Sentencia 1000 de febrero 10 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS

OPORTUNIDAD PARA FIJARLOS

Ref.: Expediente T-1100122030002004-01000-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil cinco.

Decídese la impugnación formulada por la accionante contra el fallo de 19 de noviembre de 2004, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó la tutela deprecada por Plescom Ltda., contra el tribunal de arbitramento convocado para definir el conflicto entre Nikodany Ltda. y la sociedad accionante, trámite al cual fue vinculado el juzgado primero civil del circuito de esta ciudad.

Antecedentes

Reclama la accionante la protección del derecho fundamental del debido proceso que considera conculcado, a propósito del hecho de que el tribunal accionado luego de admitir y dar traslado de la demanda de reconvención en la que impetró la resolución del contrato, ante la falta de consignación de los gastos y honorarios adicionales señalados a raíz de la misma, a cargo de la sociedad convocante, declaró extinguidos los efectos de la cláusula compromisoria exclusivamente en cuanto a la demanda de mutua pretensión y siguió el proceso arbitral en relación con la inicial, cuando debió hacerlo también en torno a esta, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998.

Agrega, que así dividió la continencia de la causa, premiando a la parte que no cumplió con la carga que le correspondía e impidiendo que se formulara un incidente de colisión de competencias, dejando así a la demanda de reconvención sin juez; prueba de lo cual lo constituye el hecho de que el juzgado primero civil del circuito de esta ciudad rechazó la que posteriormente presentó.

La sentencia impugnada

Luego de elaborar un marco conceptual sobre la procedencia de la acción de tutela frente a las decisiones judiciales emitidas por los árbitros y examinar el caso concreto, el a quo resolvió denegar el amparo impetrado toda vez que consideró que el asunto en cuestión atañía a un problema de interpretación de la normativa aplicable, “como el que plantea la Sociedad Plescom Ltda., para generar el mencionado defecto, pues este es refractario a la órbita que comprende el amparo constitucional, ello sin que se entre por esta corporación a establecer si se comparte o no la interpretación brindada al artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, con la cual no salta a la vista que se incurriera en una ostensible desviación del ordenamiento jurídico”.

La impugnación

La accionante adujo frente a la decisión del tribunal, que si este encontró ajustada a la ley la actuación del juzgado, es obvio que la que no se ajustó a las normas fue la del tribunal de arbitramento.

Posteriormente, ante esta corporación, a través de nuevo apoderado, adujo que frente a la consignación parcial de la suma señalada para gastos y honorarios adicionales, estaba en el deber de declarar totalmente concluidas sus funciones, por extinción de la cláusula arbitral.

Consideraciones

1. Se tiene como cosa cierta que la interpretación razonada y razonable que hagan los jueces en torno de una regla jurídica, descarta, in radice, la configuración de una vía de hecho, único supuesto que autoriza la intervención del juez constitucional en asuntos de competencia de otras jurisdicciones, pues es claro que la acción de tutela, en línea de principio, no procede contra providencias judiciales.

Pero también es asunto pacífico que los jueces, al interpretar la ley, no pueden optar por aquella postura que conculque los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la garantía constitucional que tienen las partes a un debido proceso, así como el derecho de acceder a la administración de justicia. Por muy explicativa —o argumentada— que sea una providencia, si ella encuentra respaldo en una interpretación que cercena o restringe uno de tales derechos, esa decisión, per se, no es susceptible de aval constitucional, de modo que pueden ser limitados o suprimidos sus efectos por el juez de tutela, quien, además, debe disponer que el funcionario respectivo ajuste sus determinaciones a los mandatos de la Carta Política y de la ley. Esa, en efecto, es su específica misión tutelar.

