Se ajusta el cinturón fiscal para las entidades sin ánimo de lucro

Revista Nº 128 Mar.-Abr. 2005

Javier Rojas, 

Informe especial para la Revista Impuestos 

Dos normas de reciente expedición: los decretos 4400 del 2004 y 640 del 2005 han causado revuelo entre las entidades del régimen tributario especial. En ambas, se evidencia la intención del gobierno de reducir la evasión en el sector. 

El propósito de buscar mayor precisión normativa en el régimen tributario especial, mediante el Decreto Reglamentario 4400 del 2004, no se pudo alcanzar plenamente. Los primeros análisis de la nueva disposición por parte de las entidades sin ánimo de lucro, usuarias de ese régimen, arrojaron en conclusión un cambio sustancial de procedimientos que las puso en apuros para responder a tiempo con las obligaciones tributarias.

Una de las modificaciones de fondo se relacionaba con el modelo contable, que alteraba los parámetros de cálculo del excedente o beneficio neto, con base en el cual se determina el impuesto de renta especial para las entidades sin ánimo de lucro. Otra determinación de importancia imponía, a estas organizaciones, un papel de mayor compromiso con la sociedad, que se debía traducir en el acceso directo de la comunidad a las mismas.

Con el paso de las primeras semanas del 2005, aumentaron el desconcierto y las dudas de los diversos sectores involucrados, lo que llevó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a promulgar un nuevo decreto, el 640 del 2005, que modifica y aclara algunos de los aspectos más polémicos del Decreto 4400, en torno a los procedimientos tributarios de las entidades sin ánimo del lucro. En particular, dispone conservar el modelo anterior de causación para determinar el beneficio neto o excedente contable y suprime la exigencia del acceso a la comunidad para condicionar los beneficios del régimen tributario especial.

Desde que se hicieron permanentes los problemas de déficit fiscal en el país y tras las continuas reformas tributarias de los últimos años, diversas voces se han sumado a la petición de depurar el listado de las entidades del régimen tributario especial, que pagan una tarifa excepcional de impuesto de renta del 20%. A criterio de algunos expertos, estos decretos podrían ser el comienzo de una estrategia de la administración de impuestos encaminada a decantar ese grupo de más de 16.000 entidades sin ánimo de lucro que operan en el país.

De acuerdo con el estatuto tributario, los contribuyentes del régimen tributario especial pueden ser de cuatro tipos: las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro; las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos financieros y se encuentran sometidas a vigilancia de la Superintendencia Bancaria; los fondos mutuos de inversión y asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo y, finalmente, las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas.

En lo pertinente al primer tipo, es decir, las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, el estatuto tributario estipula tres condiciones para que logren el principal beneficio de pagar una tarifa en renta del 20%. La primera es que el objeto social y todos los recursos se destinen a actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecología, protección ambiental o a programas de desarrollo social.

La segunda establece que tales actividades deben ser de interés general, y la tercera dispone que la totalidad de los excedentes sean reinvertidos en el objeto social. A partir de ese marco de condiciones, el Decreto 4400 determinó las actividades llamadas de interés general y detalló las pautas contables para establecer el beneficio neto o excedente, gravable con el impuesto de renta especial.

El 4400 precisó: “Las actividades son de interés general cuando beneficien a un grupo poblacional, como un sector, barrio, o comunidad...”, entre las cuales determina que son actividades de salud las autorizadas por el Ministerio de la Protección Social y por la Superintendencia Nacional de Salud. Acepta como actividades de deporte “aficionado” las reguladas por la Ley 181 de 1995. En relación con las culturales, habla de las descritas en el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, como las artes plásticas, escénicas, musicales, audiovisuales y literarias.

Entre tanto, se consideran actividades de investigación las estipuladas en el Decreto 2076 de 1992: “Se entiende por programas ecológicos y de protección ambiental los contemplados en el Código Nacional de Recursos Naturales de Protección del Medio Ambiente...” y por programas de desarrollo social los que afecten a la colectividad en procura de mejores condiciones de vida del hombre en sociedad.

Reparo vigente

El experto Juan Carlos Jaramillo califica “como positivo el hecho de que el decreto intenta acudir a otras fuentes de interpretación legal en aras de precisar el alcance de muchas actividades que reciben estímulo fiscal. Le brinda certeza al contribuyente”.

