Sentencia 08001233100020050015301 de abril 7 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 08001233100020050015301

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Bogotá, D.C., siete de abril de 2006.

Actor: Ana Luz Rodríguez de Cervantes

Demandado: Electricaribe S.A. ESP.

Acción de cumplimiento - Fallo

Decide la Sala la impugnación de la sentencia de 10 de marzo de 2005, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó por improcedente la acción de cumplimiento instaurada.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2005 a la Oficina Judicial de Barranquilla con destino al Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 1 a 8), la señora Ana Luz Rodríguez de Cervantes, por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento contra la empresa Electrificadora del Caribe - Electricaribe S.A. ESP, dirigida al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, para que la demandada dé por terminado el contrato de servicios públicos por incumplimiento en el pago de 47 facturas.

Los hechos que respaldan la solicitud de cumplimiento, se resumen a continuación:

a) A pesar de que la deuda de la demandante por falta de pago de 47 facturas del servicio público de energía asciende a $ 2.405.449 desde hace 3 años y 11 meses, la empresa no ha resuelto el contrato ni retirado la acometida y el medidor, como lo ordena el artículo 141 de la Ley 142 de 1994. Lo que ha hecho la empresa es suspender reiteradamente el servicio de energía, permitiendo a la usuaria reconectarse fraudulentamente.

b) En aras de garantizar el debido proceso, la demandante pretende que la empresa termine el contrato de condiciones uniformes y cobre únicamente las 3 primeras facturas insolutas.

c) El 19 de enero de 2005 formuló ante Electricaribe S.A. ESP, solicitud dirigida al cumplimiento del artículo 141 de la Ley 142 de 1994.

2. Intervención de la empresa demandada.

La apoderada para asuntos judiciales de Electricaribe S.A. ESP zona Atlántico contestó la demanda (fls. 36 a 41), iniciando con un recuento de las peticiones formuladas por el actor y las respectivas respuestas emitidas por la empresa, así:

a) Petición de 31 de agosto de 2004, por medio de la cual la demandante perseguía la ruptura de la solidaridad por la deuda que dejó su arrendatario, contestada a través de oficio UAS 2082 de 2004.

b) Petición de 1º de diciembre de 2004 encaminada a la declaratoria del silencio administrativo positivo, negada mediante comunicación de 10 de diciembre de 2004.

c) Petición de 19 de enero de 2005, elevada por la señora Rodríguez de Cervantes para obtener el cumplimiento del artículo 141 de la Ley 142 de 1994, respondida con oficio de 21 de enero de 2005.

Seguidamente, la apoderada de la empresa demandada adujo que la prestación del servicio público de energía estaba regulada por las leyes 142 y 143 de 1994, el contrato de condiciones uniformes y las resoluciones que sobre el particular expidan la comisión de regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Continuó explicando que la solidaridad entre el propietario y el inquilino estaba prevista en las cláusulas 34 y 35 del contrato de condiciones uniformes, y que se rompía cuando la empresa no suspendía el servicio, en concordancia con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Al respecto, aseguró que en el caso del inmueble de la actora, el servicio fue suspendido al mes siguiente de la primera factura impaga, por lo que no operó el rompimiento de la solidaridad con el arrendatario que originó la deuda.

Señaló que la legislación aplicable a los servicios públicos no contemplaba causales exonerativas del pago de las facturas, según lo previsto en los artículos 99 de la Ley 142 de 1994 y 47 de la Resolución 108 de 1997, razón por la cual la señora Rodríguez de Cervantes no podía excusarse de responder por la obligación desatendida desde el año 2000.

Finalmente, manifestó que la acción de cumplimiento instaurada por la actora era improcedente por cuanto, en primer lugar, existían otros mecanismos judiciales de los que podía hacer uso para plantear el mismo debate de este proceso; el primero, el recurso de queda que se encontraba en trámite ante la Superintendencia de Servicios Públicos con ocasión de la situación narrada en la demanda y, el otro, la acción de tutela, por tratarse de un asunto relacionado con el derecho de petición. En segundo lugar, la improcedencia de la acción acaecía, a su juicio, porque la exoneración del pago de las facturas insolutas que persigue la actora generaría gastos a la empresa, en la medida en que no recibiría sumas de las que es acreedora.

3. La sentencia impugnada.

Es la proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 10 de marzo de 2005, por medio de la cual rechazó por improcedente la acción de cumplimiento incoada por la señora Ana Luz Rodríguez de Cervantes, decisión a la que arribó por considerar que la controversia planteada por la actora debía dilucidarse a través de otro medio judicial, en la medida en que los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios relacionados con la negativa a celebrar el contrato de condiciones uniformes, la suspensión, terminación, corte y facturación del servicio, son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de un proceso ordinario. Agregó que la actora no se encontraba en la situación excepcional de perjuicio grave e inminente.

4. La impugnación.

El apoderado de la actora impugnó el fallo de instancia (fls. 68 vlto. y 71 a 74), reiterando para el efecto que el artículo 141 de la Ley 142 de 1994 consagraba un mandato imperativo a cargo de la empresa demandada, máxime cuando ha tenido razones suficientes para resolver el contrato de condiciones uniformes, a fin de impedir el incremento de la deuda.