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, para dilucidar si existe o no una vía de hecho, es necesario efectuar ciertas precisiones de carácter previo:

a) Memórase que según las disposiciones que gobiernan el proceso arbitral (D. 2279/89; L. 23/91; D. 2651/91; L. 446/98 y D. 1818/98), en esta clase de trámites es procedente la demanda de reconvención (D. 1818/98, art. 141, num. 2º, inc. 2º), lo cual, además de ser consecuente con una de las finalidades de la cláusula compromisoria y del compromiso, como es sustraer el conocimiento del litigio de la llamada justicia estatal, devela el inequívoco propósito del legislador de hacer efectivo el principio de economía procesal, para que sea ante unos mismos árbitros, en un solo proceso y con el menor desgaste —económico y temporal— posible, que se resuelvan todas las controversias suscitadas entre los partícipes del arbitramento. Otro tanto puede decirse en relación con otros caros principios, como los de concentración y celeridad.

A este respecto, cumple advertir que la demanda de reconvención presenta unas particularidades específicas cuando se trata de un conflicto que, ex voluntate, debe ser sometido al conocimiento de árbitros, comoquiera que, en tales casos, el demandado reconviniente no tiene la opción de acudir ante los jueces del Estado para hacer valer su derecho, sino que está compelido a convocar un tribunal de arbitramento con ese confesado propósito. Por consiguiente, en presencia de una demanda de mutua petición, es necesario impulsar la aplicación de normas —y de interpretaciones— que favorezcan su trámite y definición dentro del proceso arbitral en que ella se formuló, pues, al fin y al cabo, de ser rechazada esa demanda por motivos que la ley no autorice de manera expresa, o de frustrarse —por cualquier otra causa— el conocimiento de la misma, el litigio a que ella se refiere deberá encauzarse, en todo caso, a través de otro tribunal de arbitramento, con sacrificio del principio de economía procesal, entre otros más, sin que, en adición, puedan hallar eco interpretaciones que conduzcan a suprimirle efectos —así sea parcialmente— al pacto arbitral, pues por esa vía se desconocería la voluntad de las partes de someter sus diferencias a la decisión de árbitros, la cual amerita observancia y respeto.

Y es que no se puede olvidar que sometido un conflicto a la definición de la justicia arbitral, el proceso respectivo, por fuerza de la cláusula compromisoria o del compromiso, ejerce atracción —lato sensu— para el conocimiento de los demás conflictos que existan entre las partes y que, claro está, se encuentren comprendidos en el pacto. Ello explica que el legislador, no solo excuse la aplicación de los factores de la competencia que guardan relación con la cuantía del asunto y el territorio en donde este debe ventilarse (CPC, art. 400), sino que habilite expresamente ese acto procesal (L. 446/98, art. 121), para que no exista discusión alguna en torno a una procedencia que encuentra su manantial en el propósito mismo del pacto arbitral: que sean los árbitros —que no los jueces— quienes diluciden el litigio.

Por consiguiente, la unicidad del escenario arbitral debe ser respetada, por manera que escindir el conocimiento de los asuntos que las partes han querido —y quieren— que se diluciden por esa específica vía judicial, al punto de haber formulado las respectivas demandas, no está en consonancia con la voluntad expresada por ellas en el pacto arbitral, ni con los principios de derecho procesal ya señalados, como tampoco con las razones que inspiran la demanda de reconvención. Al fin y al cabo, como lo precisó Carnelutti, no es posible pasar por alto que “lo que justifica la composición acumulativa de litigios diversos, esto es, el empleo para tal composición de un solo proceso, son siempre las dos razones notorias: economía y justicia; ahorro de tiempo y de dinero y posibilidad de alcanzar mejor el resultado del proceso”.

b) Y se recuerda también, que en el esquema diseñado por el legislador patrio, antes de la sentencia de inexequibilidad C-1038 de 2002, emanada de la Corte Constitucional, la presentación de la demanda de mutua petición, su eventual inadmisión y la admisión de la misma, eran trámites que hacían parte del —otrora— apellidado trámite prearbitral, el cual estaba a cargo del director del centro de arbitraje (D. 1818/98, art. 141 par.), lo que significa que para el momento en que el tribunal de arbitramento se instalaba y procedía a fijar los honorarios y gastos, el monto de unos y otros se determinaba en función de tales actos procesales de parte, esto es, de la demanda principal y de la de reconvención.

