Sentencia 1-8766 de mayo 20 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 1-8766 110010324000200300055 01

Consejera Ponente:

Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Teófilo Castillo Quiñones

Bogotá, D.C., mayo veinte del año dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Entra la Sala al análisis de los cargos formulados contra la Resolución 141 del 8 de octubre de 2001, expedida por el Gobierno Nacional y mediante la cual decidió sobre una solicitud de extradición, relacionados fundamentalmente con el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Penal para su otorgamiento, de conformidad con el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio OJ.E. 060 del 8 de febrero de 2002, “... por no existir convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal colombiano”.

Es entonces proceder al estudio de las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan lo relativo al trámite de la extradición.

Dicha resolución fue expedida por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal el cual consagra:

Código de Procedimiento Penal.

“ART. 509.—La extradición. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 16 de diciembre de 1997”.

El artículo 513 del Código de Procedimiento Penal que se estima vulnerado, establece:

“ART. 513.—Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:

1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.

2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

3. Todos los datos que se posean que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.

4. Copia auténtica de los disposiciones penales aplicables para el caso.

Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso”.

“ART. 519.—Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto.

El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”.

Por su parte, el artículo 520, ibídem, señala que la Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

Se deja constancia de que la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano Teófilo Castillo Quiñones, mediante providencia del 17 de septiembre de 2002, al encontrar que se reunían los requisitos exigidos en la ley, condicionado su otorgamiento a que se tratase de conductas cometidas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

La solicitud de extradición hecha por el Gobierno de Estados Unidos de América, se funda en los siguientes hechos:

“Teófilo Castillo es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcotráfico. Es el sujeto de la segunda resolución de acusación sustitutiva Nº 8: 98-CR-154-T-24B dictada el 14 de septiembre de 2000 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, división de Tampa, mediante la cual se le acusa de:

— Cargo uno: concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, en violación del título 21, secciones 963 y 952 (a) del Código de los Estados Unidos; y

— Cargo dos: concierto para poseer con la intención de distribuir y para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del título 21, secciones 846 y 841 (a) (1) del Código de los Estados Unidos.

Un auto de detención contra Teófilo Castillo fue dictado el 14 de septiembre de 2000 por orden de la corte anteriormente mencionada...”

En los términos del artículo 511 del Código de Procedimiento Penal, para que pueda concederse la extradición se requiere:

a) Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferir a cuatro (4) años.

b) Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.

El artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución 141 de 2000, establece:

“ART. 1º—Conceder la extradición del ciudadano colombiano Teófilo Castillo Quiñones, para que comparezca a juicio por los cargos uno (concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos) y dos (concierto para poseer con la intención de distribuir y para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) referidos en la segunda resolución de acusación sustitutiva Nº 8: 98-CR-154-T-24B dictada el 14 de septiembre de 2000 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, división de Tampa, pero únicamente por los hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos”.

Las conductas por las que fue solicitado en extradición el señor Teófilo Castillo Quiñones constituyen a la luz de la legislación colombiana conductas delictivas sancionadas con penas privativas de la libertad cuyos mínimos superan los cuatro años, con lo que el presupuesto de la no doble incriminación se encuentra satisfecho. De otro lado, el artículo 511, numeral 2º, del Código de Procedimiento Penal dispone que para que se pueda conceder la extradición se requiere, por lo menos, que se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. La acusación formal proferida por la Corte del Distrito Medio de la Florida, división Tampa, contra el señor Teófilo Castillo Quiñones, equivale, sin lugar a dudas, a la resolución acusatoria de nuestro sistema procesal penal. En ella se consigna la relación detallada de los hechos y su calificación jurídica citando las disposiciones sustancias(sic) aplicables.

Como lo señaló la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal dentro del trámite del concepto previo:

“Al consagrar nuestro legislador la exigencia de que en el país recurrente se haya proferido resolución de acusación o su equivalente es claro que parte del supuesto de la diversidad de sistemas procesales que regulan el proceso penal en el ámbito internacional, lo cual hace imposible que exista identidad formal y sustancial en todas las providencias que cumplen similar función a la resolución de acusación propia de nuestro ordenamiento jurídico”.

En el concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 17 de septiembre de 2002, dentro de la solicitud de extradición de Teófilo Castillo Quiñones, al analizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal al referirse al contenido en el numeral 2º, la Corte expresó:

“1.2. La indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y fecha en que fueron ejecutados.

