Sanción por inexactitud. Análisis sobre su aplicación a la luz de la jurisprudencia

Revista Nº 169 Ene.-Feb. 2012

Elizabeth Whittingham García 

Abogada tributarista y catedrática 

La aplicación de la sanción por inexactitud, prevista en el artículo 647 del estatuto tributario, ha generado diversos pronunciamientos por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, cuyo análisis es el propósito del presente artículo. Para ello es necesario precisar, en primer término, el contenido y alcance de la norma.

Según el artículo 647, procede la aplicación de la sanción por inexactitud cuando la administración establezca mediante la investigación pertinente y el recaudo de pruebas, que el contribuyente en su declaración tributaria incurrió en cualquiera de los siguientes hechos:

(i) Omisión de ingresos; (ii) omisión de impuestos generados por las operaciones gravadas; (iii) omisión de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen; (iv) inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes; (v) utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados; (vi), solicitud de compensación o devolución sobre sumas que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior; (vii) no inclusión en la declaración de retención en la fuente la totalidad de las retenciones que han debido efectuarse o las efectuó y no las declaró o las declaró por un valor inferior e incurrir en inconsistencias en la declaración de renta, derivadas de la información sobre aportes a la seguridad social(1).

Conforme a la misma disposición, es presupuesto esencial para que proceda la sanción por inexactitud, que como consecuencia de la realización de algunos de los hechos enunciados por parte del contribuyente, se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente. Es decir, si no se genera un mayor impuesto como consecuencia de la actuación administrativa o un menor saldo a favor, no procede la sanción, en cuanto esta es vinculada con la obligación sustancial del pago del impuesto. Así lo precisó la Corte Constitucional al considerar que “el legislador fue objetivo al establecer la sanción indicada, ya que la inexactitud sancionada se debe determinar y probar mediante cifras y no por apreciaciones de autoridad”(2).

La sanción prevista en la citada disposición es una de las más gravosas de las que hacen parte del régimen sancionatorio en materia tributaria, en cuanto es equivalente al 160% de la diferencia que resulte entre el mayor impuesto determinado por la administración, mediante liquidación oficial de revisión, y el determinado por el contribuyente en su liquidación privada o la diferencia que resulte entre el menor saldo a favor determinado por la administración y el determinado por el contribuyente en su declaración privada(3). Implica que en todos los casos la sanción superará notoriamente el valor del mayor impuesto determinado oficialmente. Así, si el mayor impuesto fue la suma de $ 5.000.000, la sanción por inexactitud será de $ 8.000.000.

No obstante, el mismo artículo 647 establece como causal de exoneración de la sanción por inexactitud, los errores de apreciación y las diferencias de criterio sobre el derecho aplicable que inciden en la determinación de un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor, siempre que los hechos y cifras denunciados por el contribuyente en su declaración tributaria sean completos y verdaderos.

De acuerdo con el contenido de la norma que consagra la sanción por inexactitud, los siguientes aspectos se consideran relevantes en el análisis propuesto, ya que precisamente la necesidad de abordar el tema surge de las distintas interpretaciones que sobre ellos ha hecho la jurisprudencia.

En primer término la controversia a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado surge en torno a los aspectos que tienen relación con la aplicación de la sanción cuando se configura el hecho que la norma enuncia como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, sobre los cuales se presentan dos situaciones fácticas, a saber: a) la ausencia total de pruebas que soporten los conceptos enunciados, y b) las deficiencias probatorias, es decir, las pruebas que se aportan y que permiten demostrar la realidad de tales conceptos, pero que carecen de las formalidades que le son propias.

De otra parte, en lo que se refiere a los errores de apreciación o diferencias de criterio sobre el derecho aplicable, como causal de exoneración de la sanción por inexactitud, se plantean dos situaciones así: a) el desconocimiento de la ley, es decir, cuando se incluyen en la declaración como deducibles, conceptos que no están autorizados en la ley o no cumplen los requisitos exigidos en esta para su procedencia, y b) la indebida interpretación de la ley, cuando esta se aparta del contenido y alcance de la norma.

