SENTENCIA 1000 DE JUNIO 4 DE 1993

 

Sentencia 1000 de junio 4 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES ELECTORALES

PROHIBICIÓN DE SER ELEGIDO PARA MÁS DE UN CARGO

EXTRACTOS: «El a quo reafirma las consideraciones que tuvo en cuenta para denegar la suspensión provisional.

Su tesis parte de la premisa de que la interpretación que se da al texto del artículo 179-8 de la Constitución Nacinal en sentido general, es estrecha puesto que si el constituyente hubiera tenido en mente extenderla a servidores públicos distintos de los congresistas, hubiera ubicado el precepto en el capítulo de la “función pública”.

Plantea que el régimen de inhabilidades de los alcaldes, conforme al artículo 293 de la Consitución Nacional, quedó deferido a la ley, siendo esta norma la aplicable por ser dichos funcionarios elegidos por voto popular.

La Constitución de 1991 nada prevé en esta ma-teria respecto al régimen de inhabilidades de los alcaldes. Tampoco dijo que éste “no fuese menos estricto que el de los congresistas o diputados”. Recuerda el carácter restrictivo que tienen las prohibiciones legales y, finalmente, anota que en caso de que el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución fuere aplicable a otros servidores públicos distintos a los congresistas, el constituyente no previó el mecanismo sancionatorio.

Es evidente que el tribunal al acoger la tesis de la defensa, en el sentido de que el artículo 179 numeral 8º de la Constitución Nacinal sólo rige para los congresistas, parte de la base de su ubicación en el título VI que trata “La rama legislativa”, pero especialmente en su capítulo 6º que se refiere a tales servidores públicos, lo que le permite manifestar, además de lo expuesto anteriormente, que la expresión “nadie” que empleó la norma tiene su explicación idiomática “en la impropiedad en el manejo por quienes redactaron a varias manos, a veces de manera inconexa, la Carta Fundamental”.

Estos fundamentos que sirvieron de soporte al a-quo para declarar impróspero el cargo, no tienen acogida en esta instancia, porque son contrarios al criterio que en la aplicación del artículo 179, numeral 8º de la Constitución de 1991, ha venido sosteniendo la corporación, dando lugar a que se conforme en este sentido una jurisprudencia coherente, materializada en varios fallos producidos a partir de la vigencia de la norma, los que pueden leerse en su parte pertinente a folios 647 y siguientes, del cuaderno 2 y cuya vigencia se reafirma en este proceso, puesto que no se encuentra, de las argumentaciones presentadas, la que exprese motivos de convicción válidos que hagan variar el criterio hasta ahora sostenido por la Sala, como es el propósito que inspira al agente del Ministerio Público en esta oportunidad.

En efecto, dicho representante de la procuraduría propone un nuevo enfoque jurídico en esta materia, “basado en una proposición traída de la misma Constitución”, esto es, el título VI capítulo 6º, dedicados de manera exclusiva a los congresistas, sin que pueda extenderse a casos semejantes.

Para proponer el cambio de jurisprudencia, enjuicia la existente, afirmando que se trata de una preceptiva textualista que desvertebra el rigor hermenéutico de la coordinación y rompe la severidad de la especialidad en la materia tratada, además de que desmonta la primacía de la norma posterior a la anterior, cercenando la máxima restrictiva en materia anulatoria, extendiendo inhabilidades ine-xistentes para dejar de aplicar la norma constitucional.

En verdad, tan severo juicio no merece la perspectiva jurisprudencial surgida de la aplicación del artículo 179-8 de la Consitución Nacional, porque el texto de la norma al expresar “Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”, es tan claro, que no da lugar a interpretaciones por fuera de su contexto, del cual se desprende el propósito del constituyente al establecer la prohibición y el sentido general de su aplicación, empleando las palabras que en nuestro lenguaje tienen un significado preciso y definido como es el caso del pronombre “nadie”, que de acuerdo al diccionario Planeta de la lengua española significa “ninguna persona”, o sea, que su alcance es absoluto, total, sin limitaciones, no dirigido a un determinado destinatario —en este caso a los congresistas— como se sostiene en el escrito de contestación a la demanda, en el fallo y en el concepto del Ministerio Público, cuyos criterios convergen en este punto, del que hacen derivar todos sus planteamientos.

La inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 8º de la Constitución Nacional tiene, pues, un sentido más amplio que el que se le atribuye en este proceso, sobre la base de su ubicación en el texto constitucional.

Aspecto simple, que ha generado controversia y dado lugar a que se elabore la tesis de su inaplicación a la elección de alcaldes, con diferentes argumentos, como por ejemplo, que la Constitución de 1991 no señala inhabilidades para tales servidores públicos; que para éstos ese régimen está previsto de manera especial en la Ley 78 de 1986 y 49 de 1987, artículo 1º, parágrafo 1º, norma ésta según la cual no se encuentran inhabilitadas las personas que en la fecha de la elección de alcaldes tuvieran la investidura de concejal, porque al ser elegidos la pierden automáticamente a partir de la fecha de su elección, circunstancia que a su vez hace irrelevante la presentación de la renuncia.

La Sala, desde un principio, ha estimado que el artículo 179 numeral 8º de la Constitución Nacional, es una norma electoral de carácter general y así la ha aplicado en los distintos fallos, observando que el hecho de estar ubicada en lugar inadecuado en la Constitución, no le quita ese carácter, criterio éste que ha merecido la calificación de “manido argumento” por parte de la procuraduría delegada.

Pero no es así, porque son precisamente eminentes constitucionalistas los que se identifican con el criterio de la Sala.

En efecto, en su obra “Interpretación y génesis de la Constitución Colombiana”, página 319, los doctores Carlos Lleras de la Fuente, constituyente de 1991; Carlos Adolfo Arenas Campos, Juan Manuel Charry Urueña y Augusto Hernández Becerra, asesores de la Asamblea Nacional Constituyente, al explicar el texto constitucional de 1991, señalan respecto al numeral 8º del artículo 179 “el numeral 8º está mal ubicado en este artículo, porque no consagra una prohibición especialmente dirigida a los congresistas, como indica la frase que en el encabezamiento del artículo gobierna todo su texto, sino que está concebida para todos los que pretendan ser elegidos para cualquier corporación de elección popular, o para cualquier cargo público en el país. Por ser una norma electoral de carácter general, este numeral debería encontrarse en el título IX, capítulo I que trata del sufragio de las elecciones”.

El concepto lo emiten, pues, personas con suficiente autoridad en esta materia, porque tuvieron participación activa en la redacción y expedición de la Carta Política de 1991.

La Sala considera suficientes las razones expuestas, para mantener vigente la jurisprudencia en relación con el artículo 179, numeral 8º de la Consitución Nacional desestimando las tesis contrarias, expuestas por el demandado, el a-quo y el procurador delegado».

(Sentencia de junio 4 de 1993. Expediente 1000. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

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