Selección y condiciones de salud

Revista Nº 135 Mayo-Jun. 2006

La protección constitucional implica el cuidado en la selección del personal. 

Diego Felipe Valdivieso Rueda 

Godoy Córdoba Abogados Ltda. 

El 24 de noviembre del 2005 la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, profirió la Sentencia T-1219 del 2005, cuyo alcance hasta ahora se está comenzando a discutir, a pesar de la importante incidencia que posee en prácticas propias de las políticas de selección de personal.

La situación analizada por la Corte la llevó a pronunciarse principalmente sobre dos circunstancias de relevancia jurídica:

• La protección constitucional y legal del trabajador desventajado físicamente.

• La viabilidad jurídica de examinar en los procesos de selección, como un requisito de ingreso, las condiciones de salud del aspirante —aspecto este que constituye el objeto principal del presente escrito—.

I. Viabilidad jurídica de indagar en los procesos de selección sobre las condiciones de salud del aspirante

Con anterioridad a esta sentencia, la Corte había analizado escenarios similares, como son la viabilidad de exigir pruebas de VIH y de embarazo en los procesos de selección.

Respecto del caso de los enfermos de VIH, la Corte ratifico la prohibición legal de exigir pruebas tendientes a determinar dicha afección.

Desarrollando la prohibición legal consagrada para el caso del VIH, la Corte extendió dicha prescripción a la práctica de exigir pruebas de embarazo; lo anterior con el argumento de que si existe una norma expresa en el caso de los enfermos de VIH, no significa que otras personas en especial condición de debilidad manifiesta, no deban ser igualmente protegidas contra prácticas como las de cuestionar injustificada y caprichosamente sobre su estado de salud.

Es así como el juez constitucional ha empezado a consolidar una tendencia constitucional consistente en que la solicitud de información, sobre ciertas enfermedades o sobre el estado de embarazo de una mujer, en algunos casos, constituye una práctica ilegitima que vulnera, entre otros, los derechos a la no discriminación y a la intimidad.

Esta idea desarrollada en el fallo, es condicionada trascendentalmente por la Corte, pues ratifica y profundiza una posición, que ya se había esbozado someramente en el estudio de la legitimidad de exigir pruebas de embarazo(1). Es así como la Corte señala, que la práctica de exigir en los procesos de selección información sobre el estado de salud, resulta una práctica legitima “cuando sea claramente demostrable que aquella cuestión sobre la cual se solicita información específica es incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. En este sentido, el examen médico debe ser consistente de las necesidades de la profesión u oficio que habrá de desempeñar el trabajador”.

En otras palabras, la persona que sufra de alguna enfermedad no está en la obligación de entregar información al empleador acerca de su aflicción, a menos que la misma sea claramente demostrada como incompatible e insuperable para cumplir con la labor contratada.

Adicionalmente, como garantía de transparencia y de buena fe en los procesos de selección, la Corte determinó que el empleador debe consignar por escrito las razones relativas a la incompatibilidad e informarlas al aspirante durante el proceso de selección.

Por lo anterior, se concluye que en aquellos casos en los cuales la empresa considera que una enfermedad es incompatible con el cargo que se va a desempeñar, es necesario consignar este hecho por escrito y comunicárselo de igual forma a los aspirantes, quienes, en tales condiciones, inmediatamente adquieren la obligación de manifestar si se encuentran o no en la circunstancia descrita. Al respecto, la Corte advierte que para proteger el derecho a la intimidad del trabajador, la información obtenida respecto de la enfermedad del aspirante, debe permanecer en archivos médicos separados y debe ser tratada con estricta confidencialidad.

Finalmente, la Corte indica que aquellas preguntas que no guardan relación alguna con el cargo, serán interpretadas como posibles indicios de discriminación laboral, y aun cuando se formule, los aspirantes no están obligados a responderlas.

II. En la práctica

El pronunciamiento de la Corte Constitucional conlleva la necesidad de implementar algunas medidas prácticas para garantizar la legitimidad de los requerimientos de salud que se realizan en los procesos de selección.

—Es necesario que en los procesos de selección se advierta, por escrito, la justificación de informar sobre el estado de salud del aspirante.

—Los cuestionamientos sobre determinadas enfermedades solo tendrán validez y obligarán al aspirante en la medida que sea claro que la enfermedad es incompatible e insuperable con el cargo.

—Si el aspirante oculta información sobre su estado de salud, dicho ocultamiento será falta laboral en la medida que se le haya advertido por escrito la necesidad de informar sobre determinada enfermedad y sobre su condición de incompatible e insuperable con el cargo.

—Los empleadores deberán contar con elementos objetivos que permitan demostrar la incompatibilidad de cierta enfermedad con el cargo y, por ende, los perfiles de cargo con prescripciones médica se hacen necesarios.

— La información sobre el estado de salud de los aspirantes debe reposar en archivos médicos confidenciales.

Teniendo en cuenta que la decisión de la Corte tiene incidencia directa en prácticas comunes dentro de los procesos de selección, es importante que se compartan estas reflexiones con los encargados de dirigir la selección de nuevos trabajadores y que estos tengan en cuenta los aspectos jurídicos y prácticos del fallo. Solo de esta forma se evitará exponer a las empresas a conflictos de este tipo, los cuales, como en el caso que estudió la Corte, pueden conllevar el forzoso reintegro del funcionario afectado.

1. Sentencia T-1002 de 1999.