Sentencia 2393 de octubre 5 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 0500123310002001239301, oct. 5/2001

Consejero Ponente:

Dr. Ligia López Díaz

Actor: Aníbal de Jesús Bedoya Rivas

Referencia: Acción de tutela

Número interno 1.476

Fallo

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandada contra la sentencia de diecisiete (17) de agosto de dos mil uno (2001), proferida por la Sala Quinta (5ª) de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, que tuteló el derecho al debido proceso del señor Aníbal de Jesús Bedoya Rivas, en contra del municipio de Itagüí (Antioquia) y negó las demás súplicas de la demanda.

Antecedentes

1. La solicitud.

El señor Aníbal de Jesús Bedoya Rivas, actuando en su propio nombre y representación, a través del ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional, solicitó el amparo de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la vivienda digna y a la protección de la propiedad privada.

Indicó como hechos que dieron origen a la presente acción, los siguientes:

a) Que es propietario de un lote de terreno ubicado en el barrio San Juan Bautista del municipio de Itagüí (Antioquia).

b) Que ha venido cancelando los dineros por concepto de impuesto predial, desde la adquisición de dicho inmueble.

c) Que en su propiedad tiene instalado un kiosco con objeto comercial, del cual deriva su subsistencia.

d) Que el municipio de Itagüí no ha expedido u otorgado la licencia de construcción, toda vez que ha aducido que el predio se encuentra afectado con la construcción de una vía nueva.

e) Que la afectación antes dicha no se encuentra registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos, “con lo cual se pone de manifiesto la violación al debido proceso”.

f) Que el 8 de marzo de 2001, elevó petición al alcalde municipal (fl. 8), con el objeto de que se “estudie la posibilidad de que (sic) el municipio, mediante el trámite respectivo, me tome o me compre el susodicho lote, como entidad administrativa interesada en la prolongación por el mismo de la calle 37”.

g) Que obtuvo respuesta el 7 de abril de 2001 (fls. 9 a 11), donde se le informó que el municipio de Itagüí, a pesar de tener el lote incluidos en dicho proyecto no cuenta con la asignación presupuestal.

h) Que la Secretaría de Planeación Municipal no ha querido dar respuesta pronta y oportuna a dos peticiones por él presentadas.

i) Que se le ha dado un trato desigual por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, toda vez que a un predio contiguo se le adjudicó licencia de construcción.

2. Petición.

En el capítulo segundo del escrito inicial que obra a folios 1 a 4, el actor solicita:

a) “Que se decrete por parte del Tribunal Administrativo de Antioquía (sic), la protección de una vivienda digna, al derecho al trabajo, y a la libre tenencia de la propiedad (sic), que se garantice el debido proceso en cuanto a la congelación del predio y su eventual expropiación”.

b) Consecuente con la anterior petición, se me conceda acción de tutela en contra del municipio de Itagüí, en cabeza de la secretaria (sic) de planeación, para que me sea asignada licencia de construcción en el lote en mención, o en su defecto que se ordene al alcalde municipal al pago del valor real del lote del terreno”.

3. La oposición.

Mediante escrito que obra a folios 22 a 30, el apoderado especial de la alcaldía municipal de Itagüí, hizo un relato de los hechos, de las peticiones y pruebas aportadas y presentó sendas consideraciones sobre la acción instaurada para lo cual citó apartes de diversas sentencias constitucionales y solicitó denegar al petición predicada con base en las siguientes observaciones:

a) Que frente al derecho de petición, la alcaldía municipal de Itagüí, dio respuesta oportuna al actor, mediante comunicaciones fechadas el 28 de marzo y el 17 de abril de 2001.

b) Que a su vez el secretario de planeación municipal, a la petición de 12 de junio de 2001 (fl. 14) dio contestación mediante oficio 902 DAP de 16 de julio (fl. 33).

c) Que los principios que se derivan del debido proceso han permanecido incólumes por la actuación de su representada, “por la elemental razón que el ente territorial que represento jamás ha expedido acto administrativo de afectación de predios en el área donde se encuentra el predio del solicitante” y que dicha conducta se ajusta a los preceptos contenidos en la Sentencia T-146 de la Corte Constitucional;

d) Que frente al derecho a la igualdad, afirma que sobre el predio contiguo al del solicitante no pasa el proyecto vial de cuya ejecución se queja el mismo.

e) Que respecto al derecho al trabajo, la alcaldía no sólo lo ha garantizado sino lo ha desarrollado, en razón a que le concedió al accionante, permiso para instalar temporal y provisionalmente un kiosco para su explotación comercial, mientras se ejecuta la obra proyectada, para lo que allega certificación expedida por el director de planeación y que obra a folios 31 y 32, y

f) Por último, agregó que la situación aludida no genera violación a derecho fundamental alguno, toda vez que se trata de derechos de orden legal, y que por tal motivo no es ésta la vía procedente para su protección, sino la contenciosa administrativa, de conformidad con las leyes 9ª de 1988 y 388 de 1997, sobre reforma urbana y ordenamiento territorial.

