Sentencia 1000-140 de abril 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “A”

Rad. 880012331000140 01

Expediente 15548

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Demandante Sociedad Cano Builes Limitada.

Naturaleza: Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

El recurso de apelación tiene como finalidad obtener la revocatoria de la sentencia recurrida, en cuanto declaró probada una de las excepciones propuestas por la parte demandada y, en su lugar, obtener pronunciamiento de fondo y favorable respecto de las pretensiones de la demanda.

La Sala abordará los temas planteados en el siguiente orden: i) La competencia de la Sala para conocer del asunto; ii) La excepción de inepta demanda iii) Las pruebas recaudadas iv) Lo probado v) Los planteamientos generales del problema jurídico vi) Los cargos de nulidad de los actos vii) Condena en costas.

i- La competencia de la Sala para conocer del asunto.

La Sala es funcionalmente competente para conocer, en segunda instancia del presente proceso, proveniente del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por vía de apelación, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

Para la fecha de interposición de la demanda 11 de octubre de 1990(5) la competencia por razón de la cuantía estaba definida por el artículo 132 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988(6), el cual establecía que los tribunales administrativos conocerían en primera instancia de los procesos referentes a las acciones nulidad y restablecimiento del derecho, cuando la cuantía excediera la suma de $ 1.120.000.

La parte demandante estimó razonadamente la cuantía del proceso en la suma de $ 200’000.000, que resultan del valor del terreno y la edificación que ordenó revertir al Estado la Dirección General Marítima y Portuaria, a través de los actos administrativos cuya nulidad se depreca, monto que, como surge a primera vista, supera la cuantía requerida para acceder a la segunda instancia.

ii) La Sala analizará, en primer lugar, la excepción perentoria que halló configurada el a quo y en caso de considerarla infundada, se procederá en la forma dispuesta por el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil(7).

ii) La excepción que declaró prospera el tribunal fue la denominada por la parte demandada “inepta demanda por falta de legitimación en la causa por activa”, conforme quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia.

La Sala se ha pronunciado en distintas oportunidades en relación con el contenido de los verdaderos medios exceptivos como mecanismo de defensa del demandado, señalando que la exceptio está constituida por un hecho nuevo esbozado por el demandado y, por ende, desconocido dentro del trámite procesal hasta el momento en que se formula, que trasciende en la relación jurídica en la medida en que ataca la pretensión procesal desde su base o nacimiento, con miras a enervarla, extinguirla, modificarla o dilatarla.

Por ende, no se trata de un medio de defensa constitutivo de una oposición simple en el sentido de que se reduzca a negar los supuestos de hecho que arguye el demandante como fundamento de las pretensiones procesales, pues en este caso constituirá simplemente una razón de la defensa tendiente a refutar una de las razones dadas a conocer por el extremo demandante que, por consiguiente, debe ser analizada al momento de resolver el fondo del asunto.

De hecho, cuando el demandado propone un medio exceptivo, la mayoría de las veces acepta algunos de los supuestos fácticos aducidos por el demandante, no los niega como sucede cuando se arguye una razón de la defensa, pero al excepcionar está exponiendo una nueva circunstancia cuya finalidad consiste en destruir la pretensión del demandante por una razón distinta.

Para ilustrar lo dicho resulta pertinente acudir a un ejemplo tomando como referente la excepción de cosa juzgada. Al proponer el demandado tal medio exceptivo, está aceptando implícitamente que el litigio por los mismos hechos surgió con anterioridad, guardando identidad de partes, causa y objeto, sin embargo, está dando a conocer al proceso un hecho nuevo, desconocido hasta ese momento o inadvertido, que el demandante no expuso en su escrito de demanda y que se hace consistir en que la controversia que se halla sometida a la decisión del juez ya fue definida en otro proceso, es decir, acepta que el pleito surgió, excepto que ya fue objeto de juzgamiento y, por ende, la pretensión procesal formulada por el demandante se mengua a tal punto que le destruye de manera definitiva (excepción perentoria definitiva) y el juez no podrá entrar a analizar el fondo de la controversia, por regla general, ni deberá entrar a analizar la prueba de los supuestos de hecho de la demanda para definir si se hallan acreditados o no, porque resultará inútil.

Con lo anterior quiere significar la Sala que la forma antitécnica y muchas veces indiscriminada con la cual los sujetos demandados hacen uso de este medio de defensa puede eventualmente traer consecuencias desfavorables para sus intereses, pues ya se dijo que la proposición del medio exceptivo implica, en algunos eventos, la aceptación implícita de algunos hechos de la demanda y si definitivamente no prospera o no constituye una verdadera excepción, la pretensión procesal se mantendrá incólume con el agravante de que la aceptación del hecho que da lugar a excepcionar implicará que la contraparte se halle relevado de acreditarlo dentro del proceso.

Desde luego, esta noción general trasladada al ámbito del procedimiento contencioso administrativo debe observarse de acuerdo con las connotaciones especiales que revisten este tipo de procesos, particularmente hace referencia la Sala a que los hechos aceptados implícitamente con el uso de los medios exceptivos mal empleados, pueden eventualmente no derivar en la consecuencia jurídica a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, es decir, puede no trascender en el sentido de relevar de la prueba del hecho a quien lo adujo, pues debe tenerse en cuenta que cuando la demanda se halla dirigida contra alguna de las entidades públicas señaladas por el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil(8), no es válida la confesión o aceptación espontánea sobre los hechos de la demanda, de manera que el demandante deberá acreditarlos imprescindiblemente.

Los anteriores planteamientos permiten deducir, sin hesitación alguna que la ausencia de legitimación en la causa por activa o por pasiva, no constituye un verdadero medio exceptivo, menos aún, la ausencia de la misma puede constituir una ineptitud sustantiva de la demanda, sencillamente porque la ontología de la inepta demanda es completamente distinta.

En efecto, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto material que se predica respecto de la persona llamada por la ley sustancial a formular la pretensión procesal, y por pasiva cuando se halla en condición de contradecir la misma, sin que ello implique imprescindiblemente que deba reconocerse el derecho reclamado y a tal efecto debe acreditar la condición alegada para concurrir al proceso.

Cuando el demandado arguye la ausencia del presupuesto material en relación con el sujeto activo del proceso, no se está oponiendo a través de un medio exceptivo a la pretensión procesal formulada por el demandante, pues no está aduciendo un hecho que antes se desconociera con la virtualidad de destruir la pretensión procesal o modificarla o dilatarla; se trata simplemente de la negación de un hecho aducido por el demandante, particularmente el atinente a la condición alegada para reclamar el derecho cuyo reconocimiento pretende, y por tal razón se trata de un extremo que debe ser analizado al momento de estudiar el fondo de la controversia.

Al margen de lo anterior, la ausencia del presupuesto material no hace por sí misma sustantivamente inepta la demanda.

La demanda como acto jurídico constitutivo de la relación jurídico procesal, debe reunir ciertas exigencias que el ordenamiento jurídico dispone para que resulte idónea como tal, es decir, para que sirva como demanda, lo cual supone que, por oposición, puede tener defectos propios, desde luego, distintos de los que puede adolecer la relación procesal por la falta de los presupuestos procesales requeridos para la debida estructuración del proceso.

La demanda jurídicamente apta resulta imprescindible para que el juez pueda proveer de fondo, es decir, para que pueda resolver sobre las pretensiones incoadas, aun cuando sea para negarlas, pues resulta claro que en nuestro ordenamiento jurídico, para que pueda reconocerse el derecho, no sólo basta tenerlo, sino solicitarlo en la forma dispuesta por la ley y dentro de las oportunidades establecidas por la misma, de suerte que si el escrito de demanda no resulta idóneo para pronunciarse de mérito, no por simples defectos formales, sino sustantivos, es decir, que son de tal entidad que impiden al juez pronunciarse de fondo, la demanda será sustantivamente inepta. Puede decirse que la demanda es sustantivamente inepta cuando, a título de ejemplo, los pedimentos no son claros al punto que no puede determinarse cuál es realmente la pretensión procesal o cuando se presenta una indebida acumulación de pretensiones, etc.

Como se puede observar, la ineptitud sustantiva de la demanda dice relación con la falta de idoneidad del escrito que da inicio al proceso por la carencia de los presupuestos procesales intrínsecos de la misma que la afectan de tal forma que no es posible decidir el mérito del asunto sometido al conocimiento del juez y dentro de tal noción no podría afirmarse que la ausencia de legitimación en la causa por activa conlleve a la ineptitud sustantiva de la demanda, pues mientras el primero constituye un presupuesto material de la acción cuyo análisis es propio del fondo del asunto y que desde luego no afecta el escrito de demanda, el segundo es un presupuesto para decidir de fondo.

El a quo consideró que la sociedad demandante carecía de legitimación en la causa por activa para concurrir al proceso, no obstante, confundió tal aspecto con la capacidad para ser parte o capacidad jurídica para comparecer al proceso y con la capacidad procesal o legitimación procesal y concluyó que, por tal razón, la demanda era sustantivamente inepta, absteniéndose así de estudiar el mérito del asunto.

Sin embargo, la noción conceptual de los mismos no puede ser refundida en uno solo, no sólo porque hace relación a distintos aspectos procesales desde el punto de vista técnico, sino porque conlleva distintas consecuencias jurídicas.

En efecto, la capacidad jurídica o capacidad para ser parte, es la aptitud de la cual gozan las personas para comparecer al proceso, bien sea por activa o por pasiva y esa capacidad está dada, en principio(9), por la condición de persona conforme lo dispone el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil(10), que en últimas resulta ser la misma capacidad que se predica para ser sujeto titular de derechos o para contraer obligaciones y para ser sujeto de cualquier relación jurídica de carácter sustancial, sólo que se traslada al ámbito de la relación jurídica de carácter procesal.

La capacidad procesal o la legitimación procesal se refiere a la capacidad para comparecer por sí mismo al proceso o través de su representante, en los términos dispuestos por el inciso segundo de la norma citada.

Los aspectos atinentes a la capacidad para ser parte y para comparecer por sí mismo al proceso, constituyen presupuestos procesales que deben verificarse al momento de admitir la demanda y su ausencia conlleva a un defecto que debe ser subsanado y en caso contrario genera el rechazo de la demanda.

Al margen de la concepción desenfocada que tuvo el a quo en relación con los anteriores aspectos, resulta claro que la excepción de inepta demanda no estaba llamada a ser declarada aduciendo la ausencia de legitimación en la causa por activa de la sociedad demandante en relación con las pretensiones de la demanda, razón por la cual la Sala revocará la sentencia recurrida en cuanto declaró probado el medio exceptivo y analizará, con base en la prueba recaudada, si se halla o no satisfecho el presupuesto material de legitimación en la causa por activa en la medida en que se haya o no acreditado la condición argüida para comparecer al proceso.

iii) Para acreditar los supuestos fácticos de la demanda y de la defensa, obran dentro del proceso los siguientes medios de prueba, en lo pertinente:

1. Copia auténtica de la Resolución 181 del 11 de septiembre de 1971, proferida por el señor Director General Marítimo y Portuario “Por medio de la cual se hace una concesión para construir un Refugio Turístico en el lugar denominado El Cove al sur de San Andrés (Isla), en terrenos de la Bajamar”.

La parte motiva de la resolución consigna que el señor Fernando Renghi, extranjero, solicitó permiso para construir un refugio turístico en el lugar denominado El Cove al sur de San Andrés (Isla) en terrenos que hacen parte de la zona de Bajamar, conforme a los planos anexos al expediente administrativo y previa calificación y concepto favorable por parte de personal idóneo.

Como fundamentos de derecho para acceder a la solicitud, la autoridad administrativa invocó los artículos 3º numeral 17 y 4 numeral 5º del Decreto 2349 de 1971.

La parte resolutiva consigna textualmente:

“ART. 1º—Conceder, como en efecto se concede, autorización al señor Fernando Renghi, portador de la cédula de extranjería (...), para construir un refugio turístico en el lugar denominado El Cove, al sur de San Andrés (Isla) en terrenos de Baja Mar, en la siguiente posición geográfica:

Latitud: longitud:

12º 31’ 46’’ Norte 81º 43’ 15’’ oeste

“ART. 2º—Las características principales de la construcción son: Volado unos 2,50 metros y unos 8 o 9 metros sobre roca, por una longitud de 18 a 20 metros. Las demás características de acuerdo con los planos anexados al expediente.

“ART. 3º—El permiso se concede por un lapso de veinte (20) años, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la resolución al término de los cuales las instalaciones revierten al Estado.

“ART. 4º—El señor Fernando Renghi, queda obligado a todos y cada uno de los compromisos de que trata el artículo 97 del Decreto 2349 de diciembre 3 de 1.971.

