Sentencia 10024 de junio 16 de 1997

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Rad.: 66001-23-31-000-1997-10024-01

Actor: Javier Eli Ríos Castrillón

Demandado: Empresas Públicas Pereira

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Risaralda el 30 de junio de 1994, mediante la cual se declaró probada la excepción de fuerza mayor y se negaron las súplicas de la demanda.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones.

Javier Elí Ríos Castrillón formuló demanda de reparación directa el 28 de enero de 1993 contra las Empresas Públicas Municipales de Pereira, con el objeto de que se le indemnizaran los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos en el accidente ocasionado por un vehículo de propiedad de la entidad demandada.

2. Fundamentos de hecho.

Relata el actor que el 17 de septiembre de 1992, cuando a las 4:45 p.m. transitaba por la acera de la carrera 7ª con calle 11 de la ciudad de Pereira, fue embestido por un vehículo de las Empresas Públicas de esa ciudad que quedó fuera de control porque su conductor sufrió un fulminante infarto.

Agrega en los hechos de la demanda que el accidente ocurrió porque la entidad pública le permitió a su servidor continuar conduciendo, no obstante que con anterioridad había sufrido problemas cardíacos.

3. La sentencia recurrida.

Estima el a quo que la falla del servicio, que para el demandante consiste en la omisión en que incurrió la entidad pública al no trasladar al conductor a un cargo diferente en el que no se pusiera en riesgo a las personas, sólo sería aceptable en tanto se acreditara fehacientemente que la demandada conocía que su servidor sufría en verdad afecciones cardíacas y, en caso positivo, determinar la necesidad de su traslado.

Con relación al primer aspecto, concluye el tribunal que la utilización de códigos que hacen los médicos del Instituto de Seguros Sociales para señalar las enfermedades generadoras de incapacidad laboral le impedía a la empresa tener conocimiento de los males que afectaban al trabajador, máxime que tales códigos son reservados para el exclusivo manejo de los médicos y el conductor nunca informó a nadie que padeciera de enfermedades del corazón.

Si ello es así, no puede atribuírsele a la empresa omisión en el traslado del servidor, mucho menos teniendo en cuenta que la reubicación tampoco fue solicitada por el empleado ni por su médico.

Agrega el a quo que aún si se examinara la responsabilidad desde el régimen de la falla presunta por el ejercicio de actividades peligrosas, también debe absolverse a la demandada por verificarse la fuerza mayor como causal exonerativa.

4. Razones de la impugnación. 

Sostiene el apelante que desde marzo de 1992, casi seis meses antes del accidente, le habían sido detectadas al conductor Horacio Antonio Mendoza Álvarez una insuficiencia cardíaca congestiva y cardiopatía dilatada severa, lo que le provocó la muerte. Esta circunstancia obligaba al empleador a tomar medidas preventivas que obviamente omitió y allí radica la falla del servicio.

Así mismo, agrega el impugnante, no era obligatorio el concepto previo del ISS para la reubicación del empleado. Por lo demás, eran tantas las incapacidades que aparecían anotadas en la hoja de vida, que cualquier empleador cuidadoso hubiera interrogado al servidor sobre su estado de salud, lo que tampoco hizo la empresa.

En el trámite de esta instancia, la apoderada de la entidad demandada insiste en que la empresa desconocía la enfermedad que padecía su empleado. Afirma que el certificado obrante al folio 61 del cdno. 3 fue expedido por el ISS con posterioridad a la muerte del señor Mendoza Álvarez y critica la cuantificación de perjuicios efectuada por el actor.

El Ministerio Público guardó silencio.

Consideraciones de la Sala

La Sala no comparte las apreciaciones del a quo y por ese motivo revocará el fallo impugnado, de acuerdo con el examen que hará del asunto sometido a su consideración.

