Sentencia 1 de marzo de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL

SUSPENSIÓN AL SER AFECTADOS POR RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Radicación Nº 1

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos.

Resuelve la Sala Plena de la Corte el recurso de reposición que el doctor M... interpuso contra la decisión de aquella, tomada el 13 de febrero pasado, de suspenderlo en el ejercicio del cargo de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

I. Antecedentes

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 5 de febrero del corriente año, profirió resolución de acusación, entre otros, contra el doctor M..., como autor responsable del delito de prevaricato, que consagra el Libro 2º, Título III, Capítulo VII del Código Penal.

En el mismo proveído se decretó, “como medida de aseguramiento, la detención preventiva” del doctor M..., pero simultáneamente se le concedió el beneficio de libertad provisional, en los términos del artículo 439, numeral 1º, del Código de Procedimiento Penal (ver folios 31, 32 de la actuación).

2. En un aparte de la motivación del auto referido la Sala de Casación Penal expresó:

“De conformidad con lo previsto en el literal c), artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, que dispone que “no podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la rama jurisdiccional: ... quienes se encuentren en detención preventiva por delito doloso u homicidio culposo, aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por los mismos delitos, mientras se define su responsabilidad”, se informará de lo resuelto en esta providencia... a la Sala Plena de esta Corporación... para los fines pertinentes”.

La parte resolutiva incluyó la orden correspondiente.

3. En obedecimiento a lo anterior, por oficio número 0138 del 6 de febrero de 1992 el Secretario de la Sala de Casación Penal informó al señor Presidente de la Corporación, para los fines pertinentes, lo dispuesto en el auto antes referido (folio 34).

4. En su sesión Nº 4 del 13 de febrero de 1992 la Sala Plena de la Corte, enterada que fue de la anterior comunicación, procedió en consecuencia y “aprobó la suspensión en el ejercicio del cargo al Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, doctor M... “, según consta en el acta de la reunión (folio 35).

II. El recurso

Contra la aludida decisión de la Sala Plena de la Corte, el doctor M... por memorial presentado el 27 de febrero pasado, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, a fin de que se la revoque en toda sus partes con fundamento en estas razones:

1. La Sala de Casación Penal no pidió a la Sala Plena que lo suspendiera en el ejercicio del cargo; la comunicación que le dirigió sólo tenía el propósito de informarle de la resolución acusatoria que había proferido dentro del proceso Nº 5660 el 5 de febrero del año en curso, para efecto de la inhabilidad sobreviniente que de ello se derivaba, de conformidad con las normas sobre régimen disciplinario.

2. El literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989 y el artículo 1º del Decreto 2281 del mismo año fueron derogados por la Constitución de 1991, en cuanto resulten contrarios a su artículo 29 que forma parte del capítulo de los derechos fundarnentales y que consagró la presunción de inocencia en los siguientes términos: “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, principio este que es de aplicación inmediata según lo dispone en su artículo 8S la Nueva Carta.

Argumenta que precisamente en desarrollo del principio de presunción de inocencia la Constitución, al organizar la Rama Judicial y fijar los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, estableció como inhabilidad el haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, exceptuados los casos de delitos políticos o culposos, y no el hecho de haberse dictado contra la persona resolución acusatoria o su equivalente en el proceso penal por delito doloso, “mientras se define su responsabilidad”; en el entendimiento de que la presunción de inocencia sólo puede desvirtuarse por sentencia ejecutoriada que declare culpable al individuo.

Apoyado en las anteriores apreciaciones, concluye su análisis diciendo que de conformidad con el nuevo orden constitucional el hecho de haberse dictado resolución acusatoria en su contra no puede inhabilitarlo para desempeñar cargos en la Rama Jurisdiccional “y menos dar origen a una fulminante insubsistencia”, por que tal determinación no sólo resulta contraria a la presunción de inocencia, sino que, además, vulnera el derecho ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, en sus manifestaciones de “elegir y ser elegido” y “acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”. (Artículo 40 de la Constitución Nacional).

Consideraciones

I. La suspensión en el ejercicio del cargo de un funcionario o empleado de la Rama Judicial del Poder Público puede tener variado origen:

En unos casos proviene de que, contra el funcionario o empleado, se ha dictado una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe llevarse a efecto privándolo de la libertad. En este evento, la autoridad administrativa correspondiente procede en obedecimiento a orden judicial en tal sentido. Se trata entonces de una medida de carácter especial, consagrada en el artículo 423 del Código de Procedimiento Penal.