II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta corporación, y en particular a esta Sala, conocer en segunda instancia de las acciones de cumplimiento, en virtud del parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997 y del artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003 que modificó el reglamento del Consejo de Estado.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, tiene por finalidad hacer efectivo el derecho del que goza toda persona, natural o jurídica, pública o privada, en cuanto titular de intereses jurídicos, de exigir tanto a las autoridades públicas como a los particulares que ejerzan funciones de esta índole, el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que ha impuesto ciertos deberes u obligaciones a tal autoridad, la cual se muestra renuente a cumplirlos, a fin de hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente.

De acuerdo con la Ley 393 de 1997, los requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento prospere son los siguientes:

a) Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1º). Esta exigencia impone que las obligaciones reclamadas sean incontrovertibles e incuestionables, de forma tal que no exista duda sobre su existencia, contenido y alcance, quedando excluida de la finalidad de esta acción la declaración de derechos que estén en discusión, pues para tal efecto existen las acciones contenciosas.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5º y 6º).

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber antes de instaurar la demanda, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º).

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en un acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción, así como también conduce a ese estado el pretender el cumplimiento de normas con fuerza material de ley que establezcan gastos a la administración y cuando se persiga la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela (art. 9º).

4. El asunto sub examine.

La actora pretende que se revoque la sentencia de 10 de marzo de 2005, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó por improcedente la acción de cumplimiento, por considerar que la controversia planteada en la demanda debía ventilarse dentro de un proceso ordinario ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por estar relacionada con actos de facturación de una empresa de servicios públicos domiciliarios.

La demandante, por su parte, insiste en que es la acción de cumplimiento la vía idónea para exigir a Electricaribe S.A. ESP la terminación del contrato de condiciones uniformes, en razón a que se trata de una actuación consagrada en una norma con fuerza material de ley, esto es, el artículo 141 de la Ley 142 de 1994.

Pues bien, para abordar el análisis del caso concreto, es preciso conocer en primer lugar el contenido de la norma cuyo cumplimiento reclama la actora, que es el siguiente:

“ART. 141.—Incumplimiento, terminación y corte del servicio. El incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.

“Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.

“La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la energía eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto.

“La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos” (resalta la Sala).

En el precepto trascrito el legislador reguló la posibilidad que tienen las empresas de servicios públicos de resolver el contrato ante el incumplimiento por varios meses, en forma repetida o en materias que las afecten gravemente, como el atraso en el pago de tres facturas o la reincidencia en una causal de suspensión por dos años o, en todo caso, cuando ocurra alguna de las causales de terminación que la misma empresa definiría en las condiciones uniformes, que en el caso de Electricaribe S.A. ESP se encuentran relacionadas en la cláusula trigésima novena del contrato.

La terminación del contrato es, entonces, una facultad que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios por la ocurrencia de alguna de las situaciones previstas como causales en la misma Ley 142 de 1994 y en las condiciones uniformes del contrato.

Nótese que la norma utiliza la expresión “permite” para referirse a la posibilidad que tiene la empresa de resolver el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, lo cual resta exigibilidad al deber que es objeto de reclamación en el caso concreto y conduce inequívocamente a denegar la pretensión de la demanda, habida cuenta que la acción de cumplimiento tiene como finalidad el acatamiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos cuyo contenido imperativo sea claro e indiscutible (1) .

En virtud de tal facultad, la empresa demandada no estaba obligada a terminar el contrato suscrito con la actora para la prestación del servicio público de energía eléctrica, aún cuando esta hubiere elevado una solicitud expresa con esa intención.

Por lo tanto, no es la improcedencia la razón que en este caso respalda la improsperidad de la acción instaurada, como lo consideró el a quo, sino, la inexistencia de la obligación atribuida como incumplida por el actor a la entidad demandada.

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra conveniente destacar que precisamente por la inexigibilidad de la obligación que el actor pretende atribuir a la empresa demandada, existen vías administrativas y judiciales ajenas a la acción de cumplimiento a través de las cuales puede ser discutida la controversia planteada. En efecto, la terminación del contrato y la exoneración en el pago de las facturas que motivaron la presentación de la demanda, constituyen aspectos susceptibles de ser debatidos ante la propia empresa de servicios públicos domiciliarios en ejercicio de los recursos contemplados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y, dependiendo del resultado de tal actuación, las decisiones empresariales pueden ser demandadas ante la jurisdicción competente en ejercicio de las acciones ordinarias que procedan.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia impugnada en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modifícase la sentencia de 10 de marzo de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de cumplimiento por la señora Ana Luz Rodríguez de Cervantes contra Electricaribe S.A. ESP.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá, Presidente—María Nohemí Hernández Pinzón—Filemón Jiménez Ochoa—Darío Quiñónez Pinilla.

(1) Sobre las conductas que carecen de exigibilidad, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente ACU-0486, sentencia de 19 de noviembre de 2004.

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