Sentencia de homologación 10008 de junio 20 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LAUDO ARBITRAL

NO RESUELVE SOLICITUDES DE EMPLEADOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «La asociación de servidores públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares “Asemil”, a través de su presidenta persigue con el recurso se anule “o modifique” el artículo 13 de la parte resolutiva del laudo; así como “todas las expresiones contenidas en la parte resolutiva en donde se haga referencia a trabajadores oficiales, las cuales deben ser reemplazadas por los servidores públicos”.

Subsidiariamente, solicita “se ordene la devolución del laudo arbitral para que el tribunal de arbitramento se pronuncie frente a todas las peticiones de los Servidores Públicos y no sobre la parte de (sic) pliego, exclusivamente sobre los trabajadores oficiales”.

En la fundamentación del recurso la asociación finca su reparo exclusivamente a lo relacionado con las peticiones de los empleados públicos, las cuales descartó el tribunal de arbitramento aduciendo falta de competencia.

Considera ésta recurrente que cuando el laudo se refiere exclusivamente a los trabajadores oficiales, está vulnerando el derecho de asociación ya que no existe ley posterior a la Constitución de 1991 que establezca alguna excepción al derecho de negociación colectiva garantizado por la Carta en el artículo 55 para todos los trabajadores y que en el caso de los servidores públicos es una de las formas de participación ciudadana para la solución de conflictos por la vía de la concertación como también lo establece la misma Constitución Política.

Se considera

Primeramente debe la Corte advertir que su labor en el recurso de homologación se circunscribe al examen y verificación de la regularidad del laudo para efecto de establecer si viola o no los derechos consagrados en la Constitución, en la ley o en normas convencionales conforme lo disponen los artículos 142 y 143 del Código Procesal Laboral, pero no hay facultad para hacer declaraciones solicitadas por las partes. Es decir que no puede la Sala, como lo pretende la asociación recurrente, modificar las cláusulas de la parte resolutiva del laudo en el sentido de que los beneficiarios del mismo lo sean no únicamente los trabajadores oficiales sino todos los servidores públicos vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

Cuanto a la petición subsidiaria, debe también observarse que no es procedente toda vez que el arbitramento no descartó de manera arbitraria las solicitudes respetuosas formuladas por los empleados públicos, ni las dejó de estudiar por omisión, sino que con razones atendibles, que la Sala comparte, consideró que tales reclamaciones no se encontraban dentro del ámbito de su competencia. Y no puede la Corte asignársela por analogía sin menoscabar el derecho al debido proceso.

En efecto, como lo expresa la asociación recurrente, el artículo 123 de la Carta Política denomina “servidores públicos” a los miembros de las corporaciones públicas, y a “empleados” y “trabajadores” del Estado y de las entidades descentralizadas y dispone que todos ellos “ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.

En el artículo 125 la Constitución establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera a excepción, entre otros, de los trabajadores oficiales. Y en el artículo 130 se refiere a la Comisión Nacional del Servicio Civil, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de los que tengan carácter especial.

Por tanto y no obstante que desde la Ley 50 de 1990 (art. 58) es posible la constitución de sindicatos mixtos, que agrupen empleados públicos y trabajadores oficiales, aún la ley no ha establecido un mecanismo para que se lleve a efecto la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores oficiales, al unísono con las “solicitudes respetuosas” que hasta ahora pueden presentar los empleados públicos que no solamente por norma general son empleados de carrera y por lo tanto sujetos a regímenes especiales en distintos aspectos, sino que además tienen expresa prohibición legal de presentar pliegos de peticiones y de firmar convenciones colectivas de trabajo (CST, art. 416).

Es sabido que con la presentación del pliego de peticiones se inicia un conflicto colectivo que puede terminarse con la firma de la convención colectiva de trabajo o llegar hasta el tribunal de arbitramento obligatorio para su solución, mediante el laudo arbitral; mientras que los aludidos memoriales de solicitudes no tienen el mérito de generar conflicto colectivo de trabajo que pueda definirse mediante convención o laudo.

De suerte que, si bien el artículo 39 de la Carta Fundamental consagra el derecho de sindicalización para todos los trabajadores con la única salvedad de los miembros de la fuerza pública, en el artículo 55 la misma Constitución se remite a las excepciones previstas en la ley con relación al derecho de negociación colectiva.

Es innegable que el estatuto superior no excluyó del derecho de asociación a los empleados públicos sino que, por el contrario, le dio consagración constitucional a la prerrogativa que ya le había reconocido la ley, a más de que amplió sus garantías al establecer en favor de sus representantes sindicales el fuero y las demás previsiones importantes para el cumplimiento de su gestión. Pero también, es indiscutible que en materia de negociación colectiva les dejó sujetos a lo ya previsto legalmente y a lo que el legislador determine en el futuro, buscando siempre conciliar el derecho de que se trata con el buen funcionamiento de la administración pública, en forma tal que se garantice el interés general, a la vez que se establezcan el procedimiento y la competencia; pues las normas del Código de Procedimiento Laboral resuelven los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, y no en la relación legal o reglamentaria, que es la que vincula a los empleados públicos con el Estado y que corresponde al campo del derecho administrativo, con excepción del fuero sindical de los empleados públicos (L. 362/97)

Además, debe la Sala observar que dentro de los puntos acordados por las partes en conflicto durante la etapa de arreglo directo está el de que la convención se aplica “a todos los trabajadores oficiales vinculados laboralmente mediante contrato de trabajo al Instituto, afiliados a la Asociación o que sin serlo, de acuerdo a la ley tengan derecho a los beneficios consagrados en esta Convención” (fl. 80); no es, por tanto, razonable la impugnación del laudo por el hecho de que no hubiese extendido su campo de aplicación por fuera de lo que ya habían acordado las partes».

(Sentencia de homologación, junio 20 de 1997. Radicación 10.008. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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