En cuanto a las deficiencias probatorias, el Consejo de Estado venía aceptando que en tales circunstancias no era procedente la sanción por inexactitud, advirtiendo que cuando el motivo de la desestimación de beneficios fiscales como costos, deducciones, descuentos o pasivos obedecía a la falta de pruebas, no implicaba que el respectivo rubro fuera inexistente o falso, o que proviniera de operaciones simuladas. Así que, aun cuando resultara procedente el rechazo del beneficio e incluso la aplicación de las multas por irregularidades contables, no procedía inexorablemente la sanción por inexactitud, salvo que se estableciera la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas en la norma para su aplicación.

En un caso concreto, donde los mayores valores determinados por la administración mediante liquidación de revisión, correspondían al desconocimiento del costo de ventas y el descuento de IVA pagado por adquisición de bienes de capital, el Consejo de Estado concluyó que las deficiencias probatorias detectadas en el dictamen pericial contable y las certificaciones de contador público, no permitían acceder al reconocimiento de tales conceptos, pero eximían a la sociedad contribuyente de la sanción por inexactitud(4).

En un pronunciamiento posterior, la misma corporación aclara que si la administración no ha cuestionado la realidad de los costos o deducciones y se presentan deficiencias probatorias, no pueden calificarse tales erogaciones como inexistentes. Es así como lo expresó el Consejo de Estado: “Si se observan las razones que tuvo la administración para proponer las glosas y las que se exponen en la sentencia, para confirmar el rechazo de intereses por obligaciones con terceros, el pago de intereses al Consorcio Aseo Capital y los cargos diferidos, no es posible afirmar que se trate de deducciones inexistentes, sancionables con inexactitud, pues en ninguno de los conceptos enunciados se cuestionó la realidad de los pagos, sino la falta de idoneidad de los documentos que se presentaron para respaldar las respectivas operaciones”.

En el caso que dio origen al anterior pronunciamiento, los intereses por obligaciones con terceros estaban soportados en comprobantes de egreso, pero carecían de documentos que permitieran verificar el cumplimiento de los requisitos legales, tales como la tasa máxima de interés autorizada y el concepto de la obligación que originó el gasto, entre otros. Si bien con la demanda se allegaron certificaciones expedidas por las personas naturales que se señalaban como beneficiarias de los pagos, estas fueron desestimadas por no haber sido presentadas en su oportunidad ante la administración, en aplicación del artículo 781 del estatuto tributario, y por considerar que no eran pruebas idóneas para demostrar el pago de intereses. Tomando en cuenta las deficiencias probatorias enunciadas se concluyó que la sanción por inexactitud impuesta resultaba improcedente(5).

El anterior criterio es reiterado por el Consejo de Estado al decidir un caso en donde no se accedió a reconocer la deducibilidad de la amortización del crédito mercantil, por no encontrarse enmarcado dentro de los requisitos de los artículos 107, 142 y 143 del estatuto tributario. Allí consideró que no obstante la improcedencia de la deducción solicitada por el contribuyente a la luz de la normativa aplicable, estaban dados los presupuestos que le permitían concluir que se había presentado una diferencia de criterios y que además no se configuraban los presupuestos establecidos en el artículo 647 del estatuto tributario que hicieran imperativa la imposición de la sanción por inexactitud, por cuanto los hechos y cifras denunciados por el contribuyente fueron completos y verdaderos(6).

Posteriormente, el Consejo de Estado se aparta del anterior criterio al considerar que las deficiencias probatorias implican la inexistencia del gasto y que en consecuencia hacen procedente la sanción por inexactitud. Es así como razonó en un caso donde se estableció que si bien las expensas solicitadas como deducibles tenían relación con la empresa y los trabajadores, en la medida en que les brindaban bienestar y comodidad, no era procedente el impuesto descontable, habida cuenta que las pruebas proporcionadas por la demandante no permitían determinar la injerencia positiva de estas en la actividad productora de renta. Es decir, como no estaba acreditado que las expensas cumplieran con los requisitos de los artículos 107 y 488 del estatuto tributario debía mantenerse la sanción por inexactitud sobre los impuestos descontables no reconocidos “porque la sociedad demandante incluyó descuentos inexistentes”.

Adicionalmente, sobre el concepto de expensas “inexistentes” el Consejo de Estado precisó que la sanción por inexactitud se impone cuando se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes. Y, que para que se perfeccione la infracción, la inclusión se debe ejecutar con el propósito de obtener un provecho que se traduce en el menor pago de impuestos o en la determinación de un mayor saldo a favor. Asimismo, advirtió que el adjetivo inexistente debe entenderse en sus dos acepciones: como adjetivo relativo a aquello que carece de existencia; y como adjetivo relativo a aquello que, si bien existe, se considera totalmente nulo, porque es “Falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo”.