No obstante, Carlos Mario Lafaurie, de la firma PriceWaterhouse Coopers, comenta que el artículo 8º del Decreto 4400 olvidó mencionar las actividades ecológicas y de protección del medio ambiente como beneficiarias de la exención del impuesto sobre la renta. “Esperemos que el Fisco al aplicar el reglamento tenga presente que esta omisión no significa la perdida del beneficio que la ley le otorgó a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan este tipo de actividades”. Tal situación no fue subsanada por el Decreto 640.

Por otro lado, anota Lafaurie, a pesar de que el Estatuto Tributario considera dentro del régimen tributario especial la actividad del deporte sin calificativo alguno, el Decreto 4400 pretende limitarla al “deporte aficionado”, sin tener presente que ya el Consejo de Estado se había pronunciado sobre el particular, declarando nula la palabra “aficionado” en el Decreto 124 de 1997. Este ilegal proceder tampoco fue rectificado con el Decreto 640.

El Decreto 4400 dispuso que además del interés general, que debe inspirar a las entidades sin ánimo de lucro, se requiere que cumplan con el requisito de acceso a la comunidad, que se materializa, según la norma, “cuando hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad, o sus familiares”.

En esta norma se advertía a las entidades que de no cumplir las tres condiciones esenciales ya mencionadas y el acceso a la comunidad serían asimiladas, para efectos del impuesto de renta, a las sociedades de responsabilidad limitada. Tal determinación cambió con el decreto nuevo, en el que se afirma que solamente se debe cumplir con las tres características “señaladas en el numeral primero del artículo primero del 4400”.

El tributarista Juan Camilo Serrano explica que al ser modificado el parágrafo 3º del artículo 1º del 4400 por el Decreto 640, se le quitó el condicionamiento o sujeción establecida, “o sea que no pide el acceso a la comunidad, sino que hace únicamente las exigencias de ley, lo que significa que las entidades sin ánimo de lucro que cumplan con el interés general pertenecerán, por lo tanto, al régimen especial”.

Jaramillo, a raíz de la expedición del Decreto 640, comenta: “Se vio que el Decreto 4400 debía ser modificado en cuanto a la obligatoriedad simultánea de las entidades sin ánimo de lucro de cumplir con el interés general y el acceso a la comunidad. Este último no contemplado en la ley para mantenerse bajo el régimen especial”.

El 4400 “estaba yendo más allá de la ley”, señala Jaramillo. El 640 ya no exige el acceso a la comunidad a una entidad sin ánimo de lucro, so pena de dejar de pertenecer al régimen tributario especial y pasar a asimilarse a una sociedad de responsabilidad limitada. Jaramillo acota que el requisito del acceso a la comunidad continúa vigente para lograr la exención, pues para obtenerla es importante que concurra, además de los requisitos de pertenencia al régimen especial, el de acceso a la comunidad.

Obstáculo superado

La principal crítica que recayó sobre el Decreto 4400 era que modificaba, de alguna manera, la concepción de la contabilidad de las entidades, porque mencionaba una contabilidad de caja, es decir, ingresos realizados y egresos efectivamente realizados y pagados. “Esas entidades han venido utilizando su contabilidad a base de causación y entonces la pregunta era cómo, a última hora, cambiaban las reglas de juego”, comenta el experto de Grant Thornton, Jesús Arias. Agrega que fue preocupante para las entidades del régimen tributario especial saber cómo hacer una declaración de renta con base en un sistema de caja cuando la contabilidad ha sido llevada durante todo el año con fundamento en el sistema de causación. Apunta que el cambio resultaba traumático.

Como estaba el decreto, sostiene Serrano, era imperativo la determinación del beneficio neto, al decir que cuando la ley hablaba de erogaciones efectivas se trataba de pagos efectivamente realizados. Eso significaba que para la determinación de tal beneficio se involucraba la totalidad de los ingresos, pero solamente los egresos efectivamente realizados. “Para los ingresos se establecía el esquema de causación y con respecto a los egresos el de caja, sin tomar en cuenta que existe una serie de provisiones y gastos que se causan durante el año, pero que, por mandato de la ley, no representan una erogación efectiva y real”.

