que gráficamente se ha denominado “tranquilidad para recurrir” (Mendoza, 2001).

Esta confianza del imputado para impugnar la sentencia solo proviene de la certeza de que ni el tribunal de casación ni ningún otro, irá más allá de los motivos que denuncia y del fallo que está sometiendo a examen. En ese momento en que el recurso se interpone y comprueba que no lo ha interpuesto el Fiscal se hace operativa la garantía de la non reformatio in peius, pero ella podrá verse afectada si se dispone la nulidad.

Dicha garantía puede verse dañada no solo directamente mediante la agravación de la condena, tan temida por el imputado, sino también indirectamente a través de la anulación de la sentencia original. Sin esa garantía el condenado tendría que asumir el riesgo de ejercer su derecho de defensa contra la decisión judicial adversa, lo que supondría desincentivar su utilización y desproteger a la parte débil frente al poder punitivo del Estado. Lo que garantiza la prohibición de la reformatio in peius es específicamente el derecho al recurso, es decir, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria (Rojas, 2007).

Si ejerciendo ese derecho el imputado sabe que puede terminar en peor condición que no ejerciéndolo, entonces su derecho al recurso puede ser más bien teórico que efectivo, y por supuesto no estará adecuadamente garantizado. En este sentido, la prohibición de la reformatio in peius garantiza en forma directa el derecho al recurso y en forma indirecta el derecho de defensa.

Solo puede alcanzarse el amparo legislativo y práctico de la non reformatio in peius si se protege como garantía del derecho al recurso. Si en verdad se desea construir un sistema general de garantías que signifique la creación de normas que reflejen el interés y fin de tutela de las libertades del individuo frente a las variadas formas de ejercicio del poder, hay que regular y respetar la non reformatio in peius. (Fuentes & Carrasco, 2013).

Si el Fiscal recurre, persigue dejar sin efecto una decisión que rechazó su pretensión punitiva; si es el imputado, quiere dejar sin efecto una que acogió aquella y resistir de esa forma en todo o en parte la tesis acusatoria. Por ello no debe el tribunal del recurso excederse en lo solicitado, puesto que se altera el equilibrio en la distribución de roles, lo cual genera un evidente déficit en la imparcialidad del tribunal. La regla que prohíbe la ultra petita es una de las características de los recursos en los sistemas de corte acusatorio, en tanto este garantiza la distribución de poderes de persecución penal (Fuentes & Carrasco, 2013).

La posibilidad de recurrir debe estar inmersa en un marco garantista que asegure a aquel que intenta hacer uso de esta posibilidad, que no se agrave su situación como resultado de su acto. Se debe verificar que este individuo no se vea temeroso de hacer uso de esta facultad ante la posibilidad de que, en la búsqueda de un mayor control de justicia, se encuentre con una peor sanción.

No es racional la alternativa de consentir la sentencia condenatoria o exponerse al aumento de la sanción con motivo del recurso de casación. Al ser los recursos una forma más de garantizar a los individuos un mayor control de la eficacia y legalidad de los actos jurisdiccionales, el hecho de permitir que los órganos que actúan como “controladores” ejerzan sus poderes ampliamente, sin limitaciones, solo haría más grande el peligro de que aquellos se vean tentados de modificar todo aspecto con lo que no están de acuerdo, aun en contra de los intereses de quienes han reclamado su concreta intervención (Fuentes & Carrasco, 2013).

El tribunal solo debe pronunciarse sobre el agravio que se invoca en el recurso, pero no sobre eventuales errores de la resolución recurrida. En definitiva, son los recurrentes quienes provocan la competencia del tribunal que debe conocer y fallar el recurso, y esa competencia queda limitada por el agravio manifestado. Las excepciones a la pasividad del tribunal en esta materia se encuentran establecidas solo en favor del imputado, cuestión que resulta coherente con la función que cumplen los recursos como garantía procesal para resistir la pretensión penal estatal(3).

e) La autoridad de la cosa juzgada parcial en lo no recurrido

La Ley de Procedimiento Penal cubana se refiere a la cosa juzgada en los artículos de previo y especial pronunciamiento, sin mayores detalles, su definición se halla en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo Laboral y Económico (arts. 351 y 352), pero ello no agota el problema desde el punto de vista penal. En los preceptos destinados a la revisión penal, único modo de destruir la cosa juzgada material, se encuentran dos causales interesantes: la 13) y la 14) —sobre todo esta última— del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal, que reconocen como contradicción que sobre un mismo delito y sus participantes recaigan dos sentencias firmes contradictorias.