“PAR.—Esta concesión se declarará sin ningún valor cuando se presente alguna de las causales señaladas en el artículo 98 del Decreto 2349 de 1.971.

“ART. 5º—Concédese al señor Fernando Renghi un plazo de un (1) año a partir de la fecha en que quede ejecutoriada esta (sic) resolución para concluir los trabajos de construcción proyectada.

“ART. 6º—El señor Fernando Renghi, se compromete al mantenimiento y conservación de las instalaciones y a coordinar con la capitanía del puerto de San Andrés (Isla) todo lo relacionado con la señalización.

“ART. 7º—Comisiónase a la capitanía de Puerto de San Andrés (Isla) para la notificación de la presente providencia” (fls. 17 y 18 cdno. ppal. 1).

2. Copia auténtica de copia autenticada de la Resolución 001464 del 16 de noviembre de 1989, proferida por el señor director general marítimo y portuario “Por la cual se declara sin valor y efecto la Resolución 181 de septiembre 11 de 1972”.

Para dar claridad, se transcribirá la parte motiva de la citada resolución:

“Que mediante resolución No. 181 del 11 de septiembre de 1972 esta dirección general otorgó al señor Fernando Renghi una concesión para construir un refugio turístico en el sector denominado El Cove al sur de de San Andrés (Isla) en terreno de Bajamar, de acuerdo a las características detalladas en dicha resolución.

“Que en el artículo 3º de la resolución se fijó como término de la concesión el de veinte (20) años contados a partir de la ejecutoria de la citada providencia.

“Que de acuerdo con los informes de la capitanía de Puerto de San Andrés, el beneficiario de la concesión señor Fernando Renghi falleció, razón por la cual debe procederse a declarar sin valor y efecto el permiso otorgado, en razón al carácter que tiene este tipo de autorizaciones.

“Que el artículo 176 del Decreto Ley 2324 de 1984 faculta al director general marítimo y portuario para declarar sin valor y efecto una concesión cuando las razones o circunstancias que la originaron se han modificado considerablemente”.

La parte resolutiva consigna lo siguiente:

“ART. 1º—Declarar sin valor y efecto la Resolución 181 del 11 de septiembre de 1972 mediante la cual se le otorgó al señor Fernando Renghi una concesión para la construcción de un refugio turístico en el sector denominado El Cove al sur de San Andrés (Isla), en virtud de las consideraciones expuestas.

“ART. 2º—Como consecuencia de la declaratoria consignada en el artículo anterior, ordénase la reversión inmediata del terreno de Bajamar entregado en concesión y de la construcción en él levantada.

“ART. 3º—Queda entendido que en el área cuya reversión a la Nación se ordena no podrá adelantarse ningún tipo de actividad.

“ART. 4º—Por la Secretaría envíese copia de la presente resolución a la capitanía de Puerto de San Andrés para su notificación y cumplimiento, así mismo envíese copia al Inderena a Colpuertos, a la Corporación Nacional de Turismo, a la intendencia especial de San Andrés y a la procuraduría delegada en lo civil.

“ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella sólo procede el recurso de reposición, del cual podrá hacerse uso por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación”. (fls. 19 y 20 cdno. ppal. 1).

3. Copia auténtica de la Resolución 000733 del 8 de junio de 1990, proferida por el señor director general marítimo “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, interpuesto contra la Resolución 181 del 11 de septiembre de1982, por el señor Jorge Bayron Cano Baena, en condición de representante legal de la sociedad Cano Builes Ltda., quien adujo que esta era propietaria del establecimiento de comercio denominado Hotel Cove Bay International.

Como fundamento del recurso de reposición la sociedad adujo, de una parte, ser propietaria del terreno donde funciona el refugio turístico El Cove, el cual ha sido de propiedad privada desde la tradición iniciada por el señor Alfonso Barker, por tanto no podía ser objeto de concesión y, de otra, que la dirección general marítima terminó la concesión otorgada al señor Fernando Renghi, por cuanto el beneficiario de la misma había fallecido, sin embargo, no probó el hecho.

Para resolver el recurso la entidad pública adujo que el inmueble donde se halla construido el refugio turístico El Covey respecto del cual reclama el derecho de dominio, es realmente un bien de uso público a términos del artículo 166 del Decreto 2324 de 1984, condición que fue determinada pericialmente y por tal razón fue otorgada la concesión al señor Fernando Renghi en el año de 1972.

Con fundamento en lo anterior decidió confirmar la resolución recurrida en todas sus partes.

El acto administrativo fue notificado personalmente al señor Jorge Bayron Cano Baena el día 28 de junio de 1990, según se desprende de la constancia que al reverso del último folio de la resolución se encuentra (fls. 21 a 23 y 23 vto. Cdno. ppal. 1).

4. Copia auténtica de copia autenticada de la escritura pública 248 del 12 de junio de 1970, otorgada en la Notaría Única del Círculo de San Andrés y Providencia, contentiva del contrato de compraventa celebrado entre el señor Alfonso Barker y el señor “Fernando Renchi” (sic) respecto de lote de terreno en mayor extensión ubicado en la Isla de San Andrés en el sector denominado “Cove” o “Suckey Bay”, compuesto por cuatro secciones (fls. 25 a 28 cdno. ppal. 1).

5. Copia auténtica de copia autenticada del auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés, Isla, el día 31 de agosto de 1979, mediante el cual se aprueba el remate de unos bienes inmuebles embargados y secuestrados por orden del despacho judicial.

De la lectura de la providencia no es posible determinar los bienes que fueron objeto de remate, ni el nombre del ejecutado, al igual que no se observa la referencia del proceso ejecutivo donde se produjo la actuación.

6. Copia auténtica de copia autenticada del acta de la diligencia de remate llevada a cabo el día 31 de agosto de 1979 respecto del inmueble embargado y secuestrado dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por la Corporación Financiera S.A —Granfinanciera—, contra la sociedad “Village El Cove Renghi Seggialli” Limitada con acumulación de la Corporación Concasa. El inmueble rematado se encuentra ubicado en la Isla de San Andrés, en el sector denominado Cove Bay o Suckey Bay, cuyo número catastral es 11741, el cual consta de 5 secciones que en total conforman un extensión de 12.231 metros cuadrados. Las 5 secciones se hallan debidamente alinderadas y corresponden a los folios de matrícula inmobiliaria 450-00000037, 450-00000038, 450-00000039, 450-00000040 y 450-00000041. El adjudicatario fue el señor Gabriel Restrepo Villegas (fls. 31 a 37 cdno. ppal. 1).

7. Copia auténtica de copia autenticada de la escritura pública 4625 del 22 de agosto de 1986, otorgada en la Notaría 12 del Círculo de Medellín, contentiva del contrato de compraventa celebrado entre el señor Gabriel Restrepo Villegas —vendedor—, y la sociedad Cano y Builes Ltda., —compradora— respecto de los siguientes inmuebles:

“a) Un lote ubicado en la Intendencia de San Andrés (Isla) (Primera Sección), linda por el norte: Con la carretera circunvalación en extensión de 34.50 metros; sur: Linda con el mar en extensión de 39.00 metros; este: Con propiedad de Rodrigo Steaphens, en extensión de 20.00 metros; al oeste: Linda con propiedad de Angelo de Tisi, en extensión de 26.00 metros; esta sección o lote tienen una cabida de 845.25 metros cuadrados. Sobre este lote se ha levantado una casa con todas sus mejoras y anexidades que se incluye en esta venta. Se identifica este inmueble con la matrícula inmobiliaria 450-00000037 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés Isla.

“b) Un lote de terreno ubicado en la Intendencia de San Andrés (Isla) (Segunda Sección), linda por el norte: Con la Tercera Sección, en extensión de 27.50 metros; sur: con la carretera de circunvalación en extensión de 41.00 metros; este: Linda con propiedad de Rodrigo Stephen, en extensión de 76,50 metros; Al oeste: Con propiedad de Alfonso Barker, en extensión de 67.00 metros; Esta sección o lote tiene un cabida de 2.216.25 metros cuadrados. Se identifica este inmueble con la matrícula inmobiliaria 450-00000038 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés (Isla).

“c) Un lote de terreno ubicado en la Intendencia de San Andrés (Isla) (Tercera Sección) linda por el norte: Con la cuarta sección en extensión de 22.00 metros; todo el globo de terreno por este lindero tiene una extensión de 28.00 metros; por el sur: Colinda con la Segunda Sección, la propiedad de Rodrigo Sthepens, en extensión de 26.50 metros; 44.50 metros respectivamente; al este linda con propiedad de Ardis Christopher, en extensión de 66.50 metros; al oeste: con propiedad de Alfonso Barker, en extensión de 77.50 metros. Esta sección o lote tiene una cabida de 2.210.60 metros cuadrados aproximadamente. Se identifica este inmueble con la matrícula inmobiliaria 450-00000039.

“d) Un lote de terreno ubicado en la Intendencia de San Andrés (Isla), (Carta (sic) Sección). Por el norte: linda con la Tercera Sección, en extensión de 22.00 metros; por el sur, este, oeste, linda con propiedad de Alfonso Barker, hasta completar la cantidad de 7.014 metros cuadrados. Se identifica este inmueble con la matrícula inmobiliaria 450-00000040 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés Isla. e) Un lote de terreno ubicado en la Intendencia de San Andrés (Isla), lote de terreno comprendido en los siguientes linderos y medidas: al norte: linda con predio de Milort Martínez y Rodrigo Stephens, en extensión de 120.00 metros; al sur: linda con propiedad de Fernando Renghi, en extensión de 120.00 metros; al este: linda en predios de Alfonso Barker, en extensión de 80.00 metros y al oeste: linda con la carretera circunvalación, en extensión de 26.00 metros. Este lote tiene una cabida superficiaria de 4.077 metros cuadrados aproximadamente. Se identifica este inmueble con la matrícula inmobiliaria 450-00000041 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés.

(...).

“Segundo: Que adquirió la propiedad de los inmuebles descritos objeto d (sic) estae (sic) contrato de compraventa por remate tal como consta en la sentencia del 31 de agosto de 1.979 del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés (Isla), registrada o anotada en debida forma en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés Isla el día 4 de septiembre 1.979 . (fls. 38 a 42 cdno. ppal. 1).

8. Copia auténtica de copia autenticada del folio de matrícula inmobiliaria 450-00000037 cuya apertura se produjo en la Intendencia de San Andrés Isla el día 14 de julio de 1978.

El folio corresponde a la sección primera del inmueble que en mayor extensión fue descrito con anterioridad, ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay”. (fls. 46 y 47 cdno. ppal. 1).

9. Copia auténtica de copia autenticada de la certificación emitida el 30 de noviembre de 1990, por el señor Registrador de instrumentos públicos y privados de San Andrés Isla, en la cual consta las anotaciones que presenta el folio de matrícula inmobiliaria 450-00000037 y serie A1036357, correspondiente a la sección primera del lote ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay”.

Consta en la certificación lo siguiente:

“Que el inmueble con matrícula inmobiliaria 450-00000037 y serie A1036357 corresponde a: Lote de terreno ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay” de esta jurisdicción. Un lote (primera sección linda por el norte, con la carretera de circunvalación en extensión de 34.50 metros; sur, linda con el mar, en extensión de 39.00 metros; este, con propiedad de Rodrigo Stephens, en extensión de 20.00m metros y al oeste, linda con propiedad de Angelo de Tisi, en extensión de 26.00 metros. Esta sección o lote tiene una cabida de 845.25 metros cuadrados.

“Presenta las siguientes anotaciones:

“Registro 01. Del 03 de enero de 1969. Escritura 604, del 30 de diciembre de 1968, de la Notaría Única de San Andrés.- Falsa Tradición: Protocolización declaraciones de posesión.- A Barker, Alfonso.

Registro 02.- Del 19 de julio de 1970. Escritura 248, del 12 de junio de 1970 de la Notaría Única de San Andrés. Falsa tradición: Compraventa.- De: Barker, Alfonso A: Renghi, Fernando.

“Registro 03. Del 18 de mayo de 1973.- Escritura 227, del 10 de mayo de 1973, de la Notaría Única de San Andrés.- Falsa tradición: Compraventa.- De Renghi, Fernando A: Sociedad Rengli y Siggliari LTDA.

“Registro 04. Del 14 de abril de 1974.- Escritura 1157 del 04 de marzo de 1974 de la Notaría 4ª de Bogotá.- Gravamen: Hipoteca.- Por $ 1’300.000.- De: Sociedad Rengli y Siggliari LTDA.- A: Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda.

“Registro 05.- Del 04 de octubre de 1974.- Escritura 7653, del 27 de septiembre de 1974, de la Notaría 4ª de Bogotá.- Gravamen: Hiipoteca.- Por $ 1’500.000 De: Sociedad Rengli y Siggliari LTDA. A corporación de ahorro y vivienda.