Para tal efecto, abordará los siguientes aspectos: I. Inexistencia de falla del servicio. II. Aplicación del principio iura novit curia. III. La responsabilidad con fundamento en la teoría del riesgo. IV. La fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad. V. La indemnización de perjuicios. VI. El llamamiento en garantía.

I. Inexistencia de falla del servicio

La pretensión indemnizatoria en el presente caso se plantea en la demanda desde la perspectiva de la falla probada, consistente en la omisión en que según el demandante incurrió la entidad pública por no reubicar al servidor no obstante tener conocimiento de la grave enfermedad que padecía.

Es cierto, como lo destaca la accionada, que el oficio a que alude el impugnante como demostrativo del conocimiento que tenía la entidad, dirigido por el Director de la Clínica Pío XII del ISS al jefe de relaciones industriales de Empresas Públicas, en el que le informa que según la historia clínica del señor Moncada Álvarez se le había diagnosticado insuficiencia cardíaca congestiva en 1991 y cardiomiopatía dilatada severa en 1992 (fl. 121 cdno. 1), se expidió en fecha posterior a la muerte del conductor, de manera que no se puede afirmar, con apoyo en él, que la entidad hubiese tenido noticia oportuna de la enfermedad padecida por su servidor.

Y también es verdad que para justificar las incapacidades concedidas por el ISS, en la boleta correspondiente se anota un código de diagnóstico (fls. 82, 83, 91 y 92 cdno. 1), códigos que “han sido solo de conocimiento del Seguro Social”, como lo expresa el gerente del instituto en comunicación visible al folio 160 del cdno. 2 y lo confirma el auxiliar de la oficina de relaciones industriales, quien expresa que “una vez traté de averiguar en los Seguros sobre el significado de los códigos de incapacidades y me respondieron que era imposible, que era una información privada, que únicamente la manejaba el Seguro Social” (fl. 170 cdno. 2).

Si el patrono desconocía la enfermedad del trabajador y la empresa prestadora de salud no le comunicó jamás que éste debía ser trasladado, es obvio que la predicada falla del servicio por la no reubicación del servidor enfermo no existió.

Agréguese a lo anterior, lo expresado por el a quo en el considerando 5º de la sentencia que se revisa cuando expresa:

“El hecho de padecer el señor Horacio Moncada una enfermedad cardiaca que lo imposibilitaba para desempeñar el cargo de conductor, ni esta función le producía de manera directa deterioro en su salud física, siendo esto confirmado por el testimonio del doctor Luis Antonio Ayala Betancourth, quien muchas veces trató al paciente, manifestando en su declaración que el señor Horacio Moncada “podía conducir vehículos automotores” (fl. 176 cdno. 2). No puede entonces aquí aceptarse la tesis de la parte actora cuando manifiesta que las Empresas Públicas de Pereira debieron reubicar al señor Moncada Álvarez, por cuanto aquella no tenía conocimiento de la enfermedad de su trabajador y, además, le correspondía a los Seguros Sociales, en el caso de que fuera necesario, solicitar la reubicación del conductor afectado de problemas cardiacos”.

II. Aplicación del principio iura novit curia

En asuntos como el presente, en donde se discute la responsabilidad patrimonial del Estado, se aplica íntegramente el principio iura novit curia, es decir, que frente a los hechos alegados y probados por las parte corresponde al juez seleccionar la norma aplicable al caso.

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado(1) se pronunció en los siguientes términos:

“La Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o la ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamento de derecho invocados por el demandante”.

Cabe anotar que el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en el art. 153 numeral 16 entre los deberes de los funcionarios y empleados judiciales recogía este plausible principio por vía general para todo tipo de procesos, al establecer que el juez estaba obligado a “administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las parte o lo haya sido erróneamente”.

Tal norma, que no pasa de ser un desarrollo del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial que consagra el art. 228 de la Carta Política, fue sin embargo declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-270 del 7 de marzo de 1996 con el discutible argumento de que regula un asunto de orden estrictamente procesal, el cual debe ser objeto de una ley de carácter ordinario (art. 150 -2 de la Constitución).