“Las provisiones para gastos laborales, cesantías, por ejemplo, que de acuerdo con la ley deben pagarse en el mes de febrero, son causadas en el año inmediatamente anterior. Si se utiliza el sistema de caja en las entidades sin ánimo de lucro para determinar el beneficio neto o excedente, se estaría haciendo casi una imposición a erogaciones que son efectivas en un año gravable, pero no están efectivamente pagadas en ese mismo período, porque contablemente se tiene que hacer la provisión a 31 de diciembre de cada año para cesantías, pero se pagan en el mes de febrero siguiente. Entonces, se cancelan en un período fiscal distinto y, al hacerlo, harían parte del beneficio neto del período anterior”. Estos recursos, complementa Serrano, estarían sujetos, según disponía el Decreto 4400, al pago de impuesto de renta de 20%.

El experto señala: “Esos dineros, que el 4400 hacía aparecer como excedentes, en realidad no se podrían invertir en desarrollo del objeto social de la entidad sin ánimo de lucro, porque están asociados a un pago obligatorio, como es el laboral. Sin embargo, para gozar de la exención tendrían que destinarlos al cumplimiento del objeto social, cuando efectivamente ya habían sido destinados a los compromisos laborales de ley”.

Tras la promulgación del Decreto 640, se retorna al modelo de causación para establecer el beneficio neto o excedente de las entidades sin ánimo de lucro, pues la nueva norma enuncia: “Se consideran egresos procedentes aquellos realizados en el respectivo período gravable...”, y se suprimió la palabra “pagados”, que suscitó el problema de interpretación.

Arias comenta, en relación con la procedencia de los egresos considerados para depurar los ingresos, que el Decreto 4400 establece el cumplimiento de los requisitos exigidos en el estatuto tributario para los costos y gastos en general. Explica: “Por ejemplo, si se van a pedir como egresos salarios o compensaciones laborales se tiene que demostrar el aporte a las entidades parafiscales (SENA, ICBF); en otros casos se exigirán los soportes que comprueban la realidad de los pagos con los requisitos que exigen las normas del estatuto tributario”. En este sentido, el Decreto 640 señala que para la procedencia de los egresos “deberán tenerse en cuenta las limitaciones establecidas en el capítulo V del libro primero del estatuto tributario”.

Se enuncia en el Decreto 4400, sigue Arias, que no proceden como egreso erogaciones tales como el gravamen a los movimientos financieros o algunas provisiones que no tienen aceptación en la parte fiscal. Tampoco se acepta como gasto la depreciación anual de los activos fijos, en la medida en que el pago de ese activo fijo se ha tomado como egreso total al considerarse la inversión por primera vez en la contabilidad.

En cuanto al gravamen a los movimientos financieros (GMF), afirma Jaramillo, el Decreto 640 resulta explícito al disponer que en ningún caso se puede tomar como egreso procedente, claridad que no se encontraba en las normas anteriores, a pesar de que las autoridades tributarias siempre han defendido la tesis según la cual el GMF no califica como rubro deducible de los impuestos.

Alcance social

De otro lado, explica el tributarista Arias, no existían las definiciones en el estatuto tributario del concepto “interés general” y “acceso a la comunidad”, lo que ha llevado a que muchas entidades sin ánimo de lucro operen de manera cerrada, en provecho de pocas personas, y, sin embargo, accedan a los beneficios del régimen especial, como en el caso de algunos clubes exclusivos.


