Sentencia 05001220300020001-0004-01 de abril 24 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 05001220300020001-0004-01

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil uno.

Decídese la impugnación formulada contra el fallo de tutela de 7 de marzo de 2001, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Clara Isabel Volkmar en representación de los menores María Alejandra y Mario Antonio Volkmar, contra La Sala Tercera de Familia del Tribunal Superior de Medellín conformada por los magistrados Darío Hernán Nanclares Vélez, Gloria Eugenia Pareja Vélez y Antonio Pineda Rincón.

Antecedentes

1. Los accionantes consideran vulnerado sus derechos fundamentales del debido proceso (C.P., art. 29) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 ib.), por la incursión de la autoridad accionada en una vía de hecho al proferir el auto de 27 de noviembre de 2000 que dispuso el levantamiento del secuestro de unos bienes con fundamento en que era necesario el registro de la demanda como requisito previo.

Los hechos que soportan la pretensión, son los que se compendian seguidamente:

— Dentro del proceso ordinario promovido por los accionantes contra la cónyuge y herederos de Juan Guillermo Medina Gaviria, dirigido a que fueran declarados hijos extramatrimoniales de aquel y al reconocimiento de su derecho a concurrir como herederos, se dispuso el registro de la demanda respecto de algunos bienes inmuebles.

— Proferida la sentencia de primera instancia favorable a los demandantes y en trámite la apelación de la misma, la parte demandante solicitó el “secuestro de inmuebles que fueron objeto de la partición de bienes en el proceso de sucesión mencionado” que se tramitó y terminó mientras se adelantaba el proceso de filiación extramatrimonial.

El tribunal accedió a la petición, pero a instancias de la parte demandada, el 27 de noviembre de 2000 ordenó el levantamiento de la medida, “con fundamento en que efectivamente se requería la inscripción de la demanda como requisito para que fuera procedente el secuestro de los inmuebles”.

— La parte demandante, para agotar los recursos, recurrió en suplica la decisión, habiendo sido confirmado el auto.

Tales decisiones constituyen una vía de hecho toda vez que condicionan la viabilidad del secuestro de inmuebles después de proferida favorablemente sentencia de primera instancia, a que efectivamente se haya inscrito la demanda, requisito no exigido por el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, concepto que le cambia el sentido a la regla quinta de dicho precepto.

La determinación igualmente perjudica irremediablemente a los menores en cuyo favor se actúa, porque puede dar lugar a que los bienes sean poseídos por terceros.

— Fue solicitada la suspensión provisional de la decisión de levantamiento de la medida, mientras se decide la acción constitucional.

2. Con la demanda fueron aportadas copias de la actuación judicial impugnada, que luego se complementó con copia total del proceso en el que se denuncia la agresión.

Los accionados no dieron respuesta a la acción de tutela que les fue debidamente notificada.

La sentencia del tribunal

Afirma el sentenciador en su fallo de tutela, que la acción que resuelve pretende exclusivamente enfrentar un análisis de interpretaciones doctrinarias discrepantes respecto del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, asunto que no es de la competencia del juez constitucional.

Una interpretación más audaz de los mismos hechos, normas y pruebas, para competir con la que hace la de la Sala accionada, no es argumento para afirmar que la interpretación que ofrece el accionante sea más correcta.

Con argumentos como los resumidos, el a quo deniega la acción de tutela propuesta.

La impugnación

En la oportunidad legal la representante de los accionantes impugna la decisión procedente que le niega el amparo constitucional pretendido. Discrepa en el escrito sustentatorio del recurso del fundamento legal del fallo, pues, afirma, que no se trata de un problema de mera interpretación de normas legales, sino del acomodo arbitrario en su interpretación que le imputa al tribunal accionado, pues cinco juristas nacionales reconocidos, unánimemente consideran que no es requisito para secuestrar inmuebles después de proferida sentencia de primera instancia, que la demanda haya sido inscrita previamente. La decisión contra la que endereza la tutela tiene apenas un ropaje de juridicidad, pero constituye una vía de hecho por ser equivocada, desconocer la autoridad de cinco juristas, los antecedentes de la norma, todo lo cual hace inútil la sentencia pues cuando se consolide la partición ya otras personas habrán dispuesto de los frutos.

