Sentencia 12942 de septiembre 5 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 08001233100001997769301

Rad.: 12942

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz.

Actor: Sociedad Instrubioquímica Ltda.

Impuesto sobre la renta 1988.

Fallo

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil dos.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia del 5 de septiembre de 2000, mediante la cual el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión sede Barranquilla, accedió a las súplicas de la demanda en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la sociedad Instrubioquímica Ltda. en contra de los actos administrativos por medio de los cuales la administración especial de Impuestos Nacionales Regional Atlántico corrigió el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 1988.

Antecedentes

El 29 de septiembre de 1989, la sociedad Instrubioquímica Ltda., presentó declaración de impuesto sobre la renta por el año gravable 1988, denunciando los siguientes valores:

16. Total ingresos netos$ 14.738.974
17. Inventario inicial— o —
18. Más: Compras$ 7.397.112
19. Más: Salarios, prestaciones y otros pagos laborales— o —
20. Más: Intereses y demás gastos financieros— o —
21. Más: Comisiones, honorarios y servicios— o —
22. Más: Depreciaciones, amortizaciones y agotamiento$ 694.062
23. Más: Otros costos y deducciones$ 1.082.838
24: Menos: Inventario final$ 1.750.050
25. Total costos y deducciones$ 14.734.816(sic)

Mediante la liquidación oficial de corrección aritmética 000165 del 20 de junio de 1991, la división de liquidación de la administración local del Atlántico liquidó en el renglón 25 total costos y deducciones la suma de $ 7.423.162, fijó sanción por extemporaneidad y por corrección aritmética, determinando un saldo a pagar de $ 3.003.000.

El 15 de agosto de 1991 la sociedad demandante radicó ante la división de liquidación de la misma administración, recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial de corrección aritmética y simultáneamente solicitó corregir la declaración presentada inicialmente teniendo en cuenta que no se modifica el saldo a favor, en los renglones que determinan el “Total costos y deducciones”, de la siguiente forma:

16. Total ingresos netos$ 14.738.974
17. Inventario inicial— o —
18. Más: Compras$ 7.397.112
19. Más: salarios, prestaciones y otros pagos laborales$ 2.170.578
20. Más: Intereses y demás gastos financieros$ 1.153.066
21. Más: Comisiones, honorarios y servicios$ 3.987.210
22. Más: Depreciaciones, amortizaciones y agotamiento$ 694.162
23. Más: Otros costos y deducciones$ 1.082.838
24: Menos: inventario final$ 1.750.050
25. Total costos y deducciones$ 14.734.016

La solicitud de corrección fue negada por la misma división de liquidación, mediante Resolución 5 del 25 de enero de 1992 por considerar que no era la oficina competente para conocer del asunto.

Contra el anterior acto administrativo. la sociedad actora interpuso el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la división jurídica mediante Resolución 9 del 15 de febrero de 1993, señalando que contra la liquidación oficial de corrección procedía únicamente el recurso de reconsideración el cual fue erróneamente presentado ante la división de liquidación.

En cuanto al proyecto de corrección presentado, negó la pretensión del recurrente por existir una liquidación oficial de corrección en firme.

La demanda

Pretende la nulidad de la liquidación de corrección aritmética 00165 del 20 de junio de 1991 y de la Resolución 9 del 15 de febrero de 1993, proferidas por la división de liquidación y jurídica, respectivamente de la Administración de Impuestos Nacionales Regional Atlántico, y pide, a título de restablecimiento del derecho, se declare la firmeza de la liquidación privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 1988.

Estimó que la administración tributaria no tuvo en cuenta el certificado de contador público aportado con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial de corrección aritmética demandada, así como el balance general consolidado y el estado de pérdidas y ganancias firmado por contador público, donde se refleja la situación financiera de la empresa, violando de esta forma el artículo 777 del estatuto tributario.

Señaló que también se violó el artículo 697 ibídem, por cuanto los valores declarados, correspondientes a hechos imponibles o bases gravables como son el total de costos y deducciones y el total de la renta líquida gravable, no son el resultado de un dato equivocado sino de los errores de transcripción antes descritos.

Consideraciones de la Sala

Respecto a la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la entidad demandada, la Sala, de acuerdo con lo señalado en la sentencia de primera instancia estima que habrá de negarse conforme a lo siguiente:

A folio 12 del expediente obra copia del memorial de fecha 15 de agosto de 1991, dirigido a la división de liquidación de la citada administración, donde se anota:

“Por medio del presente recurso de reconsideración a la liquidación 90308012522 de junio 20 de 1991 que reemplaza a nuestra liquidación privada 2860001001148-0 de septiembre 27 de 1989 correspondiente a la declaración de renta del año gravable de 1988…”.

Más adelante agrega:

“Nuestra liquidación se presentó con omisiones en los rubros 19-20-21 del formulario para sociedades por el año gravable de 1988 lo que determinó que la suma no correspondiera con el renglón 25 (total costos y deducciones) presentado con un valor de $ 14.734.016, que no variará con el proyecto que estamos presentando con este recurso y determinará el mismo impuesto liquidado en el renglón 36 del mismo formulario”.