El cooperativismo frente al régimen tributario

La Ley 788 de 2002 consagraba que la distribución de excedentes de la scooperativas y el manejo de los fondos, incluyendo la contribución a la educación formal, se hacía de acuerdo con la Ley 79 de 1988, pilar normativo del cooperativismo en Colombia, luego la Ley 863 del 2003 suprimió la disposición según la cual los excedntes cooperativos y su distribución se determinaban de acuerdo con la ley coperativa y definió que en adelante sería conforme al estatuto tributario, que contiene unas pautas tributarias diferentes a las que tradicionalmente ha operado el sector cooperativo, afirma el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativa de Colombia, Ascop Luis Arturo Muñoz.
El Decreto 4400 del 2004 modificaba los procedimientos tributarios para las cooperativas; cambiaba de fondo las reglas de actuación de aquellas, por lo cual, asegura Muñoz, “consideramos que no debería entrar a regir en el 2005”. Tres conceptos de firmas especializadas contratadas por el sector cooperativo coincidieron en que el decreto se excedió y que al cambiar sustancialmente los procedimientos tributarios su vigencia no sería para las declaraciones de renta del 2004, sino para las del 2005, que se presentan en el año 2006. Tal situación se subsanó con la promulgación del Decreto 640, modificatorio del 4400, que le devuelve al sector cooperativo las reglas que lo venían rigiendo en el campo tributario, aunque mantiene la vigencia para el 2005.
El problema surgía de “habernos devuelto de la contabilidad por causación, aceptada en forma general inclusive para aspectos tributarios, a la contabilidad de caja, donde se disponía que un gasto no pagado debidamente en el año no valía”. Entonces, si una cooperativa quedaba debiendo de un período para el siguiente era un valor que no tenía validez para efectos tributarios. “Se trataba de una cuenta por pagar que de todos modos se iba a hacer efectiva”, comenta Muñoz.
De otro lado, continúa el directivo, el Decreto 4400 obligaba a las cooperativas a hacer depuración de la renta conforme al estatuto tributario, con lo cual las cooperativas tenían que elaborar dos tipos de informes de resultados o balances: el correspondiente al excedente fiscal, de acuerdo con el estatuto tributario, y el excedente cooperativo ajustado a las disposiciones de la Ley 79, este último para efectos de cumplir con su objeto social.
El inconveniente, acota Muñoz, era que el excedente fiscal resultaba superior al cooperativo, porque este incorpora y acepta todos los egresos, mientras que el fiscal, bajo los parámetros iniciales del Decreto 4400, no aceptaba algunos egresos. Tal situación llevaba a no generar los mismos resultados al emplearse dos distintos parámetros para la determinación de los excedentes.
En consecuencia, “las cooperativas tendrían que haber pagado un impuesto de renta sobre lo que ya no tenían”, precisa Muñoz, pues aparecían con un excedente fiscal superior que no era real. De acuerdo con el Decreto 640, el excedente contable se determinará nuevamente conforme a la ley cooperativa.
“Los excedentes de las cooperativas, que se generan por la operación con sus propios asociados, deberían corresponder a un punto de equilibrio, de lucro pero no resulta así, porque la cooperativa tiene que hacer reservas, atender sus gastos y su desarrollo tecnológico”, comenta Muñoz.
“Las cooperativas solo pueden crecer de dos maneras: recibiendo más asociados o capitalizando sus excedentes. Pero si no se les permite hacer reservas, en consecuencia no pueden crecer”, señala el directivo de Ascoop.

 

En relación con el concepto de acceso a la comunidad, Serrano afirma: ”Me parece una posición fiscalista, en la medida en que ha habido pronunciamientos al respecto. El gobierno, en alguna ocasión, trató de exigir el acceso a la comunidad por parte de las entidades sin ánimo de lucro y hubo un pronunciamiento expreso de las autoridades jurisdiccionales”. Piensa que insistir en esa medida podría interpretarse como la intención de limitar el acceso al tratamiento tributario especial de algunas entidades que, conforme a la ley, pertenecen a él.

Para Jaramillo, “el Decreto 4400 intenta, por fortuna, una definición mucho más razonable de lo que significa el acceso a la comunidad. Si uno compara la definición del Decreto 124 de 1997 con la actual, indudablemente la de ahora ofrece más elementos razonables, al decir que debe haber oferta abierta de bienes, servicios y actividades en desarrollo del objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiase de ellas en las mismas condiciones que los miembros de la entidad. De alguna forma, garantiza el acceso a la comunidad mejor que el Decreto 124, donde se proponía el beneficio a todo el conglomerado social, que resulta complicado de cumplir”.

De otro lado, el artículo 1º del Decreto 640 estipula que cuando los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales realizan actividades industriales y de mercadeo son contribuyentes del régimen especial. Jaramillo aclara que en este punto el Decreto 4400 hablaba de actividades comerciales y ahora el 640 determina que son de mercadeo.