“Registro 06.- Del 02 de julio de 1976. Escritura 2606, del 04 de junio de 1976 de la Notaría 4ª de Bogotá.- Gravamen: Ampliación Hipoteca.- Por $ 1’400.000. De: Sociedad Rengli y Siggliaria (sic) LTDA. A corporación de ahorro y vivienda.

“Registro 07. Del 09 de agosto de 1977.- Escritura 4281, del 18 de julio de 1977, de la Notaría 9ª de Bogotá. Gravamen: Hipoteca. Por $ 3’600.000. De. Sociedad Rengli Siggliari LTDA.- A: Grancolombiana Corporación Financiera S.A. Granfinanciera.

“Registro 08.- Del 19 de septiembre de 1978.- Oficio 331, del 18 de septiembre de 1978, del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés. Medida cautelar: Embargo: De Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda S.A., “Concasa S.A.” A: Village El CoveRENGHI Seggiani (sic) Limitada.

“Registro 09.- Del 4 de Septiembre de 1979. Oficio 315, del 31 de agosto de 1979, del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés. Cancela Anotación 08. Cancelación embargo.- De: Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda “Concasa S.A.” A: Village El CoveRENGHI Seggiani (sic) LTDA.

“Registro 10. Del 04 de septiembre de 1979. Sentencia, del 31 de agosto de 1979, del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés. Falsa tradición: Remate.- por valor de $ 17’560.800. A: Restrepo Villegas, Gabriel.

“Registro 11.- Del 24 de septiembre de 1979.- Certificado.- del 10 de septiembre de 1979, de la Notaría 9ª de Bogotá.- Cancela anotación 07. Cancela Hipoteca.- De: Grancolombiana Corporación Fionanciera S.A. “Granfinanciera” A: Restrepo Villegas, Gabriel Enrique.

“Registro 12.- Del 05 de septiembre de 1986. Escritura 4625, del 22 de agosto de 1986, de la Notaría 12 de Medellín.- Falsa Tradición: Compraventa este y otros.- Por $ 34’000.000 de: Restrepo Villegas Gabriel.- A Cano Builes LTDA.

“Registro 13.- Del 05 de septiembre de 1986.- Escritura 4625, del 22 de agosto de 1986, de la Notaría 12ª de Medellín.- Gravamen: Hipoteca abierta este y otros.- Por valor de $ 50’000.000. De: Cano Builes Limitada.- A Inversiones Costa Azul y CÍA SCS.

“Registro 14.- Del 17 de febrero de 1987.- Escritura 202, del 09 de febrero de 1987, de la Notaría 17ª de Medellín. Cancela Anotación 13.- Cancela hipoteca este y otro. Por $ 50’000.000. De: Inversiones Costa Azul y CÍA SCS, A: Cano Builes LTDA.

“Registro 15. Del 09 de noviembre de 1989.- Oficio 629, del 09 de noviembre de 1989, del Juzgado Civil del Circuito de San Andrés. Medida Cautelar: Embargo singular de mayor cuantía este y otros.- De: Banco de Bogotá.- A: Cano Builes Limitada (fl. 390 cdno. 2)”.

10. Copia auténtica de copia autenticada de la certificación emitida el 30 de noviembre de 1990, por el señor Registrador de instrumentos públicos y privados de San Andrés Isla, en la cual consta las anotaciones que presenta el folio de matrícula inmobiliaria 450-00000038 y serie A1036358, correspondiente a la sección segunda del lote ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay”.

Consta en la certificación lo siguiente:

“Que el inmueble con matrícula inmobiliaria 450-00000038 y serie A1036358 corresponde a: Lote de terreno ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay” de esta jurisdicción con registro catastral 1-00-057-0038-000. Lote de terreno (Segunda Sección) linda por el norte, con la Tercera Sección, en extensión de 27.50 metros; sur, linda con la carretera circunvalación en extensión de 41.00 metros; este: linda con propiedad de Rodrigo Stephen, en extensión de 76.50 metros; oeste, linda con propiedad de Alfonso Barker, en extensión de 67.00 metros. Esta sección o lote tiene una cabida de 2.261.25 metros cuadrados”.

Las anotaciones efectuadas en el folio, guardan completa identidad con las consignadas en el folio de matrícula 450-00000037 (fl. 391 cdno. 2).

11.- Copia auténtica de copia autenticada de la certificación emitida el 30 de noviembre de 1990, por el señor Registrador de instrumentos públicos y privados de San Andrés Isla, en la cual consta las anotaciones que presenta el folio de matrícula inmobiliaria 450-00000039 y serie A1036359, correspondiente a la sección tercera del lote ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay”.

Consta en la certificación lo siguiente:

“Que el inmueble con matrícula inmobiliaria 450-00000039 y serie A1036359 corresponde a: Lote de terreno ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay” de esta jurisdicción. Un Lote (Tercera Sección) linda por el norte, con la Cuarta Sección, en extensión de 22.00 metros; Todo el globo de terreno por este lindero tiene una extensión de 28.00 metros; Por el sur, colinda con la segunda sección, la propiedad de Rodrigo Stephen, en extensión de 26.50 metros y 44.50 metros respectivamente; al este, Linda con propiedad de Ardis Christopher, en extensión de 66.50metros y al oeste, con propiedad de Alfonso Barker, en extensión de 77.50 metros. Esta sección o lote tiene una cabida de 2.210 metros cuadrados”.

Las anotaciones efectuadas en el folio, guardan completa identidad con las consignadas en el folio de matrícula 450-00000037 (fl. 392 cdno. 2).

12. Copia auténtica de copia autenticada de la certificación emitida el 30 de noviembre de 1990, por el señor Registrador de instrumentos públicos y privados de San Andrés Isla, en la cual consta las anotaciones que presenta el folio de matrícula inmobiliaria 450-00000040 y serie A1036360, correspondiente a la sección cuarta del lote ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay”.

Consta en la certificación lo siguiente:

“Que el inmueble con matrícula inmobiliaria 450-00000040 y serie A1036360 corresponde a: Lote de terreno ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay” de esta jurisdicción comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: (Cuarta Sección); Por el norte: Linda con la tercera sección, en extensión de 22.00 metros; Por el sur, este y oeste, linda con propiedad de Alfonso Barker, hasta completar la cantidad de 7.014.00 M2”.

Las anotaciones efectuadas en el folio, guardan completa identidad con las consignadas en el folio de matrícula 450-00000037 (fl. 393 cdno. 2).

13. Copia auténtica de copia autenticada de la certificación emitida el 30 de noviembre de 1990, por el señor Registrador de instrumentos públicos y privados de San Andrés Isla, en la cual consta las anotaciones que presenta el folio de matrícula inmobiliaria 450-00000041 y serie A1036361, correspondiente a un lote ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay”.

Consta en la certificación lo siguiente:

“Que el inmueble con matrícula inmobiliaria 450-00000041 y serie A1036361 corresponde a: Lote de terreno ubicado en el sector denominado “COVE” o “Sucky Bay” de esta jurisdicción comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Al norte, linda con predio de ¿ilort (sic) Martínez y Rodrigo Stephens, en extensión de 120.00 metros; Por el sur, linda con propiedad de Fernando Renghi, en extensión de 120.00 metros; al este, linda con predios de Alfonso Barker, en extensión de 80.00 metros y al oeste, linda con la Carretera de Circunvalación en extensión de 26.00 metros. Este lote tiene una cabida superficiaria de 4.077.00 metros cuadrados”.

Las anotaciones efectuadas en el folio, guardan completa identidad con las consignadas en el folio de matrícula 450-00000037 (fl. 394 cdno. 2).

14. Dentro del proceso fue decretada una inspección judicial por solicitud de la parte demandante, “...en las instalaciones donde funciona la terraza o refugio turístico El Cove, al sur de la Isla de San Andrés, a fin de constatar sus linderos, la construcción levantada, estado actual de la misma y la ocupación....”. Asimismo solicitó la intervención de peritos idóneos para establecer las medidas de lote de terreno y de peritos contadores “...para que una vez examinados los libros de comercio pertenecientes a la Terraza o Refugio Turístico El Cove, determinen cuál es el monto que la misma producía diariamente en las temporadas turísticas alta y baja...”. (fl. 36 cdno. ppal. 1).

Para la práctica de la diligencia el tribunal comisionó al Juzgado Civil del Circuito de San Andrés Isla.

La diligencia se llevó a cabo el día 16 de octubre de 1991 y a la misma asistieron, además de la señora juez, los peritos agrimensores y contables designados por el despacho.

La señora juez en asocio de su secretario y con la compañía de los peritos, se dirigieron al sitio denominado “Terraza o Refugio Turístico El Cove” al sur de la Isla, ubicado, según consta en el acta “...entre la carretera circunvalar y el Mar Caribe, al este con Ketilda Mitchell y por el oeste con Myriam P. De Mitchell, es un paradero turístico que tiene en la entrada un aviso que dice “Cove Bay International Hotel que corresponde al hotel que queda en frente (sic) y otro que dice Terraza Bay y Picina (sic) Internacional que corresponde al sitio donde se está practicando la diligencia...”.

El lugar se encuentra deshabitado y en la puerta se encuentra un infante de marina custodiando el lugar, y el sitio que posiblemente sirvió de “bar” se encuentra sellado por la “...Armada Nacional Batallón Fusilero (sic) Infantería de Marina Nacional...”, razón por la cual no pudo ingresar la juez, pues según manifestó uno de los oficiales que se hallaban presentes, para poder levantar el sello existente debía estar presente el señor Procurador Regional y el Comandante de la Armada en la Isla. La inspección continuó en el resto del inmueble y se dejó constancia de lo que allí se pudo observar, entre otras, un horno y una parrilla, dos baños y una cocina semidestruida. Existe un aviso luminoso que se halla en mal estado en la parte inferior, no obstante lo cual puede leerse lo que allí se consigna.

Posteriormente, la señora juez, en compañía de los peritos contables, los apoderados y demás interesados se dirigieron a la casa de habitación del señor Jorge Bayron Cano Baena, para inspeccionar los libros contables que dice tener en su poder. Estando en el lugar el señor Cano Baena presentó “...unas hojas dx (sic) papel acto (sic) para contabilidad numerado del 1 al 33 que en su parte superior dice: Control de ventas y en el lugar va la fecha 1.988 y así sucesivamente. Se deja constancia que las hojas no están numeradas, pero tienen organización cronológica y consta de 24 unidades escritas por ambos lados, lo (sic) cual (sic) entrega a los señores peritos para el dictamen correspondiente. Las hojas no tienen control de inscripción a la (sic) camara (sic) de comercio...”. El interesado entregó una relación de ventas y un cuadro comparativo que, previa autenticación por parte del Secretario del Juzgado, fueron entregadas a los peritos para rendir la experticia. (fls. 28 a 33 y 44 a 162 cdno. 3).

Los peritos agrimensores identificaron el inmueble con los linderos correspondientes a la sección primera, los cuales se hallan consignados en la escritura pública 4625 del 22 de agosto de 1986, otorgada en la Notaría 12 del Círculo de Medellín, según la relación probatoria que ha realizado la Sala.

15. Dentro del proceso fueron recibidos los testimonios de los señores Erick May Corpus y Carlos Dawkins Pinzón. Manifestaron por una parte, que fueron empleados del Hotel Cove Bay International y por otra parte que las instalaciones fueron ocupadas por miembros de la Armada Nacional (fls. 36 a 38 y 41 a 42 cdno. 3).

iv) Apreciado el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión, dentro de lo razonable (CPC., art. 187), encuentra la Sala acreditado: Que el señor Alfonso Barker, protocolizó unas declaraciones extrajuicio relacionadas con la posesión de un lote de terreno ubicado en la isla de San Andrés, en el sector denominado “Cove” o “Sucky Bay” y solicitó la inscripción del documento público en el cual se consignaron en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de San Andrés, Isla.

Que dicho lote de terreno fue dividido en cinco secciones y, por consiguiente, se produjo la apertura de sendos folios de matrícula inmobiliaria, siendo asignados los números 450-00000037 a 450-00000041, de la sección primera a la sección quinta, respectivamente.

Que el señor Alfonso Barker celebró un contrato de compraventa respecto de las 5 secciones que comprenden el lote en mayor extensión, con el señor Fernando Renghi, el primero en calidad de vendedor y el segundo de comprador, no obstante, la inscripción del acto jurídico en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria se produjo en la sexta columna, destinada a la inscripción de los actos que sólo conllevan “falsa tradición”.

Que el señor Fernando Renghi solicitó permiso a la Dirección General Marítima y Porturaria para construir un “refugio turístico” en el sitio denominado “El COVE”, al sur de la Isla, en terrenos que, según la entidad administrativa hacen parte de la zona de bajamar.

