Sentencia 12651 de agosto 23 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 05001-23-24-000-1997-0489-01-12651

Consejero Ponente:

Germán Ayala Mantilla

Actor: Textiles Rionegro y Cía. Ltda.

Impuesto - Renta - 1991.

Fallo

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —parte demandada—, contra la sentencia de septiembre 8 de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, parcialmente estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la actora contra la actuación administrativa que determinó oficialmente el impuesto de renta por la vigencia fiscal de 1991.

Antecedentes

El 6 de abril de 1992 la sociedad Textiles Rionegro y Cía. Ltda. presentó declaración de impuesto sobre la renta por el año gravable 1991, liquidando un saldo a favor de $ 233.662.853.

Sobre la anterior declaración solicitó corrección, la cual fue aceptada por la administración con la liquidación oficial de corrección 00774 de septiembre 4 de 1992, aumentando el saldo a favor a la suma de $ 237.268.366 (fI. 565 c.a.).

El saldo a favor liquidado en la anterior corrección fue objeto de devolución mediante Resolución 02-726 de noviembre 12 de 1992 (fI. 588 c.a.).

En desarrollo del programa post devoluciones, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, profirió el auto de verificación de febrero 4 de 1994 y auto de inspección tributaria de septiembre 21 de 1994, cuyos resultados fueron consignados en el acta de visita, que se inició el 4 de febrero de 1994 y culminó el 23 de diciembre del mismo año (fls. 544 y ss. c.a.).

El 30 de septiembre de 1993, la sociedad formuló nuevamente solicitud de corrección de su declaración, la cual fue aceptada con la liquidación oficial de corrección 000301 de marzo 29 de 1994, incrementándose el saldo a favor a la suma de $ 238.073.565 (fl. 105 c.a.).

Con base en la declaración de renta inicialmente presentada y su corrección 00774 de septiembre 4 de 1992, y teniendo en cuenta los resultados contenidos en el acta de inspección tributaria, la administración profirió el requerimiento especial 1-067-7-150 del 26 de diciembre de 1994, en el cual se propusieron las siguientes glosas:

1. No se acepta la compraventa de maquinaria entre la contribuyente y Coltejer, por considerarse desvirtuada la existencia del respectivo contrato. Como consecuencia de ello se disminuye el valor declarado en el renglón 8 “deudas y patrimonio exento”, en la suma de $ 2.588.717.127 y se incrementa el patrimonio líquido. Se desconoce cualquier transacción posterior relacionada con tal venta, por lo que se disminuyen en la suma de $ 21.753.527 los renglones 31 y 32 “ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional”, menos “costos”; se disminuye el valor del renglón 14 “otros ingresos distintos de los anteriores”, en la suma de $ 109.786.536; y se disminuye el renglón 22 “depreciaciones” en la suma de $ 217.473.124.

2. Se adicionan ingresos en la suma de $ 4.468.4000 (sic) por concepto de comisiones, toda vez que en virtud del contrato celebrado por la contribuyente con Coltejer, la primera se compromete a promocionar y vender productos de propiedad de la segunda, pactándose por ello un ingreso del 1% de las ventas, y en cumplimiento de dicho contrato Textiles Rionegro efectuó ventas al Ministerio de Defensa por valor de $ 446.840.004.

3. Se desconocen los intereses pagados por préstamo adquirido para el cumplimiento de aportes de capital en Coltejer S.A., en cuantía de $ 5.978.356 por no tener relación de causalidad con la actividad productora de renta.

4. Se sanciona por libros de contabilidad, liquidada en la suma de $ 67.372.115, porque la contabilidad no refleja el verdadero movimiento de los negocios.

Las razones expuestas por la sociedad con ocasión de la respuesta al citado requerimiento no fueron aceptadas por la administración, por lo que se expidió la liquidación de revisión 000099 de septiembre 4 de 1995, mediante la cual se modifica la declaración inicial y su corrección (0774), en el mismo sentido propuesto en el requerimiento especial. Se determinó una renta líquida gravable de $ 44.666.432, que resultaba inferior a la renta presuntiva declarada ($ 78.878.686), por lo cual no se modificó el impuesto a cargo. Se disminuye el saldo a favor, fijándolo en $ 169.896.250 como consecuencia de deducir del mismo la sanción por libros impuesta.