Consideraciones

1. Con la presente acción se pretende que mediante el amparo del derecho constitucional fundamental del debido proceso, se reconozca una vía de hecho que lleve a la anulación de lo actuado por el Tribunal Superior de Medellín, Sala unitaria de familia, al proferir el auto de 27 de noviembre de 2000, dentro del trámite de segunda instancia, en el que ordenó el levantamiento del secuestro de unos bienes inmuebles, medida que había sido ordenada en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial con petición de herencia a que se hace mención en la tutela.

2. Se trata entonces de saber, si con esa actuación los jueces accionados incursionaron en una “vía de hecho judicial, y en tal caso restablecer y proteger los derechos fundamentales que a causa de la actuación del funcionario hayan resultado agredidos, considerando que ello es pertinente sólo si no existe otra alternativa, porque si existe un mecanismo al interior del proceso que permita enderezar el yerro en que ha incurrido el juez, o si la decisión judicial no representa una agresión brutal al ordenamiento, o si no está desprovista por completo de justificación jurídica, o si la valoración que hizo de las pruebas no riñe abiertamente con la lógica aplicable, es obvio que ella resulta invulnerable a la acción de tutela, tal como acontece cuando el pronunciamiento del sentenciador obedece a la apreciación de los elementos de juicio de que dispone o a una interpretación normativa que no es opuesta a la razón.

De allí que se indique que la acción de tutela no es un mecanismo que permita interferencias indebidas del fallador constitucional en la órbita de acción del juez natural que conoce del proceso respectivo, para proferir resoluciones paralelas a las que, por competencia, debe disponer quien, por mandato legal, tiene esa facultad, y de otra parte, tampoco sirve la tutela para censurar la valoración razonada que haya hecho del acervo probatorio o las diversas interpretaciones que la autoridad competente le dé a la ley.

3. En el presente caso, como quiera que la discusión planteada por los promotores del amparo deprecado, insiste en la supuesta agresión en que ha incurrido el tribunal accionado al resolver la petición de levantamiento de la medida de secuestro que había sido adoptada después de la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario de filiación extramatrimonial con petición de herencia, “con fundamento en que efectivamente se requería la inscripción de la demanda como requisito para que fuera procedente el secuestro de los inmuebles”, resulta pertinente anticipar, que las reglas del artículo 690 el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de que, en momentos procesales distintos, se puedan adoptar las diversas medidas de cautela allí señaladas.

La regla común para que procedan las medidas cautelares en los distintos estadios procesaIes que allí se contemplan (unas en el momento procesal de admisión de la demanda, o “en cualquier estado del proceso, antes de que se dicte sentencia de segunda instancia” (CPC, art. 690, num. 2º), y otras, cuando “el demandante hubiere obtenido sentencia favorable de primera instancia y ésta fuere apelada”), conforme con la regla primera del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, implican que se trate de un proceso ordinario en el que la demanda “verse sobre el dominio u otro derecho real principal, en bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, de hecho o de derecho...”.

Considerando que al comienzo del litigio se advierte una absoluta incertidumbre respecto de la prosperidad de las pretensiones, las medidas de cautela permitidas en el mencionado precepto están sujetas a la precaución propia inherente a dicha incertidumbre, razón que amerita que en tratándose de bienes inmuebles, se restrinjan a la mera inscripción de la demanda, que procede libremente desde la admisión de ésta y hasta que se dicte la sentencia de segunda instancia.

Pero una vez proferida sentencia de primera instancia favorable a las pretensiones del demandante, la cual desde luego se halla amparada en principio por la presunción de legalidad, ello hace suponer la inminente posibilidad de un resultado favorable, que induce la necesidad, para que la sentencia no sea ilusoria respecto de la recuperación de los inmuebles en litigio, que la ley confiera a la parte beneficiada un medio de protección hacia el futuro, con fundamento en la relativa expectativa de éxito que confiere la sentencia de primera instancia.

Este fundamento es el que desarrolla el numeral 5º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, al referirse a los casos indicados en el numeral 1º del mismo, es decir, a aquellos en que la demanda “verse sobre el dominio u otro derecho real principal, en bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, de hecho o de derecho...”, permitiendo al demandante que cuando se dé el suceso allí exigido el suceso allí exigido (sentencia favorable de primera instancia), pueda demandar “que se secuestren los respectivos bienes inmuebles”.

Desde luego el secuestro es una medida cautelar distinta de la inscripción de la demanda, pese a que por efectos prácticos ambas se complementen.