Y a manera de conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que cuando el artículo 647 del estatuto tributario prevé que, en general, lo que se quiere sancionar es la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, implica que todos estos adjetivos, en últimas, implican la inexistencia de los egresos que se llevan como costo, deducción, descuento, exención, pasivo, impuesto descontable, retención o anticipo, sin serlo, por una de las siguientes razones: porque en realidad no existen esos egresos; porque, aun existiendo, no se probaron; o porque, aun probados, no se subsumen en ningún precepto jurídico del estatuto tributario que les dé valor y fuerza para tener el efecto invocado, por carecer de las solemnidades que exige dicho estatuto para darles la calidad de tales, a menos que, en este último caso, se verifique la interpretación errónea por parte del contribuyente que lo haya inducido a apreciar de manera errónea la norma y a subsumir los hechos económicos declarados en esta.

También precisó la alta corporación, que para imponer la sanción por inexactitud no se requiere probar que el contribuyente haya actuado con intención dolosa o culposa, pues la infracción se tipifica simplemente por la inclusión, por error de interpretación de hechos económicos y de la subsunción de estos en la norma que se nvoca para amparar el beneficio (infracción objetiva) o por la inclusión, de manera dolosa, de hechos falsos (infracción subjetiva). En consecuencia, para efectos tributarios las expensas que no fueron aceptadas porque no fueron probadas deben tenerse en cuenta para tasar la sanción por inexactitud.

En el caso que dio origen a la anterior conclusión, el contribuyente argumentó diferencias de criterio sobre el derecho aplicable como causal de exoneración de la sanción por inexactitud, lo cual permitió al Consejo de Estado hacer importantes precisiones sobre lo que debía entenderse por diferencias de criterio originadas en la interpretación jurídica, de las cuales se resaltan las siguientes:

“... en cuanto al objeto de la interpretación jurídica, la doctrina explica que “al interior de la categoría de interpretación operativa cabe distinguir la interpretación del derecho propiamente dicha —concretamente, la interpretación de las normas jurídicas válidas—, de la interpretación de los hechos, que, en la mayoría de los casos, funcionan como condiciones para la aplicación de las normas en un caso concreto.

“La importancia de la interpretación de los hechos es puesta de relieve por M. Atienza, para quien la argumentación que se efectúa en la vida jurídica es, en gran parte, una argumentación sobre hechos, mientras que la teoría estándar de la argumentación jurídica y de la interpretación se ocupan, casi con exclusividad, de cuestiones de tipo normativo”. En ese contexto, por interpretación errónea, la Sala Plena de la corporación ha precisado que es la que “consiste en aplicar la disposición pertinente a la controversia, pero dándole un sentido y alcance que no tiene; se sitúa siempre en un error de hermenéutica jurídica”. Ahora bien, identificar cuándo se está en presencia de un error de hermenéutica jurídica no es tarea fácil, pero sirve como pauta para identificar la metodología y las pautas legales y de doctrina judicial utilizadas por el contribuyente para arribar a la interpretación que lo indujo a declarar de determinada manera las cargas tributarias”.

Como consecuencia de lo anterior, concluyó que no era procedente exonerar de la sanción por inexactitud bajo el entendido de que la sociedad contribuyente incurrió en un error de interpretación de las normas, puesto que en lo que incurrió la demandante fue en un error de interpretación de los hechos, aspecto este que no daba lugar a exonerarla de la sanción por inexactitud(7).

Otro pronunciamiento del Consejo de Estado tiene relación con el alcance de la disposición prevista en el artículo 647 del estatuto tributario, en cuanto advierte que la diferencia de criterios debe versar sobre el derecho aplicable (siempre que los hechos y cifras declarados sean veraces y completos), sobre el cual la alta corporación precisó que no hay diferencia de criterios cuando lo que se presenta es el desconocimiento del derecho procedente y cuando no son aplicadas las normas pertinentes, observando que cuando la discrepancia entre el fisco y el contribuyente se basa en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento de que su actuación estaba amparada legalmente, existe una diferencia de criterios. “No ocurre lo mismo, cuando se presentan argumentos que a pesar de su apariencia jurídica, no tienen fundamento objetivo y razonable”.