En el presente caso tiene plena aplicación el principio que se deja enunciado porque a pesar de que la parte actora fundamentó su demanda en la teoría de la falla del servicio, la Sala puede examinar la responsabilidad patrimonial de la administración pública desde una perspectiva o régimen diferente para declararla con arreglo a la teoría del riesgo.

III. La responsabilidad con fundamento en la teoría del riesgo

Bien se sabe que en el régimen de la falla presunta la entidad se exonera de responsabilidad siempre que acredite que el hecho ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho también exclusivo y determinante de un tercero o por fuerza mayor.

Si bien en la sentencia de esta sección del 19 de diciembre de 1989 (exp. 4484. Actor: Rosa Helena Franco de Bernal) en la que por primera vez se adoptó el régimen de la falla presunta para la conducción de vehículos automotores se dijo que si la administración demostraba la ausencia de falla se exoneraba de responsabilidad, tal posición fue rectificada por la sentencia de agosto 24 de 1992 (exp. 6754. C.P. Carlos Betancur Jaramillo) al expresar que en los eventos de daños producidos por cosas o actividades peligrosas (armas de fuego, conducción de vehículos automotores, redes de energía eléctrica) se produce más que una presunción de falta como en el caso de los daños derivados de la prestación de los servicios médicos oficiales, una presunción de responsabilidad.

Esta distinción se traduce en que en el primer caso —falla presunta derivada de la prestación de servicios médicos asistenciales— la parte demandada puede exonerarse mediante la prueba de la diligencia y cuidado de su actuación.

“En cambio, cuando se habla de la responsabilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, en los que no juega la noción de la falla, ni la probada ni la presunta, le incumbe a la demandada demostrar, para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de tercero, también exclusivo y determinante. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la administración demostrando diligencia y cuidado”. 

“…cuando la responsabilidad se presume por el ejercicio o la utilización de cosas peligrosas o que en sí mismas representan un gran riesgo para los demás, como sucede, por ejemplo, con la utilización de vehículos automotores, armas oficiales de dotación, redes de conducción de energía, etc., etc., el que las utiliza o ejerce para provecho o beneficio suyo le impone a los demás una carga excepcional que no tiene por qué soportar y si los daña debe resarcirlos (restablecimiento que se impone como una solución de equidad). De allí que en estos eventos se mire más al daño antijurídico producido que la irregularidad o no de la conducta oficial. Se aplica a estas situaciones el principio constitucional de la igualdad (art. 13 de la Carta), cuyo rompimiento da lugar a la responsabilidad por esa clase de daño, sea lícita o no la actividad cumplida por el ente público”. 

Aquí se evidencia, como lo dijera el profesor Charles Rousseau, que la llamada presunción de falta en el caso de daños ocurridos en accidente de tránsito no es más que un “artificio para la admisión de la teoría del riesgo”.(2)

IV. La fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad

A pesar de que nuestra legislación, a diferencia de la mayoría de los ordenamientos jurídicos, trae una definición expresa en la que equipara los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito en el art. 1º de la Ley 95 de 1890, que subrogó el art. 64 del Código Civil —concepción monista— tanto la Corte Suprema de Justicia(3) como el Consejo de Estado(4) han considerado que no se trata de un mismo fenómeno jurídico (concepción dualista).

Así, en la sentencia ya citada del 19 de diciembre de 1989, esta sección sostuvo que el caso fortutito “en su concepción moderna ius administrativa de causa desconocida, no exonera a la administración frente a este tipo de perjuicios.