Que mediante acto administrativo, proferido el día 11 de septiembre de 1971, la Dirección General Marítima y Portuaria, previa calificación y concepto favorable de personal idóneo en la materia, accedió a la solicitud del señor Renghi y, por ende, le otorgó permiso para construir el refugio turístico en los terrenos que hacen parte de la zona de bajamar, según la posición geográfica descrita en la parte resolutiva del acto administrativo de permiso, debiendo concluir los trabajos de la construcción proyectada en el término de un (1) año a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo y pasados veinte (20) años contados a partir de la misma fecha, el terreno junto con la construcción debían revertir al Estado colombiano.

Que según se logra inferir de la diligencia de inspección judicial practicada por el a quo a través del funcionario comisionado y de la experticia practicada dentro del proceso, el lote calificado como terreno de bajamar respecto del cual recayó la concesión otorgada por la Dirección General Marítima, previa solicitud del señor Fernando Renghi, corresponde al de la sección primera que hace parte del terreno en mayor extensión, es decir, guarda identidad con el lote identificado con el número de matrícula inmobiliaria 450-00000037 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés, Isla.

Que en el mes de mayo de 1973, el señor Fernando Renghi, celebró contrato de compraventa respecto de los 5 terrenos que comprenden el “COVE” con la sociedad Rengli Siggliari Ltda., y al igual que el anterior acto jurídico de compraventa, fue inscrito en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria en la columna correspondiente a “falsa tradición”.

Que, según se infiere de las anotaciones consignadas en los folios de matrícula inmobiliaria, la sociedad Rengli Siggliari Ltda., constituyó gravamen hipotecario sobre las cinco secciones que conforman el terreno, a favor de la Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda en el mes de abril de 1974 y, posteriormente, la misma sociedad constituyó dos ampliaciones al gravamen hipotecario e inscribió una hipoteca más, a favor de la sociedad Grancolombiana Corporación Financiera S.A.

Que en el mes de septiembre de 1978, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés decretó el embargo de los cinco lotes de terreno dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por la sociedad Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa S.A., al cual concurrió el restante acreedor hipotecario Grancolombiana Corporación Financiera S.A.

Que la medida cautelar fue inscrita en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

Que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés adjudicó por remate en pública subasta la totalidad del lote de terreno, compuesto por las 5 secciones, al señor Gabriel Restrepo Villegas, de manera que los gravámenes y las anotaciones de medidas cautelares que se hallaban inscritos en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria fueron canceladas.

Que el señor Gabriel Restrepo Villegas celebró contrato de compraventa con miras a enajenar el bien inmueble, incluidas las cinco secciones, con la sociedad Cano Builes Limitada., y este a su turno, constituyo una hipoteca abierta respecto de la totalidad del bien, a favor de la firma Inversiones Costa Azul & CIA SCS.

Que el acto jurídico de compraventa fue inscrito en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria de cada una de las 5 secciones que comprende el lote de terreno, en la sexta columna de los folios de matrícula inmobiliaria, que corresponden a la “falsa tradición”.

A juicio de la Sala, el presupuesto material de legitimación en la causa por activa de la sociedad Cano Builes Ltda., se halla acreditado dentro del proceso, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar porque, como quedó dicho, el terreno que fue objeto de concesión y que, según la Dirección General Marítima hace parte de la zona de bajamar, guarda identidad con el lote identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 450-00000037, el cual corresponde a la sección primera del terreno que en mayor extensión se halla ubicado en el sector denominado “Cove” al sur de San Andrés, Isla, cuyo derecho de dominio, según se puede inferir de la prueba recaudada, se obligó a transferirlo el señor Gabriel Restrepo Villegas a la sociedad Cano Builes Ltda., a través del contrato de compraventa celebrado entre las partes y que se halla contenido en la escritura pública 4625 del 22 de agosto de 1986, de tal suerte que la sociedad demandante acreditó la calidad aducida para comparecer al proceso y con ello la legitimación en la causa por activa en relación con las pretensiones de la demanda porque, sin duda, la decisión de la administración afecta el derecho o la tenencia que, según afirma la demanda, detenta la sociedad sobre el bien inmueble.

En segundo lugar y como consecuencia de la circunstancia anotada en precedencia, la sociedad demandante se hizo parte dentro de la actuación que culminó con la expedición de los actos administrativos cuestionados y, por consiguiente, quedó vinculada con las decisiones administrativas que ordenaron revertir el terreno y la construcción adherida al inmueble, respecto del cual, la sociedad demandante aduce detentar el derecho de dominio y la tenencia del mismo que fue interrumpida.

Asimismo, según se puede deducir de los actos cuestionados, la sociedad demandante concurrió a la actuación administrativa en condición de propietaria del establecimiento de comercio que funcionaba en el terreno y construcción cuya reversión se ordenó y por la misma razón la sociedad demandante recurrió en reposición la Resolución 001464 del 16 de noviembre de 1989, la cual fue confirmada mediante Resolución 000733 del 8 de junio de 1990.

Las anteriores razones resultan suficientes para revocar la decisión de primera instancia, en cuanto declaró probada la ausencia de legitimación en la causa por activa.

En consecuencia, la Sala, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil., analizará la excepción formulada por el demandado que denominó “Inepta demanda por falta de requisitos legales”.

Para fundamentar el medio exceptivo, la entidad demandada sostuvo que la sociedad demandante omitió acompañar “...la prueba de la petición elevada ante la Dirección General Marítima y Portuaria, que fue objeto, según se concluye de la Resolución 001464 del 16 de Noviembre de 1989, por lo que se contrarió lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo”.

Como surge a primera vista, la excepción formulada no está llamada a prosperar, en primer lugar porque la petición a la cual alude la entidad administrativa no constituye el sustrato de la demanda y por lo mismo la ausencia de la petición formulada ante la administración o del recurso interpuesto, carece de la virtualidad para hacerla sustantivamente inepta.

En últimas, tal circunstancia, de ser cierta, debió advertirse dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda, a través del único recurso procedente contra dicha providencia, porque tal requisito constituye un anexo de la demanda cuya ausencia resulta, en principio, un defecto exclusivamente formal que conlleva a la inadmisión para que sea corregida en el término dispuesto por la ley.

La Sala en párrafos anteriores planteó la noción de la demanda sustantivamente inepta y resulta evidente que dentro del contexto expuesto no se ubica la situación de hecho esbozada por la excepcionante.

En segundo lugar, las afirmaciones de la demandada son contrarias a la realidad procesal, pues debe tenerse en cuenta que los actos cuestionados son aquellos que dejaron sin valor y sin efecto la concesión otorgada al señor Fernando Renghi respecto del terreno que, según la administración pública, se encuentra en la zona de bajamar y en esa medida, la actuación que dio lugar a la expedición de los actos no pudo haberse generado por petición de la sociedad demandante y, desde luego, la interposición del recurso en vía gubernativa se produjo porque la sociedad consideró que la decisión afectaba sus intereses particulares.

Lo anterior significa que para acreditar la condición con la cual se presenta la sociedad demandante al proceso, dentro de lo razonable, no era procedente exigir la copia de la petición formulada ante la administración pública, no obstante, junto con la demanda la sociedad demandante allegó copia del escrito contentivo del recurso interpuesto contra la decisión contenida en la Resolución 001464 de 1989 la cual obra a folios 50 a 56 del cuaderno principal 1.

La excepción no prospera.

v. La demanda está orientada principalmente a obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 001464 del 16 de noviembre de 1.989 “Por la cual se declara sin valor y efecto la Resolución 181 de septiembre 11 de 1972” y 000733 del 8 de junio de 1990 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” contra la anterior resolución y consecuencialmente a obtener el restablecimiento del derecho, el cual, según la pretensión segunda de la demanda se concreta en cuanto “...se le restituya en su derecho a la sociedad Cano y Builes Limitada, quién (sic) en legal forma estaba en posesión de la concesión que mediante Resolución 181 del 11 de septiembre de 1972, le fue otorgado (sic) permiso al señor Fernando Renghi para la construcción de una terraza o refugio Turístico denominado El COVE al sur de la Isla de San Andrés....” Y finalmente a obtener la indemnización de los perjuicios que afirma irrogados la sociedad demandante.

Previo a resolver los cargos de nulidad formulados contra los actos administrativos, la Sala considera pertinente realizar algunas precisiones en torno al debate sustancial que se resuelve en esta instancia.

En primer lugar, surge de manera palmaria que la demanda contiene argumentos antagónicos que transgreden el elemental principio lógico de [no] contradicción, lo cual conlleva a que se haya alterado el ejercicio dialéctico y a que la controversia se haya planteado sobre supuestos que no son discutibles a través del presente proceso.

En efecto, como se puede observar, las resoluciones cuestionadas dejaron sin valor y sin efecto la concesión que había sido otorgada en el año 1972 a una persona natural sobre terrenos que según la calificación efectuada por la autoridad competente en la época hacían parte de la zona de bajamar.

La consecuencia de eliminar del universo jurídico los actos administrativos cuestionados, sería la de restablecer la vigencia y eficacia de la Resolución 181 del 11 de septiembre de 1972. Es decir, implicaría que la concesión otorgada al señor Fernando Renghi por la Dirección General Marítima y Portuaria continuara por el interregno que restaba hasta agotar sus efectos jurídicos por el paso del tiempo o lo que es lo mismo, que se extendiera hasta el vencimiento del plazo por el cual fue otorgada la concesión —veinte (20) años—, tal como lo dispuso el artículo 3º de la Resolución 181 de 1972, al cabo de los cuales se extinguiría, y la consecuencia práctica sería idéntica a la derivada de la revocación del acto administrativo de concesión, estos es, que la concesión terminaría y la construcción levantada sobre el suelo que constituye bien de uso público, revertiría al Estado colombiano.

Lo expuesto adquiere trascendencia si se tiene en cuenta que al pretender restablecer la concesión del suelo, la sociedad está admitiendo tácitamente que el terreno no es de propiedad privada y por oposición acepta que el bien es público de uso público, pues como se analizará más adelante, es a través de la concesión, las licencias o los permisos que el Estado puede entregar el uso y el goce de los bienes públicos de uso público que por su naturaleza son inalienables e intransferibles a cualquier título.

Pese a lo anterior, la sociedad demandante aduce detentar el derecho de dominio del terreno donde se encuentra la construcción cuya reversión fue ordenada a través de los actos administrativos cuestionados, de manera que los planteamientos generales son contrapuestos y la finalidad perseguida también lo es.

En efecto, por una parte, resulta elemental que no podría pretender la sociedad demandante que se le restablezca la concesión que le fue otorgada a una persona natural para el uso y goce de un terreno ubicado en zona de bajamar cuando a su vez está afirmando que es de propiedad privada y, por otra parte, la eliminación del acto administrativo que dejó sin efectos la concesión carece de la virtualidad para obtener la reivindicación del bien cuyo domino alega u obtener la restitución de la tenencia que finalmente es el efecto pretendido. Al desaparecer los actos cuestionados el único efecto que se produciría desde el punto de vista estrictamente jurídico es obtener el restablecimiento de la concesión por el tiempo faltante para que se extinguiera por la llegada del plazo, como se dijo anteriormente.

Dentro del anterior contexto, la Sala advierte que la controversia se halla desenfocada, pues en el presente proceso no es viable discutir la naturaleza y clasificación del bien, los modos de adquisición originarios o derivativos-, la justeza de los títulos o si el título era constitutivo o traslaticio de dominio, con miras a obtener la declaración de nulidad de los actos y restablecer la concesión que fue declarada sin valor y sin efecto, pues en primer lugar el objeto del proceso ordinario contencioso administrativo no comprende la determinación de la propiedad inmueble y en segundo lugar la aducción de tales fundamentos en nada contribuyen a que la concesión otorgada sobre un bien público se restablezca.

No obstante, la Sala realizará un breve análisis en relación con la naturaleza del bien y con las situaciones jurídicas que se presentaron en relación con el mismo para efectos de dirimir la diferencia suscitada.

La invocación del derecho de dominio que según la sociedad demandante detenta sobre el bien inmueble tendría como finalidad principal obtener la reivindicación del bien en cuanto se haya despojado de la posesión material del mismo, de tal suerte que si la intención de la sociedad demandante era obtener la protección del derecho real que a su juicio detenta, como se deduce del contexto que informa los hechos 8, 9 y 10 de la demanda, no era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la que debió promover, sino la acción real que emana del derecho de la misma clase que arguye la sociedad demandante en relación con la cosa, tal como lo dispone el artículo 665 del Código Civil, en armonía con el artículo 946 ibídem. Más adelante la Sala volverá sobre el punto.

Los extremos definidos constituyen la base para resolver la controversia sometida a consideración de la Sala.