De allí, entonces, que cuando la ley estableció que si no se hacía la “consignación total”, bien porque una de las litigantes no depositó la parte que le correspondía, ora porque la que sí lo hizo no cubrió la cuota de su contraria, el tribunal debía declarar “concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria” (D. 1818/98, art. 144, inc. 4º), este efecto jurídico comprendía, necesariamente, el objeto de las dos demandas.

Con otras palabras, si para el momento en que el tribunal debe fijar el monto de sus honorarios, ya se ha admitido la demanda de reconvención, es claro que el no pago de aquellos genera, como irremediable secuela, que el pacto arbitral pierda su eficacia, de suerte que las partes pueden acudir libremente ante los jueces ordinarios. Por eso, entonces, cuando la ley hace referencia a que se extinguen los efectos “de la cláusula compromisoria para este caso”, tal disposición no puede entenderse únicamente con respecto a la demanda principal o la de reconvención, toda vez que, se reitera, los honorarios se cuantifican en función de las pretensiones en una y otra contenidas.

Nótese que el legislador, por ese camino, preserva la unidad de jurisdicción, pues la falta de consignación de los honorarios y de los gastos, frustra el proceso arbitral. Desde ningún punto de vista se puede admitir una escisión de tales efectos, pues ello implicaría que asuntos estrechamente ligados puedan ser conocidos por jueces distintos —los árbitros, por un lado, y los jueces, por el otro—, en contravía del principio de economía procesal, del derecho de acceder a la administración de justicia y del debido proceso mismo, pues tal suerte de entendimiento cercena la posibilidad que tiene el demandado de acumular el ejercicio de su derecho de acción ante el juez que conoce de la demanda principal, con todo lo que ello comporta, además, en materia de ejercicio del derecho de defensa.

Adviértase que, bajo este entendimiento, la posibilidad de “adicionar proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios”, por haberle planteado las partes al tribunal “nuevas cuestiones” (D. 1818/98, art. 148), no podía estar referida, en ningún caso, a la demanda de reconvención, comoquiera que los honorarios y gastos primigenios debieron señalarse en función de los actos procesales surtidos al momento de la instalación del tribunal. Es decir, las “nuevas cuestiones” debían corresponder, necesariamente, a solicitudes planteadas por las dos partes dentro del trámite arbitral propiamente dicho, fase esta que no comprendía, como se acotó, la formulación de la demanda de reconvención.

c) Tal suerte de esquema no cambió —en lo fundamental— por la declaración de inexequibilidad que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-1038 de 2002, pues esta decisión únicamente señaló que era contrario a la Carta que el director del centro de arbitraje fungiera como juez en la etapa prearbitral, la cual, por tanto, debía estar a cargo —en adelante— del tribunal de arbitramento mismo (1) . Pero es claro que ese fallo no alteró el orden en que debían surtirse los diferentes actos procesales, que el tribunal de arbitramento debía verificar con sujeción a los preceptos contenidos en las leyes que regulan la materia, ya señaladas.

En este sentido, es irrefutable que la fijación de honorarios y de gastos, es un acto que el tribunal debe adelantar después de establecida, in integrum, la relación jurídica procesal, es decir, luego de admitida la demanda y de materializada su contestación y, si fuere el caso, después de aceptada la demanda de reconvención y de contestada la misma. De esta manera, si las partes no consignan la totalidad de honorarios y de expensas, el tribunal deberá declarar extinguidos los efectos del compromiso y de la cláusula compromisoria “para este caso”, es decir, para el litigio planteado tanto en la demanda principal, como en la de mutua petición, y no solo para una de ellas, toda vez que, como se acotó, el “caso” está referido a la totalidad de las controversias planteadas por las partes en los distintos actos procesales que les son propias dentro de la llamada fase de postulación.