Al decir del profesor Paul Amselek:

“Todo sistema de presunción de falta supone, por hipótesis misma, que en el caso de no ser posible determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el daño, el llamado a responder por las fallas presuntas deberá reparar, por encontrarse en incapacidad de demostrar una ausencia de falta en el origen del perjuicio” (citado por F. Lorens-Fraysse, “La presomptión de fautedans le contentieux administratif de la responsabilité”, L.G.D.J., París, 1985, p. 147), puesto que, precisamente, la consecuencia de la concepción de la presunción de falta radica en que la víctima no tenga necesidad de probar las circunstancias que rodearon la causación del perjuicio sino que, en el evento de no conocerse cómo se produjeron dichas circunstancias, corresponderá al demandado asumir la duda que rodea las circunstancias exactas en las que advino al perjuicio”.

Debe aclararse, sin embargo, que para la Sala no es lo mismo la fuerza mayor que la ausencia de falta en el origen del perjuicio como lo insinúa el profesor Amselek, de acuerdo con las precisiones efectuadas en la sentencia del 24 de agosto de 1992 citada antes, al diferenciar las causales de exoneración de responsabilidad en el régimen de la falla presunta (servicios médicos y asistenciales) donde sí exonera la prueba de la diligencia y cuidado y el régimen de la responsabilidad presunta (armas de fuego, vehículos oficiales y en general actividades peligrosas) en el que ya no juega la noción de la falla, ni la probada ni la presunta y por eso mismo se entiende que en esos casos la administración no se puede exonerar con la demostración de la diligencia y cuidado.

En el régimen de la responsabilidad del Estado fundada en el riesgo que éste crea cuando despliega cierto tipo de actividades que por sí solas representan un peligro para los asociados, la fuerza mayor tiene efectos exonerativos al romper el nexo de causalidad y no poder atribuirse el daño a la administración sino a un hecho conocido, irresistible e imprevisible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que supuestamente causó el perjuicio.

Como lo dijo esta sala en sentencia del 20 de febrero de 1989:

“la distinción entre la fuerza mayor y el caso fortuito adquiere su mayor interés dentro del marco de la responsabilidad fundada en el riesgo excepcional. La fuerza mayor, en efecto, es causa exterior, externa al demandado, que lo exonera de responsabilidad en todos los casos”(5).

Sobre el alcance que en la doctrina y en la jurisprudencia se le ha dado al transtorno súbito y grave de la salud para considerarla o no causal eximente de responsabilidad, no ha existido un criterio unánime.

Así, en el derecho francés antes se le consideraba como un evento de fuerza mayor que al romper el nexo de causalidad no comprometía la responsabilidad del demandado.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en sentencia del 26 de marzo de 1952, le dio ese mismo tratamiento al caso de un conductor que fue vencido por el sueño.

“Porque reconocido en el auto de sobreseimiento que “habiendo reposado en el agente durante la noche anterior y no habiendo ingerido ninguna sustancia tóxica, le era imposible prever el momento en que el control de sus movimientos quedara paralizado por la acción del sueño y, por consiguiente, queda en incapacidad de conducir por senderos de seguridad el vehículo en que viajaba con cuatro personas más”; quedó legítimamente acreditado a través (sic) del fallo penal la ausencia de culpa en la ocurrencia del hecho fortuito determinante del daño, con la observancia de aquellas normas de prudente diligencia con que de ordinario es posible prevenirlo”

Esa es también la opinión del tratadista Javier Tamayo Jaramillo, quien sobre el particular sostiene:

“En consecuencia, estamos de acuerdo en que la enfermedad súbita constituye una fuerza mayor, siempre que reúna los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad, así como los de no imputabilidad culposa (exterioridad). Si un conductor sabe que está en posibilidades de sufrir un infarto y a pesar de ello se arriesga a tomar el volante del vehículo, no podrá invocar la fuerza mayor en caso de que el infarto se produzca cuando está conduciendo, ya que sería culpable de la causa del choque…”.(6)

Esta misma solución, expresa el doctrinante citado, fue acogida por la Corte de Apelación de Mons (Bélgica) en sentencia de 21 de marzo de 1978 al establecer que un conductor que se ha hecho todos los exámenes médicos de rigor no es responsable si de manera repentina sufre un infarto que le produce inconsciencia inmediata, razón por la cual se produce una colisión o el lesionamiento o muerte de una persona.