“Considero que para efectos del período gravable 2004, las entidades deben ajustar su situación tributaria a la regulación del Decreto 124 de 1997; siempre asumí que el Decreto 4400, al haberse expedido antes del 31 de diciembre del 2004, no se le podía dar aplicación inmediata, porque estaba afectando uno de los elementos estructurales del impuesto: la base gravable”, explica Jaramillo. Por lo tanto, la vigencia del 4400 aplica para las declaraciones de renta del 2005, que se presentarán en el 2006, vigencia que también corresponde al Decreto 640.

Según Serrano, el 4400 presentaba deficiencias de técnica reglamentaria y excedía las facultades del gobierno, pues violaba la Constitución Política, dado que estaría determinando tratamientos fiscales y tarifas impositivas, que deben ser definidas por el Congreso y no por el gobierno. El especialista explica que con la expedición del Decreto 640 se retomó el alcance estrictamente reglamentario que se buscó, sin acierto, con el Decreto 4400.

Certeza sobre las inversiones

El tributarista Jaramillo destaca del Decreto 4400 el tema de las asignaciones permanentes, dado que la reglamentación anterior carecía de claridad, pues tales asignaciones se estipulaban como parte del beneficio neto que se destinaba a capitalización en la entidad sin ánimo de lucro.

“Siempre hubo dificultades con la administración tributaria, originadas en algunos procesos de fiscalización tendientes a considerar que en la medida en que las entidades capitalizaran el 100% del excedente podrían tener problemas, pues la norma establecía que era parte y no la totalidad del excedente la que se podía capitalizar”, resalta Jaramillo. Y agrega: “Ahora la norma está diciendo que no es parte, sino que puede ser el total del beneficio neto o excedente el que se reserve para realizar este tipo de inversiones, denominadas asignaciones permanentes”.

El Decreto 640 aclara definitivamente, asegura Jaramillo, que para recibir la exención del beneficio neto o excedente las entidades sin ánimo de lucro deben reinvertir la tota lidad del excedente contable y no el fiscal, de modo que se subsana el inconveniente que se presentaba cuando el fiscal era más alto que el excedente contable, mientras la administración tributaria exigía la reinversión total del excedente fiscal, que no correspondía a valores contables reales. Tal dificultad venía desde el Decreto 124.

De otra parte, muchas entidades sin fines de lucro se preguntaban si eran responsables del IVA. El criterio de la administración de impuestos en su doctrina, explica Jaramillo, ha sido que esa inquietud se resuelve al establecer si la entidad realiza los hechos generadores, sin importar la naturaleza de no tener ánimo de lucro. En la legislación no existe un tratamiento preferente en función de la naturaleza jurídica de la entidad. “Hoy queda plasmado en la norma que si se realizan los hechos generadores se es responsable del IVA”.

En relación con los libros de contabilidad, afirma Jaramillo, se reitera en el Decreto 4400 una doctrina de la administración tributaria en el sentido de que el registro de aquellos se hará ante la cámara de comercio que corresponda o, en su defecto, ante la misma administración de impuestos. “Aunque no es algo nuevo, la importancia que le atribuye el Decreto 4400 al libro de actas también merece mención. El Decreto 124 de 1997 mantuvo la obligación de que el libro de actas se constituye como un documento de soporte y prueba de las decisiones adoptadas por la asamblea”.

El Decreto 4400 también estipula que dicho libro debe registrarse, lo que le otorga pleno valor probatorio para efectos tributarios. De otro lado, asevera el analista Jaramillo, la norma promueve una especie de simultaneidad permanente entre lo que decide hacer la asamblea general de las entidades sin ánimo de lucro con sus excedentes y la presentación de la declaración de renta, buscando la coherencia integral entre ambos.

Fiscalización tributaria

El Decreto 4400 planteó la reflexión sobre si el control tributario de las entidades sin ánimo de lucro debe residir fundamentalmente en la ley o en la capacidad de fiscalización de la administración de impuestos. Jaramillo cree que ese fue el gran riesgo que se corrió cuando se eliminó la competencia, mediante la Ley 488 de 1998, del comité de entidades sin ánimo de lucro para calificar la procedencia de los egresos y la destinación del excedente. “Allá acudían aquellas entidades con patrimonios notables a las que se les ejercía un control previo. Las personas del comité estaban familiarizadas con las normas respectivas. Pero al eliminarse esa instancia, la fiscalización quedó en manos de cualquier funcionario y ahí se encuentra un gran riesgo”.