Si bien la cosa juzgada se asocia al criterio de firmeza, la sistemática de la Ley de Procedimiento Penal nos conduce a afirmar que el legislador pretendió evitar que la cosa juzgada pudiera tergiversarse de cualquier manera posible para perjudicar a un acusado, lo que justifica una posición como la que se sostiene. Es criterio de la autora, que puede ser aceptada la variante según la cual los pronunciamientos no impugnados no pueden ser modificados al resolver el recurso ni en un juicio nuevo, lo que implicaría un favorecimiento a la seguridad jurídica como valor invariable e inherente de la justicia humana (Fuentes & Carrasco, 2013).

El valor ofrecido a lo que en la doctrina se ha denominado cosa juzgada parcial sirve de fundamento para impedir la reforma peyorativa. Los partidarios de esta interpretación mantienen que, en la medida que el recurrente solo impugna los extremos de la sentencia de instancia que le son perjudiciales, somete únicamente a la consideración del ad quem la revisión de estos, con lo cual todo lo demás de la sentencia recurrida, al haber quedado consentido, pasa a tener autoridad de cosa juzgada.

La sentencia, una vez dictada por el órgano a quo, despliega una serie de efectos de orden procesal que pueden quedar comprendidos bajo la denominación de cosa juzgada. Solo puede modificarse por un órgano superior, ad quem, en virtud de recurso, si no hay recurso no podrá variarse; de modo que los extremos consentidos por las partes deben quedar firmes.

Con la cosa juzgada se busca proteger a las partes de un nuevo juicio y una nueva sentencia sobre la materia objeto de proceso, así mismo, se pretende satisfacer la necesidad de certeza o seguridad jurídica. Cuando una de las partes se siente afectada con la resolución dictada, generalmente la otra se encuentra conforme porque ha sido favorecida y en ocasiones ninguna recurre la resolución dictada, se produce el fin del conflicto y se le atribuye el efecto de cosa juzgada, lo que ofrece certeza jurídica a los litigantes (Fuentes & Carrasco, 2013).

Se produce un peligro de enfrentamiento en el orden procesal penal cubano cuando el término certeza o seguridad jurídica entra en contacto con el de non reformatio in peius en el nuevo juicio o juicio de reenvío. Al disponerse la celebración de nuevo juicio, entran en colisión los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y non bis in ídem con el valor justicia, pues se pretende dejar sin efectos una sentencia posiblemente pronunciada con error o, incluso, ilegal (Carnelutti, 1952).

Si se defiende inflexiblemente la seguridad jurídica, podría consentirse una sentencia injusta aun cuando, y si se sobreestima el valor justicia, las partes jamás tendrían tranquilidad porque en cualquier momento podrá abrirse en su contra otro juicio con nuevas pruebas y variarse la decisión adoptada. Es por ello que es muy importante definir en qué casos y bajo qué presupuestos debe anularse o celebrarse nuevo juicio y cuáles serían sus efectos (Fuentes & Carrasco, 2013).

La cosa juzgada se fundamenta en la certeza jurídica que toda sociedad requiere, la estabilidad de los derechos al asegurar la permanencia, la certidumbre de aquellos que las sentencias reconocen o declaran y la inmutabilidad de los derechos adquiridos que impide alterar o modificar los resultados del ejercicio de la función jurisdiccional y, con ello, reiniciar un proceso que ya se ha terminado. La seguridad jurídica se manifiesta mediante el principio non bis in idem, que hace imposible la apertura del mismo juicio una vez que concurre identidad de sujeto, objeto y causa.

f) La legalidad y la non reformatio in peius como partes del debido proceso

Otra de las polémicas actuales entre los procesalistas se relaciona con la presunta contradicción entre el principio de legalidad y la prohibición de agravar la situación del acusado cuando es único recurrente. Cuando los jueces de casación consideran que por los de instancia se aplicaron sanciones ilegales por defecto u observan que se han cometido violaciones de la Ley de Procedimiento Penal, en ocasiones graves, están en la obligación de resolver el caso (Rojas, 2007).