Mediante Resolución 0198 de octubre 7 de 1996, se decidió el recurso interpuesto contra la liquidación oficial, modificando el acto impugnado en el sentido de reducir el monto de la sanción por libros de contabilidad a la suma de $ 25.401.830.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde en la instancia decidir sobre la legalidad de la liquidación de revisión 000099 de septiembre 4 de 1995 y la Resolución 0198 de octubre 7 de 1996, actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín determinó oficialmente el impuesto de renta a cargo de la sociedad Textiles Rionegro y Cía. Ltda., por el año gravable 1991.

Previa decisión del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad demandada, procede la Sala a hacer las siguientes precisiones:

Según la demanda, los cargos están dirigidos a obtener la nulidad de los actos acusados, por no haberse tenido en cuenta la liquidación de corrección 000301 de marzo 29 de 1994; al reconocimiento de la operación de compraventa, mediante la cual Textiles Rionegro dice haber comprado a Coltejer S.A., una maquinaria; a desvirtuar la adición de ingresos por concepto de comisiones; y a la exoneración de la sanción por libros de contabilidad. No se propone cargo alguno en relación con el rechazo de deducciones por concepto de intereses en cuantía de $ 5.978.356, glosa que igualmente no fue controvertida en vía gubernativa.

El tribunal de instancia dio prosperidad del cargo que alude a la nulidad de los actos demandados por no haberse considerado la última corrección efectuada a la declaración de renta y decidió anularlos en su totalidad, declarando en firme la citada corrección. Sin embargo, en la parte considerativa advirtió el a quo que la nulidad sería parcial; analizó y encontró desvirtuada la adición de ingresos; exoneró a la sociedad demandante de la sanción por libros de contabilidad por considerar no configurada la infracción; y confirmó el desconocimiento de la operación de venta de maquinaria, por no encontrar probada su existencia.

Como se observa, existe una incongruencia interna en la sentencia, cuando en la parte resolutiva se declara la nulidad total de los actos que se demandan, no obstante haberse advertido en la parte considerativa que la nulidad sería decretada en forma parcial, siendo evidente, de lo expuesto en la parte considerativa, que a juicio del a quo, la nulidad decretada sólo afectaba la actuación administrativa, en cuanto no tuvo en cuenta la liquidación de corrección 000301 de marzo 29 de 1994, y respecto de la sanción por libros de contabilidad impuesta.

En efecto, tal como consta en la liquidación de corrección 0301 (fI. 105 c.a.), ésta se limitó a incrementar el valor de las retenciones en la fuente sobre ventas, de la suma de $ 12.764.727 a $ 13.612.926, con lo cual se aumentó el saldo a favor, fijándose en la suma de $ 238.073.565. Es decir que esta corrección no está modificando ninguno de los factores sobre los cuales versó la liquidación oficial de revisión.

Consta igualmente en la liquidación de revisión, que no obstante las modificaciones efectuadas a los factores declarados, la renta líquida ordinaria resultaba inferior a la renta presuntiva declarada, por lo que el impuesto a cargo liquidado por la contribuyente sobre la renta presuntiva, tanto en la declaración inicial como en las dos correcciones efectuadas ($ 23.663.605) no sufre modificación alguna.

En consideración a lo anterior, es lógico que lo único susceptible de modificación con ocasión del fallo del tribunal, al haber prosperado parcialmente los cargos de la demandada, que versan sobre las modificaciones a los factores declarados, sea el saldo a favor determinado en la liquidación de corrección 0301 de marzo 29 de 1994, del cual debía deducirse el valor de la sanción por libros de contabilidad, como consecuencia de haber prosperado el cargo propuesto contra ella. Y es así como en la parte considerativa de la sentencia (pág. 10) señala el a quo “se tiene como liquidación definitiva del impuesto de renta por el año gravable de 1991, la contenida en la liquidación de corrección 301, en la que se calculó un saldo a favor de $ 238.073.565”.

Ahora bien no obstante que la incongruencia observada pudo haber sido objeto de solicitud de aclaración, ésta no fue solicitada, sin embargo, a propósito del recurso de apelación interpuesto por la demandada, y atendiendo a lo antes expuesto, está facultada la Sala para corregir tal incongruencia.

Lo anterior, porque el vicio de procedimiento, no fue el único aspecto analizado por el tribunal para tomar la decisión que se apela, por cuanto además de ello, se decidió sobre el desconocimiento de la operación de venta de maquinaria, la adición de ingresos y la sanción por libros, aspecto este último, que es, además del vicio de procedimiento, objeto de la inconformidad planteada por la entidad demandada en su recurso de apelación. De ahí que no comparta la Sala la apreciación de la parte demandante sobre la falta de cuestionamiento en el recurso de apelación al punto que alude al vicio procedimental y como consecuencia de ello la imposibilidad de oposición a la sanción por libros por parte de la recurrente.

