“Se necesita una nueva reglamentación del recurso de casación”

Revista Nº 141 Mayo-Jun. 2007

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

El Presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Gnecco, cree que es oportuno revivir el debate sobre las modificaciones que reclama el recurso de casación, que, sin desatender a las pautas de la Constitución Política, debe ajustarse a las exigencias judiciales que vive el país.

En entrevista con Actualidad Laboral, el magistrado también expresó, a propósito del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con EE UU, que es vital para los intereses de Colombia contar con una justicia laboral oportuna y eficiente, que le permita atender la eventual demanda que se generará con ocasión del aumento de los negocios con esa Nación.

Actualidad Laboral: ¿Por qué persiste la demora en la administración de justicia laboral?

Gustavo Gnecco: Colombia es un país en el que se presenta un grado de conflictividad laboral alto e, igualmente, son muchas las controversias que se presentan en seguridad social. Eso indica que hay una gran demanda de justicia en esas dos materias. Desafortunadamente, los recursos disponibles para hacer frente a esa situación, a pesar de los esfuerzos que se han efectuado en materia normativa y por parte de las autoridades encargadas de la rama, siguen siendo insuficientes, porque el número de jueces y de magistrados que existe es, a todas luces, precario e insuficiente para atender esa amplia demanda.

A. L.: ¿Existen otros factores?

G. G.: No se puede considerar, sin embargo, que aquella sea la única razón que explica la demora en el trámite de algunos asuntos laborales, porque al lado de eso se presentan otras situaciones que se pueden considerar, si se quiere, culturales, que inciden también en la demora. Por ejemplo, existen algunas prácticas procesales que pueden considerarse dilatorias; a veces, los jueces no asumen su papel de verdaderos directores del proceso ni le imprimen a los trámites procesales la agilidad que ellos demandan.

A. L.: ¿Pero cuál es el gran obstáculo?

G. G.: No me cabe la menor duda de que el principal factor para que se registre demora, aunque también es bueno recalcar que ha venido siendo superado en los últimos tiempos, sigue siendo el insuficiente número de jueces y de magistrados.

A. L.: ¿A qué se refiere cuando habla de situaciones culturales?

G. G.: La forma en que se han ejercido la profesión y el litigio adolece de ciertas prácticas que, es bueno anotar, también se han ido mejorando, pero que en cierta medida pueden entorpecer el trámite de los procesos. La Ley 712 del 2001, en gran parte, vino a corregir algunas de esas prácticas. Sin embargo, se podría hacer un esfuerzo, principalmente por parte de los litigantes, porque aquellas que subsistan puedan desaparecer de la práctica en los procesos.

A. L.: ¿Es mayor el conflicto laboral en Colombia entre empleadores y trabajadores?

G. G.: Resulta normal que exista conflictividad laboral en un país como el nuestro, al igual que ocurre en otras naciones. Pero también deberían implementarse mecanismos ágiles y no judiciales de solución de los conflictos. En muchos otros países se ve cómo esos, que se han denominado mecanismos alternativos de solución de conflictos, constituyen un medio eficaz para resolver las diferencias que existen en las relaciones entre las personas. En Colombia, en materia laboral, pese a que la conciliación siempre ha formado parte de la esencia misma del derecho del trabajo, no se acude, con la frecuencia deseable, a aquellos instrumentos para solucionar las discrepancias laborales.

A. L.: ¿Qué se requiere para promover las vías alternativas?

G. G.: Falta incentivar la utilización de esos mecanismos, pero hay que tener en cuenta que se deben establecer los medios para que ello sea posible, lo que supone que exista un número suficiente de conciliadores porque, desafortunadamente, las normas que permitían ampliar la cantidad de estos han sido declaradas inexequibles y, en este momento, solamente los inspectores de trabajo pueden atender esas funciones y, en algunas ciudades, ciertos jueces laborales. Es necesario tomar en cuenta, además, que hay otros mecanismos diferentes a la conciliación, pero que no se han arraigado suficientemente en la cultura laboral del país.

A. L.: ¿Cómo evalúa la inspección laboral a cargo del Ministerio de la Protección Social?

G. G.: Muchos de los conflictos que se presentan en materia laboral obedecen a que la inspección y la vigilancia del trabajo no es efectiva. Probablemente, algunos de esos asuntos no tendrían que ser llevados a los estrados judiciales, de existir un mecanismo efectivo de inspección de trabajo. Es necesario que se haga un esfuerzo por dotarla de los medios suficientes para que pueda ejercer su función.

A. L.: ¿Cómo ve la evolución de las demandas de seguridad social?

G. G.: No debe perderse de vista que la seguridad social, paulatinamente, se está convirtiendo en el sector que genera mayor demanda de justicia laboral. Al respecto, hay ciertas conductas de los organismos y de las entidades administradoras del sistema de seguridad social, obviamente no de todas ellas, en las que siguen insistiendo en sus posturas, a pesar de existir criterios jurisprudenciales decantados, sólidos, surgidos en varios años de trámite jurisprudencial. Ello genera conflictos jurídicos que, posiblemente, podrían evitarse con facilidad.

