Auto de 7 de noviembre de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE REVISIÓN

INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA

Bogotá, D.E., siete de noviembre de mil novecientos noventa.

Decídese el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 18 de septiembre de 1990, por medio del cual admitió la Corte la demanda de revisión.

I. Antecedentes

1. Por el proveído impugnado se dispuso:

“Se admite la demanda mediante la cual los demandados interponen recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 4 de abril de 1989 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso ordinario promovido por el Banco de los Trabajadores contra Rita Witt de Mafa y William Amastha Talgier, por cuanto fue presentada en tiempo, con la plenitud de los requisitos formales, versa sobre sentencia susceptible tal impugnación y está dirigida contra la entidad que debe intervenir en su trámite”.

2. El banco demandado, una vez notifica(interpuso recurso de reposición contra lo así decidido, apoyándose en que la impugnación extraordinaria no está formulada por parte legitimada, toda vez que los recurrentes fueron parte en el proceso cuya sentencia se pretende revisar y, además, “no alegan estar ellos mismos en estado de falta de notificación, sino que, en cambio, echan de menos la citación y notificación de dos personas distintas que no fueron parte el proceso que culminó con la sentencia impugnada: la sociedad Refrigeración Industrial Técnica Alemana “Rita” Ltda. y el señor Jesús María Amastha” .

3. El libelo impugnaticio fue puesto a disposición de la parte contraria, quien guardó silencio.

II. Consideraciones

1. Con la entrada en vigencia del Decreto 2282 de 1989, lo cual ocurrió desde el 1º de junio del presente año, el trámite del recurso de revisión sufrió algunas modificaciones, entre las que vale la pena destacar, dado el específico caso que ahora ocupa la atención de la Corte, la relativa a la inadmisión de la demanda con que se interpone la censura.

El articulado inicial del código, en efecto, relativamente al punto mencionado no disponía más que esto:

“Se declarará inadmisible la demanda cuando no se presente en el término legal, o no esté dirigida contra todas las personas que deben intervenir en el recurso, o verse sobre sentencia que no esté sujeta a éste o no reúne los requisitos legales (art. 383, inc. 3º)”.

Para entonces era diáfano que la inadmisión no podía devenir sino por las causas expresamente previstas en la ley y que cualquiera que fuese la determinante de tal decisión, la demanda no era susceptible de subsanarse luego. Como consecuencia de ello sobrevenía con todo su imperio el principio de la preclusión, y ya no podía intentarse nuevamente el recurso extraordinario.

2. Hoy, tal precepto, modificado, dispuso sobre el particular.

“Se declarará inadmisible la demanda cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior, así como también cuando no vaya dirigida contra todas las personas que deben intervenir en el recurso, casos en los cuales se le concederá al interesado un plazo de cinco días para subsanar los defectos advertidos. De no hacerlo en tiempo hábil la demanda será rechazada”.

Traduce ello que actualmente, por disposición expresa de la ley, la demanda de revisión, luego de inadmitida, puede ser subsanada. A cuyos efectos es menester que la deficiencia formal que hecha a ver el juzgador se refiera a cualquiera de los motivos consagrados en el artículo 382 ejusdem. o a que el libelo no está dirigido contra todas las personas que deben intervenir en el recurso, únicos casos previstos en la norma comentada y respecto de los cuales es preciso conceder el término de cinco días para que el recurrente proceda a la pertinente corrección. Si esta oportunidad es superada sin que el impugnante lo hubiere hecho, adviene el rechazo de la demanda.

Hacer énfasis en la materia resulta irresistible si, como pasa a verse, la reforma no paró allí como que expresamente previó el mecanismo del rechazo in límine de la demanda, esto es, sin previa inadmisión, o, como dice el mismo legislador “sin más trámites”. Efectivamente, en el inciso siguiente así lo consagró:

“Sin más trámites, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal; verse sobre sentencia no sujeta a revisión o no la formule la persona legitimada para hacerlo, bien por haber sido parte en el proceso donde se profirió la sentencia materia de impugnación o bien por tratarse, en el evento previsto en el numeral 6 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de un tercero perjudicado o sus causahabientes”.

De tal modo, al lado de la inadmisión, pues se reglamentó hoy el rechazo de la demanda de revisión, entendidas como dos situaciones autónomas y perfectamente diferenciables, tanto por las causas que las generan, cuanto por sus efectos. Y adoptándose un sistema similar al que opera para toda demanda en general, se distingue así mismo el rechazo que viene como consecuencia de una previa inadmisión de aquél que se impone ab initio.