De otra parte se observa que, contrario a lo afirmado por el apoderado de la actora, según los términos del recurso de apelación la inconformidad se plantea en dos aspectos a saber: la procedencia de la sanción por libros de contabilidad fundamentada en las inconsistencias que llevaron al desconocimiento de la operación de venta de maquinaria y la adición de ingresos por comisiones; y al hecho de haber dado el tribunal prosperidad al cargo que alude a la última corrección efectuada a la declaración de renta.

En efecto, si bien se dice en el recurso que la controversia se circunscribe a la procedencia o no de la sanción por libros de contabilidad, teniendo en cuenta que el impuesto determinado en la liquidación privada no varía, igualmente se cuestiona la decisión de tribunal en cuanto declaró en firme la liquidación de corrección 0301 de marzo 29 de 1994, y se insiste en que la sociedad no puso a disposición de la comisión visitadora la citada corrección, no obstante que conforme lo previsto en el artículo 692 del estatuto tributario, tenía el deber de informar acerca de la existencia de la misma.

Así las cosas, procede la Sala a decidir en primer término acerca de los efectos que según el artículo 692 tiene, en el caso bajo examen, el hecho de no haberse considerado en la liquidación de revisión la citada corrección.

Dispone la norma en referencia:

“ART. 692.—Procesos que no tiene en cuenta las correcciones a las declaraciones. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá informar sobre la existencia de la ultima declaración de corrección, presentada con posterioridad a la declaración, en que se haya basado el respectivo proceso de determinación oficial del impuesto, cuando tal corrección no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente la tenga en cuenta y la incorpore al proceso. No será causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se basen en la última corrección presentada por el contribuyente, cuando éste no hubiere dado aviso de ello” (resalta la Sala).

Como se observa la norma establece una obligación a cargo del contribuyente, en el sentido de informar al funcionario que conozca del expediente, sobre la existencia de la última declaración de corrección, cuando ésta no haya sido tenida en cuenta dentro del proceso de determinación oficial del impuesto. Sin embargo, debe distinguirse si se trata de las correcciones presentadas directamente por el contribuyente en bancos o de aquellas en las que debe obrar petición previa ante la administración.

En efecto, tratándose de correcciones que aumenten el impuesto a cargo o disminuyan el saldo a favor, o de aquellas en que no se varíe el valor apagar o el saldo a favor, o de corregir las inconsistencias a que se refieren los literales a) y d) del artículo 580 ibídem, dispone el artículo 588 del mismo estatuto, que el contribuyente está facultado para corregir diligenciando y presentando directamente en bancos la respectiva declaración, procedimiento en el cual no está prevista la intervención de la administración para que las correcciones presentadas sustituyan de pleno derecho la declaración inicial o la ultima corrección presentada, según el caso.

Por el contrario, tratándose de correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, si se consagra en el artículo 589 ibídem, un procedimiento que debe adelantarse ante la administración, consistente en que el contribuyente responsable o agente retenedor debe elevar la respectiva solicitud, anexando un proyecto de la corrección pretendida, sobre el cual debe pronunciarse la administración dentro de los seis meses siguientes a la solicitud, en el sentido de aceptar la corrección solicitada mediante la expedición de la respectiva liquidación oficial de corrección o rechazando la misma, cuando existan razones para ello. En cuyo caso la liquidación oficial de corrección sustituye la declaración inicial, si aquella se expide oportunamente o el proyecto de corrección sustituye la inicial, si opera el silencio positivo que consagra la norma.

Así las cosas, debe entenderse que la obligación del contribuyente de informar sobre la existencia de la última declaración de corrección, está referida a las correcciones que se presentan bajo el procedimiento previsto en el artículo 588, mas no a las que siguen el procedimiento que se consagra en el artículo 589, puesto que en este último interviene la administración y por ende debe conocer su propia actuación, así se adelante por distintos funcionarios.

En el caso concreto la liquidación de corrección 0301 se notificó el 29 de marzo de 1994, esto es antes de que se expidiera el requerimiento especial 1-067-7-150 de diciembre 26 de 1994, donde se señala expresamente que la liquidación privada que se propone modificar mediante liquidación de revisión corresponde a la 00774 de septiembre 4 de 1992 (fl. 523). Igualmente, la liquidación oficial de revisión 000999 de septiembre 4 de 1995, se expide con fundamento en la corrección 00774 de septiembre 4 de 1992.

