Sentencia 02087 de febrero 2 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2008-02087-00

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, precisándose que no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.

De igual forma, ha de tenerse presente que en línea de principio la solicitud de amparo no procede respecto de providencias judiciales, salvo que se esté en frente del evento excepcional y extremo, que de tiempo atrás se ha considerado puede tornar viable la acción de tutela frente a decisiones de los jueces, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (Sent. de jul. 16/99, exp. 6621).

2. La Sala resalta que el debate que se formula en este proceso de rango constitucional gira en torno de las consecuencias que se deben adoptar por el juez de instancia cuando se acredita que el título valor que constituye el título ejecutivo ostenta una adulteración, y cuál debe ser la determinación que se tomar en la providencia que desate el fondo del asunto en aquellos eventos en los que haya discrepancia en punto de la cuantía, entre lo que se escribe en letras y lo que se indica en números cuando precisamente lo alterado es la cantidad expresada en números.

Debe destacarse, igualmente, que contra la providencia que se censura, la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el proceso ejecutivo arriba referenciado, no procede recurso alguno, ni medio de defensa judicial alterno, motivo por el cual la única vía a través de la cual se podría solucionar un yerro sustancial o procesal que por su entidad atente contra los derechos fundamentales de las partes es la solicitud de amparo.

3. Del análisis realizado a la providencia objeto de queja constitucional encuentra la Sala, en primer término, que en tal pieza procesal el fallador de segundo grado le dio a la prueba pericial un alcance que en realidad no tiene, pues la circunstancia consistente en que ninguna de las partes la objete o replique contra ella, no le da un valor probatorio distinto —mayor o más sólido, particularmente— del que antes de esa actitud omisiva tenía. Realizada la precedente precisión, se encuentra que, en todo caso, resulta pacífico en este asunto para las partes, para el juzgador y para el proceso, que hubo una adulteración del título-valor base de la ejecución, y que el debate se debe centrar, en consecuencia, en fijar el alcance que la misma ha debido tener en la sentencia de segunda instancia de la ejecución de marras.

A este respecto oportuno resulta señalar que en materia de títulos valores existen disposiciones especiales que orientan al intérprete sobre las consecuencias que se deben adoptar cuando se presenta una adulteración del instrumento, y normas para definir el valor dinerario que el título incorpora, particularmente cuando hay discrepancia entre lo expresado en letras y lo señalado en números.

En cuanto a lo primero, la adulteración, como lo expuso el fallo que se analiza, es claro que en tal circunstancia, por regla general, el título no deja de producir efectos cambiarios; sin embargo, el legislador estableció un criterio diferencial respecto del alcance que tendrá la obligación de los respectivos suscriptores, dependiendo de la época en la que se haya producido la alteración del contenido del instrumento, pues los signatarios anteriores a la misma se obligan conforme al texto original y los posteriores de acuerdo con lo que se establezca en el texto alterado. La normativa pertinente, el artículo 631 del Código de Comercio (1) , parte de la presunción de que la suscripción ocurrió antes de la alteración.

En cuanto a la discrepancia respecto del importe en dinero que el título incorpora, entre lo escrito en letras y lo señalado en números, la ley opta por que se atienda a lo escrito en letras (C. Co., art. 623).

Como se puede advertir, las dos situaciones reseñadas son diversas, como distinto es el tratamiento que el legislador les asigna, por lo que constituye labor fundamental del juzgador determinar con precisión la normatividad aplicable para darle solución al asunto que se le ha puesto a su consideración.

Efectuada la evaluación correspondiente, es claro para la Sala que el tribunal aplicó al asunto sometido a su consideración, una norma que no era la directamente encaminada a darle la solución final al caso, toda vez que, como ya se ha reseñado, el artículo 631 del estatuto mercantil, aunque ciertamente se refiere a la alteración de los títulos valores, regula especialmente dicho fenómeno cuando la misma se presenta en la circulación del título, razón por la cual establece respecto de qué texto, si el original o el alterado, se obligan los diferentes suscriptores que sucesivamente van asumiendo compromisos cambiarios en relación con el contenido del respectivo instrumento. Siendo claro que en el asunto que se analiza no existen “signatarios anteriores” o “posteriores”, la preceptiva del artículo 631 antes mencionada no resulta ser la directamente encaminada a darle solución a la mencionada controversia.

Por otra parte, aunque en este escenario no corresponde a la Sala realizar labores de valoración probatoria, del expediente se advierte que la prueba pericial practicada concluyó la alteración del valor en números del importe del título pero no se desprende similar conclusión en relación con el valor expresado en letras. En ese contexto, en el instrumento base de la ejecución habría una diferencia entre el valor en números y el importe expresado en letras (C. Co., art. 623). Si las cosas son de esa manera, la adulteración resultaría inocua en la medida en que ella se contrae a lo expresado en números, y, de conformidad con la ley mercantil, prevalece la cantidad escrita en letras, lo que conduce a concluir que incurrió en error el tribunal accionado cuando ordenó seguir la ejecución por la cantidad originalmente expresada en números, pues hizo actuar la norma que no regulaba directamente el asunto que allí se decidía, y en contraste, dejó de aplicar la que sí gobierna el tema materia del debate.

En efecto, demostrada la adulteración, la consecuencia sería que el deudor (suscriptor) se obligaba hasta lo establecido en el título antes de la alteración, pero como en ese escenario cronológico se presentaría discordancia entre la cantidad expresada en números y la indicada en letras, debió acudir el tribunal, y no lo hizo, a la norma que establece la consecuencia que el ordenamiento jurídico ha diseñado para ese supuesto fáctico, que es, se repite, el artículo 623 del Código de Comercio.

4. En razón de lo expuesto en precedencia, se concederá el amparo, para lo cual se ordenará al tribunal accionado que declare sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada el 3 de octubre de 2008, y en su lugar adopte la decisión que en derecho corresponde, atendiendo las consideraciones contenidas en este fallo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado.

En consecuencia se dispone:

ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del momento en que reciba la notificación de esta sentencia, disponga mediante auto dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia fechada el 3 de octubre de 2008, y que en el término de diez (10) diez días contados a partir de la ejecutoria de ese auto, dicte una nueva sentencia que decida sobre la temática propia del proceso de ejecución, atendiendo los criterios expuestos en la parte motiva de este pronunciamiento.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».

(1) Señala el artículo 631 del Código de Comercio que “[e]n caso de alteración del texto de un título-valor los signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al texto alterado. Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración”.

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