3. Pues bien. Entre las causales de rechazo que sin más trámites se impone desde un comienzo, amén de las que dicen relación con la caducidad y la inimpugnabilidad de la sentencia por dicho recurso extraordinario, las cuales ya figuraban en la legislación reformada como causas de inadmisión, está la de no formularse la demanda revisoria por “la persona legitimada para hacerlo”. Significa entonces que el juzgador ha de indagar, de entrada, por dicha legitimación la cual, sea de adelantarse, no se limita al concepto genérico que de legitimación se tiene en punto al derecho de impugnación, sino que, como habrá de verse, tiene un contenido aun más amplio y peculiar. Efectivamente, dentro de la teoría general de los recursos hay un postulado que inspira la filosofía de entregar a las partes la posibilidad de enjuiciar las decisiones jurisdiccionales, que es el de la legitimación, uno de cuyos perfiles es el llamado interés para recurrir, que, en trasunto se circunscribe al perjuicio, agravio o desmedro que la providencia criticada le irroga al impugnador. Traduce, más elípticamente, que sin perjuicio no hay recurso, desde luego que éste no está instituido con un criterio antojadizo sino como remedio porque se propende obtener la enmienda de decisiones que han sido producidas con desviación jurídica.

La legitimación que ahora se analiza, en cambio, no detiene su examen en auscultar el posible perjuicio que la sentencia apareje al litigante recurrente, sino que, yendo más lejos, hace imperioso que el juzgador entre a examinar si el recurrente puede o no incoar la causal que aduce, de donde se infiere que es perfectamente probable que el censor esté agraviado por la sentencia, pero no está legitimado para formular el recurso de revisión por la causal que alega. Vista así la desemejanza entre una y otra cosa, que a decir verdad no significa que se esté hablando de dos cosas totalmente distintas, sino más bien complementarias, la modificación comentada se ofrece novedosa, dado qué tal cosa, antes de la reforma, era examinable en la sentencia, y no al momento mismo de inquirirse por la admisibilidad de la demanda como ahora acontece.

Y la especificidad de tal legitimación en el recurrente puede apreciarse aun de mejor manera desde que la ley puntualizó cuáles eran los motivos que podían determinar la carencia de ella, y producir consecuencialmente el rechazo in límine de la demanda, al añadir que ello sucedía por cualquiera de estas dos circunstancias: a) “bien por haber sido parte en el proceso donde se profirió la sentencia materia de impugnación'''' y

b) “bien por tratarse, en el evento previsto en el numeral 6 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de un tercero perjudicado o su causahabientes”.

De las precitadas circunstancias, la segunda, como se ve, es de aplicación exclusiva a la sexta causal de revisión; la primera, no halla en principio limitante alguna por tal aspecto, y es predicable por tanto a todas las causales que por su naturaleza la admitan, entre ellas, claro está, la séptima que es la invocada en este caso.

4. Si bien todo lo expuesto resulta irrecusable a la luz de las nuevas normas de procedi miento, es lo cierto que al evento en estudio n es aplicable el Decreto 2282 de 1989 en el punto comentado, o sea para ver de establecer la idoneidad formal de la demanda, pues aunque el auto recurrido en reposición es del 18 de septiembre de 1990 ha de verse que la demanda fue pre sentada el 31 de enero último, vale decir, con anterioridad a la vigencia del decreto mencionado. Este hecho hace que como el acto de postulación de que se viene hablando fue elaborado y agotado bajo el imperio de la legislación anterior, sea bajo esta ley como se deba juzgar la aptitud formal de la demanda, en cuya norma actividad, como atrás se vio, no se contemplaba el rechazo de la misma por carencia de legitimación en el recurrente. Y como ese libelo, en el entendimiento de las normas vigentes a la sazón s ajustó estrictamente a los requisitos formales que ellas estatuían, es por lo que bien se anduvo al haberlo admitido sin miramiento alguno.

5. Las anteriores razones proclaman, porque el auto recurrido se mantenga y no se acceda a la revocatoria suplicada.

III. Decisión

Por lo expuesto, no se revoca el auto impugnado.

Notifíquese.

Rafael Romero Sierra. 

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