Una interpretación distinta se aparta de los dictados legales, pues, a riesgo de incurrir en tautología, es evidente que los árbitros no deben fijar honorarios con la sola admisión de la demanda, siendo menester esperar a que el demandado ejerza su legítimo derecho a la defensa y, si fuere el caso, su derecho de acción dentro del mismo proceso, a través de la demanda de reconvención, la que, además, también debe ser dada en traslado al demandante reconvenido. Entonces, no pueden señalarse honorarios adicionales por haberse formulado demanda de mutua petición, dado que aquellos, los liminares, deben cuantificarse con miramiento en las demandas que hayan formulado las partes.

d) Desde esta perspectiva, también es forzoso concluir que los árbitros no pueden provocar los efectos previstos en el inciso final del artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, consistentes en extinguir los efectos del pacto arbitral, únicamente para la demanda de reconvención, pues esa consecuencia fue prevista por el legislador de forma omnicomprensiva, es decir, en relación con las demandas principal y de reconvención. O los árbitros conocen de todos los asuntos planteados por las partes en sus respectivas demandas —en tanto ligados a la materia de que trata el compromiso o la cláusula compromisoria—, o no conocen de ninguno, desde luego que, en este caso en particular y como resultado de la protección constitucional que será dispensada a la sociedad accionante, le corresponderá a aquellos adoptar la decisión que mejor consulte las especificidades del litigio sometido a su consideración, sin que, en ninguna hipótesis, puedan fijar honorarios adicionales o complementarios por razón de la demanda de reconvención, menos aún al amparo del artículo 148 del mismo estatuto, dado el momento procesal en que se encuentra el juicio arbitral.

Obsérvese cómo, al amparo de la regulación legal sobre la materia, la suerte de la demanda de reconvención no queda al arbitrio del demandante principal, a quien le bastaría dejar de pagar la parte de los honorarios y gastos que le corresponden, para cercenar el ejercicio del derecho de su demandado, ahora reconviniente. Por el contrario, como los honorarios se deben fijar en consideración a ambas demandas y luego de habérseles admitido y dado traslado, es evidente que ninguna de ellas se coloca en situación ventajosa frente a la otra, pues ambas están interesadas en sufragar la cuota asignada, con el fin de que su respectivo libelo pueda ser objeto de conocimiento por los árbitros y así, además, preservar la vigencia del pacto arbitral.

3. Del examen del asunto que concita la atención de la Corte a la luz de lo anterior, resulta diáfano que, contrario a lo que estimó el juzgador a quo, el amparo impetrado debe concederse, puesto que al escindir el tribunal de arbitramento accionado la sanción que prevé el citado artículo 144, para aplicarla tan sólo a la demanda de reconvención, incurrió en una vía de hecho, toda vez que, según se explicó, esta norma presupone que los árbitros han fijado sus honorarios luego de presentadas las demandas principal y de mutua petición, actos procesales de parte que integran la fase inicial a que alude el artículo 121 de la Ley 446 de 1998, que fue incorporado al artículo 141 del Decreto 1888 del mismo año.

Converge a poner de relieve la existencia del error mencionado, que cuando el legislador quiso escindir los efectos de una falta de consignación en el trámite arbitral, como sucede con la intervención del tercero, señaló expresamente que el proceso continuaría sin la intervención de este (2) .

Es importante destacar, que dado el diseño original de las normas que regulan el arbitramento, donde se preveía una etapa prearbitral a cargo del director del centro de arbitraje —hoy de los árbitros—, en la que se debe adelantar la actuación atinente a la admisión y traslado de las demandas original y de reconvención, no es posible reajustar —a posteriori— los honorarios por causa de esta última, como si se tratara de una “nueva cuestión”, máxime si se trata de asunto sometido a consideración de los árbitros por iniciativa de una sola de las partes. El supuesto previsto en el artículo 148 del Decreto 1818 citado, reclama una novísima propuesta litigiosa emanada de ambas partes; advirtiéndose nuevamente que si, en esa específica hipótesis, ellas no realizan la consignación respectiva, se aplicará lo dispuesto para la fijación inicial, dando por concluidas las funciones del tribunal, con extinción de los efectos del pacto arbitral.