Serrano señala que hay múltiples mecanismos de elusión y de evasión a través de la intermediación de las entidades sin ánimo de lucro, que son controlados por ciertas empresas. “Pero los mecanismos de control deben proceder a través de la fiscalización de la administración tributaria. Si el análisis que llevó a la expedición del 4400 fue: dado que a través de las entidades sin ánimo de lucro hay elusión y evasión, entonces acabemos con ellas, ese no puede ser el objetivo, porque la misma ley ha querido que aquellas gocen de algunos beneficios fiscales para que desarrollen actividades que son de interés del Estado”.

Lafaurie, de Price Waterhouse Coopers, anota que ante la existencia de falsas entidades sin ánimo de lucro, lo que se debe hacer es desenmascararlas: “La labor de fiscalización debe conducir a que las encontremos para que paguen los impuestos a que se encuentran obligados”. De todas maneras, insiste, las labores de fiscalización no tienen por qué figurar en normas como esta, sino que deben contemplarse en planes internos de la administración tributaria. “Hay que preguntarle a la DIAN qué está haciendo para identificar y poner a tributar a los que se asemejan a entidades sin ánimo de lucro”.

Por su lado, el director de la DIAN, Mario Aranguren, puntualizó: “De ninguna manera queremos quitarle los privilegios tributarios que tienen las entidades sin ánimo de lucro. Independientemente de que nos guste o no la normativa del régimen especial, somos respetuosos de la ley y no vamos a opinar sobre esos temas. Si una ley le dio una normativa especial a una entidad, hay que respetarla”.

Serrano, luego de conocer la expedición del Decreto 640, que modifica al 4400, y de ver la confusión que se creó, sentencia: “Lo que se debe hacer con el régimen especial es darle un vuelco, que consistiría en quitarle la fragilidad fiscal que tiene, otorgándole la exoneración de la liquidación de renta presuntiva a las entidades que pertenecen a él, que en cumplimiento del interés social no generen excedentes, y el resto del tratamiento tributario dárselo como entidades ordinarias”.

“En relación con el régimen especial, la ley lo que quiere no es disminuir la tributación, sino estimular el desarrollo de las actividades de interés para la comunidad”, acota Serrano. “De esta manera, estas entidades no pagarán impuestos, porque van a hacer sus inversiones y a realizar su actividad conforme al cumplimiento de su objeto social, que probablemente las conduzca a no generar excedentes y, por lo tanto, a la exoneración del pago del impuesto de renta”.

“Con ese eventual cambio, las entidades sin ánimo de lucro”, precisa Serrano, “sí pagarían renta a la tarifa general del 35% sobre los excedentes ciertos, igual que los demás contribuyentes, pero no se liquidaría la renta por el sistema presuntivo, sino de acuerdo con los excedentes contables. La lógica de una entidad sin ánimo de lucro es que destine unos activos para no tener utilidades y los encauce al desarrollo de una actividad de interés general. No obstante, si a una entidad sin ánimo de lucro que destina toda la inversión en actividades de interés general se le liquidara renta, aunque fuese por el sistema presuntivo, sí tendría que empezar a generar utilidades para pagar los impuestos, situación en la que sobrevivirían solamente aquellas entidades dedicadas de verdad a un interés general. Si aquellas organizaciones generan excedentes es porque no están cumpliendo totalmente con su función”.

Jaramillo sostiene: “No es que no deban existir excedentes. En la medida en que la entidad sin ánimo de lucro los genere de modo importante, en esa medida puede cumplir su verdadero objeto social en favor de una comunidad”. Pero advierte que “sería mucho más sencillo que la autoridad tributaria enfocara sus programas de fiscalización a estas entidades a verificar la reinversión de los excedentes en la obra social, de tal manera que si no ocurre así pague impuestos de renta”.

Para Serrano, cambiar el régimen tributario especial “sería una decisión política dura, pero que daría la posibilidad de resolver el tema de las entidades sin ánimo de lucro de manera definitiva o, por lo menos, se daría un primer paso para depurar al sector de aquellas organizaciones que bajo un falso manto de beneficio social eluden y evaden impuestos”.