Dentro de los criterios controvertidos que todavía no se encuentran resueltos de forma pacífica, se cuestiona si se debe proceder a la declaración de nulidad, casar de oficio por la infracción del Código Penal, subsanar la falta imponiendo la pena legal que corresponde, o respetar el fallo acordado por la instancia aun cuando existen violaciones legales para no agravar la situación del acusado recurrente. Dada la disparidad de razonamientos, puede decirse que la cuestión suscitada es de las que siempre permiten debate jurídico (Fuentes & Carrasco, 2013).

La legalidad ha sido definida desde distintas posturas, llegando a veces a ser contradictorias aquellas definiciones que se nutren de otros conceptos jurídicos e incluso de postulados filosóficos e históricos. De ellas podría sacarse como denominador común un concepto muy simple en el que la mayoría de los autores concuerdan: el principio de legalidad es la adecuación de los actos de la autoridad a un conjunto de normas jurídicas, las cuales deben estar expresadas en el ordenamiento jurídico vigente (Méndez, 2016).

Desde el orden procesal, la legalidad se ha conceptualizado como la inevitable reacción del Estado ante la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de delito perseguible de oficio. Esta respuesta se conoce como acción penal en sentido sustancial y se exterioriza mediante la pretensión del fiscal como representante del Estado. Se presenta ante los órganos jurisdiccionales que tienen la potestad de sancionar si están dadas las condiciones para la aplicación de la sanción.

El principio de legalidad no puede ser interpretado de manera rígida al punto que se desconozca el sentido mismo que dio origen a su elaboración. La legalidad es una conquista en el Derecho Penal que garantiza certeza jurídica, no solo de la conducta reprochada o de la sanción sino también de la decisión judicial que impone una pena o que absuelve al procesado.

Durante las fases por las que transita un asunto penal intervienen sujetos a quienes el Estado les ha encargado proceder conforme a la ley. El instructor, el fiscal y el órgano jurisdiccional deben cumplirla en cada acto procesal. La ley ofrece al Estado la posibilidad de actuar correctamente e incluso de rectificar algunos errores de forma inmediata, de modo que no es justo que en ocasión del ejercicio del derecho al recurso del acusado, quien también tiene el derecho a una justicia pronta y cumplida, se declare la nulidad en defensa de la legalidad para que toda la maquinaria estatal se le coloque nuevamente por encima (Fuentes & Carrasco, 2013).

La legalidad ofrece a las partes la facultad de impugnar la sentencia que se dicte en el proceso penal por el que se ha dado sanción a un delito y también proscribe que, en caso de haber recurrido solo una de ellas, no puede modificarse en su perjuicio. De modo que, no existe conflicto entre legalidad y non reformatio in peius, sino que este lo integra. En un proceso justo y leal es una garantía que forma parte del orden procesal y del derecho al recurso del condenado.

Es por ello que en el Derecho Penal, las nulidades, por los efectos que producen, deben declararse solo como excepción y en defensa de los derechos y garantías esenciales del acusado. No es correcto, como regla, declarar nula una sentencia por ilegalidades que no han sido provocadas por el imputado y que aquella decisión termine perjudicándolo cuando ha sido el único recurrente (Fuentes & Carrasco, 2013).

El debido proceso, en sentido estricto, es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a la persecución penal y preservan la seguridad jurídica a partir de una recta, pronta y cumplida administración de justicia. La legalidad y la prohibición de la reformatio in peius han sido universalmente reconocidos como conformadores, entre otros, del debido proceso penal, por lo que es acertado evaluar cómo ambos, sin contraposición, lo integran.