La noción jurídica que sobre los bienes acoge el ordenamiento civil, comprende la categoría de las cosas corporales e incorporales, la cual constituye la clasificación más amplia a este respecto, según se deduce del contenido del artículo 653 del Código Civil, de manera que desde el plano estrictamente positivo, los vocablos —cosas y bienes— son asimilables, aun cuando doctrinariamente se ha hecho la distinción entre estos dos conceptos referida a que la acepción “bien” alude a la utilidad de la cosa en relación con el sujeto, en tanto, la cosa es un ente objetivo, un objeto del conocimiento, lo cual significa que mientras un derecho puede coexistir sobre la misma cosa, la utilidad en relación con el sujeto puede ser diversa, como el usufructo y la hipoteca que se constituyen en relación con la misma cosa(11). Al margen de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico equipara los términos bienes y cosas.

Sin entrar en detalle sobre las distintas clasificaciones de los bienes, pues no es del caso hacerlo para dirimir la controversia, resulta imprescindible hacer una breve referencia a la clasificación de las cosas públicas y las cosas privadas.

Dentro de las distintas clasificaciones posibles sobre las cosas, una de las que mayor importancia reviste es la referente a la cosa pública —res publicae— y la cosa privada. La primera es aquella “...cuyo dominio pertenece a la República...”, conforme lo prevé el artículo 674 del Código Civil y la segunda, por oposición, aquella cuyo dominio no pertenece al Estado.

Desde luego, las cosas cuyo dominio pertenece al Estado, pueden ser corporales e incorporales, muebles e inmuebles, al igual que sucede con las cosas que son de dominio privado.

El Código Civil Colombiano en el título tercero del libro segundo hace referencia en forma tangencial a los bienes públicos denominándolos “bienes de la unión” y los clasifica en bienes de uso público y bienes fiscales, según lo prevé el artículo 674 ibídem, señalando que los primeros son aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la República y los segundos aquellos cuyo dominio pertenece al Estado pero su uso no pertenece a todos los habitantes de la República, de manera que se trata de bienes públicos de uso privado cuyo derecho de dominio recae en cabeza del Estado, por lo mismo, su utilización es similar a la de los bienes de los particulares.

El inciso segundo del artículo 674 del Código Civil, enuncia algunos de los bienes públicos que pertenecen a la categoría de uso público y a tal efecto señala que las calles, plazas, puentes y caminos, hacen parte de esta clasificación, sin embargo, al armonizar la disposición con la contenida en el artículo 676 ibídem(12), se puede deducir que los criterios para calificar el bien de uso público, exclusivamente dentro de la enunciación prevista por el Código Civil son: en primer lugar, que el dominio del terreno sea del Estado, en segundo lugar, que la construcción, cuando haya lugar a ella, se levante o se encuentre en terrenos que pertenecen a una entidad de derecho público(13) y finalmente que el uso y goce pertenezca a todos los habitantes del territorio.

Es de anotar, que el Código Civil sólo contempla una muy reducida clasificación, características y desarrollo del régimen que gobierna los bienes públicos, fundamentalmente por dos razones: la primera porque el Código Civil se ocupa de las relaciones de orden privado, de tal suerte que desde el punto de vista estrictamente técnico, el régimen de los bienes públicos no debe estar contenido en el ordenamiento civil, en la medida en que dicha materia hace parte del derecho público y, en segundo lugar, la referencia tangencial se debe a que el texto del Código Civil Colombiano, a diferencia del Código Civil Chileno(14), no incluyó dentro de la codificación los bienes de uso público marítimos, como son los mares adyacentes al territorio y las playas marítimas, porque el primer Estado de la confederación granadina que adoptó el Código Civil de don Andrés Bello, con algunas modificaciones y supresiones en su articulado fue el de Santander en el año 1858(15) y su territorio no tenía límites marítimos.

Resulta importante precisar que el artículo 677 del Código Civil Colombiano, dispone que “...Los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la unión, de uso público...”, a excepción de las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, las cuales pertenecen a los dueños de las riberas, de manera que a más de los bienes de uso público terrestre, es decir, los enunciados en el artículo 674 ibídem, la normatividad civil contempla los bienes de uso público hídricos.

No obstante, los anteriores enunciados no agotan las distintas clases de bienes públicos que han sido denominados genéricamente por la doctrina bienes demaniales(16), también denominados dominiales(17). Además de la enunciación sucinta contenida en la legislación civil, hacen parte de los bienes públicos, los de uso marítimo, los de bienes que hacen parte del segmento aéreo, la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético, los llamados bienes ejidos, el demanio militar que en algunas ocasiones se ubica en la categoría de bienes fiscales, las carreteras, los ferrocarriles, el demanio aeronáutico, el demanio cultural —artístico y arqueológico—, etc.(18).

La noción de bienes demaniales(19), sugiere la idea de “domino eminente del Estado”(20), es decir, de que el Estado, como comunidad políticamente organizada, ejerce la propiedad sobre este tipo de bienes con base en el dominio que tiene sobre el territorio nacional, no obstante, los atributos de la propiedad particular —uso, goce y disposición—, no se predican del dominio o demanio público, cuando se trata de bienes de uso público, por el contrario, sobre este tipo de bienes el dominio que se ejerce se traduce en una protección especial o supervigilancia y guarda(21) y el hecho de deslindarlos de los atributos de la propiedad privada implica, por oposición, que se hallen sometidos a un régimen jurídico de inalienabilidad, a términos del artículo 208 del Código de Régimen Político y Municipal(22), por consiguiente de imprescriptibilidad, a términos del artículo 2519 del Código Civil(23), de suerte que sobre tales bienes no procede juicio de pertenencia conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil., además, son inembargables al tenor de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil(24).

A lo anterior se agrega que el artículo 679 del Código Civil, preceptúa que “Nadie podrá construir, sino con permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares propiedad de la unión...”, disposición que debe ser armonizada con la contenida en el artículo 682 ibídem que dispone:

“Sobre las obras que con permiso de autoridad competente se construyan en sitios de propiedad de la unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.

“Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se ha concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la unión, o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por la unión”. (Destacados fuera del texto).

A este respecto debe hacerse la necesaria distinción entre el uso y goce de los bienes públicos de uso público y el de los bienes públicos fiscales. Pese a que las disposiciones transcritas hacen alusión a las dos clases de bienes públicos, el tratamiento que reciben unos y otros son distintos. No se hará referencia a los bienes fiscales, ni a sus características ni tratamiento jurídico, pues no es del caso analizar tales aspectos para resolver el presente litigio, pero resulta imprescindible hacer una breve referencia al tratamiento de los bienes públicos de uso público.

Según se deduce de las disposiciones transcritas, el uso y goce de los bienes públicos de uso público puede ser restringido con carácter relativamente precario, en beneficio de los particulares, incluso pueden, con permiso de la autoridad competente levantar construcciones sobre el suelo público, sin embargo, dicha restricción no permite que por circunstancia alguna, los bienes públicos cuyo uso y goce se limitan, pasen al dominio de los particulares, lo cual se traduce en que en dichos eventos tan sólo se produce una mengua temporal de los caracteres que identifican los bienes de uso público, tales como el uso común, el carácter impersonal e ilimitado de los mismos, para que puedan ser utilizados por los particulares en las precisas condiciones señaladas por el ordenamiento jurídico y en virtud de los mecanismos dispuestos también por la ley, con carácter estrictamente temporal y relativamente precario bien sea a través de actos administrativos constitutivos —de permiso o de licencia— o mediante la concesión— como acto administrativo constitutivo o como contrato—, como se verá más adelante.

El carácter relativamente precario significa que, a pesar de ser un acto que tiene carácter transitorio y, como lo describe la doctrina “de simple tolerancia”(25) resulta, por lo mismo, revocable, sin embargo, la revocación sólo procede por las precisas causales establecidas por el orden jurídico, de lo contrario se permitiría que el Estado pudiera actuar arbitrariamente, desconociendo potencialmente los derechos personales de quien resulta beneficiario con la licencia, el permiso o la concesión.

Particularmente, del contenido del artículo 682 del Código Civil, se deduce que el carácter precario, específicamente de los permisos, se concreta al acaecer alguno de los supuestos previstos en la norma, ocurridos los cuales no surge derecho a indemnización a favor del particular que ostentaba el uso y goce del bien, pues la reversión de la construcción levantada y del suelo, opera por ministerio de la ley.

El contexto que ha sido expuesto permite deducir que los bienes públicos son aquellos que la Constitución o la ley define o reconoce como tal, bien sea como fiscales o de uso público y en contraposición, los demás bienes son de dominio privado, o susceptibles de ser de propiedad privada. Sin embargo, la doctrina foránea ha calificado el demanio en natural u originario y demanio legal(26), para significar que algunos bienes tienen carácter público por su intrínseca naturaleza, porque su especial condición impide que puedan ser del dominio privado, como sucede con el mar territorial, por vía de ejemplo, pese a lo cual deben ser definidos como tal por el ordenamiento positivo. Con el demanio legal se quiere significar que son bienes públicos aquellos que a pesar de ser susceptibles de dominio privado, pertenecen a la categoría de públicos porque así lo ha dispuesto el orden jurídico dentro del marco de la libertad de configuración del legislador.

Desde el año 1876, en virtud de la Ley 15 del 19 de abril(27), el Congreso de los Estados Unidos de Colombia autorizó al poder ejecutivo de la Unión para que pudiera conceder licencias para “levantar edificios sobre la baja mar de todos los puntos de la costa” con la precisión de que los solicitantes levantaran las construcciones con el mejor frente al mar, lo cual supone que el suelo era de propiedad de la Unión.

En el año 1971, el poder ejecutivo haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970, profirió el Decreto-Ley 2349(28) “Por el cual se crea la Dirección General Marítima y Portuaria y se dictan otras disposiciones” en cuyos artículos 87 y siguientes reguló lo atinente a la concesión para el uso y goce de los bienes públicos de uso público terrestres adyacentes al mar territorial o lo que es lo mismo bienes públicos marítimos. A tales efectos el artículo 88 introdujo las siguientes definiciones:

“ART. 88.—Para todos los efectos legales se entenderá por:

“1. Costa nacional: Una zona de dos (2) kilómetros de ancho, paralela a la línea de la más alta marea.

2. Playa marítima: Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea, hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente (usualmente límite efectivo de las olas de temporal).

“3. Bajamar: la máxima depresión de las aguas o altura mínima.

“4. Terrenos de Bajamar: Los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubierto cuando esta baja.

“5. Acantilado: el área localizada en la zona de costa adyacente al mar, desprovista de vegetación y con pendientes fluctuantes entre los 45º y 90º con altura variable”.

Para una mejor comprensión de lo que se entiende por terrenos de bajamar, el siguiente histograma puede servir de gran ayuda(29).

 

octubre 19.PNG

 

El artículo 91(30) del Decreto-Ley 2341 de 1971, dispuso que la Dirección General Marítima y Portuaria podría otorgar concesiones para el “uso y goce” de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar, e indicó los requisitos que debía cumplir el solicitante para tales efectos, y el procedimiento administrativo que se debía adelantar por parte de la capitanía del puerto.

Cabe destacar que el artículo 96(31) del mismo ordenamiento preceptuaba que en la providencia que otorgaba la concesión debía señalarse el plazo dentro del cual el solicitante debía adelantar la construcción y la destinación que se le iba a dar al suelo, de tal manera que el incumplimiento de una u otra de las exigencias generaban como consecuencia jurídica que la concesión quedara sin efecto, a términos del artículo 98 ibídem.

Además, el artículo 97 del Decreto-Ley 2349 de 1971, preceptuaba que al conceder el permiso sobre tales bienes, se exigiría a los interesados comprometerse a:

“1. Que al vencimiento del término por el cual se concede el permiso, revierten a la Nación las construcciones.

“2. Que las construcciones se sujeten a las condiciones de seguridad, higiene y estética que determinen los planos reguladores o las disposiciones de la Dirección General Marítima y Portuaria.

“3. A reconocer que el permiso no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre los terrenos ni limita en ningún caso el derecho a esta para levantar sus construcciones en cualquier sitio que considere conveniente.

4. A dar un fiador mancomunado y solidario cuya solvencia debe comprobarse de acuerdo con la ley, que garantice la observancia de las obligaciones contraídas, y el pago de una cláusula penal que debe señalarse para el caso de incumplimiento...”.

Dispuso, además, que el compromiso sería elevado a escritura pública debidamente registrada a costa de los interesados dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en la que quedara ejecutoriada la providencia de la concesión.

Precisamente, la concesión otorgada al señor Fernando Renghi, mediante la Resolución 181 de 1972, sobre el terreno cuyo derecho de propiedad alega la sociedad demandante, se produjo al amparo de la normatividad a que se ha hecho alusión, normatividad que fue derogada expresamente por el artículo 196 del Decreto-Ley 2324 de 1984(32), es decir, antes de que se dejara sin efectos la concesión otorgada.