Dijo la mencionada Corte:

“Considerando que no ha sido establecido que X debía, sea por su formación y sus conocimientos personales, sea porque su médico le hubiera advertido, saber que su estado de salud era de tal manera deficiente que una pérdida de conocimiento podría presentarse súbitamente… Considerando que de estas apreciaciones se sigue que X no ha cometido imprudencia tomando el vehículo el día en que el accidente se produjo; que ninguna otra falta le es reprochable…”

Para la Sala tales apreciaciones no son de recibo por las razones que pasan a exponerse:

1. La responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas o riesgosas se encuentra por completo desligada de toda consideración sobre la culpa o diligencia o prudencia de quien ocasiona el daño con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro.

En palabras de Josserand, “dentro de esta nueva concepción, quienquiera que cree un riesgo, si ese riesgo llega a realizarse a expensas de otro, tiene que soportar sus consecuencias, abstracción hecha de cualquier culpa cometida… Así el punto de vista objetivo reemplaza el punto de vista subjetivo y el riesgo suplanta a la culpa, esa especie de pecado jurídico”.(7)

2. Si bien es cierto que la responsabilidad se explica por la preocupación de prevenir, sancionar y reparar el daño causado, es esta última función la que constituye la preocupación preponderante en el derecho moderno.

Como lo resaltara el profesor León Duguit:

“La responsabilidad tiende más a resumirse en esta proposición: cuando un acto afecta un patrimonio, produce una disminución; el equilibrio debe ser restablecido. El patrimonio que afectó con su acto debe soportar una disminución equivalente al daño ocasionado. El patrimonio lesionado debe recibir como indemnización el monto de esa disminución. Así la noción de acto personal desaparece poco a poco del dominio de la responsabilidad civil, para dar cabida a la noción de fin y de riesgo”.(8)

3. La Corte de Casación francesa en la sentencia Trichard del 18 de diciembre de 1964 consideró que el demandante debía indemnizar la totalidad del perjuicio causado a pesar de que una crisis o ausencia epiléptica le hubiera ocasionado “una obnubilación pasajera de las facultades intelectuales que puede ser calificada de demencia en el sentido del art. 64 del Código Penal, o que hubiera procedido de cualquier enfermedad síquica, la cual no es un evento susceptible de constituir una causa del daño exterior o extraña al guardián”.(9)

El Código Civil francés, muy seguramente siguiendo la orientación trazada por el fallo Trichard, fue adicionado en su artículo 489-2 mediante la ley de 3 de enero de 1968 para establecer que “el que ha causado un daño a otro mientras esté bajo el imperio de una perturbación mental, no está menos obligado a la reparación del daño”.

4. De acuerdo con nuestra legislación penal la inimputabilidad, esto es, la incapacidad de comprender la ilicitud del hecho legalmente descrito o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez sicológica o trastorno mental, no impide la iniciación o prosecución de la acción civil (art. 57 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el art. 8º de la ley 81 de 1993).

Por consiguiente, la enfermedad imprevista e inevitable del guardián de la cosa peligrosa que crea un riesgo no es de origen externo y por tal motivo no tiene efectos liberatorios en materia de responsabilidad patrimonial.(10) 

Debe por tanto concluirse que el infarto sufrido por el conductor del vehículo de propiedad de la entidad demandada no fue una causa absolutamente extraña en la producción del daño - fuerza mayor- en cuanto la sola utilización de vehículos automotores, independientemente de la conducta de su agente, comporta un riesgo para los asociados y ese daño resulta antijurídico en los términos del artículo 90 de la Carta Política, por cuanto estos no tienen la obligación de soportarlo.(11) 

La sentencia, por lo dicho, será revocada.