En tales circunstancias, y si bien no consta en la respuesta al requerimiento especial (fl. 504) que la contribuyente hubiese informado acerca de la existencia de la liquidación de corrección 0301, y tampoco fue puesta ésta a consideración de la comisión visitadora con ocasión de la inspección tributaria que se inició el 4 de febrero de 1994, tal como consta en el acta respectiva, no por ello puede negarse el derecho que asiste a la contribuyente de invocar como causal de nulidad de los actos demandados el hecho de no haberse basado en la última corrección, y en todo caso debe tenerse en cuenta que con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración informó la sociedad acerca de la existencia de la liquidación de corrección 000301 de marzo 29 de 1994, y con base en ella sustentó la pretensión de nulidad del proceso de determinación oficial de impuesto.

No obstante lo anterior, no hay lugar a la nulidad que se sustenta en el desconocimiento de la liquidación de corrección 00301 de marzo 29 de 1994, porque como quedó antes expuesto, ésta estuvo limitada a incrementar el valor de las retenciones en la fuente inicialmente denunciadas y por ende el saldo a favor allí determinado, sin que se modificara ninguno de los factores sobre los cuales versó la liquidación oficial de revisión impugnada, según la cual, la renta líquida ordinaria resulta inferior a la renta presuntiva determinada por el contribuyente tanto en la declaración inicial como en las dos correcciones efectuadas.

Así las cosas, no asiste razón al tribunal cuando considera que son nulos los actos acusados, por no haber tenido en cuenta la última corrección de la declaración, por lo que procede revocar la sentencia apelada en cuanto dio prosperidad al cargo que se sustenta en dicha omisión.

Acerca de la procedencia o no de la sanción por libros de contabilidad, procede el siguiente análisis.

Según los actos demandados, lo consignado en el acta de inspección tributaria, y demás antecedentes administrativos, la sociedad demandante se hace acreedora a la sanción por libros de contabilidad por la causal prevista en el literal e) del artículo 654 del estatuto tributario, y lo dispuesto en el artículo 655, que en su orden disponen:

“ART. 654.—Hechos irregulares en la contabilidad. Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos:

a)...

e) No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones”.

ART. 655.—Sanción por irregularidades en la contabilidad. Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento...”.

Lo anterior, como consecuencia de haberse comprobado por parte de la entidad fiscal, que los registros contables de la sociedad son realizados sin el debido soporte contable, lo cual no permite conocer las circunstancias en que se realizó la presunta operación de compraventa de una maquinaria con la sociedad Coltejer S.A., con base en un “supuesto” contrato que data del año 1988; y adicionalmente, porque la adición de ingresos por comisiones, derivados de un contrato suscrito con Coltejer, en virtud del cual Textiles Rionegro se obliga a efectuar promoción y venta de sus artículos, se pretende desvirtuar aduciendo la terminación del contrato, sin que existan documentos que respalden tal decisión, sino un simple oficio de correspondencia interna.

Para la Sala, contrario a lo estimado por el tribunal, están dados en el caso bajo examen los supuestos previstos en la normas a que se ha hecho referencia para la aplicación de la sanción por libros objeto de controversia.

En efecto, las irregularidades detectadas con ocasión de la inspección tributaría, reiteradas en los actos proferidos a propósito del proceso de determinación oficial del impuesto, no están limitadas a la simple ausencia de unos comprobantes, sino que evidencian inexactitud de las operaciones registradas que conllevan a desvirtuar la realidad de las mismas, circunstancia que sin duda no permite reflejar la real situación económica de la empresa. Al respecto, basta la remisión a las razones anotadas en el requerimiento especial, donde se expresa:

“Textiles Rionegro y Cía. Ltda., es una filial de Coltejer en la que ésta posee el 99.5%. A pesar de que el objeto social de Textiles Rionegro es amplio, la realidad es que desde muchos años su actividad se ha limitado exclusivamente al suministro de personal a Coltejer y al arrendamiento de inmuebles a Coltejer y a sus subsidiarias... La sociedad Textiles Rionegro, no tiene movimiento efectivo o en bancos, sino que la totalidad de los pagos los realiza Coltejer, transacciones que se reflejan en el movimiento “cuenta corriente subsidiarias”. Sólo posee una cuenta bancaria que no presenta movimiento por el año 1991”.