Por último, se insiste, como la demanda inicial y la de reconvención son dos caras de una misma moneda, no se remite a duda que su trámite separado puede romper el principio —ciertamente relativo— de la continencia de la causa, amén de afectar el derecho de defensa, razón que inspira a la norma, que impide arribar a la conclusión a que llegó el tribunal de arbitramento.

4. Por consiguiente, como en el caso concreto, a propósito del yerro señalado, sin duda se produjo la conculcación de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y defensa de Plescom Ltda., en cuanto la decisión del tribunal accionado dejó a dicha sociedad sin juez, tal y como lo señala el libelista, se revocará la sentencia de primer grado, para, en su lugar, amparar dichos derechos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas, para, en su lugar, amparar los derechos al debido proceso y defensa de la sociedad accionante, los cuales fueron vulnerados por el tribunal de arbitramento accionado, dentro del conflicto que fue sometido a su resolución, suscitado entre Nicodany Limitada y Plescom Ltda.

Consecuentemente, se le ordena al tribunal accionado, que dentro del término de cinco (5) días contados a partir del momento en que tenga conocimiento de lo aquí resuelto, y tras dejar sin valor ni efecto la decisión que negó el trámite de la demanda de reconvención y declaró extinguidos los efectos de la cláusula compromisoria, en cuanto a ella se refiere, así como la actuación que de ella dependa, proceda a adoptar la que corresponda, en un todo de acuerdo con los lineamientos que se han dado expuestos en esta providencia.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica a todos los interesados y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Edgardo Villamil Portilla, con salvamento de voto—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete, con salvamento de voto.

(1) Dijo la Corte en el fallo aludido: “La Corte considera que es inconstitucional que ese trámite inicial sea adelantado ante el centro de arbitramento, antes de la instalación del tribunal de arbitramento, por lo que los apartes que prevén esa posibilidad serán retirados del ordenamiento, a saber el parágrafo del artículo 121 de la Ley 446 de 1998 y la expresión inicial del mismo, que dice “Previo a la instalación del tribunal de arbitramento”. Igualmente, por unidad normativa, resulta necesario retirar del ordenamiento la expresión “y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo anterior de la presente ley, o si esta fuere parcial” del siguiente artículo de esa misma ley. En efecto, dicha expresión supone que ese trámite inicial es adelantado por el centro de arbitramento, previamente a la instalación del tribunal, lo cual es contrario a la Carta, por lo cual también será declarada inexequible”. Y agregó:

“Por el contrario, la existencia misma de ese trámite inicial se ajusta a la Carta y será mantenida en el ordenamiento, en desarrollo del principio de conservación del derecho, según el cual, los jueces constitucionales deben, por respeto al principio democrático, intentar preservar al máximo la obra del legislador. Pero obviamente, es necesario armonizar esa normatividad con los mandatos constitucionales, por lo que ella será declarada exequible, en el entendido que dicha fase debe ser desarrollada por el tribunal arbitral, después de su instalación, pues solo de esa manera esa regulación de la fase inicial se ajusta al principio de habilitación y al carácter restrictivo del ejercicio de funciones judiciales por los particulares (C.P., art. 116)”.

(2) Cfr. artículo 150 Decreto 1818 de 1998.

