Panorama tributario

Selección de obligados a facturar electrónicamente

Revista Nº 206 Mar.-Abr. 2018

Humberto Aníbal Restrepo Vélez

Abogado Tributarista

La DIAN sigue demostrando ser inferior a sus compromisos institucionales, entre otros, los relacionados con la instauración de tecnologías de control fiscal, pese a que en términos generales existe suficiente autorización legal al respecto, tanto para el Gobierno Nacional (L. 1607/2012, art. 183) como directamente para la autoridad tributaria (E.T., art. 684-2).

Tal es el caso de la factura electrónica, figura consagrada por la ley 223 de 1995 como documento equivalente a la factura de venta -reglamentada en varias oportunidades (D. 1094/1996, 1929/2007 y 2242/2015)-, pero cuya implementación siempre había estado sujeta a la voluntad de los contribuyentes que la quisieran adoptar, pues la DIAN nunca seleccionó los sujetos obligados a cumplir con esta obligación formal, a pesar de contar con el mandato y los lineamientos para hacerlo (D. 2242/2015, art. 10).

De hecho, durante algún tiempo convivieron dos tipos de factura electrónica, la definida en el Decreto 1929 del 2007 —vigente hasta el 31 de diciembre del 2017— y la indicada en el Decreto 2242 del 2015, con distintos requerimientos técnicos.

Sin embargo, las cosas cambiaron con ocasión de la modificación del artículo 616-1 del estatuto tributario (L. 1819/2016, art. 308), que equipara la factura electrónica para todos los efectos legales a la categoría de factura de venta, y, en especial, fija un plazo perentorio para aquellos contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto nacional al consumo, quienes deberán expedir factura electrónica a partir del 1º de enero del 2019 en los términos que establezca el reglamento, al tanto que instruyó a la DIAN para seleccionar los contribuyentes obligados a hacerlo durante las vigencias fiscales 2017 y 2018, bajo la definición de un criterio sectorial conforme al alto riesgo de evasión identificado en el mismo y poniendo de presente la aplicación del principio del menor esfuerzo para su implementación.

La vigencia fiscal 2017 pasó sin novedad alguna y solo hasta el 29 de diciembre del 2017 la DIAN expidió la Resolución 72, "por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente", invocando una mezcla de facultades que, a su juicio, le permiten puntualizar la obligación, no solo para la vigencia fiscal 2018 sino para las siguientes, así: i) se encuentran obligados a expedir la factura electrónica de que trata el Decreto 2242 del 2015, todos los contribuyentes que entre el 29 de diciembre del 2012 y el 29 de diciembre del 2017, hubieren solicitado rangos de numeración para la factura electrónica prevista en el Decreto 1929 del 2007, incluidas las micro y pequeñas empresas, que al decir de la DIAN ya cuentan con la solución gratuita en los servicios informáticos electrónicos para el efecto; ii) el plazo máximo para empezar a facturar electrónicamente será el 29 de junio del 2018, atendiendo a la entrada en vigencia de la disposición (DIAN, Res. 72/2017, art. 5º) y a las previsiones del artículo 684-2 del estatuto tributario, a menos que el nuevo obligado haya expedido mensualmente -durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de octubre del año 2017- una cantidad superior a tres millones (3.000.000) de facturas de venta y/o documentos equivalentes, caso en el cual contará con tres (3) meses adicionales para iniciar dicha facturación; y iii) comoquiera que la facturación electrónica efectuada al amparo del Decreto 1929 del 2007 perdió vigencia el 31 de diciembre del 2017, quienes venían haciéndolo en tales condiciones y deban migrar, necesariamente tendrán que volver al formato de factura por computador o por talonario -solicitando previamente a la DIAN rangos de facturación- hasta tanto sean habilitados e inicien la facturación electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 2242 del 2015.

Producto de la improvisación, la DIAN profirió posteriormente la Resolución 10 del 6 de febrero del 2018, invocando las mismas facultades y con la misma finalidad, esta vez, para seleccionar como obligados a facturar electrónicamente a los contribuyentes, responsables y agentes de retención que se encuentren clasificados como grandes contribuyentes, quienes deberán empezar a cumplir la obligación a más tardar el 1º de septiembre del 2018.

La selección efectuada por la DIAN no pudo ser más simplista, pues se dirigió a imponer la obligación a quienes de manera voluntaria ya venían facturando electrónicamente, por lo que -aunque con parámetros distintos- se encontraban sometidos a un medio técnico de control fiscal y a los grandes contribuyentes, situación que no solo se aparta del supuesto fáctico relacionado con el alto riesgo de evasión que debió ser definido por la entidad como criterio sectorial para efectuar la selección -estudio que brilló por su ausencia-, sino que demuestra que el principio legal establecido en beneficio de los administrados por el parágrafo transitorio segundo del artículo 616-1 del estatuto tributario, fue utilizado al momento de expedir las citadas resoluciones pero en favor de la propia autoridad tributaria, quién realizó su menor esfuerzo.