V. La indemnización de perjuicios

1. Sostiene el demandante que sus ingresos mensuales ascienden a la suma de $ 1’410.000, que le son pagados por Risarautos ($700.000) y por Transcolcar ($ 710.000).

Lo primero lo acredita con copia de la escritura pública 3679 de octubre 7 de 1992 otorgadag ante la Notaría 5ª de Pereira, mediante la cual se aclara que, en su calidad de socio industrial de la sociedad Centro de Servicio Automotriz Risarautos Ltda cuyo aporte lo constituye el trabajo, se le garantizan “unos emolumentos mensuales iguales a 10 salarios mínimos” (fl. 15 vto. cdno. 1) y con el testimonio de Offir López Rivera, secretaria de la empresa (fl. 69 cdno. 2).

Para demostrar lo segundo, el actor adjuntó una comunicación dirigida por el gerente de Transcolcar a Seguros La Previsora S.A. en la que se informa que como Director de Operaciones y Asistente Técnico el señor Ríos tiene una asignación salarial de $ 710.000 (fl. 11 cdno. 1). Este documento, sin embargo, como que proviene de un tercero y no es auténtico (arts. 252, 277 y 279 del Código de Procedimiento Civil), carece de valor probatorio.

En consecuencia, para calcular el monto de los perjuicios materiales sufridos por el actor se tendrá en cuenta el valor de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes para septiembre de 1992, esto es, la suma de $ 651.900, que debe ser actualizada a la fecha de esta sentencia aplicando la fórmula

RA a
 

2. La incapacidad definitiva que el perito médico legista estableció como consecuencia de las lesiones sufridas por el demandante fue de 20 días (fl. 202 cdno. 2), período que se tomará en cuenta para calcular el lucro cesante que debe ser indemnizado, el cual asciende a la suma de un millón cincuenta y tres mil noventa y cinco pesos con 10/100 ($ 1’053.095,10).

3. En cuanto a los perjuicios moral y estético, derivado el primero del dolor, de la aflicción causada por las lesiones inferidas al actor y el segundo de las secuelas que esas lesiones le dejaron, la Sala estima que es adecuado fijar el monto de la indemnización en la cantidad equivalente a doscientos (200) gramos de oro.

4. Las demás pretensiones de la demanda serán rechazadas. La consistente en el resarcimiento del daño emergente futuro debido a las intervenciones quirúrgicas que eventualmente el demandante habría de soportar para recuperar su aspecto físico, por carecer absolutamente de cualquier medio probatorio que acredite no sólo la posibilidad de efectuarse la recuperación estética sino la cuantificación de dichas intervenciones. La que señala el actor como indemnización del pretium doloris, independiente de los perjuicios morales, porque aquél concepto está comprendido en éste que, como se dejó dicho, será objeto de indemnización.

VI. El llamamiento en garantía

La entidad demandada llamó en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. para que, conforme a la póliza de responsabilidad No. 1964 suscrita entre ambas, cubra el monto de la condena que eventualmente se ordenara contra ese ente municipal.

El llamamiento fue aceptado por el tribunal (fl. 167 cdno. 1) y, notificado debidamente (fl. 170 ib.). Ninguna oposición ejerció la aseguradora que, por el contrario, precisó que la póliza No. 1964 se había renovado mediante el certificado No. 12223 por el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 1992 (fl. 181 ib.).

En consecuencia, se ordenará a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. pagar el valor de la condena impuesta a la demandada, hasta concurrencia del monto asegurado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Risaralda el 30 de junio de 1994 y en su lugar se dispone:

1. Declarar administrativamente responsable a las Empresas Públicas Municipales de Pereira de las lesiones ocasionadas al señor Javier Ely Ríos Castrillón el 17 de septiembre de 1992.