A juicio de la Sala, si bien la normatividad en materia de concesiones, licencias y permisos de los bienes públicos de uso público contenida en el Decreto - Ley 2349 de 1971 y en el Decreto - Ley 2324 de 1984(33) guardan identidad en cuanto al procedimiento administrativo, requisitos exigidos para otorgar la concesión, compromisos por parte del solicitante y causales de revocación de la misma, lo cierto es que, stricto sensu, la norma aplicable al momento en que se dejó sin efectos la concesión otorgada a través de la Resolución 181 de 1971, es la del año 1984, como quiera que la consecuencia jurídica del incumplimiento de los compromisos se concretó en vigencia de dicho régimen y por ende, se produjo llamado efecto retrospectivo de la ley.

Por regla general, la ley no obliga sino después de su promulgación y su observancia principia 2 meses después de promulgada(34), salvo en los casos expresamente consagrados por el ordenamiento jurídico que, entre otras, se destaca el concerniente a que la misma ley señale el momento o el día desde el cual comienza a regir(35). Ese efecto general e inmediato de las leyes implica que la ley gobierna por regla general las situaciones que se presenten con posterioridad a su vigencia y no puede aplicarse, en principio, a las situaciones que se hayan consolidado con anterioridad, de esta manera se busca propender por la seguridad y la estabilidad en las relaciones jurídicas y por la confianza de los asociados en el ordenamiento que los regenta y, por consiguiente, la generalidad es que una ley no puede producir efectos sobre situaciones jurídicas pasadas que se han generado y se han consolidado bajo la égida de una ley anterior, esto se conoce como el principio de irretroactividad de la ley, cuya importancia radica en que los asociados regulan sus actuaciones conforme a las normas que rigen en un momento determinado, evitando así que permanezcan en constante zozobra respecto de los cambios normativos que se produzcan con posterioridad a la consolidación de las situaciones con relevancia jurídica. La jurisprudencia nacional ha señalado que con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas en la generalidad de los casos se prohíbe que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, “salvo circunstancias especiales que favorezcan tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente”(36).

Sin embargo, resulta importante resaltar que cuando la ley se aplica de manera inmediata no sólo regula las situaciones jurídicas que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia, como resulta natural, sino que puede regular las situaciones jurídicas que aún cuando nacen en vigencia de la ley anterior, las consecuencias jurídicas se consolidan en vigencia de la nueva ley, esto es lo que se denomina el efecto retrospectivo de la ley(37) que stricto sensu, constituye una variable de la aplicación inmediata de la ley; surge así de manera palmaria la diferencia con el efecto retroactivo que se presenta cuando la ley nueva surte efectos frente a situaciones consolidadas antes de su vigencia y por esa misma razón debe tener, en principio, expresa consagración en la ley, aun cuando la jurisprudencia atendiendo criterios doctrinarios ha señalado que el principio de irretroactividad no es absoluto y a tal efecto ha formulado dos excepciones constituidas por las leyes interpretativas, por cuanto se entienden incorporadas a la ley que interpretan(38) y las leyes de orden público cuyo carácter de norma imperativa implica que se deban aplicar de manera inmediata para efectos de hacer prevalecer el interés general sobre el particular o privado(39).

En las anteriores condiciones, la norma aplicable en cuanto a las causales para dejar sin valor la concesión de los bienes de uso público es la contenida en el Decreto - Ley 2324 de 1984.

De las disposiciones contenidas en los decretos leyes - 2349 de 1971 y 2324 de 1984, se puede deducir que la normatividad denomina de forma indistinta las licencias, los permisos y las concesiones sobre los bienes de uso público, aunque se pueden identificar fácilmente las características principales que lo informan.

En virtud de la concesión se permite el uso y goce del bien de uso público, con carácter exclusivo a favor de un particular, por un tiempo limitado; particularmente en el caso de la normatividad analizada, la concesión recae en relación con bienes que hacen parte del denominado por la doctrina foránea demanio natural(40), de tal suerte que por causa de los fenómenos naturales el suelo puede mutar, por ejemplo, en el caso de los terrenos de bajamar la máxima marea o la más baja marea puede variar, quedando excluidos o incluidos eventualmente, algunos terrenos que antes no lo eran por definición, circunstancia que en todo caso debe ser constatada por la autoridad competente. Por otra parte, la concesión se confiere en relación con el suelo, de manera que, contrario a lo que argumenta la sociedad demandante, no sólo se otorga para efectos de construir, es decir, no es propiamente una licencia de construcción lo que se otorga, como parece entenderlo, sino que fundamentalmente se otorga la concesión para la utilización del suelo, por la misma razón está sujeta a una temporalidad. Aceptar la argumentación esbozada por la demandante en torno a que la concesión se otorga exclusivamente para efecto de levantar construcciones sobre el suelo, implicaría aceptar que los bienes de uso público pueden ser transferibles.

Por otra parte, las causales que la normatividad contempla para “dejar sin efectos” la concesión, verdaderamente constituyen causales para revocar directamente el acto administrativo de concesión sin que medie consentimiento del particular, con fundamento en el incumplimiento de las obligaciones del concesionario, no obstante, tales causales no son las únicas que extinguen la concesión.

En efecto, el fenecimiento del plazo de la concesión, como se dijo, tiene un efecto bilateral, en la medida en que, por una parte, es extintivo, por cuanto a la llegada del plazo termina la concesión y por otra parte, surge la obligación del concesionario de revertir al Estado el terreno junto con la construcción levantada, sin lugar a indemnización alguna; en este caso se presentaría la extinción de la obligación por el vencimiento del plazo.

Otra de las causales que dan lugar a la extinción de la concesión es la muerte del concesionario, causal que si bien no está contemplada de forma expresa por el ordenamiento jurídico, se deduce de la naturaleza de la institución y del contexto que informan las normas y de la clase de derecho que ostenta el concesionario.

En efecto, de manera general las obligaciones se extinguen por los modos dispuestos por el artículo 1625 del Código Civil, pero a esos modos se debe añadir algunos particulares para ciertas obligaciones, dentro de los cuales están la muerte, cuando la obligación es intutitu personae, o personalísimas, las cuales, valga decirlo, son aquellas que se contraen en consideración a la persona del deudor, de tal suerte que los efectos de la relación obligacional no se transmiten a los sucesores cuando fallece el deudor.

Precisamente la concesión, licencia o permiso de los bienes de uso público, se otorgaba, de acuerdo con la normatividad vigente para la época, en razón a la calidad de la persona que la solicitaba, entre otras razones porque dada la naturaleza de la figura, el uso y goce del bien de uso público, que es en últimas el sustrato de este tipo de concesión, era del resorte exclusivo del beneficiario de la misma y no de otra persona, lo contrario implicaría que con el permiso se otorgara un derecho subjetivo perfecto y absoluto en relación con el bien de uso público a favor del beneficiario, es decir, que pudiera ser oponible a todo el mundo, como sucede con la propiedad, y tal noción, como se ha venido diciendo, es contrapuesta a la que informa este derecho de crédito o personal.

Por otra parte, las obligaciones principales que emanaban de la concesión para el beneficiario de la misma, sólo podían ser satisfechas por este, en la medida en que la construcción proyectada debía ser ejecutada en la forma propuesta por el solicitante, la destinación del suelo sólo podía ser satisfecha por el beneficiario y en últimas, la concesión era otorgada a una persona determinada por sus particulares condiciones, a juicio de la autoridad competente, de tal suerte que la muerte del beneficiario de la concesión constituye una de la causales de terminación de la concesión, licencia o permiso sobre el bien de usos público que, a juicio de la Sala, opera “ipso iure”.

Las anteriores precisiones serán las que orienten la definición de los cargos de nulidad formulados contra los actos administrativos demandados.

vi) Los cargos de nulidad.

A. Falsa motivación.

Sostuvo el demandante que la administración se encuentra en la obligación de motivar sus decisiones de manera “...seria, verdadera, real y suficiente...”, no sobre la base de supuestos inexistentes o que no se hallan consagrados en el ordenamiento jurídico. De conformidad con lo previsto por el Decreto 01 de 1984 los actos administrativos deben contener las razones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión para efectos de garantizar el principio de legalidad y el derecho de defensa de los ciudadanos. Consideró que la Resolución 001464 del 16 de noviembre de 1989, proferida por la dirección General Marítima y Portuaria contradice las disposiciones contenidas en el numeral 5º del artículo 176 del Decreto-Ley 2324 de 1984, en cuanto la norma dispone:

“Causales de invalidez.- Las concesiones para construir quedarán sin ningún valor, en los siguientes casos: (...) 5. Cuando las razones o circunstancias que originaron la concesión se han modificado considerablemente”.

Adujo que la norma prevé que se dejará sin valor la concesión cuando se trate de construir, o lo que es lo mismo, cuando se está iniciando el trámite del permiso o la obra misma, por consiguiente, no es aplicable la disposición cuando las obras se hallen ejecutadas, como sucede en el asunto sub lite, pues la construcción fue levantada 18 años antes, aproximadamente, a la fecha en la cual fueron proferidos los actos administrativos.

A juicio de la Sala el cargo no tienen vocación de prosperidad, pues como quedó suficiente explicado líneas atrás, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 98 del Decreto 2349 de 1971 y el numeral 2º, del artículo 176 del Decreto 2324 de 1984, la falta de construcción de la obras proyectadas en el terreno de bajamar en el término dispuesto por la autoridad competente en el acto administrativo de concesión, da lugar a que la misma quede sin efectos. Tal circunstancia, constituye técnicamente una de las causales especiales de revocación del acto administrativo de permiso, determinado por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del beneficiario de la concesión, como se expuso líneas atrás. No obstante, existe otro término, denominado plazo de la concesión, cuya llegada, por su naturaleza extintiva, tiene la virtualidad de finalizar la concesión otorgada, dando lugar a que el bien de uso público junto con la construcción levantada en él, revierta a favor del Estado —ipso iure—, sin indemnización alguna.

A juicio de la Sala, el cargo de nulidad, en los precisos términos en los cuales se encuentra concebido, distorsiona por completo la esencia de la concesión.

Reitera la Sala que la licencia o concesión sobre los bienes de uso público marítimos comprende, por una parte, el uso y goce del respectivo bien y, por otra parte, el permiso para edificar sobre el terreno ubicado en la zona de bajamar, conforme a lo dispuesto por el artículo 679 del Código Civil y, por lo mismo, la normatividad especial contempla un término para levantar la construcción proyectada y otro como término límite para el uso y goce del bien.

El primero de los términos es susceptible de incumplimiento y, en tal evento, da lugar a que la administración revoque unilateralmente el acto de concesión por la misma causa, es decir, por el apartamiento de las obligaciones a cargo del concesionario. Por el contrario, el segundo de los términos no es susceptible de incumplimiento; sencillamente su llegada extingue la concesión de manera regular, como consecuencia del derecho precario que se genera para el uso y goce del bien de uso público a favor de determina persona.

El planteamiento expuesto por la sociedad demandante desconoce el contenido esencial o sustrato de este tipo de concesión, pues en su entender, la concesión constituye propiamente una licencia de construcción que sólo puede quedar sin efectos, potencialmente, cuando se está adelantando la construcción y no después de finiquitada, lo cual no consulta las normas que han sido indicadas.

El cargo no prospera.

B. Sostuvo que el acto administrativo contenido en la Resolución 001464 de 1989 se encuentra viciado de falsa motivación, pues se afirma que el señor Fernando Renghi beneficiario de la concesión, falleció, no obstante dentro de la actuación no obra el “certificado” de defunción pertinente y la muerte de las personas debe probarse con dicho documento que debe expedir el notario del último domicilio del fallecido, conforme lo disponen los artículos 73 y siguientes del Decreto Ley 1260 de 1970 “o mediante declaración de ausencia o muerte presuntiva”.

Lo anterior se traduce en que la Dirección General Marítima y Portuaria fundamentó el acto en un hecho del cual no tiene certeza y, por consiguiente, se halla falsamente motivado.

Como surge a primera vista, la sociedad demandante carece del interés jurídico para alegar la existencia del derecho personal, radicado en cabeza del señor Fernando Renghi.

Asimismo, a juicio de la Sala el argumento es completamente antagónico con la posición que asumió la sociedad demandante dentro del proceso, al oponer el derecho de propiedad respecto del bien inmueble.

En efecto, la única persona que podría alegar que aún no ha fallecido el señor Fernando Renghi, para efectos de impedir la terminación de la concesión otorgada sobre el bien público de uso público, es exclusivamente el mencionado señor, pues a través de la Resolución 181 de 1972, se generó el derecho precario a favor de este sobre el terreno ubicado en la bajamar.