“Desde hace muchos años y hasta el año 1987, Textiles Rionegro no tuvo dentro de los activos “maquinaria”. Solamente a partir de noviembre 1988, fecha desde la cual se ha incrementado considerablemente este rubro. Por los años 1988, 1989, 1990 y 1991, se pudo establecer que las ventas de maquinaria conservan el mismo comportamiento: no existe factura o documento equivalente. Solamente notas débito; costo del activo para Coltejer muy bajo; Coltejer la vende por un valor excesivamente alto comparado con el costo; ... la utilidad en la venta para Coltejer es cero ... la totalidad de la maquinaria continúa utilizándola Coltejer ...; el valor del arrendamiento contabilizado por Coltejer, es exactamente igual a la depreciación contabilizada por Textiles Rionegro excepto por el registro de naturaleza débito por $ 107.686.588 disminuyendo este concepto debido, según ellos, a los altos costos del mantenimiento de la maquinaria arrendada y a la mala calidad de los artículos producidos por ella. No existe documento donde se indique el pago de la deuda ni se han reconocido intereses”.

“Para el año gravable 1991, a pesar de que el efecto no fue neutro sino que en esa actividad las deducciones solicitadas fueron superiores a los ingresos declarados, porque en el mes de junio efectuaron la reversión del ingreso por arrendamiento recibido de Coltejer por el primer bimestre, debido, según ellos, a la mala calidad con que estaban saliendo los productos y al alto costo de sostenimiento de la maquinaria”.

“A través de Textiles Rionegro, pretende Coltejer solicitar depreciación sobre el valor comercial de la maquinaria ...”.

“La Compañía Colombiana de Tejidos S.A., Coltejer, continúa haciendo uso de la maquinaria supuestamente vendida a Textiles Rionegro y Cía. Ltda., por medio de un contrato de arrendamiento del cual no existe prueba documental como tampoco existe la del contrato de venta; si bien es cierto que jurídicamente ambos contratos son consensuales, contable y tributariamente necesitan un documento soporte, el cual no existe”.

“No se ha hecho ningún pago o abono por la maquinaria puesto que aunque Coltejer aduce que las notas débito por cobro de arrendamiento de inmuebles y maquinaria se abonan al valor de la venta, no existe prueba de ello por las razones ya expuestas”.

“Existe otro hecho irregular en este aspecto y es que a pesar de haberse contabilizado la primera compra de maquinaria sólo en noviembre de 1988, las notas débito que relaciona Coltejer con ocasión de la respuesta al requerimiento ordinario..., como abono a lo adeudado por Textiles Rionegro y Cía. Ltda., son documentos con fechas a partir de enero de 1988. Podemos aseverar que ni Coltejer tenía intención de vender su maquinaria, ni Textiles Rionegro deseaba o necesitaba adquirir estos bienes, es decir, no existía causa para una compraventa”.

“No tenía Coltejer ninguna intención de despojarse de la propiedad de su maquinaria y de hecho no lo hizo ya que sigue usufructuándola. Ni podía Textiles Rionegro pagar el precio presentado contablemente como valor de la venta”.

“De todo lo expuesto se puede inferir que si la intención de las partes en el supuesto negocio de compraventa no era transferir el dominio del bien y pagar el precio fijado, existe otro motivo o causa para buscar dar la apariencia de este contrato, es decir, que existe una causa simulada que se deja ver claramente en el aparente cobro del canon de arrendamiento, en otras palabras equivale a la depreciación que está solicitando Textiles Rionegro por esta maquinaria”.

“El beneficio tributario de deducir como gasto la depreciación de los bienes que con el uso o el correr del tiempo se desgastan o resultan obsoletos y deben ser remplazados ya estaba siendo utilizado por Coltejer en relación con su maquinaria y está siendo utilizado doblemente al volver a depreciar tales bienes a través de una filial que como lo analizamos anteriormente es de su propiedad en un 100%, es decir, es Coltejer mismo quien está haciendo uso de este beneficio y no ya sobre el costo de adquisición de la maquinaria sino sobre un valor muy superior producto de reajustes fiscal”.

“Todas las operaciones de Textiles Rionegro y Cía. Ltda., muestran claramente que se trata de una sociedad creada exclusivamente con el ánimo de facilitar la actividad comercial de la Compañía Colombiana de Tejidos S.A., Coltejer, por ejemplo suministrándole personal mediante un contrato de prestación de servicios del cual tampoco existe prueba documental: además le arrienda inmuebles y maquinaria a esta compañía y sus filiales pero sin presentar ningún movimiento de efectivo sino que como ya se explicó todas sus transacciones se realizan mediante cuentas corrientes con Coltejer”.

