Sentencia 4149 de marzo 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Primera

Rad. 05001233100020014149 01, mar. 14/2002

C.P. Manuel S. Urueta Ayola

Actor: Claudia Patricia Herrera Zapata

Ref.: Número interno 2660

La Sala decide la impugnación formulada por el apoderado de Computec S.A., División Datacrédito contra la sentencia proferida el 18 de enero del 2002 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquía, mediante la cual se concedió la tutela del derecho fundamental al habeas data de la accionante.

I. La pretensión y los hechos en que se funda

Claudia Patricia Herrera Zapata instauró acción de tutela contra Datacrédito —División de Computec S.A. y la central de información financiera— Cifin, con el fin de que se le protejan los derechos constitucionales fundamentales a la honra, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y a tener una vivienda digna, por lo cual solicita que se ordene a tales entidades levantar la sanción de tarjeta cancelada por mal manejo, así como eliminar su nombre de los archivos como deudora, ya que nunca fue su intención evadir sus responsabilidades frente al pago de la deuda, encontrándose actualmente a paz y salvo por todo concepto.

Fundamenta la anterior petición en los hechos que se resumen a continuación:

1. Hace unos meses solicitó un crédito a Delta Bolívar, donde anteriormente le habían prestado y había cumplido, pero el mismo le fue negado con el argumento de encontrarse reportada en Datacrédito y la Cifin, situación que también le ocurrió en la Cooperativa John F. Kennedy, razón por la cual ha tenido que recurrir a préstamos con particulares pagando onerosas tasas de interés, debido a las necesidades económicas por las que ha pasado.

2. En junio del 2000 consultó con Datacrédito donde le certificaron que se encontraba al día en el pago de las obligaciones adquiridas con la Cooperativa John F. Kennedy, Sufinanciamiento, Delta Bolívar, Banco Caja Social, Cooperativa Belén, Inversora Pichincha y Conavi. En relación con esta última entidad aparece un reporte negativo correspondiente a la tarjeta de crédito Mastercard núm. 288779805, la cual fue cancelada por “mal manejo”, por cuanto tuvo que pagar, después de incurrir en mora, la compra de una nevera que hizo con su tarjeta de crédito a favor de una amiga que se comprometió a pagar las cuotas y no lo hizo.

3. Ese reporte negativo afecta los derechos fundamentales que invoca, le impide acceder a nuevos créditos para desarrollar las actividades complementarias a su trabajo y satisfacer las necesidades a las cuales sólo puede acceder a través del crédito, así como también la mantiene “macartizada” ante las diferentes entidades, aún frente aquellas a las que previamente les pagó a satisfacción los préstamos que le hicieron, situación que riñe con lo propugnado tanto por el Tribunal de Bogotá como por el Consejo de Estado al conceder la tutela instaurada por Sandra Yuscelly Bejarano, en sentencia de 21 de septiembre del 2001, con ponencia del Consejero doctor Juan Ángel Palacio Hincapié.

4. El 1º de octubre del 2001 solicitó la rectificación de los datos contenidos en la base de Datacrédito, la cual le fue negada con el argumento de que dicha información correspondía a la realidad, que el Consejo de Estado se encontraba sujeto a la Corte Constitucional en materia de tutela, por ser un tribunal de inferior categoría y que los fallos de tutela sólo producían efectos interpartes.

5. Instaura la presente acción en razón del grado de indefensión e inferioridad en que se encuentra frente a las entidades demandadas, las cuales concentran el poder de la información crediticia en el país a favor del sistema financiero, sin miramientos de ninguna naturaleza con respecto a los ciudadanos, por lo que no encuentra otro mecanismo alterno y judicial para reclamar la protección de sus derechos fundamentales.

Il. La respuesta de las entidades demandadas

Al contestar la tutela el abogado de la vicepresidencia jurídica de la central de información financiera, Cifin solicitó que la misma fuera denegada por cuanto en su base, de datos sólo aparece un reporte negativo en relación con la accionante, respecto a una obligación por concepto de tarjeta de crédito contraída con la Inversora Pichincha, la cual se encuentra al día.