No resulta lógico que la sociedad demandante alegue la falta del documento idóneo que acredite la muerte del señor Fernando Renghi dentro de la actuación administración adelantada por la Dirección General Marítima y Portuaria que puso fin a la concesión otorgada a esta persona, para efectos de obtener la declaración de nulidad de los actos definitivos dentro de dicha actuación, pues de no haber ocurrido la muerte, ello sólo tendría por efecto que la concesión se extendiera a favor del beneficiario de la misma, pero carecería de la virtualidad para conceder un derecho que jamás ha obtenido la sociedad demandante para el uso y goce del terreno de bajamar.

Dentro del anterior contexto, se puede concluir que el único que podría oponerse a la afirmación consignada el acto administrativo a través del cual se revoca la concesión otorgada, en cuanto a la muerte del beneficiario de la concesión, es el propio señor Fernando Renghi —beneficiario de la concesión—, y no la sociedad demandante.

El cargo no prospera.

C. Adujo que la resolución se encuentra falsamente motivada, por cuanto para dejar sin efecto la concesión la Dirección General Marítima y Portuaria indicó que el “permiso otorgado” tenía carácter estrictamente personal. Sin embargo, en la Resolución 181 del 11 de septiembre de 1972 no se indicó que el permiso se concediera exclusivamente al solicitante, es decir, no se prohibió al beneficiario disponer de la concesión, además, no existe norma alguna dentro del Decreto-Ley 2324 del 18 de septiembre de 1984 concerniente a que el bien revierta al Estado cuando la concesión la estuviera disfrutando persona distinta al solicitante. En suma, no existe disposición legal que señale el carácter estrictamente personal del permiso o de la concesión.

Por otra parte, sostuvo que la Dirección General Marítima “...no desconocía que la sociedad Cano Builes Limitada, había adquirido en forma legal el inmueble del cual hace parte la Terraza o Refugio Turístico El COVE...”, además tenía conocimiento de que la firma estaba explotando el terreno, pues incluso el día 11 de abril de 1989, el señor Director General Marítimo y Portuario de la época, otorgó permiso a la sociedad para reconstruir el inmueble, debido a los daños que sufrió al paso del huracán Joe.

La Sala considera que el cargo formulado no está llamado a prosperar por las siguientes razones:

En primer lugar, como se dijo en forma precedente, la concesión sobre los bienes públicos de uso público marítimos tiene carácter “intuitu personae” pues es en consideración a las particulares condiciones que reúne la persona solicitante a quien la administración pública otorga la concesión para el uso y goce del terreno ubicado en la bajamar y concede la licencia para adelantar obras de construcción sobre el mismo, lo cual implica, en principio, que la concesión no es transmisible.

Si bien la normatividad no señala de manera expresa que la concesión tiene carácter estrictamente personal, la naturaleza de la institución y del derecho precario que se origina a favor del beneficiario de la misma, determinan tal característica, como quedó analizado en precedencia.

No obstante, el carácter intuitu personae que reviste la concesión no impediría hipotéticamente que, en principio, la misma fuera objeto de cesión, en todo caso, con la aquiescencia del acreedor, es decir, de la entidad pública o autoridad encargada de otorgar la concesión, pues resulta contrario a toda lógica que pueda imponerse a la administración, por parte del solicitante primigenio quien resulta ser, en últimas, el beneficiario de la concesión, a mantener la relación obligatoria con persona distinta a quien la contrajo.

Pese a lo anterior, el ordenamiento jurídico contenido en el Decreto 2324 de 1984, vigente para la fecha de expedición de los actos administrativos cuestionados, no contempla la posibilidad de ceder la concesión otorgada sobre los bienes de uso público y por la misma razón, la administración pública no podría autorizarla, porque la actuación de las autoridades se regía en vigencia de la antigua Constitución de 1886(41) y se rige en vigencia de la actual Constitución Política de 1991(42), por el principio de legalidad —piedra angular del Estado de derecho—, en virtud del cual las autoridades son responsables por la infracción de la Constitución y las leyes —sea por extralimitación o por defecto— y desplegar una actuación de ese talante implicaba extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior significa que la única forma viable de obtener la concesión del terreno ubicado en la zona de bajamar era formulando la solicitud ante la autoridad competente, en los términos dispuestos por el ordenamiento jurídico, una vez el beneficiario inicial hubiera revertido al Estado el bien de uso público marítimo junto con las obras en él levantadas.

Sin embargo y aún admitiendo en gracia de discusión que la cesión de la concesión resultara jurídicamente viable, la sociedad demandante no desplegó ninguna actuación en tal sentido, de manera que la afirmación contenida en la demanda en relación con la posibilidad de transferir la concesión por parte del beneficiario inicial, se torna completamente inocua para obtener la prosperidad del cargo de nulidad.

Por otra parte, es de anotar que al fundamentar el cargo la sociedad demandante incurre nuevamente en una imprecisión que descontextualiza las razones planteadas para obtener la nulidad de los actos administrativos demandados, infringiendo una vez más, el principio de no contradicción.

En efecto, por una parte la sociedad demandante sostiene que “...al leer la Resolución 181 del 11 de septiembre de 1972, no se tiene establecido que el permiso sea única y exclusivamente al (sic) solicitante, es decir no se le impuso a él en momento alguno la prohibición de disponer de ella durante el tiempo de goce de la misma....”, lo cual supone que la parte actora admite que el uso y goce del terreno estaba dado por “el permiso” o la concesión que, en su entender, era transmisible mediante acto jurídico “inter vivos”. No obstante, por otra parte, la sociedad demandante alega que el bien fue adquirido “en legal forma” por Cano y Builes Limitada., de tal suerte que los argumentos esbozados son antagónicos o contrapuestos entre sí, en la medida en que si el demandante considera que el bien inmueble es de dominio privado, no existe razón alguna para afirmar que la concesión o la licencia es transmisible por acto entre vivos, porque tal afirmación tendría como finalidad exclusiva obtener la reanudación de la concesión que se extinguió por la muerte del beneficiario de la misma y que se dejó “sin efectos” mediante los actos administrativos cuestionados y tal derecho pertenece a la categoría de los derechos crediticios o personales de carácter precario.

Es decir, no podría la sociedad demandante, dentro de un contexto lógico estructurado argüir la existencia de un derecho de crédito y simultáneamente la de un derecho real absoluto en relación con el bien inmueble, pues el primero está orientado a obtener el uso y goce del bien inmueble y el segundo entraña los atributos de uso, goce y disposición de la cosa, de tal manera que si la sociedad ostenta el derecho de dominio sobre el terreno, no existe razón válida para pretender de manera temporal la autorización para el uso y goce del bien, a través del resurgimiento de la concesión, deprecando la nulidad de los actos que la dejaron sin efectos.

La única razón que resultaría coherente con el planteamiento sería que la licencia o la concesión se otorgara, no para obtener el uso y goce del bien, sino exclusivamente para autorizar la construcción de las obras sobre un terreno adyacente al mar, sin embargo, se ha venido diciendo que la concesión sobre los bienes de uso público marítimos comprende no sólo el derecho al uso y al goce del terreno ubicado en la bajamar sino la autorización para levantar edificaciones sobre los mismos, de manera que, a juicio de la Sala, el planteamiento esbozado por la parte actora no es de recibo porque la noción que expresa respecto de la concesión de este tipo de bienes de uso público, no se compadece con lo dispuesto por la normatividad contenida en los decretos- leyes 2349 de 1971 y 2324 de 1984, como se expuso líneas atrás.

El cargo no prospera.

D. A juicio del demandante al hallarse falsamente motivada la Resolución 001464 del 16 de noviembre de 1989, también se halla viciada de nulidad la Resolución 000733 del 6 de junio de 1990 [que resolvió el recurso de reposición], por sustracción de materia.

Como surge a primera vista, el supuesto esbozado no constituye propiamente un cargo de nulidad contra los actos administrativos cuestionados; simplemente expone la consecuencia jurídica de la declaración de nulidad del acto primigenio, la cual constituye una pretensión consecuencial de orden declarativo.

Los cargos contenidos en los literales “e”, “f, “g” y “h” del acápite denominado “concepto de violaciones” del escrito de demanda, se resolverán de manera conjunta, pues guardan relación entre sí.

E. A juicio de la sociedad demandante la actuación de la entidad demandada transgrede el “artículo 16” de la Constitución Nacional (de 1886), según el cual las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los residentes de Colombia y lo cierto es que con los actos cuestionados se está impidiendo a la sociedad demandante ejercer el derecho de dominio sobre el inmueble de su propiedad, imposibilitando ejercer las actividades de comercio sobre dicho inmueble.

F. Las resoluciones acusadas transgreden el artículo 17 de la Constitución Nacional (de 1886), por cuanto impiden ejercer el derecho al trabajo, impidiendo explotar económicamente el bien de cualquier forma por la ocupación de los militares que custodian el inmueble.

G. Asimismo vulneran el artículo 26 de la Constitución Nacional (de 1886), por cuanto “... no se han expedido conforme a la leyes preexistentes...”, por el contrario, fueron proferidas, según se afirma, desconociendo las formas propias de cada juicio, en la medida en que las normas invocadas como fundamento jurídico de la decisión “...no contienen en parte alguna la obligatoriedad expresa de ser las concesiones y permisos...” actos que sólo otorgan a favor de una persona exclusivamente.

H. Los actos acusados son contrarios al artículo 30 de la Constitución Nacional (de 1886), debido a que desconocen el derecho de propiedad que detenta la sociedad demandante sobre el inmueble y, a la postre, impide que pueda ejercer los actos que los atributos de la propiedad demandan.

I. Desconoce la entidad demandada que el bien inmueble fue adquirido con justo título, al punto que uno de los tradentes fue el Estado Colombiano, al adjudicarlo en un remate judicial, situación que se traduce en que la propiedad estaba saneada.

A juicio de la Sala ninguno de los cargos formulado está llamado a prosperar por las razones que a continuación se exponen:

— En primer lugar, resulta evidente que la circunstancia de considerarse afectada por la decisión administrativa, no conduce indefectiblemente a la vulneración de los derechos constitucionales.

En efecto, no son los actos administrativos cuestionados los que han impedido que la sociedad demandante pueda ejercer el derecho de dominio sobre el bien inmueble. De hecho, como se ha venido diciendo a lo largo de esta providencia, aún cuando los actos administrativos atacados desaparecieran del orden jurídico, la situación jurídica en relación con el bien inmueble sería idéntica, pues tales resoluciones lo único que hicieron fue “dejar sin efecto” la concesión otorgada al señor Fernando Renghi a través de la Resolución 181 de 1971, en relación con un terreno que, según la calificación realizada en la época se hallaba en la zona de bajamar, de manera que cualquier cuestionamiento en torno a los actos debe estar relacionado con derechos de crédito o personales, mas no con derechos reales.

Si la finalidad de la sociedad demandante es recuperar el dominio del bien que, según su afirmación, es de propiedad privada, no es a través de la declaración de nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 001464 del 16 de noviembre de 1989 y 000733 del 6 de junio de 1990, proferidas por la Dimar, que puede recuperar la posesión sobre el bien inmueble. A tal efecto, deberá ejercitar las acciones reales que confiere el ordenamiento jurídico para recuperar la posesión de la cual ha sido despojada, a su juicio, de manera arbitraria, pues sólo así podrá solicitar con eficacia la protección del derecho de propiedad que, según afirma, ha sido vulnerado.

— Dentro del anterior contexto surge de manera palmaria que no puede estructurarse una potencial vulneración del derecho al trabajo consagrado en el artículo 44 de la Constitución de 1886(43), sobre la base de que la sociedad comercial Cano y Builes Ltda., no ha podido continuar explotando económicamente el bien inmueble en el cual funcionaba la “Terraza Turística” o “Refugio El Cove”; la noción del derecho al trabajo dista ostensiblemente del planteamiento consignado por la parte actora.

En efecto, el derecho al trabajo como postulado general y sin ahondar en los diferentes problemas relacionados con el mismo (como el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, remuneración que guarde simetría con la fuerza de trabajo empleada, periodicidad de descansos, etc.)., es una condición de existencia del hombre que tiene como finalidad satisfacer las necesidades para lograr su subsistencia, de allí que el trabajo se considere como fuente primordial de la propiedad(44) y no la propiedad como fuente primordial de trabajo, como parece entenderlo la parte actora.

Sin más razonamientos, concluye la Sala que, en primer lugar, las sociedades comerciales no son personas que puedan argüir la vulneración del derecho al trabajo como derecho subjetivo del cual sean titulares y por lo mismo el cargo está condenado al fracaso.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos cuestionados no restringen el ejercicio de la actividad económica de la sociedad comercial, sencillamente porque bien podría haberla desarrollado en un lugar distinto al terreno de bajamar. Los actos administrativos ordenaron revertir una franja de terreno que hacía o hace parte de la zona de bajamar, de tipo acantilado, calificado así mediante experticia, la cual años antes había sido otorgada en concesión al señor Fernando Renghi, de manera temporal, es decir, con la obligación de retornarla junto con las construcciones levantadas en el mismo, de manera que no podría la sociedad demandante alegar la vulneración de derecho alguno, bajo la aducción de un derecho precario que, además, no ostentaba legalmente.