SALVAMENTO DE VOTO

De manera reiterada y uniforme viene diciendo la jurisprudencia constitucional cómo, entratándose de estas acciones, la interpretación normativa del juez natural tiene que ser respetada y atendida por el de tutela, mientras no adolezca de ostensible e irrefutable arbitrariedad constitutiva de vía de hecho, es decir, cuando por entero se aparta de los preceptos jurídicos y produce una hermenéutica absolutamente irracional, contraria en grado sumo al sentido del texto legal aplicable al caso o adverso a su único y exclusivo entendimiento, de modo que a simple vista sea constatable “un desconocimiento grosero de la juridicidad” (SU-429/98), con menoscabo de los derechos fundamentales del accionante, siempre y cuando este no disponga de otro medio efectivo de defensa judicial para hacerlos prevalecer.

La autonomía e independencia de que están dotados por el constituyente y por el legislador los jueces y, por supuesto los árbitros, según el artículo 116 in fine de la Constitución Política, para la composición de los litigios sometidos a su conocimiento, hace que los procesos dirigidos por aquellos no deban ser interferidos o distorsionados por un juez ajeno a la causa, puesto que la función pública de administrar justicia debe adelantarse en forma independiente, desconcentrada y autónoma, como así lo prevé el artículo 228 de la Carta Magna.

En este sentido, entre otras decisiones sobre el particular, ha expuesto la Sala que “por consiguiente, la razonabilidad de la interpretación plasmada en el pronunciamiento judicial materia de la solicitud de amparo es irrefutable, lo cual es óbice para que el funcionario que conoce de la acción de tutela pueda entrar a descalificar la ponderación del juzgador natural, a imponerle su propia valoración, o la de una de las partes, aunque pueda discreparse o no compartirse la misma, pues es lo cierto que proviene de un enfoque jurídico resultante del análisis de las normas llamadas a regular la situación materia de la decisión, juicio que es respetable y sostenible, por no ser antojadizo ni abusivo y, por lo mismo, sin proyección nociva sobre los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo” (fallo, jun. 17/2004, Exp. 1100102030002004-00590-00); y recientemente, en fallo de 20 de enero de 2005, precisó cómo “… el juez constitucional, en línea de principio, no puede involucrarse en una detallada y exhaustiva tarea orientada a revisar el acierto o fortaleza jurídicas que, en rigor, amerita el tema respectivo, propio del escrutinio del juez de conocimiento y, por contera, materia de los procedimientos ordinarios establecidos por la ley” (Exp. 1100102030002004-01481-00), lo que acaba de reiterar en sentencia de 7 de febrero de 2005, cuando dijo que “en este caso no entra la Corte a sopesar, porque no es el espacio idóneo para hacerlo, si la del juez acusado es la más conveniente y adecuada interpretación de las normas que regulan la materia, pues tal tarea está por fuera de las atribuciones que competen al juez de tutela” (Exp. 1100122030002004-41051-01).

Del mismo parecer es la Corte Constitucional, expresado, para no citar sino algunas sentencias, en las T-073 de 1997, T-100 de 1998, SU-429 de 1998, T-260 de 1999 y T-1072 de 2000.

En el presente asunto, frente a la determinación de los árbitros de concluir sus funciones respecto de la demanda de reconvención y continuar el proceso arbitral en relación con el libelo inicial, apoyados para ello en los artículos 144 del Decreto 1818 de 1998 y 99, numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, no podía esta Sala, así no compartiera tal criterio, tener ese pronunciamiento como constitutivo de vía de hecho, pues ha de verse que, a espacio, ellos explicaron con aceptable argumentación las distintas razones que les permitían arribar a la citada conclusión, sin que, por tanto, le fuera dable a la corporación entrar a dar su propia opinión, por respetable que igualmente lo sea, habida cuenta de la total carencia de aquellos requisitos que permitieran encontrar, según la doctrina jurisprudencial, en la providencia del tribunal de arbitramento, el proceder fáctico aducido, por cuanto no luce, prima facie, irracional o antojadiza, razón por la cual jamás podía abrirse paso el amparo solicitado.