Manifiesta que aunque la información sigue figurando en el sistema, pese a haberse pagado la obligación, la misma se encuentra actualizada, no registra saldo en mora y se encuentra vigente, lo que indica que la accionante no tiene actualmente la calidad de deudora morosa. Además, el registro muestra la fecha en que se efectuó el pago y lo que es más importante, la fecha hasta la cual permanecerá el dato a manera de información, de acuerdo con los criterios de caducidad del dato negativo establecidos por la Corte Constitucional.

En relación con el dato negativo que figuraba respecto a la tarjeta de crédito con Conavi, expresa que el mismo se suprimió una vez dicha entidad confirmó que la accionante había pagado la obligación desde abril de 1999.

Considera que la tutela es improcedente y no debe prosperar, al menos en cuanto a la Cifin se refiere, habida cuenta de que en este caso no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues la entidad ha respetado los parámetros establecidos por la Corte Constitucional sobre la permanencia de la información negativa en los bancos de datos, por ser la que se ha venido aplicando durante los últimos años en ausencia de normativa legal y, a su juicio, la que debe seguirse aplicando mientras la mencionada corporación no cambie su posición o el tema sea reglamentado a través de una ley.

Para concluir, solicita tener en cuenta el argumento según el cual es requisito de procedibilidad de la tutela que el accionante acredite que solicitó la aclaración o rectificación de la información directamente ante la entidad, previamente a acudir ante los jueces, sin obtener solución, tal y como lo dispone el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Por su parte, el apoderado de la sociedad Computec S.A., División Datacrédito respondió la tutela en los siguientes términos:

Previa explicación de su objeto social y de la importancia de labor que adelanta como herramienta fundamental para la gestión profesional del riesgo crediticio por parte de los suscriptores, en cuanto a la reducción del riesgo implícito y la construcción y consolidación de la confianza del público en el sistema financiero y la protección del ahorro público se refiere, frente a los cuales la deficiencia, insuficiencia o inexactitud de la información dan al traste con la actividad crediticia, impidiéndola de plano o haciéndola peligrosa e imprudente, manifiesta que la accionante se encuentra reportada como deudora morosa en relación con dos obligaciones por concepto de tarjeta de crédito, una con Conavi, que la misma acepta, y otra con Inversora Pichincha con respecto a la cual incurrió en mora de 90 días, situación que ocurrió hace 4 meses, reporte que en manera alguna quiere significar ni pretende mostrar que la actora se encuentre actualmente en mora, sino que lo estuvo en el pasado.

Esa mora histórica debe permanecer en la base de datos hasta que se cumpla el término de caducidad que se estima razonable, atendiendo la finalidad propia de las bases de datos, en este caso por 5 años contados a partir del pago, que es el término establecido en el manual de caducidades de la entidad en relación con tarjetas canceladas por mal manejo u obligaciones recuperadas a instancia de un cobro jurídico.

Luego de referirse a los lineamientos más relevantes de orden constitucional en relación con el habeas data y los derechos al buen nombre y a la intimidad, respecto de los cuales expresa que la actividad desarrollada por Datacrédito se encuentra sustentada por los artículos 15 y 20 de la Constitución, señala que, siempre que la información sea veraz, completa, imparcial y actualizada, no se pueden oponer los derechos a la honra y al buen nombre como prevalentes frente a la libertad informática, ya que la fama, buena o mala, se deriva del comportamiento crediticio del deudor como tal y no del reporte fidedigno que de ese hecho se haga; que el deber de actualizar la información no significa que el administrador de la base de datos deba eliminar la información histórica, pues ella resulta de imprescindible utilidad para el analista de crédito o riesgo; que Datacrédito presenta información objetiva e imparcial, que no incluye juicios de valor ni apreciaciones subjetivas y que no puede ser modificada por su propia voluntad sino únicamente a pedido de la entidad reportante o de las autoridades; que como central de riesgos presta un servicio privado de carácter neutral cuya función es servir de canal de una información suministrada por un tercero sobre otros terceros, razón por la cual no califica ni juzga el comportamiento del deudor ni asume tareas de, corrección o castigo, como conformación de listas negras, intermediación que hace que Datacrédito sea ajena a la toma de decisiones en cuanto a aprobar o negar un crédito, lo cual corresponde al establecimiento crediticio o entidad respectiva.

