Sanción de inexactitud por imputación improcedente

Revista Nº 160 Jul.-Ago. 2010

Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez 

Contador tributarista 

El artículo 43 de la Ley 962 del 2005 estableció que ciertas omisiones o errores (como las imputaciones o errores aritméticos) se pueden corregir de oficio o a solicitud de parte, sin sanción, con el fin de que prevalezca la verdad real sobre la formal, siempre y cuando la modificación no resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo. Por su parte, la circular de la DIAN del 7 de octubre del 2005 establece que en materia tributaria lo dispuesto en dicha ley aplica tanto para las inconsistencias que se detecten a partir de la fecha de entrada en vigencia de la misma (jul. 8/2005), y para aquellas que se encuentren en declaraciones presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, con el fin de que se puedan corregir errores, como es el caso de las “omisiones o errores de imputación o arrastre, tales como saldos a favor del período anterior sin solicitud de devolución y/o compensación; anticipo de renta y anticipo de la sobretasa”.

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado en fallo 16715 del 25 de marzo del 2010, Consejero Ponente William Giraldo Giraldo, señaló que la imputación de un saldo a favor del período anterior que no corresponda a la realidad, es un factor desfigurado o equivocado que da lugar a un mayor saldo a favor y debe ser base para liquidar la sanción de inexactitud.

El Consejo de Estado argumenta la necesidad de imposición de la sanción de inexactitud, porque en este caso el saldo a favor registrado en la declaración objeto de investigación no había sido declarado anteriormente, sino que es producto de una declaración de corrección del año gravable anterior, presentada en bancos en una fecha posterior a la de la declaración auditada y por consiguiente no válida.

Este hecho no parece ser diferente a los demás casos que se pueden presentar en materia de imputación de saldos a favor improcedentes. Llama la atención el hecho de que el Consejo de Estado imponga sanción de inexactitud sobre aspectos respecto de los cuales la legislación y la doctrina han establecido que se pueden corregir de oficio o a petición de parte sin sanción.