En otros casos, la suspensión tiene su fuente en una decisión administrativa. Así sucede cuando se decreta con ocasión de un proceso disciplinario y puede revestir en este caso una de dos formas: la una, que es provisional (hasta por sesenta días), para garantizar el normal desenvolvimiento de la investigación por faltas graves y ostensibles que dan lugar a la sanción de destitución (art. 46 del Decreto 1888 de 1989); y la otra, ostenta el carácter de sanción disciplinaria adoptada mediante el correspondiente proceso, y no puede exceder de noventa días, sin derecho a remuneración (art. 12, ib.).

Por último —y es la del caso que se analiza—, la suspensión se origina como forzosa consecuencia de la situación consagrada en la letra c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 2281 del mismo año. En efecto, según dichas normas “No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional: ... c) Quienes se encuentren en detención preventiva por delito doloso aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad”, de donde surge que la suspensión en este caso, también es una decisión administrativa que le compete tomar al superior jerárquico del funcionario objeto de aquellas medidas de naturaleza provisional. Y para decretarla basta que esa autoridad se haya informado de la vigencia de la medida de aseguramiento o de la resolución de acusación o su equivalente, no siendo, entonces pertinente la formulación de ninguna orden sobre el particular.

Entendidas así las cosas, la suspensión a que se contrae el último caso es una medida precautelativa que tiende a defender la dignidad de la investidura judicial, dignidad que sin duda alguna resulta gravemente menoscabada si pudiera continuar ejerciéndola quien públicamente y en el desarrollo del correspondiente proceso penal es acusado de ser responsable por la comisión de delitos dolosos.

Surge de lo dicho, entonces, que no asiste razón al recurrente cuando exige que el proceder de la Sala Plena de la Corte debió haber sido provocado necesariamente, por la solicitud expresa de suspensión emanada de la Sala de Casación Penal. Y si bien es cierto, como él mismo lo afirma, que la comunicación que dirigió esta última a aquella tuvo como propósito exclusivo informarla de la resolución acusatoria proferida, no lo es menos que al proceder la Sala Plena a decretar la suspensión cuestionada, tomó la medida que corresponde y que por disposición legal le compete, atendiendo a los propósitos institucionales antes mencionados, según viene de analizarse, y sin que para el caso necesitara requerimiento alguno de la Sala Penal, pues no se trata, hay que repetirlo de nuevo, del evento previsto en el artículo 423 del Código de Procedimiento Penal.

II. Los restantes planteamientos del recurrente se dirigen a controvertir la validez constitucional de las normas que sirvieron de sustento legal a la Corte para suspenderlo en el ejercicio del cargo, pues ha considerado que ellas son inconstitucionales si se las confronta con las disposiciones de la Constitución en su escrito señaladas, y como corolario de tal planteamiento, implícitamente solicita que esta corporación se abstenga de aplicarlas acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Carta, que faculta a las autoridades para hacer actuar preferentemente las disposiciones constitucionales, desestimando las de rango inferior que contengan prescripciones incompatibles con ellas.

La Constitución de reciente expedición y vigencia conservó el sistema tradicional, múltiple y difuso de control de constitucionalidad para salvaguardar la integridad de la Ley Fundamental, con base en la consagración de un órgano judicial especializado para verificar por vía general la constitucionalidad de las leyes, de los decretos legislativos y extraordinarios que expida el Presidente, de los proyectos de ley objetados por el Gobierno, de las leyes aprobatorias de tratados públicos y de los proyectos de leyes estatutarias, manteniendo la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para juzgar la constitucionalidad de los actos de las autoridades ejecutivas y a la vez conservando el control por vía incidental de la excepción de inconstitucionalidad, conforme al cual, el funcionario puede dejar de aplicar la norma de jerarquía inferior, de oficio o a petición de parte, cuando considere que es contraria al ordenamiento constitucional, para proteger la vigencia integral de la Carta Política.