Considera que la decisión del Consejo de Estado mediante la cual se concedió la tutela instaurada por Sandra Yuscelly Bejarano desconoce por completo la doctrina constitucional que ha venido elaborando la Corte Constitucional a partir de la Constitución de 1991, pues son muchos los fallos que han establecido el alcance del habeas data y reconocido la validez e importancia que tienen los registros históricos de información, siempre que se mantengan los criterios de caducidad fijados por esa misma corporación.

En concreto, ese fallo incurrió en error de interpretación al sostener que el registro histórico del dato atenta contra el principio de veracidad y actualidad, cuando ocurre todo lo contrario, pues informar que el reportado está al día sin indicar que estuvo en mora en el pasado, serÍa precisamente faltar a la verdad y violar el derecho a la igualdad de quien siempre ha cumplido y, a su turno, registrar la mora pasada, indicando la fecha en que la persona se puso al día, es la forma de actuar con apego a la verdad completa de los hechos.

Agrega que, en cualquier caso, según el Decreto 2591 de 1991, las decisiones de tutela sólo surten efecto en el caso concreto y que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la ley estatutaria de la administración de justicia, la parte motiva de tales providencias tiene el limitado carácter de criterio auxiliar para la actividad judicial, razones por las cuales en este caso no procede aplicar el criterio expresado en el fallo mencionado, como lo pretende la accionante.

Finalmente, indica que en este caso la tutela es improcedente y, por ende, debe negarse, de una parte, porque la interesada acudió directamente ante los jueces sin agotar previamente la etapa de la solicitud de rectificación de la información registrada sobre ella en el banco de datos de Datacrédito, lo cual ha debido hacer como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, según lo previsto por el numeral 6º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y, de otra parte, porque el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991 señala que no cabe la acción contra conductas legítimas de un particular como la observada en el sub lite por Datacrédito.

lIl. El fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquía concedió el amparo del derecho fundamental al habeas data de Claudia Patricia Herrera Zapata y ordenó a Datacrédito-Computec S.A. que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, dispusiera los mecanismos pertinentes con el fin de actualizar en su base de datos el registro que aparece a nombre de la actora, con el fin de retirar el reporte negativo que aparece en su contra por el crédito pagado voluntariamente a Conavi.

Luego de transcribir apartes de la Sentencia SU-82 de marzo de 1995 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, sostuvo el a quo que el amparo procedía con respecto a Datacrédito, mas no en relación con la Cifin, por cuanto la primera sí ha vulnerado el derecho al habeas data de la accionante, ya que la información consignada en su base de datos en relación con la misma no es veraz en su totalidad y ya han transcurrido los 300 días que se requieren para borrarla de los archivos de la entidad, sin que haya efectuado la correspondiente corrección o actualización, mientras que la segunda demostró haber actuado conforme a las decisiones de la Corte Constitucional en la materia.

IV. La impugnación

Inconforme con la decisión que acaba de resumirse, el apoderado de Computec S.A., División Datacrédito la impugnó con el fin de que se revoque y, en su lugar, se permita mantener la información en cuestión en su base de datos.

En sustento de la anterior petición el impugnante adujo, además de los mismos argumentos expuestos en su contestación a la demanda, que si bien es cierto en el mes de septiembre del 2001 el Consejo de Estado en el fallo de tutela a favor de Sandra Yuscelly Bejarano consideró que el dato relativo a una obligación en mora debía desaparecer una vez el deudor pagaba lo debido, la corporación, mediante sentencia del 31 de octubre del mismo año de la Sección Tercera (actor: Amparo Barajas García), modificó su pensamiento respaldando el criterio según el cual los datos pueden mantenerse por un período de caducidad, incluso ampliando ese lapso a 5 años para todos los casos, lo que demuestra la razonabilidad del criterio usado por Datacrédito, según el cual, datos como el de la accionante deben permanecer en la base de datos por un período de 2 años.