“De tal manera que en la operación que nos ocupa no estaban interactuando los intereses de la Compañía Colombiana de Tejidos S.A., Coltejer, y su filial Textiles Rionegro, sino que se estaba buscando un beneficio especial para Coltejer que se refleja tributariamente en volver a depreciar su propia maquinaria y en un valor muy elevado”.

Sobre las razones anotadas no expuso la demandante en vía gubernativa ni ante la jurisdicción argumentos que permitan desvirtuarlas, ya que se ha limitado a insistir en que las “notas débito”, expedidas por Coltejer, para respaldar la supuesta operación de venta de la maquinaria, resultarían suficientes soportes de su registro contable; cuando en realidad como se observa, no permite la contabilidad de la actora, establecer la naturaleza real de la operación, esto es si se trata de una venta con opción de compra, de una venta simple, o de un arrendamiento de bien mueble. Lo cierto es que ninguno de esos eventos pudo ser comprobado por la administración y tampoco, aportó la sociedad elementos de juicio o probatorios que permitieran aclarar las condiciones reales de la supuesta operación.

Igual situación se presenta con el aspecto que tiene que ver con la adición de ingresos, puesto que existiendo un contrato de representación, en el cual se estipula una comisión del 1% sobre las ventas realizadas por Textiles Rionegro, y en el mismo contrato se señalan como causas de terminación; “mutuo acuerdo, expiración del término de duración, los consagrados en la ley”. Y se advierte que “Terminado el contrato el agente dispondrá de quince (15) días hábiles para entregar el último informe de ventas y la rendición de cuentas respectivas” (cláusula 9ª del contrato, fl. 582 c.a.), no puede aceptarse, como bien lo señala la administración, que un simple oficio interno sirva de prueba para desvirtuar la existencia y vigencia del contrato. Y menos aun, aceptar que por la “supuesta terminación del contrato” las ventas realizadas por Textiles Rionegro al Ministerio de Defensa, lo fueron en su propio nombre y no en calidad de agente de Coltejer, y por ende en cumplimiento del contrato de representación, con la consecuente generación de ingresos por las comisiones pactadas.

Por lo anterior, si bien pudo haberse demostrado que la retención en la fuente por la compra fue realizada a Textiles, como lo estimó el tribunal, no por ello puede tenerse como desvirtuada la vigencia del contrato de representación y por ende los ingresos originados en la realización de tales ventas, pues lo que comprueba la retención es que Textiles Rionegro realizó la venta, hecho no cuestionado por la administración, pues de lo que se trata es de demostrar que tales ventas no originaron ingresos para la actora, por efectos de la pérdida de vigencia del contrato, asunto que tampoco pudo establecer la administración por ausencia de los soportes contables.

En conclusión, no existen razones que contradigan las irregularidades establecidas por la entidad fiscal, las cuales a juicio de la Sala justifican la sanción por libros controvertida, por lo que procede reconocer la legalidad de los actos acusados, en cuanto a la imposición de la sanción, debiendo en consecuencia revocarse en este punto la sentencia apelada.

Consecuente con lo aquí decidido, se tiene como liquidación definitiva del impuesto por el año gravable de 1991 la contenida en la liquidación de corrección 00301 de marzo 29 de 1994, en la que se calculó un saldo a favor de $ 238.073.565, del cual se deduce el valor de la sanción por libros ($ 25.401.830), cuya legalidad se confirma en esta instancia, determinándose en consecuencia un saldo a favor de $ 212.671.735.

Aclara la Sala que la liquidación de corrección sobre la cual se solicitó y obtuvo la devolución del saldo a favor es la distinguida con el 00774 de septiembre 4 de 1992, tal como consta en resolución de devolución 02-726 de noviembre 12 de 1992 (fl. 588 c.a.).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de la liquidación de revisión 000099 de septiembre 4 de 1995 y de la Resolución 0198 de octubre 7 de 1996, por medio de las cuales se modificó la declaración de renta presentada por Textiles Rionegro y Cía. Ltda., correspondiente al año gravable 1991, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

3. FÍJASE en la suma de doscientos doce millones seiscientos setenta y un mil setecientos treinta y cinco pesos ($ 212.671.735) m/cte., el saldo a favor de la sociedad Textiles Rionegro y Cía. Ltda., teniendo como base la liquidación de corrección 00301 de marzo 29 de 1994.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Se reconoce personería a la doctora Martha Liliana Campos Peña, como apoderada de la Nación en los términos del poder que obra a folio 107.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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