Es, pues, este último mecanismo de control constitucional el que promueve el recurrente a fin de obtener que la Corte inaplique las disposiciones legales sobre inhabilidades para el personal de la Rama Judicial y revoque la decisión que tomó con fundamento en ellas, resultado al que no puede llegarse si se tiene en cuenta:

1. La Corte no aplicó la sanción de insubsistencia prevista en el artículo 6º del Decreto 1888 de 1989. Se dispuso una suspensión, fundada en una inhabilidad sobreviniente que es transitoria o provisional “hasta que sea definida en el proceso la responsabilidad del inculpado”. Por eso, no es del caso ocuparse de la legitimidad constitucional del citado artículo 6º y de la sanción de insubsistencia allí prevista.

2. La suspensión decretada tiene fundamento directo en la Constitución.

Para el recurrente la disposición que establece la inhabilidad contrasta con el principio de presunción de inocencia y su inexequibilidad resulta evidente si se repara en el hecho de que el constituyente sólo consideró como inhabilidad para los altos dignatarios de la Rama Judicial el haber sido condenado por sentencia judicial y dispuso, a la vez, que sólo la sentencia de condena tiene la calidad de antecedente penal o contravencional. Esto es, excluyendo del catálogo de inhabilidades el hecho de haberse formulado resolución acusatoria contra una persona.

El análisis de constitucionalidad que hace el recurrente es incompleto y por esa razón conduce a apreciaciones equivocadas sobre la voluntad del constituyente en materia de inhabilidades, pues una interpretación sistemática de los preceptos fundamentales sobre la estructura de la organización judicial y del estatuto de personal de sus más altos funcionarios permite afirmar, por el contrario, que las disposiciones legales motivo de glosa están en perfecta consonancia con ellos y por consiguiente, la decisión de suspensión decretada por la Corte es legítima.

En efecto, el sistema de control de la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado es el establecido en los artículos 174 y 175 de la Constitución Nacional, en los cuales se mantiene para los más altos funcionarios de la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial un fuero especial, en el sentido de que la Cámara investiga las acusaciones que se presenten contra ellos por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño del cargo y si esa corporación halla mérito para seguir el juicio, acusa formalmente al funcionario implicado ante el Senado.

Las reglas fundamentales que gobiernan el juicio ante el Senado están previstas en el artículo 175 de la Constitución Nacional y una de ellas consiste en que cuando la acusación sea admitida públicamente por el Senado, el acusado queda ipso facto suspendido del empleo. Así las cosas, la inhabilidad transitoria que se produce a causa de la resolución acusatoria tiene pleno respaldo en la disposición constitucional mencionada, pues carecería de toda lógica suponer que el Constituyente estableció la suspensión durante el juicio para los más altos funcionarios del Estado, a pesar de ser contraria a la presunción de inocencia que él mismo consagró. No, la conclusión seria, cierta y razonable es que la consagró precisamente por no oponerse al principio de presunción de inocencia, a fin de preservar la objetividad o imparcialidad del juicio y liberar de presiones al juzgador.

De otro lado, es patente la conformidad del artículo 3º, literal c), del Decreto 1888 de 1989 con el artículo 29 de la Carta Fundamental, si se repara en que por disposición del artículo 125 de ella corresponde a la ley señalar otras causales, distintas a las del ordenamiento superior, para el retiro de los servidores públicos.

No siendo de recibo tampoco los argumentos del recurrente con respecto a la pretendida inconstitucionalidad de las normas del Decreto 1888 de 1989, se concluye necesariamente que su recurso no prospera.

Para finalizar, observa la Sala que en el encabezamiento de su memorial el doctor M... dice recurrir subsidiariamente en apelación. Obvio es, sin embargo, que al carecer la Corte de superior jerárquico para conocer del mencionado recurso, éste no se le podrá conceder.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, NO REPONE la decisión impugnada por el doctor M... en el memorial analizado en la parte motiva de este proveído; ni le concede el recurso de apelación que interpuso subsidiariamente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Pedro Lafont Pianetta, Presidente—Rafael Baquero Herrera—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Manuel Enrique Daza Alvarez—Guillermo Duque Ruiz—Eduardo García Sarmiento—Gustavo Gómez Velasquez—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Ernesto Jiménez Díaz—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Dídimo Páez Velandia—Jorge Iván Palacio Palacio—Rafael Romero Sierra—Edgar Saavedra Rojas—Hugo Suescún Pujols—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia Martínez—Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuan, Secretaria General.

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