V.Las consideraciones de la Sala

Pretende la accionante que se le amparen los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y a tener una vivienda digna, por lo cual solicita que se ordene a Datacrédito-División de Computec S.A. y a la Central de Información Financiera, Cifin, levantar la sanción de tarjeta cancelada por mal manejo, así como eliminar su nombre de los archivos como deudora, ya que nunca fue su intención evadir sus responsabilidades frente al pago de la deuda, encontrándose actualmente a paz y salvo por todo concepto.

En relación con el aspecto central de la controversia que se contrae a determinar si en el presente asunto se debe mantener el registro de la información por el término de cinco (5) años en el banco de datos, como lo afirma el impugnante, o si, por el contrario, el mismo debe ser cancelado desde el momento en que la accionante cumplió con el pago de las obligaciones pendientes de pago por concepto de tarjeta de crédito, si bien la Sala había sostenido en pasadas oportunidades que no se violaban derechos fundamentales cuando en los bancos de datos aparecía reportada una persona aunque ya se hubiese puesto al día en sus obligaciones crediticias, no lo es menos que la Ley 716 de diciembre 29 de 2001. “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones”, en su artículo 19, reguló la caducidad de la información negativa contenida en las bases de datos, en los siguientes términos:

“Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente.

La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento de esta norma”.

La lectura de la norma transcrita refleja que actualmente no hay razón alguna que justifique la permanencia de la información negativa registrada en los bancos de datos de las centrales de riesgo en relación con las personas que se encuentran a paz y salvo en sus obligaciones, aún cuando hayan incurrido en mora de pagar e independientemente de que el pago haya sido voluntario o no.

En ese orden de ideas, la mencionada disposición debe ser aplicada en favor de todas las personas que hayan pagado las obligaciones por cuya mora habían sido reportadas a las centrales de riesgo, pues de lo contrario se estaría desconociendo, de una parte, el derecho a la igualdad de quienes antes de la vigencia de la ley se encontraban al día en el pago de las mismas y, de otra, el principio de la aplicación de la ley más favorable, en tratándose de la protección de una garantía fundamental como la consagrada en el artículo 15 de la Constitución Política.

En consecuencia, como la accionante se encuentra a paz y salvo en las obligaciones crediticias que dieron origen a su inclusión en el banco de datos de Datacrédito, no hay razón para que continúe reportada en esa base de datos, pues tiene derecho a que esa situación de pago se refleje en los registros de dicha entidad, circunstancia que puede influir en las nuevas operaciones de crédito que ha pretendido obtener, sin éxito, según lo explica en su escrito inicial de tutela.

Así las cosas, el plazo para la permanencia de la información negativa en las centrales de riesgo generada por la mora en que haya incurrido una persona en cuanto al pago de sus obligaciones, a que se venía haciendo referencia como situación no constitutiva de violación del derecho previsto en el artículo 15 de la Constitución, ya no es de recito para la Sala atendido el artículo 19 de la Ley 716 del 2001, por lo cual la accionante tiene derecho a que se borren de los registros de Datacrédito las anotaciones reportadas respecto al pago de sus obligaciones por concepto de tarjeta de crédito con Conavi y la Inversora Pichincha.

En ese orden de ideas, como quiera que el fallo impugnado se encuentra ajustado a derecho, no resta otra posibilidad que la de confirmarlo, pero por las consideraciones que anteceden, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia impugnada.

Por secretaria, envíese copia de esta decisión al tribunal de origen y, dentro del término de ley, envíese a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 14 de marzo del 2002.

Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Presidente—Camilo Arciniegas Andrade—Olga Inés Navarrete Barrero—Manuel Santiago Urueta Ayola.

____________________________