Sentencia 9716 de abril 14 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 08001-23-31-000-8327-02

Rad.: 9716

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán

Actor: La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A.

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil.

EXTRACTOS: «La controversia planteada se concreta en determinar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la administración local de Atlántico, declaró no probadas las excepciones de “falta de ejecutoria del título e inexistencia del título ejecutivo” e “inexistencia del carácter de deudor solidario” y parcialmente probada la de “indebida tasación” propuestas por la actora dentro del proceso administrativo de cobro coactivo por las obligaciones derivadas del contrato de seguro (póliza de seguro de cumplimiento 520319), aportada por la contribuyente Manufactura Japonés Ltda. para garantizar la solicitud de devolución del saldo a favor correspondiente al impuesto sobre las ventas por el sexto bimestre de 1990.

Observa la Sala que la actora ha aducido como excepciones contra el mandamiento de pago, entre otras, la de falta de ejecutoria del título e inexistencia del título ejecutivo que dio origen al mandamiento de pago.

Además, que ha considerado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 565 del estatuto tributario y según los términos del artículo 71 de la Ley 6ª de 1992, tanto el requerimiento especial como la resolución sanción por improcedencia de la devolución practicadas a la contribuyente, debieron ser notificadas a la compañía aseguradora, y que la administración ha pretendido subsanar la falta de notificación bajo el argumento que de conformidad con el artículo 828-1 del estatuto tributario, “la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago...”.

En consecuencia, que dichos actos no pueden prestar mérito ejecutivo, pues como lo dispone el artículo 828 numeral 4º en concordancia con el artículo 829 del estatuto tributario, para ello, se requiere la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

Finalmente, que dicha falta de notificación no puede suplirse con “el aviso de notificación del traslado de cargos por la improcedencia de la devolución o el aviso de que se ha notificado requerimiento especial al responsable o contribuyente por parte de la administración de impuestos nacionales” como erróneamente lo ha interpretado la administración con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º parágrafo del Decreto 2314 de 1989.

Como la posición de la corporación no ha variado, retoma por tanto la Sala, la tesis expuesta en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1997, dictada dentro del expediente 7991, actor: Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales, que con ponencia de la doctora Consuelo Sarria Olcos, se consideró:

“Por otro aspecto, pese a que, de conformidad con el inciso 2º del artículo 860 del estatuto tributario (L. 6ª/92, mod. art. 71), la expedición de requerimiento especial o del pliego de cargos por improcedencia, da origen a la responsabilidad solidaria del garante, no son dichos actos los que integran el título, pues la norma dice, a continuación, que la ejecución de la obligación afianzada, junto con las correspondientes sanciones e intereses, procede, “una vez quede en firme el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución ...”, firmeza que, por su naturaleza, no cabría predicar del requerimiento o del pliego de cargos, sino del acto por el que se declara la improcedencia de la devolución y se impone la correlativa sanción, pues dichos requerimiento y pliego sólo tienen previstas “objeciones” y “respuestas”, y no propiamente recursos, de cuya ausencia puede colegirse la ejecutoriedad y firmeza de que habla el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

(...).

“En conclusión, no se considera que el solo aviso, a la aseguradora, de haberse, notificado pliego de cargos a la responsable, fuera idóneo para integrar título ejecutivo con la póliza, debiendo serlo, en cambio, la resolución por la que, en cada uno de los bimestres discutidos, se declaró la improcedencia de la devolución y aplicó la correspondiente sanción.

“Pero como dicha resolución, según la propia administración lo admite, nunca se notificó a la aseguradora, resulta bien claro que el título no se integró en debida forma, debiendo tenerse como probada la excepción de carencia de título, que releva del conocimiento de las restantes”.

La Sala en diversas oportunidades ha expresado, que el procedimiento de cobro coactivo, no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones o de derechos, sino la de hacer efectivas, mediante su ejecución, las obligaciones, claras, expresas y exigibles, previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes. Entonces, para la ejecución se requiere la existencia previa de un título ejecutivo, el cual una vez exigible permite que se adelante el proceso de cobro, el cual se inicia con el mandamiento de pago».

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