Sentencia 05001-23-25-000-1997-01849-01-13986 de agosto 5 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 05001-23-25-000-1997-01849-01-13986

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Empresas Públicas de Medellín c/ DIAN Tributos Aduaneros-Corrección declaración.

Fallo

Bogotá, D.C., agosto cinco de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los precisos términos del recurso de apelación y en orden a desatar la litis, debe en primer lugar determinar la Sala, si le asiste la razón a la recurrente en su inconformidad con la decisión inhibitoria del tribunal, al declarar probada la excepción de inepta demanda por establecer que el petitum no fue debidamente individualizado, dado que no se demandó el acto que agotó la vía gubernativa.

Para obtener la revocatoria de lo decidido por el tribunal, la parte recurrente argumenta la indebida notificación por correo de la Resolución 12 del 10 de abril de 1997, mediante la cual fue resuelto el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente contra la Resolución 37 del 15 de mayo de 1995, y considera que ante la falta de efectos legales de la decisión, la actora no estaba obligada a demandarla.

La apelante alega que el acto que agotó la vía gubernativa fue mal notificado, y si bien acepta que la notificación se surtió con su introducción al correo certificado el 14 de abril de 1997, “procedimiento que autoriza el artículo 99 del Decreto 1909 de 1992”, que modificó el código de aduanas, aduce que dicha normatividad no incluye lo referente a los recursos y por ende debe aplicarse el artículo 565 del estatuto tributario, cuyo inciso 2º dice que las providencias que deciden recursos se notifican personalmente o por edicto, “si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no comparece dentro de los 10 días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación”, en armonía con el 44 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el punto discutido en el presente proceso, observa la Sala que ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en otros procesos adelantados entre las mismas partes, y para resolver, considera que es del caso reiterar el criterio expuesto en anteriores oportunidades, entre ellas, la sentencia de fecha 13 de marzo de 2003, expediente 13280, Consejero Ponente doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, en el sentido de señalar que las notificaciones en materia aduanera tienen su propia regulación de forma completa, de manera que no existe la necesidad de acudir a otros textos normativos para llevarlas a cabo.

En efecto, a juicio de la Sala no resultan válidas las objeciones de la recurrente; en primer lugar, porque tanto el procedimiento tributario como el procedimiento aduanero, regulan independientemente y a través de disposiciones especiales, todo lo atinente a las “notificaciones”. Así el estatuto tributario, en el libro V, título I “actuación”, artículos 563 a 569 prevé todo lo relacionado con el tema.

Por otra parte, en materia aduanera el Decreto 1909 de 1992, en el título V, capítulo 1, titulado “notificaciones”, regula en forma completa lo concerniente. Así el artículo 97, se refiere a “dirección para notificaciones”, el 98 “formas de notificación. Los autos que ordenen inspecciones aduaneras, los emplazamientos para declarar o corregir, citaciones, pliegos de cargos, liquidaciones oficiales, citaciones y demás actuaciones administrativas deben notificarse por correo o personalmente. Cuando estos actos se profieran dentro del proceso de importación la notificación se realizará por estado” y el 99 que indica que la “notificación por correo”, se practicará “mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y se entenderá surtida al día siguiente de la introducción al correo”, normatividad que no es posible ignorar o desatender.

Y en segundo lugar, porque no resulta jurídica la “aplicación” normativa que propone la recurrente y que se concreta en aplicar el procedimiento aduanero el artículo 98 “formas de notificación”, en forma simultánea o “combinada” con el inciso 2º del artículo 565 del estatuto tributario, “formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos”, con lo cual se estaría creando, en forma no autorizada, una tercera disposición.

Se repite, el artículo 98, contiene las reglas sobre el modo como debe surtirse la notificación según la actuación de que se trate, sin que pueda aceptarse la existencia de vacíos normativos por la circunstancia de que no haya incluido un texto como el del segundo inciso del artículo 565 del estatuto tributario, y que por tanto deba subsidiariamente acudirse a dicha disposición, puesto que se insiste, se trata de una regulación especial e íntegra, de aplicación prevalente.

De manera que concluye la Sala, no le asiste la razón a la sociedad en sus reparos, puesto que la administración siguió el procedimiento correcto para notificarle la resolución que agotó la vía gubernativa y en consecuencia la notificación así efectuada es válida, y por ende, surtió los efectos legales correspondientes, consistentes en poner en conocimiento del interesado la decisión de la administración. Además, la sociedad en ningún momento controvirtió la prueba aportada por la administración de que envió por correo certificado copia del acto que resolvió el recurso, ni menos ha alegado no haber recibido el envío, por lo que la notificación surtida el 14 de abril de 1997 (Cfr. fl. 305 vto.) cumplió a cabalidad con la finalidad perseguida por la ley.

Respecto a la decisión del tribunal, la Sala la comparte, puesto que ciertamente, en diversas oportunidades la sección se ha pronunciado sobre la necesidad de individualizar correctamente las decisiones administrativas atacadas, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo insistente en precisar, que cuando se demanda un acto jurídico que ha sido impugnado en la vía gubernativa, la acusación que contra ellos se haga debe comprender el conjunto de actos constituido por la decisión inicial y los actos administrativos confirmatorios o modificatorios de la misma, expedidos durante el transcurso de la vía gubernativa, puesto que se trata de una exigencia no solo jurisprudencia sino normativa, en cuanto el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, que regula la individualización de las pretensiones, ordena que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen...”.

Como la actora se abstuvo de enjuiciar la citada Resolución 12, que agotó la vía gubernativa, ello indica que no estuvo bien individualizado el acto, porque la demanda debió impugnar conjuntamente la voluntad administrativa, esto es, el acto definitivo y aquellos producidos durante la vía gubernativa, que se integraron a este para ratificarlo y siendo así, es dable concluir como lo hizo el tribunal que no se dio cumplimiento al artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual encontró probada la excepción propuesta por la parte demandada, y consecuencial, decidió inhibirse para decidir de fondo sobre las pretensiones de la demanda. Se precisa que el silencio administrativo negativo demandado es una presunción legal que en este caso fue desvirtuada por la administración.

No habiendo motivos para revocar lo decidido por el tribunal, la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada Patricia del Pilar Romero Angulo, de conformidad con el poder que obra a folio 367 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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