La petición del secuestro de los inmuebles con soporte en sentencia favorable de primera instancia, por ser una medida cautelar autónoma, condicionada únicamente a la naturaleza del proceso y al momento procesal en que se debe solicitar, no impide que, adicional, previa o conjuntamente se solicite (facultativamente) la inscripción de la demanda, porque son medidas que no se excluyen, sino que pueden concurrir a voluntad de la parte.

Lo que sí es claro por razón del momento procesal en el que proceden, y dada la independencia de que están revestidas tanto la inscripción de la demanda, como el secuestro de los inmuebles una vez pronunciada la sentencia de primera instancia, es que para lo último no se requiere lo primero, es decir, para secuestrar los inmuebles objeto del proceso una vez pronunciada sentencia favorable al demandante, no es requisito previo la inscripción de la demanda, que es una medida cautelar distinta, pero que se reitera puede concurrir con aquella con posterioridad a la sentencia de primera instancia y no antes, porque en la primera etapa (entre la admisión de la demanda y la sentencia de primera instancia), sólo es pertinente, en tratándose de bienes inmuebles, la inscripción de la demanda, por las razones atrás indicadas.

4. Si se lee dentro del contexto del artículo, su numeral 8º, puede apreciarse una razón adicional para ratificar lo que se viene afirmando. Allí, se prevé la medida cautelar de embargo y secuestro de bienes de propiedad del demandado, esta vez en procesos ordinarios donde se solicite el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, “si el demandante hubiere obtenido sentencia favorable de primera instancia y ésta fuere apelada o consultada...”.

Nótese que para el ejercicio de este derecho facultad del demandante, no se impone que previamente haya procedido la inscripción de la demanda. La razón es idéntica: ya existe una sentencia de primera instancia favorable al demandante, revestida de presunción de legalidad, y tal circunstancia, se repite, permite suponer la posibilidad de un resultado favorable, y por consiguiente, constituyéndose ésta en una perspectiva concreta que amerita su protección hacia futuro, por estar de por medio la relativa expectativa de éxito que confiere la sentencia de primera instancia.

5. Las conclusiones anteriores evidencien que la interpretación del precepto que hizo el tribunal accionado, es errónea y enfrenta el texto mismo de la norma, al exigir sin que éste sea requisito de la ley, que previamente se inscriba la demanda, como requisito previo para poder decretar el secuestro de los bienes inmuebles sobre los que verse la demanda, en aquellos procesos que lo permiten, cuando esta última medida se solicita una vez proferida sentencia favorable de primera instancia para el demandante.

Así entonces, la actuación de los accionados que impuso una obligación o un requisito inexistente en la ley, se erige en una vía de hecho que lesiona el debido proceso de los accionantes, por contener esa decisión un grave defecto sustantivo debido a que lo resuelto constituye una postura jurisdiccional equivocada, más que por la interpretación de la norma, por haber desbordado la ley saliéndose de su imperio al resolver el asunto, lo que tornó su conducta en ilegítima al sobrepasar la interpretación lógica, resultando de ello una decisión contraria al orden jurídico, que por lo mismo habilita la tutela, como mecanismo de excepción, para remediar el agravio y restituir el derecho agredido.

6. Las circunstancias anotadas llevan a la Sala a colegir, ante la presencia de la vía de hecho judicial que advierte, que se debe conceder el amparo impetrado y como la decisión del tribunal fue distinta, debe revocarse para en su lugar dejar sin efectos la actuación procesal viciada (autos de 27 de noviembre de 2000 y 19 de febrero de 2001 del Tribunal Superior de Medellín).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de fecha y procedencia anotados. En su lugar,

RESUELVE:

1. Conceder el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, solicitado por la señora Clara Isabel Volkmar en representación de los menores María Alejandra y Mario Antonio Volkmar, contra La Sala Tercera de Familia del Tribunal Superior de Medellín conformada por los magistrados Darío Hernán Nanclares Vélez, Gloria Eugenia Pareja Vélez y Antonio Pineda Rincón, derecho que resulta vulnerado con la actuación judicial a que se ha hecho mención, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia se dispone dejar sin efectos las decisiones contenidas en los autos de 27 de noviembre de 2000 y 19 de febrero de 2001 del Tribunal Superior de Medellín proferidas dentro del proceso ordinario promovido por los accionantes contra la cónyuge y herederos de Juan Guillermo Medina Gaviria,

3. El tribunal accionado dispondrá lo pertinente atendiendo a la expuesto en este fallo, dentro del término de 48 horas siguientes a su notificación.

Notifíquese lo resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

Notifíquese.

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