Con la prohibición de reformatio in peius se busca que el procesado o su defensor realmente ejerzan su derecho a recurrir sin temor a que, de pronto, el tribunal superior le desmejore la situación. Se quiere evitar que esa posibilidad de empeoramiento constituya una coacción psicológica que disuada a la persona de impugnar, para que el procesado o su defensor tengan así la certeza de que en el peor de los casos solo se confirmará la sentencia apelada (Fuentes & Carrasco, 2013).

Después de incontables años y disímiles protectores que mantuvieron invariable su criterio contraponiendo la prohibición al debido proceso y a la legalidad, la doctrina se inclina a sostener que la prohibición de reforma peyorativa se ajusta mejor con la política de un Estado que garantiza los derechos del individuo. En el modelo social socialista, el hombre forma parte de la sociedad que construye un nuevo sistema fundado en un Estado de todo el pueblo, lo que significa que el individuo integra la voluntad estatal (Heredia, 2016).

Los instructores, fiscales y jueces deben observar todos los mecanismos para cumplir, preservar y hacer cumplir la legalidad. El acusador debe ser diligente en activar los recursos cuando detecte violaciones de la legalidad o decisiones injustas que provoquen daño a las víctimas, se pueda afectar el orden público o los intereses generales.

Ni la Constitución, ni la ley procesal penal cubana establecen expresamente ante qué violaciones legales se puede anular y no aplicar la non reformatio in peius, de modo que distinguir entre aquellas que pudieran agravar o no al recurrente sin un marco legal, puede conducir a la arbitrariedad. No existe, ni debe existir, norma que le imponga al autor del delito la obligación de colocar en funcionamiento el aparato judicial para preservar el principio de legalidad de la pena en contra suya.

El principio de legalidad como método de organización y estructuración de la sociedad brinda a través del ordenamiento jurídico a los individuos que la conforman, certeza y seguridad jurídica. La prohibición de la reformatio in peius como parte del derecho fundamental al debido proceso, integra también el principio de legalidad.

Desde esta perspectiva, la legalidad se proyecta en dos dimensiones: una, hacia el control del estricto cumplimiento de la ley por los órganos de investigación y juzgamiento, y, otra, dirigida a salvaguardar los derechos y las garantías que la propia ley instituye. En este sentido, los principios de legalidad y non reformatio in peius, no se contraponen sino se complementan y, además, tributan a la estabilidad de la justicia.

De este modo, existen dos valores esenciales: seguridad jurídica y justicia, que a su vez se complementan porque no podría existir justicia, en sentido amplio, sin una garantía de seguridad jurídica para el ciudadano sobre quien recae. La non reformatio in peius viene entonces a cumplir un rol importante, porque tampoco habría justicia si en virtud de su única acción impugnatoria, en procura de una solución más favorable, resulta agravado de oficio, a consecuencia de la decisión del órgano que actúa solo por su propia instancia (Fuentes & Carrasco, 2013).

En breve síntesis, puede apuntarse que siendo la legalidad un amplio conjunto de reglas, teorías, principios, formalidades y prácticas que protegen el debido proceso penal en que se exige el respeto de los derechos y garantías del acusado, la prohibición de la reformatio in peius es parte del principio de legalidad. El debido proceso es garantía jurisdiccional y, entonces, no existe ni puede haber pugna o conflicto entre estos principios, más bien confluyen para proteger a la sociedad y los individuos que la integran.

g) La declaración de nulidad como excepción

Las nulidades en materia penal constituyen una temática de extraordinaria trascendencia para el análisis de la non reformatio in peius. Aquí la polémica incluye la decisión sobre si debe declararse la nulidad y si resulta posible en el juicio de reenvío dictar una condena más severa que aquella que dio motivo al recurso. Al respecto, Cafferata Nores ha dicho: en caso de ausencia de recurso fiscal no puede llegarse mediante nulidad a reparar una omisión en perjuicio del procesado (Rojas, 2007).