En el proceso que provocó el anterior pronunciamiento, el Consejo de Estado consideró que existía una diferencia de criterios relativa a la interpretación del derecho aplicable que permitía levantar la sanción por inexactitud porque con base en una interpretación sistemática se concluyó que el servicio de transporte público terrestre de personas se encuentra excluido del IVA y que, atendiendo el contexto de la disposición, el servicio privado de transporte terrestre de personas se encuentra gravado, verificando la historia de la norma, la finalidad del legislador e incluso al sentido que el común de las personas le han dado a las expresiones contenidas en el artículo 476 del estatuto tributario(8).

Similar criterio expresa la misma corporación al decir que existe una diferencia de criterio entre la autoridad tributaria y el contribuyente, cuando la discrepancia se basa en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento de que su actuación estaba amparada legalmente; sin embargo, reiteró que no ocurre lo mismo cuando a pesr de su apariencia jurídica, no tienen fundamento objetivo y razonable(9).

La siguiente cuestión contribuye a precisar el tema de lo que debe entenderse por diferencia de criterios sobre el derecho aplicable: “Se presenta una diferencia de criterio relativa a si los aportes por conexión hacen parte de la base gravable en el servicio telefónico, pues mientras la demandante estima que no es objeto del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio, la DIAN lo considera parte integral del servicio de telefonía y por ende gravado”.

“Tal discrepancia surge del alcance e interpretación de las normas pertinentes, no del desconocimiento de estas; además, el monto de los ingresos glosados, fueron declarados por la demandante como ingresos por operaciones excluidas y no gravadas, es decir, que los valores declarados por la actora fueron completos y verdaderos”. Se concluye que no se configuró inexactitud sancionable, por lo que se levanta la sanción por inexactitud(10).

En oposición a lo anterior, en el siguiente caso se considera que se está frente al desconocimiento del derecho: “Si la ley dice que la renta presunta se calcula sobre la base del patrimonio líquido o del bruto del último día del año inmediatamente anterior, es esa fecha y son esos patrimonios y no otra u otros. Las reglas de interpretación que sabiamente consagra el Código Civil, no permiten darle un alcance diferente al que literalmente y en forma clara expresa la disposición. Así lo ordena el artículo 27 del Código Civil.

“Si el legislador no contempló la posibilidad de dar un tratamiento especial a la escisión de sociedades para calcular la renta presunta, ello no justifica desconocer las normas generales que regulan este sistema y asumir como jurídico lo que motu proprio considera el contribuyente debe hacerse para liquidar la renta presuntiva.

“En efecto, la diferencia se presentó entre un criterio jurídico fundado en la ley y un criterio personal, como ya se planteó, carente de respaldo legal. De otra parte los datos no fueron correctos porque el impuesto se liquidó por menor valor como consecuencia de la no aplicación de las normas pertinentes”(11).

En un reciente pronunciamiento(12), el Consejo de Estado rectifica el criterio según el cual venía sosteniendo de manera reiterada que ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción por inexactitud(13). Que si los rechazos obedecían a falta de prueba —contable o no— o a defectos formales en su comprobación, debía hacerse un examen analítico y probatorio para establecer la falsedad, inexistencia, simulación, etc., de los costos, gastos y demás partidas objeto de glosa oficial, puesto que entre otros, la sanción estaba prevista en el evento de que el contribuyente solicitara costos, deducciones, pasivos, etc., en los que no hubiera incurrido efectivamente, de los cuales derivara un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor(14).

Es así como se exponen los puntos objeto de rectificación por parte de la alta corporación, haciendo una recopilación de lo expresado sobre el tema en pronunciamientos anteriores: “... la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud”, teniendo en cuenta lo expresado en la sentencia del 28 de junio del 2010, en la que consideró que la falencia de la prueba sobre la realización de los costos, significaba la inclusión en la declaración de costos inexistentes que daban lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que era sancionable(15).

En la sentencia del 19 de agosto de 2010, se señaló que la conducta del contribuyente generaba la sanción por inexactitud al incluir en la declaración, como deducciones, partidas frente a las cuales no se demostró su realidad y procedencia, las cuales afectaron la base gravable y dieron lugar a un menor impuesto a cargo. Oportunidad en la que se advirtió que no era necesario que la administración estableciera que los gastos fueron irreales, pues lo cierto era que fueron solicitados como deducción, sin demostrar su procedencia(16).