Para la Sala es clara la solicitud del demandante de interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de corrección aritmética demandada, si bien es cierto que éste no se dirigió a la oficina competente, la administración para el efecto debió hacer uso del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, informando sobre el particular al contribuyente o en su defecto remitiéndolo directamente a la división jurídica.

En consecuencia no prospera la excepción propuesta.

En cuanto al aspecto de fondo, encuentra la Sala que se debe determinar si la actora incurrió en “error aritmético” al diligenciar los renglones 19 a 21 del formulario con la cifra cero (0), totalizando un resultado diferente, lo cual a juicio de la administración ameritaba la liquidación de corrección aritmética practicada, o si existió una equivocación en la transcripción de los valores debidamente registrados en la contabilidad y el impuesto determinado era correcto.

A folio 2 del expediente figura la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad demandante por el año gravable de 1989 en la que se observa que en los renglones 19 a 21 se declaró la cifra cero (0) totalizando como costos y deducciones en el renglón 25 la suma de $ 14.734.016, cuando la operación matemática arroja $ 7.423.944, existiendo en consecuencia una diferencia de $ 7.310.072, lo cual evidencia la existencia de un error en las operaciones aritméticas que dio la posibilidad a la administración de practicar la liquidación oficial de corrección aritmética, objeto de la demanda.

Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que el contribuyente consignó en su declaración una cifra total que no coincide con la sumatoria de las cantidades indicadas en los renglones correspondientes a “costos y deducciones”, y que tal hecho aparentemente se reduce a un simple problema de sumatoria de cantidades, también lo es, que el contribuyente desde la vía gubernativa, ha venido insistiendo en que la cifra correspondiente a “Total costos y deducciones”, es la correcta, ya que por un error de transcripción omitió incluir en la declaración el monto verdadero correspondiente a los renglones 19 a 21, lo cual quedó acreditado mediante el certificado del contador público allegado con ocasión de la interposición del recurso de reconsideración (fl. 56 c. de a.) en virtud del cual se deja constancia de los costos y gastos incurridos por la empresa durante el año gravable de 1989, además el balance general consolidado, el balance de comprobación y el estado de pérdidas y ganancias firmado por contador público, conforme lo admite la administración a folio 15 del expediente.

Adicionalmente, el hecho de que la actora al interponer el recurso de reconsideración haya acompañado un certificado de contador público acerca de los costos y gastos existentes, y que daba cuenta de una cifra distinta a la consignada en la declaración, debió generar en la administración la duda acerca de la veracidad de los datos expresados en la declaración privada, duda que sanamente debía ser resuelta a través de la práctica de una liquidación de revisión, previo requerimiento especial al contribuyente, y no de una liquidación de corrección aritmética, pues como lo ha precisado la Sala, la práctica de ésta última exige la certeza absoluta acerca de la veracidad de los datos consignados y la declaración correcta de los valores, para lo cual la administración debe previamente acometer la labor de verificación que involucra no solamente la declaración tributaria, sino los demás elementos probatorios que obren en el expediente. Al omitirlo, el procedimiento practicado por la administración no fue el acertado.

Así, el rechazo de los costos y deducciones no se podrá efectuar sino a través de la liquidación de revisión previo requerimiento especial, pues el procedimiento de corrección aritmética implica de conformidad con la ley, la existencia de taxativas deficiencias de orden típicamente aritmético, más no de errores de otra naturaleza que impliquen el cuestionamiento de aspectos de fondo de las declaraciones.

Sobre el particular esta corporación ha señalado:

“Para saber si el resultado de una operación aritmética es correcto, obviamente debe hacerse el cálculo pertinente, conforme a la regla de su función, debiendo verificarse previamente si los factores puestos en la relación matemática son correctos, pues, en caso contrario, el resultado sería errado, pero no propiamente por defectos de la operación misma, que es lo eventualmente sancionable si se refleja en menor impuesto o mayor saldo a favor, sino porque uno o varios de los factores de cálculo son equivocados, comúnmente por fallas de transcripción, que quien alega el error, no solamente “puede”, sino que “debe” probar” (1) (resalta la Sala)

(1) Sentencia del 3 de marzo de 1994, expediente 5189, consejera ponente; doctora Consuelo Sarria Olcos.

Así las cosas, resulta obvio que no se presentó ningún error aritmético pues no existieron resultados equivocados, ni mala aplicación de tarifas, ni problemas de operaciones aritméticas que implicaran a su vez un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor, motivo éste que permite descartar la procedencia de la liquidación practicada por la demandada.

Por consiguiente, la providencia recurrida deberá ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. Reconócese personería a la doctora Martha Liliana Campos Peña, en nombre de la parte demandada, a términos del poder que debidamente conferido, que obra a folio 127.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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