La doctrina actual esboza una especie de criterio teleológico (finalista) en la fundamentación de la nulidad. Ha dicho que la base fundamental estimativa de su finalidad es el funcionamiento de la garantía fundamental del debido proceso, es decir, garantizar un proceso regular y legal ante un juez natural que no altere la defensa en juicio de la persona o los derechos (Creus, 1997).

Cuando la Sala de casación, mediante nulidad, le impone al de instancia la recalificación de los hechos para imponer una sanción más grave, sin recurso del fiscal. La nulidad no tiene otro propósito que enmendar el error en el nuevo fallo. En un modelo garantista esta reacción es improcedente, y la utilización en contra del imputado de la facultad, hace que el derecho al recurso y su garantía pierdan su sentido. Si el Estado en la realización de un acto procesal no ha cumplido con los requisitos de validez, no puede enarbolar dicha garantía para subsanar sus defectos en detrimento del individuo. Este principio ha sido sistematizado por la doctrina y así no puede invocar nulidad quien contribuyó a producirla, quien se beneficie con la misma o quien debía conocer la prohibición (Zamora & Levene, 1945).

El proceso penal se construye con el objetivo de asegurarle a todos la libertad y la igualdad para moderar la superioridad del Estado, de manera que surge la necesidad de que existan normas y mecanismos que limiten ese poder y posibiliten a las partes cuestionar la actividad y las decisiones de los jueces y funcionarios que actúan a nombre del Estado. La impugnación de las partes tiene como propósito corregir los errores o defectos de los actos procesales defectuosos y es consecuencia de los derechos y las garantías de los sujetos a un debido proceso.

Las garantías son límites impuestos al poder penal del Estado en su relación con el individuo que está sujeto a persecución penal. Como norma, una garantía concedida al imputado para proteger su derecho a un debido proceso no debe redundar en su perjuicio y, mucho menos, en la nulidad, que es garantía de garantías. El condenado recurrente pide la nulidad para hacer cumplir alguna garantía vulnerada durante la tramitación del proceso (Fuentes & Carrasco, 2013).

Es insensato para el imputado tener que soportar la prolongación del proceso por una defectuosa actividad procesal que no le es imputable. El acusador podría editar y reeditar sus pretensiones indefinidamente y someter entonces al justiciable a una casi eterna persecución penal, solo limitada por la prescripción de la acción, y ello se da de patadas con el derecho a un pronto pronunciamiento (Rojas, 2007).

El sistema debe ser respetuoso de las garantías procesales y no aceptar o promover un reenvío que conspira contra una justicia pronta(4), la persona será nuevamente interrogada, sometida a juicio —con la consiguiente exposición al público—, sentenciada y si en el nuevo juicio los jueces fallaran en perjuicio, el imputado lamentará reiteradamente haber adoptado la decisión de recurrir ante el tribunal superior.

No se trata de que los jueces se constituyan en tutores de las faltas cometidas, sino de que en esta etapa del proceso, después de haber transcurrido la verdadera contienda, su poder jurisdiccional está sujeto a los motivos que las partes han puesto en su conocimiento. Admitir lo contrario desnaturaliza una instancia que, cual bumerán, puede volverse en contra de las partes, especialmente del imputado recurrente solitario, a quien más le valdría no haberse opuesto a la acusación, pues no correría el riesgo de que esta se viera agravada, riesgo que ahora tendría solo por haberse atrevido a ejercer su derecho exclusivo y excluyente (Cafferata, 2003).

No es correcto decir que si el fiscal, al hacer nueva investigación por orden del tribunal de control, amplía el contenido de la acusación originaria, no se vería afectada la defensa del imputado. Es que la vía recursiva ni siquiera otorga un aviso ni da al imputado la posibilidad de ser oído, la defensa no espera que el tribunal con motivo de su única impugnación procure la incorporación de nuevos hechos o delitos que no fueron imputados por el acusador.

En realidad no es poco grave que los funcionarios y jueces tramiten, califiquen o sancionen con errores los casos, pero más vale que se imponga una corrección disciplinaria a los intervinientes, porque es cierto que se encuentran en el deber de velar por el cumplimiento de la ley y no de incumplirla. Si son los funcionarios del Estado los que dan lugar a las faltas, estos deben y pueden responder disciplinaria, civil y hasta penalmente, exigencia que no es novedosa y encuentra amparo en el ordenamiento jurídico cubano (Fuentes & Carrasco, 2013).