Seguidamente, “en el caso fallado en la sentencia del 14 de octubre de 2010, donde se estableció que ni en sede administrativa ni judicial la sociedad demandante había logrado respaldar contablemente la existencia de un pasivo registrado en la cuenta PUC 2355, no obstante el requerimiento de la DIAN. También, en ese contexto, se concluyó que, de conformidad con el artículo 647 del estatuto tributario, era procedente la sanción por inexactitud impuesta, por haberse incluido en la declaración de pasivos inexistentes”(17).

En síntesis, la nueva interpretación propuesta por el Consejo de Estado se concreta en considerar que a la luz del artículo 647 del estatuto tributario, procede la aplicación de la sanción por inexactitud en todos los casos en que se concluya que los costos, deducciones, exenciones, impuestos descontables, pasivos y retenciones son improcedentes conforme a las normas legales aplicables y que la improcedencia de los conceptos declarados permite afirmar su inexistencia.

La tesis jurídica propuesta por la alta corporación corresponde a la posición que venía adoptando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Sin embargo en el Concepto 124515 del 27 de diciembre de 2000, la DIAN se había pronunciado conforme a la anterior jurisprudencia del Consejo de Estado, al considerar que la sanción por inexactitud no procede cuando los costos y deducciones no son aceptables o son objeto de rechazo por incumplimiento de requisitos formales o por deficiencias en su comprobación.

El criterio del año 2000 es reiterado por la DIAN en el Concepto 50941 del 12 de julio del 2011, emitido a propósito de una consulta en la que se solicitaba revisar el Concepto 124515 con fundamento en lo expresado por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de junio del 2010 (Exp. 16791), en la cual la alta corporación modificó su posición al concluir que era procedente la sanción por inexactitud, por considerar inexistentes las deducciones respaldadas en facturas expedidas a nombre de un tercero y se descalificaron otras pruebas supletorias, por considerar que en materia de deducciones el artículo 771-2 del estatuto tributario establece una tarifa legal probatoria. La DIAN al indicar la vigencia del Concepto 124515 del 2000, precisamente señala que este se refiere a costos y deducciones declarados y que son rechazados por incumplimiento de requisitos formales o deficiencias en su comprobación, aspectos que no acarrean sanción por inexactitud, situación diferente a la de la sentencia, toda vez que en este caso las facturas estaban a nombre de un tercero.

Conclusiones

Del breve análisis efectuado a los distintos pronunciamientos que sobre el tema propuesto ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado surgen las siguientes conclusiones:

Es evidente que de los hechos enunciados en el artículo 647 del estatuto tributario como sancionables, los que ofrecen mayor controversia están referidos a la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes; la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, y las diferencias de criterio sobre el derecho aplicable como causal de exoneración de la sanción por inexactitud.

Según la jurisprudencia, del contenido del artículo 647 del estatuto tributario se infiere que los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables y exenciones incluidos en la declaración tributaria son inexistentes en los siguientes eventos:

a) Cuando el contribuyente no aporta pruebas que permitan demostrar la realidad de estos, es decir, cuando hay ausencia total de pruebas. En este evento se considera que es válido afirmar la inexistencia del gasto o pasivo y como consecuencia de ello la procedencia de la sanción por inexactitud.

b) Cuando el contribuyente aporta pruebas que permiten demostrar existencia del costo, la deducción o los impuestos descontables, pero estas no cumplen con las formalidades previstas en la ley tributaria para su procedencia, teniendo en cuenta que según el artículo 771-2 del estatuto tributario solo proceden costos deducciones e impuestos descontables respaldados en facturas que cumplan los requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto.

En este último evento puede decirse que el concepto solicitado es improcedente y que en consecuencia no es viable su reconocimiento por mandato expreso de la ley, pero lo que no puede afirmarse es que sea inexistente, porque para que se diga que el concepto solicitado es improcedente se parte de su existencia. Es decir, si es inexistente, por sustracción de materia no puede analizarse su procedencia.