— Por otra parte, la censura atinente a que “...las normas invocadas [en los actos administrativos cuestionados] no contienen en parte alguna la obligatoriedad expresa de ser (sic) las concesiones y permisos otorgados única y exclusivamente a una sola persona...” fue analizada por la Sala en párrafos anteriores, de manera que se reitera en lo pertinente lo consignado a lo largo de esta providencia.

— Finalmente, la sociedad demandante arguye que las resoluciones demandadas vulneran el derecho de propiedad que detenta sobre el bien inmueble, el cual fue adquirido “con justo título”, más aún cuando en una oportunidad “...el mismo Estado por intermedio de un juez de la República, así lo dispuso en sentencia de remate, al adjudicarle esa misma propiedad a un particular sin limitación alguna, pues no existía ni estaba registrada...”.

Reitera la Sala que los actos cuestionados no son los que afectan el derecho de propiedad que alega la sociedad demandante.

Debe tenerse en cuenta que los actos administrativos simplemente dejaron sin efectos la concesión otorgada sobre bien de uso público adyacente al mar, de manera que al retirarlos del ordenamiento jurídico, no conseguiría la demandante la protección del derecho real absoluto a la propiedad privada, sino que conseguiría sencillamente que la concesión otorgada al señor Fernando Renghi cobrara vigencia nuevamente hasta que feneciera el plazo pactado para el uso y goce del bien de uso público —plazo extintivo por naturaleza—, es decir, hasta que se extinguiera la concesión por el paso del tiempo.

Lo anterior significa que no han sido los actos administrativos demandados los que han calificado el inmueble como bien de uso público y, por lo mismo, no es a través de tales actos jurídicos que puede estar siendo vulnerado potencialmente el derecho a la propiedad privada que alega la sociedad demandante en relación con el lote de terreno.

Sin embargo, no puede dejar de la llamar la atención de la Sala, la extraña forma como se produjo la apertura del folio de matrícula inmobiliaria del bien inmueble en mayor extensión y sendos folios para cada uno de los lotes segregados y la forma como se llevaron a cabo las distintas operaciones jurídicas en relación con el bien inmueble, algunas de ellas, con el objeto de transferir la propiedad del mismo y otras a través de las cuales lograron constituir garantías reales sobre el bien, que permitieron incluso, el decreto de una medida cautelar de embargo, que se materializara el secuestro, se avaluara, se rematara en pública subasta y finalmente se adjudicara al rematante por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Andrés.

Asimismo, llama la atención por qué todas las anotaciones atinentes a la disposición del derecho de dominio fueron inscritas en la sexta columna del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a la falsa tradición, incluso, en dicha columna fue inscrito el auto aprobatorio de la diligencia de remate y las demás operaciones jurídicas que se realizaron con posterioridad con la finalidad de transferir el derecho de dominio del bien.

Resulta importante destacar lo dicho al inicio de las consideraciones de esta providencia en torno a que el presente proceso ordinario contencioso administrativo no es la vía idónea para disputar la naturaleza o la propiedad del bien, la validez de los actos jurídicos a través de los cuales se contrajo la obligación de transferir el derecho de domino de la cosa o de la venta realizada por autoridad de la justicia o la vía idónea para obtener la reivindicación del bien cuando se ha privado de la posesión material al dueño del mismo.

No obstante, para efectos de desvirtuar el cargo formulado por el actor basta señalar que si verdaderamente considera que el derecho de propiedad de ha visto amenazado o vulnerado porque ha sido despojado de la posesión material del bien debe concurrir a la jurisdicción en el ramo competente a través de las vías procesales idóneas, en ejercicio de las acciones reales que otorga el ordenamiento jurídico para amparar al propietario de la cosa, empero, es de anotar que el acto jurídico a través del cual se aprueba la venta forzada realizada por autoridad de la justicia reviste una doble connotación, procesal y sustancial que, por lo mismo, es susceptible de ser analizado en cuanto a la validez cuando recaiga sobre bienes inalienables, al paso que la persona que resulte afectada por la evicción puede intentar las acciones pertinentes para que el vendedor salga al saneamiento con arreglo a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, a términos de los artículos 1893 a 1913 del Código Civil.

Los cargos no prosperan.

vii. No se impondrá condena en costas porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, el 2 de julio de 1998. En su lugar se dispone:

“1. Declárase no probadas las excepciones formuladas.

“2. NIÉGANSE todas las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta decisión devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) Folio 35 cdno. ppal. 1.

(6) El artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, fue modificado posteriormente por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

(7) “ART. 306.—Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo la prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de (sic) la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean partes quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción”.

(8) ART.199.—Modificado. Decreto 2289 de 1989, artículo 1º, modificado 95. No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos.

Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las personas que lleven la representación administrativa de tales entidades.

Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El J

(9) Tal noción no es absoluta, pues existen entes que sin ser personas y sin tener capacidad autónoma, pueden concurrir representados al proceso, como el caso de la herencia yacente, por vía de ejemplo.

(10) ART. 44.—Modificado. Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, modificado 16. Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales.

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos.

Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquellos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente.

Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del menor, el juez le designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio”.

(11) Biondi, Biondo, Los Bienes. Nociones generales, págs. 34 y s.s. Editorial Bosch, 2003.

(12) “ART. 676.—Obras de particulares construidas en terrenos de uso público.

Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la Unión, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes de un territorio.

Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y sus tierras, aun cuando su uso sea público, por permiso del dueño”.

(13) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 31 de mayo de 1961.

(14) Los artículos 593, 594 y 597 del Código Civil Chileno incluyen el mar adyacente y las playas del mar como bienes de la Nación.

(15) Ley del 12 de octubre de 1858.

(16) Biondi, Biondo. Los bienes. Ed. Bosch. 2ª Edición. Págs 283 y ss.

(17) Dromi, Roberto. Derecho Administrativo, 12ª, edición, págs. 846 y ss.

(18) Ibídem.

(19) Ibídem.

(20) Velasquez Jaramillo, Luis Guillermo. Los bienes. Ed. Temis, año 2009.

(21) En este sentido, ver Dromi, Roberto. Derecho Administrativo y Velásquez Luis Guillermo. Los bienes.

(22) “ART. 208.—Las vías, puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda ocupación permanente que se haga de estos objetos es atentatoria a los derechos del común, y los que en ello tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables.

(23) ART. 2519.— Bienes imprescriptibles. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso.

(24) ART. 684.—Modificado. Decreto 2289 de 1989, artículo 1º, modificado 342. Además de los bienes inembargables de conformidad con las leyes especiales, no podrán embargarse:

1. Los de uso público.

(...).

(25) Dromi; Roberto. Derecho Administrativo. Año 2009. Págs. 858 y ss.

(26) Biondi Biondo. Ob cit. Pág. 298 y ss.

(27) Artículo único: Autorízase al poder ejecutivo de la unión para que pueda conceder licencias para levantar edificios sobre la baja mar de todos los puntos de la costa; pero cuando las conceda exigirá de los solicitantes que los construyan den el mejor frente al mar, y si lo cree necesario la fabricación de tarrapolenes.

(28) El Decreto Ley 2349 de 1971 fue derogado expresamente por el artículo 196 del Decreto Ley 2324 de 1984, actualmente vigente. No obstante las definiciones a que se ha hecho alusión se mantienen incólumes.

(29) “Según el histograma en la banda del infrarrojo cercano (figura 2) , las zonas de interés se encuentran bien diferenciadas, localizadas en puntos máximos y mínimos, los cuales pueden ser corroborados en las estadísticas de la imagen, donde la moda, o pico máximo, se encuentra en 15, rango en el que probablemente se encuentra el límite agua-bajamar; mientras que en 47 se encuentra un mínimo, correspondiente al límite relativo bajamar-continente; y tal como lo muestra el histograma, el agua absorbe fuertemente la energía incidente en la banda del infrarrojo cercano, dando como resultado bajos niveles digitales (ND) (Lillesand y Kiefer, 2000) , así pues el dominio continental presenta una amplia dispersión de valores que van de 47 a 255, indicando que la cantidad de información que se encuentra en este último rango es considerable, lo cual puede ser aprovechado para diferenciar zonas más específicas en el continente. La información ha sido tomada del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. http://www.cccp.org.co/modules.php?name="News&file=article&sid=146. Consulta el día 10 de noviembre de 2010.

(30) “ART. 91.—La Dirección General Marítima y Portuaria podrán otorgar concesiones para uso y goce de las playas marítimas a que se refiere la Ley 15 de 1876 y de los terrenos de la bajamar y exigirá para tal fin los siguientes requisitos:

1. Presentar solicitud formal de concesiones a la Dirección General Marítima y Portuaria, por intermedio de las Capitanías de Puerto, indicando su ubicación, y linderos del terreno en que se puede construir, así como su extensión.

2. La solicitud debe acompañarse de los siguientes documentos:

a) Una certificación del Alcalde o autoridad policiva correspondiente, en la cual conste que el terreno sobre el cual se va a construir no está ocupado por otra persona; que no está destinado a ningún uso público ni a ningún servicio oficial; que la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la respectiva municipalidad.

b) Los planos de la construcción proyectada, levantados por personas o firmas autorizadas para estos fines.

c) Un concepto del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (Inderena) en que se exprese que las explotaciones o construcciones para las cuales se solicita el permiso no son contrarias a las normas de conservación y protección de los recursos naturales renovables existente en la zona.

d) Concepto de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia en que conste que las explotaciones o construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los programas de desarrollo turístico de la zona y están de acuerdo con los mismos.

e) Estudios previos de vientos, mareas, corrientes, profundidades, así como de constitución y resistencia de los suelos.

f) Certificación de la Empresa “Puertos de Colombia” en la que se exprese que no existe ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el lote.

g) Paz y salvo de a administración de Hacienda Nacional y de la Contraloría General del a República por todo concepto”.

(31) “ART. 96.—Recibido el expediente en la Dirección General Marítima y Portuaria, se procederá a su estudio, y con base en él se expedirá la providencia a que haya lugar con la determinación del plazo dentro del cual se va a adelantar la construcción y la destinación que se le habrá de dar.”

(32) Diario Oficial año CXXI. Nº 36780. 1, noviembre, 1984. Pág. 371.

(33) A diferencia del Decreto - Ley 2349 de 1971, el artículo 166 del Decreto - Ley 2324 de 1984, dispuso expresamente que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público.

“ART. 166.—Bienes de uso público. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo”.

Las definiciones de Costa Nacional, Playa Marítima, Bajamar, Terrenos de Bajamar y Acantilado, guardaron completa identidad con la normatividad anterior, al igual que el procedimiento, requisitos exigidos y causales para dejar sin efectos la concesión.

(34) Artículo 52 Código de Régimen Político y Municipal, Ley 4ª de 1913.

(35) Aun cuando existen muchos supuestos hipotéticos que la ley contempla a tal efecto, se hace especial énfasis a las excepciones consagradas por el artículo 53 del Código de Régimen Político y Municipal, Ley 4ª de 1913.

(36) Corte Suprema de Justicia, Sentencia 072 del 20 de abril de 2001, expediente 5883.

(37) Corte Constitucional, Sentencia C-147 de 1997.

(38) Artículo 14 del Código Civil, cuyo texto consagra: “Leyes de interpretación. Las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en estas; pero no se afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio”.

(39) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación 038 de 2008, Exp. 11001-31-03-031-1999-01475-01, citando apartes de la Sentencia 072 del 20 de abril de 2001 de la misma corporación.

(40) Cfr. Biondi, Biondo. Ob cit.

(41) El principio de legalidad estaba instituido en la Constitución de 1886 en el artículo 20, cuyo tenor literal era el siguiente:

“ART. 20.— “Título sustituido en su totalidad por el Acto Legislativo 03 de 1910”Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de estas”.

(42) En vigencia de la Constitución de 1991, el principio de legalidad se halla consagrado en el artículo 6º de la Constitución de 1991, así:

“ART. 6º—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

(43) “ART. 44.— “Título sustituido en su totalidad por el Acto Legislativo 03 de 1910” “Sustituido por el artículo único del Acto Legislativo 01 de 1921. El nuevo texto es el siguiente:” Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y de las bebidas fermentadas.

También podrá la ley ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas públicas de transporte o conducciones y exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus similares y de la de abogado.

(44) Recasens Siches, Luis. Tratado de Filosofía del derecho, págs. 608 a 610.