En mi concepto, cuando la Corte en el fallo del que me aparto, tuteló el derecho invocado por la sociedad accionante, lo que hizo fue sustituir al juez natural, en este caso los árbitros, desconociendo la autonomía e independencia que estos también ostentan.

César Julio Valencia Copete. 

SALVEDAD DE VOTO

Con el mayor respeto, expreso mi disenso con la sentencia adoptada por la Sala, pues creo que el amparo no debió concederse. Después de que la Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico la norma que autorizaba la acción de tutela contra sentencias judiciales, ninguna autoridad podría, por efecto del artículo 243 de la Carta Política, reproducir el contenido del acto declarado inexequible. Así las cosas, si el legislador no puede reproducir norma tal que autorice nuevamente la tutela contra sentencias judiciales, resulta inconveniente, por decir lo menos, que la acción de tutela contra sentencias judiciales siga viviendo como regla general en los intersticios de un sistema normativo que la rechazó. No obstante, en la práctica judicial, la tutela contra sentencias se mantiene en función de la protección de derechos fundamentales, y tal ha sido la posición de la Sala que he compartido.

Todo lo anterior, con el único propósito de mostrar el carácter excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales, instrumento judicial que debe estar limitado solo a aquellos casos en que la decisión judicial resulta ser desmesuradamente insólita y arbitraria, es decir que sea una verdadera molestia para el tribunal de la razón humana y que además, lesione derechos fundamentales, que no es este el caso.

En el presente asunto, la providencia cuestionada expresa una forma de aplicación del derecho que muestra un margen de plausibilidad suficiente, al punto que la hace inmune a la ingerencia del juez constitucional, pues la poca conicidad de los argumentos no justifica su intervención. En materia de tutela contra decisiones judiciales, la competencia del juez constitucional en verdad emerge de un acto suyo por el cual califica la desmesura del error, pero si dudas hay, mejor sería proteger la autonomía y la independencia del juez.

Es más, elementos normativos llevarían a pensar, con gran margen de seguridad, que la suerte de la demanda principal y la de reconvención no tiene que ser la misma. Precisamente, el numeral 12 del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil da cuenta de la autonomía de las dos acciones, y así ha sido aplicado por esta Corte (G.J., t. CXVII, pág. 119).

Es verdad que la demanda de reconvención es una posibilidad del demandado o convocado en el proceso arbitral, pero solo eso, un derecho que puede usar ad libitum, no una intervención forzosa. Se podrían invocar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, pero ellos son apenas políticas procesales para optimizar la eficacia del proceso, son un desideratum, pero su ausencia en manera alguna desvertebra el proceso.

El acceso a la justicia no es un derecho absoluto en cuanto puede ser subordinado al cumplimiento de determinadas condiciones; así, quien elige la jurisdicción arbitral ha de cumplir rigurosamente con las condiciones que impone esta forma importante de administración de justicia. Tampoco hay lesión del derecho de acceso a la administración de justicia para quien concurre al juez ordinario a pedirle que no admita su demanda, y que por supuesto, no protesta mediante el recurso de apelación el rechazo de aquella, como aquí ha sucedido.

Las partes acogieron la fórmula arbitral para dirimir sus controversias, de algún modo más o menos directo seleccionaron de consuno a sus jueces, y a ellos hicieron un sagrado depósito de confianza; de lo dicho se destila que la presencia del juez constitucional en la órbita de competencia del tribunal de arbitramento debió ser más cautelosa.

No corresponde al juez constitucional dirimir controversias interpretativas, fundadas en opiniones razonables, o por lo menos no arbitrarias, tampoco al salvamento de voto zanjar una disputa interpretativa, por eso solo me limito a señalar algunos elementos argumentativos teñidos de duda que me impiden ver con nitidez la vía de hecho que encontró la mayoría, ante lo cual me abstengo de compartir lo decidido, paradójicamente con la esperanza de haberme equivocado.

Edgardo Villamil Portilla. 

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