Si bien pueden parecer bastante radicales las soluciones que se plantean, es necesario esgrimir de ese modo estas ideas para enfrentar la difícil tarea de reducir al mínimo las nulidades y el reenvío en materia penal. Debe dejarse como ultima ratio el juicio de reenvío para aquellos casos en donde la Sala esté imposibilitada de aplicar correctamente el derecho.

Después de todo el análisis realizado, es evidente que la protección normativa de la non reformatio in peius requiere la introducción de tres reglas procesales básicas: la no agravación de la sanción en el reenvío cuando es el acusado único recurrente, la obligatoriedad de que el nuevo juicio se celebre con jueces distintos a los que dictaron la sentencia anulada y que el fallo que reitere la absolución en nuevo juicio no pueda ser recurrido por el Fiscal.

Para alcanzar la real eficacia de la non reformatio in peius en Cuba, se requiere perfeccionar la actuación de los órganos que intervienen en el proceso y garantizar los derechos de los acusados, las víctimas y los perjudicados. En el orden procesal puede redefinirse la impugnación por quebrantamiento de forma, a través de un recurso inmediato que permita subsanar las faltas denunciadas y comprobar que el recurrente intentó su reparación oportuna, reconocerle a la víctima su condición de parte en el proceso y regular legalmente los principios o garantías esenciales para evitar las nulidades por simples defectos formales.

Conclusiones

Primera: La non reformatio in peius es una antigua y discutida institución procesal que contiene dos aspectos cardinales: es una garantía del derecho al recurso del condenado y un límite al poder punitivo del Estado. Los jueces no pueden provocar para el acusado único recurrente una situación peor que la presentaba en la sentencia anulada. Se vincula con el agravio del impugnante y no con el acierto del fallo, de modo que, desde el punto de vista doctrinal y científico, el acusado puede acudir tranquilamente a ejercer su derecho, con la certeza de que su situación no será agravada como resultado de su propio y único impulso.

Segunda: El respeto de la non reformatio in peius, como expresión del derecho al recurso, en la etapa científica del Derecho Procesal, en aquellos sistemas procesales con una clara orientación acusatoria, complementa el sistema de garantías del debido proceso, el que reconoce el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable y la necesidad de disponer la nulidad de oficio solo en favor del imputado.

Tercera: Los postulados teóricos básicos que permiten sustentar la prevalencia de la non reformatio in peius en el juicio de reenvío se sintetizan en los siguientes: la necesidad de preservar el principio acusatorio, el respeto a la congruencia recursiva, la proscripción de la indefensión, la garantía del derecho al recurso, los principios de legalidad y del debido proceso y la necesidad de declarar la nulidad solo en favor del imputado.

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(1) La actividad de juzgar corresponde a los tribunales: artículo 120. La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye. Y la acción penal se le encomienda a la Fiscalía: Artículo 127. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

(2) Constitución de la República de Cuba. Artículo 59. Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen. Todo acusado tiene derecho a la defensa.

(3) El artículo 8.2 letra h) de la CADH reconoce como garantía mínima del proceso penal el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y el artículo 14.5 del PIDCP reconoce, en especial a quien ha sido declarado culpable, el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior.

(4) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas está previsto en el artículo 14.3.c) PIDCP que expresa que una de las garantías mínimas, de toda persona acusada de un delito, es la de ser juzgada sin dilaciones indebidas; asimismo en el artículo 8.1 CADH se establece como garantía judicial el que una persona tiene derecho a ser oída por un juez en la sustanciación de cualquier acusación penal dentro de un plazo razonable. Esta garantía dispone que el juicio previo debe ser realizado sin dilaciones indebidas. La nulidad producida por vicios de procedimiento ajenos al acusado puede ser considerada una dilación indebida, aunque no se encuentran pronunciamientos de la jurisprudencia cubana al respecto.