Pero lo relevante de considerar que la improcedencia es equivalente a la inexistencia del concepto, con el fin de configurar el hecho que el artículo 647 califica como sancionable con inexactitud, es que se desconoce el principio de legalidad de las sanciones, puesto que lo que sanciona la norma es la inclusión en la declaración de costos y deducciones inexistentes, no la inclusión de costos y deducciones que puedan resultar improcedentes a la luz de las disposiciones legales aplicables.

Ahora bien, según la jurisprudencia, incluir en la declaración tributaria datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, implica la inexistencia de los egresos por una de las siguientes razones: i) porque en realidad no existen esos egresos; ii) porque, aún existiendo, no se probaron, y iii) porque, aún probados, no se subsumen en ningún precepto jurídico del estatuto tributario que les dé valor y fuerza para tener el efecto invocado, por carecer de las solemnidades que exige dicho estatuto para darles tal calidad. Pero en todo caso, en cualquiera de los eventos enunciados procede la sanción por inexactitud.

En síntesis, el contribuyente está obligado no solo a demostrar la realidad del gasto sino también su procedencia a la luz de las normas aplicables, y de no hacerlo así, procede la aplicación de la sanción por inexactitud.

Respecto a la diferencia de criterios sobre el derecho aplicable, precisa la jurisprudencia que la interpretación es errónea cuando se aplica la disposición pertinente a la controversia, pero se le da un sentido y un alcance que no tiene. Reconoce que no es tarea fácil establecer cuándo se está en presencia de un error de hermenéutica jurídica, pero considera que sirve como pauta, identificar la metodología utilizada por el contribuyente para arribar a la interpretación que lo indujo a declarar de determinada manera las cargas tributarias.

Sostiene que no hay diferencia de criterios cuando lo que se presenta es el desconocimiento del derecho y cuando no se aplican las normas pertinentes. Y que solo hay diferencia de criterios cuando la argumentación del contribuyente para la interpretación de la norma es sólida, aunque esta resulte equivocada, pero no cuando se presentan argumentos que a pesar de su apariencia jurídica, no tienen fundamento objetivo y razonable.

En consecuencia, si el contribuyente hace una interpretación errada de la norma, pero tiene un fundamento objetivo y razonable, se acepta la diferencia de criterios sobre el derecho aplicable como causal de exoneración de la sanción por inexactitud. Pero si la norma es clara y no admite interpretación distinta a la que se infiere de su tenor literal o la interpretación propuesta por el contribuyente, carece de una argumentación sólida y objetiva, no se configura la diferencia de criterios y en consecuencia procede la sanción por inexactitud, porque lo que se presenta entonces es un desconocimiento del derecho.

(1) Mediante la Ley 789 del 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo, se dispuso en el parágrafo 1º del artículo 50: “Las autoridades de impuestos deberán disponer lo pertinente a efectos de que dentro de la declaración de renta que deba ser presentada a partir del año 2003 se establezca un renglón que discrimine los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-571 del 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.

(3) Tratándose de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexactitud es equivalente al 20% de los valores inexactos por los hechos enunciados, aunque en dichos casos no exista impuesto a pagar.

(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de agosto del 2002, Expediente 12697, M.P. Ligia López Díaz.

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 17 de marzo del 2005, Expediente 14269, M.P. Ligia López Díaz.

(6) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre del 2010, Expediente 16938, M.P. William Giraldo Giraldo.

(7) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 22 de marzo del 2011, expedientes 17152 y 17286, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(8) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de octubre del 2005, Expediente 14725, M.P. Ligia López Díaz.

(9) Sentencia del 27 de octubre del 2005, Expediente 14725, M.P. Ligia López Díaz.

(10) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de abril del 2009, Expediente 16941, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de octubre del 2001, Expediente 12084, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(12) Sentencia del 5 de mayo del 2011, Expediente 17306, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(13) Sentencias del 29 de agosto del 2002, Expediente 12697, C.P. Ligia López Díaz; del 22 de febrero del 2007, Expediente 15164, M.P. María Inés Ortiz, y del 12 de mayo del 2010, Expediente 16810, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(14) Sentencias del 12 de octubre del 2001, Expediente 12408, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 25 de marzo del 2010, Exp. 16663, y del 29 de abril del 2010, Expediente 16886, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(15) Expediente 16791, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(16) Sentencia de 19 de agosto del 2010, Expediente 16988, C.P. William Giraldo Giraldo.

(17) Sentencia de 14 de octubre del 2010, Expediente 17042, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.