Esta información reposa en la documentación aportada por el Estado requirente, es decir de la segunda acusación sustitutiva 8:98-CR-154-T-24B con la que se formaliza la solicitud de extradición de Teófilo Castillo Quiñones, en las declaraciones juradas de Stephen Muldrow, Fiscal Federal Adjunto de los Estados Unidos y de Mark S. Meeks, Agente Especial de la Agencia Especial de Drogas de los Estados Unidos.

Del contenido de los anteriores documentos se establece que el requerido en extradición Teófilo Castillo Quiñones junto con otras personas son consideradas como integrantes de una organización criminal dedicada al comercio ilícito de estupefacientes, y se les atribuye el haber transportado regularmente múltiples toneladas de cocaína desde las costas del Pacífico Colombia a través de México hasta los Estados Unidos, por medio de embarcaciones pesqueras de las que Teófilo Castillo era regularmente miembro de la tripulación, navegante o capitán de barco, hechos que comenzaron en 1989 y continuaron con posterioridad al 17 de diciembre 1997, concretándose los cargos en contra del requerido en extradición al concierto para importar 5 kilogramos o más de cocaína y concierto para poseer con la intención de distribuir y distribuir la citada cantidad estupefaciente.

Las declaraciones aportadas en apoyo de la solicitud de extradición y la resolución acusatoria precisan que los delitos fueron cometidos por el requerido con fines de extradición Teófilo Castillo Quiñones, en el área del Distrito del(sic) Central de Florida y en otras partes, zona en la que los acusados a sabiendas e intencionalmente conspiraron y acordaron importar a los Estados Unidos desde lugares fuera del mismo, cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

De igual manera, la segunda acusación de reemplazo precisa la época en que los actos delictivos se produjeron. I cargo: “Que desde una fecha desconocida, la cual no fue más tarde que 1989 hasta la fecha de la segunda acusación sustituyente”, época para la cual Teófilo Castillo era un tripulante y capitán de embarcación que participaba regularmente en las operaciones de contrabando de Castrillón-Henao y Navarrete.

Respecto al II cargo: “Desde una fecha desconocida, la cual no fue más tarde que 1989, hasta la fecha de esta segunda acusación sustituyente, en el Distrito Central de Florida y en otras partes, los acusados... a sabiendas y deliberadamente y a propósito se juntaron, conspiraron y acordaron entre sí y con otras personas cuyos nombres son tanto conocidos como desconocidos por el jurado de acusación, a poseer con intención de distribuir y distribuyeron cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene la sustancia controlada de cocaína indicada en la lista II en violación del título 21, Código de Estados Unidos, sección 841”.

Por consiguiente la exigencia planteada por la norma se cumple al señalar la solicitud (sic) la época en que ocurrieron los hechos ilícitos, así como el lugar de su comisión”.

Para entender el marco de la competencia del Estado requerido, la Corte Constitucional señaló:

“La extradición es un instrumento de colaboración internacional en materia penal que ha adquirido su mayor relevancia en la lucha contra el delito de dimensión transnacional. Se trata de una decisión administrativa adoptada mediante trámite, en principio, breve y sumario, que no implica juzgamiento y tampoco puede dar lugar a un prejuzgamiento. La misma se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política (1) .

En Colombia la extradición está prevista en el artículo 35 de la Constitución, de acuerdo con el cual ella se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley” (cfr. C. Const., Sent. SU-110/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Respecto del cargo formulado en la demanda en el sentido de que el Gobierno colombiano en el acto acusado debió establecer como condición el que se tuviera en cuenta en una eventual condena, el tiempo que el señor Castillo cumplió en detención preventiva en Colombia, cabe señalar que el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal prevé que “el gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas”. Al respecto cabe afirmar que lo que sí es imperativo como condicionamientos para conceder la extradición es el que no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena. Además, si según la legislación del Estado recurrente, al delito que motiva la extradición correspondiera la pena de muerte, la entrega solo se hace bajo la condición de la conmutación de tal pena.

En estos términos la Sala considera que la Resolución 141 de octubre de 2002 por la cual se concedió la extradición del señor Teófilo Castillo Quiñones, se ajusta a las normas constitucionales y legales; ahora el hecho de que en el acto demandado no se haya hecho la precisión del descuento del tiempo de detención preventiva con fines de extradición de la eventual condena proferida en el exterior no es causal de nulidad del acto acusado, pues no es forzoso, como lo anota la procuraduría en el concepto rendido en el proceso, proveer sobre tal punto.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha mayo 20 de 2004.

(1) Sentencia C-1106 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

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