A. L.: ¿Revaluar la oralidad contribuirá a la eficiencia de la justicia laboral?

G. G.: Implementarla efectivamente en el proceso laboral es una necesidad inaplazable. Desde sus orígenes, este estuvo estructurado en torno a la oralidad, pero a una oralidad que pudo haber existido en los comienzos de la jurisdicción del trabajo que, desafortunadamente, por muchas circunstancias no opera plenamente. En la actualidad, cursa un proyecto de ley en el Congreso que tiende a establecer algunas pequeñas reformas para que los escollos de índole procesal, que eventualmente impiden que se dé una oralidad plena, sean removidos del procedimiento.

A. L.: ¿Qué destaca del proyecto?

G. G.: Lo más importante es que tiene el respaldo del gobierno, que ha adquirido el compromiso de conseguir los recursos necesarios para que la oralidad se pueda implantar realmente en el proceso laboral, porque no cabe duda de que pretender hacerlo, con las actuales circunstancias en materia de congestión y de escasez de jueces, magistrados y de recursos tecnológicos, no tendría sentido.

A. L.: ¿Qué modificaciones específicas contribuirán a la celeridad?

G. G.: El proyecto está encaminado a que ciertos puntos del proceso laboral, tales como la asistencia de las partes a las audiencias y las notificaciones de los autos, estén dirigidos a la oralidad. Pero insisto en que lo más importante no son esas reformas, sino que se genere el compromiso de dotar a la justicia laboral de los medios necesarios para que pueda ser una justicia eficaz, como lo demanda la importancia de los asuntos laborales y sociales que está encargada de resolver esa jurisdicción.

A. L.: ¿Las universidades están preparando a los abogados para la oralidad?

G. G.: Posiblemente, en materia laboral, no exista todavía la capacitación en las universidades porque la oralidad no se da plenamente en la actualidad, a diferencia de lo que puede suceder en el campo penal, por razón de la implantación paulatina del nuevo sistema penal acusatorio. En la medida en que la oralidad sea la característica del proceso laboral, las universidades van a tener que ofrecer a sus alumnos una capacitación necesaria para ese efecto.

A. L.: ¿De qué manera el TLC con EE UU afecta a la justicia laboral nacional?

G. G.: El capítulo laboral del TLC todavía no ha sido negociado definitivamente. Pero para que este acuerdo cumpla los propósitos que desde la perspectiva de Colombia se requieren, es importante contar con una justicia laboral pronta, cumplida y eficaz. Si, como se anuncia, este tratado va a generar negocios o a permitir la creación de empresas, es de suponer que eso va a tener un impacto en materia laboral; por ello, será fundamental que la justicia de esta rama cuente con los recursos suficientes para hacer frente a esa eventual demanda.

A. L.: ¿Qué opina de los reparos de ciertos sectores en EE UU sobre la situación del trabajador colombiano y la desprotección de los sindicalistas?

G. G.: Cualquier esfuerzo que se haga por mejorar la situación laboral de los trabajadores colombianos es bienvenido. También es importante tener en cuenta que siguen existiendo, desafortunadamente, algunas situaciones de riesgo para quienes ejercen el sindicalismo en Colombia. Lo deseable es que esa situación desaparezca. Todos los esfuerzos que se realicen en esa dirección están bien encaminados. Lo ideal es que esas desafortunadas situaciones sean erradicadas del país, porque afectan de manera notable el cabal ejercicio de derechos laborales, de derechos fundamentales, que son universalmente reconocidos.

A. L.: ¿Qué propuesta tiene sobre la figura de casación?

G. G.: El recurso de casación está fundado en normas anteriores a la Constitución Política, por lo que considero importante y necesario una nueva reglamentación del recurso, teniendo en cuenta las normas constitucionales. Esa reforma podría abarcar varios puntos: se podría pensar, por ejemplo, en que existiera una causal específica de violación de un derecho fundamental, como existe en materia penal. Plantear que, aun cuando sé que es un tema muy discutible, la Corte contara con cierta amplitud, basada en razones objetivas, para escoger los asuntos que fuera a recibir, como también se puede considerar que existe en materia penal. Así mismo, podría pensarse en una modificación de la vía indirecta.

Estos temas se vienen debatiendo hace mucho tiempo. Creo que vale la pena retomar esa discusión para que el recurso de casación se acompase con las nuevas exigencias que así lo reclaman.

A. L.: ¿Cómo acercar la justicia laboral al ciudadano?

G. G.: El papel del juez en Colombia ha cambiado. Obviamente, hoy tiene que estar más cerca a la ciudadanía, a los conflictos que la aquejan, conocer de primera mano cuál es la situación en que se desenvuelven los conflictos sociales, sin que ello signifique perder su independencia, porque esta es una garantía esencial para que pueda existir justicia. Una manera en que los jueces pueden estar cerca de la ciudadanía es dar a conocer su trabajo, que el ciudadano del común reconozca no solamente la importancia que tiene el juez dentro de un Estado social de derecho, como el nuestro, sino que, además, conozca las decisiones que este produce.

A. L.: ¿La Corte Suprema de Justicia también ha pensado sobre el tema?

G. G.: No debe olvidarse que su función principal es la de unificar la jurisprudencia nacional en materia laboral y de seguridad social. De tal manera que una forma en la que se podría acercar al ciudadano a las determinaciones que toma la Corte en las que se fijan pautas para resolver sus diferencias, es que se conozcan esas decisiones. En esa materia sí debe hacerse un esfuerzo. La Sala Laboral está empeñada en ello para que la jurisprudencia de la Corte sea conocida por los ciudadanos.