4. El fallo impugnado.

Mediante sentencia del 17 de agosto de 2001, la Sala Quinta (5ª) de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, TUTELÓ el derecho al debido proceso del señor Aníbal de Jesús Bedoya Rivas y denegó las demás súplicas de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

a) Que no hubo violación al derecho de petición, pues la solicitudes que obran a folios 8 y 14, fueron resueltas oportunamente en comunicaciones visibles a folios 9, 10 y 11 y 33, respectivamente.

b) Que frente al derecho a la igualdad, no existe prueba que permita demostrar la violación del mismo, por lo cual no está llamada a prosperar la tutela por este aspecto.

c) Que respecto del derecho al trabajo, obra a folio 15 en relación con el mismo, comunicación dirigida por la inspectora general municipal de Policía de Itagüí, en la que le solicita al accionante que dé cumplimiento al Oficio 1043 P/L del 28 de septiembre de 2000, en el que se le informa que tiene derecho a la instalación de un kiosco, mas no para la ejecución de ningún tipo de construcción, ciñéndose a los permisos que le han sido otorgados.

d) Por último, que frente al debido proceso, al no expedir la licencia de construcción solicitada existe un congelamiento de la propiedad, que se traduce en una restricción para construir por causa de obra pública, pero que dicha afectación no se ha concretado en decisiones administrativas como lo ordena la ley, tampoco se ha notificado las mismas y menos aún se ha inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. En consecuencia de esto, se ha lesionado al aludido derecho del administrado, “por lo que se impone, para la adecuada protección y rehabilitación de los derechos fundamentales vulnerados al señor Bedoya, que la administración inicie los trámites de la afectación dictando el acto administrativo correspondiente, notificando dicha decisión al interesado y ordenando su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. En dicho acto, ordenará la celebración del contrato a que se refiere el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, pactando con el tutelante el valor de los perjuicios que puede producir la afectación durante el lapso que indica la ley y determinando éstos conforme al procedimiento previsto en el Decreto 1420 de 1998”.

5. La impugnación.

El apoderado especial de la accionada, mediante escritos que obran a folios 50 y 51 y 52 a 58, interpuso recurso de impugnación contra el anterior proveído y amplió sus consideraciones, respectivamente.

Señaló su inconformidad en los siguientes puntos:

a) Que la acción de tutela es supletoria y residual que sólo opera en ausencia de un medio legal idóneo para la protección del derecho solicitado, ya que existe otro mecanismo de defensa judicial, “que para el caso de marras no es otro que la acción de cumplimiento”.

b) Que el fallo de tutela impugnado no protegió ningún derecho fundamental, sino el derecho a la propiedad privada, el cual no tiene ese rango. Citó apartes de la Sentencia T-506 de 1992 de la Corte Constitucional, en el sentido que “sólo en el momento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagra el derecho a la vida, a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia procede la acción de tutela”. Afirmó que en el presente caso ninguno de esos derechos se encuentran afectados, toda vez que el accionante no probó la presunta vulneración de los mismos;

c) Que no pretenden desconocer los eventuales derechos que pueda tener el accionante, pero que la acción de tutela no es el mecanismo judicial para su defensa, como sí lo es la acción de cumplimiento reglamentada por la Ley 393 de 1997. Señaló que esta afirmación tiene asidero en que “el petitum del demandante radica con exclusividad jurídica en la aplicación por parte del ente territorial demandado en la aplicación de la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997”.

d) Que los derechos protegidos por el plan de ordenamiento territorial, son derechos económicos y culturales de tercera generación o derechos prestacionales, que a la luz de los conceptos plasmados en las decisiones T-091 y T-207 de 1995 de la Corte Constitucional, no procede la protección de estos derechos a través de la acción de tutela.

e) Que en el evento de no aceptarse lo pedido, se modifique “parcialmente la tasación de perjuicios de nueve años, a un término menor, dada la trascendencia patrimonial de ello”.

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales que regulan la acción de tutela, ésta puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

La acción de tutela es una institución que consagró la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por un particular.

Se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales y administrativos establecidos en la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa ni supletoria.

El actor solicita en concreto, la protección de sus derechos “a la igualdad, consagrado en el artículo 13, el derecho de trabajo consagrado en el artículo 25, el debido proceso consagrado en el artículo 29, el derecho a la vivienda digna consagrada en el artículo 51, y la protección a la propiedad privada consagrada en el artículo 58 de la Constitución Nacional.

En relación con el derecho que tuteló el a quo, esta sección acepta el pronunciamiento hecho por el apoderado de la accionada, pues el derecho a la propiedad no es un derecho fundamental por cuanto no está consagrado como tal en la Constitución Política. El estudio de aquél, hecho por el tribunal se fundamenta en la ley y no en la Constitución, en especial en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1420 de 1998.

Como el municipio manifiesta que no existe afectación de la obra, el accionante puede acudir a las oficinas municipales para solicitar la licencia, pues en el expediente no aparece acreditado que la haya pedido y que le haya sido negada.

Adicionalmente, no se deduce ni se probó que exista alguna amenaza a los derechos fundamentales que alega el accionante, tal como lo dijo el tribunal en relación con el derecho al trabajo, a la vivienda digna y a la igualdad.

Finalmente, en relación a la acción de cumplimiento, no resulta procedente, pues a la luz de parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, dicha acción no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

Por lo tanto, debe aplicarse el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que establece como causal de improcedencia, que el accionante cuente con otros mecanismos de defensa judicial.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la providencia impugnada. En su lugar se dispone:

2. DENIÉGASE las súplicas de la demanda, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Germán Ayala Mantilla—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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