2. Condenar a las Empresas Públicas Municipales de Pereira a pagar al señor Ríos Castrillón:

a. La suma de un millón cincuenta y tres mil noventa y cinco pesos con 10/100 ($ 1’053.095,10), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

b. La cantidad equivalente a doscientos (200) gramos de oro, por concepto de perjuicios morales y estético.

3. Estas sumas devengarán intereses comerciales dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y moratorios de ahí en adelante.

4. La Compañía de Seguros La Previsora S.A. pagará a las Empresas Públicas Municipales de Pereira las sumas que éstas efectivamente cancelen al demandante por concepto de esta condena, hasta el máximo del valor asegurado, sujeto a los términos y condiciones de la póliza respectiva.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

6. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo, presidente de la Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, secretaria.

1 . Sentencia del 14 de febrero de 1995. Proceso S-123. Actor: Jorge Arturo Herrera Velásquez. C.P. Consuelo Sarria Olcos

2 . Teoría General de la Responsabilidad en Derecho Administrativo. Trad. De Gerardo Molina. Alberto Hernández Mora y Alberto González Ortiz Editores. 1956, pág. 192. En el mismo sentido, el profesor brasileño José de Aguiar Días quien estima que la presunción de falta sólo es un expediente que apenas evidencia la necesidad de admitir la responsabilidad objetiva. Tratado de Responsabilidad Civil. México, José María Cajicá JR, 1957, pág. 186.

3 . Sentencias de marzo 5, septiembre 12 y noviembre 18 de 1940; abril 2 de 1943 y febrero 22 de 1945.

4 . Sección Tercera, sentencias de noviembre 18 de 1986, junio 25 de 1987, febrero 20, julio 31 y diciembre 19 de 1989. El art. 106.2 de la Constitución española sólo exime de responsabilidad al Estado en los eventos de fuerza mayor, con lo cual se ha entendido por la jurisprudencia y la doctrina que si compromete su patrimonio en tratandose de caso fortuíto.

5 . En la jurisprudencia y legislación española se considera como los supuestos más frecuentes de fuerza mayor los fenómenos meteorológicos de carácter excepcional o extraordinario, como lluvias torrenciales con crecidas inusitadas de un río. Cfr. Jesús González Pérez, La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Madrid, Edit. Civitas, 1996 pp. 292 y 293. Por su parte la ley 13 de 1985 de Contratos de las Administraciones Públicas considera como eventos de fuerza mayor que dan lugar a indemnización en favor del contratista siempre que no exista imprudencia de parte de este, los incendios causados por la electricidad atmosférica, los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes; los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

6 De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Bogotá, Ed. Temis, 1989, Tomo I Vol. 2, p. 343.

7 . La Evolución de la Responsabilidad en Del Abuso de los Derechos y otros Ensayos. Bogotá, Edit. Temis, 1982. Monografías Jurídicas Nº 24, pp. 83 y 84.

8 . Citado por Themistocles Brandao Cavalcanti en Tratado de Direito Administrativo. Río de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1960. 4ª edi. Vo. I, p. 196

9 . Henri Capitant, Les Grands Arrets de la Jurisprudence Civile. Paris, Edit. Daloz, 1984. 8ª edi., pág. 488

10 . En tal sentido puede verse Boris Stark, Droit Civil - obligations. Paris, Librairies Techniques, 1972, pág. 205 En el mismo sentido Vedel, para quien “el carácter exterior de la fuerza mayor diferencia a esta del caso fortuíto que por ser imprevisible e irresistible, no es separable de la actividad considerada y que, en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración…El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podía prever y a la que no podía resistir”. Derecho Administrativo, Madrid, Biblioteca Jurídica Aguilar, 1980, pág. 320.

11 . “Entiéndase: para que pueda hablarse, en sentido propio, de interrupción del nexo, o de la relación causal, la nueva causa no debe tener ningún ligamen con la ya existente. De otra manera los factores causales se insertarán en una única causal, lográndose, valga decir, una única cadena causal compuesta de varios anillos. Entre ellos el ligamen puede ser más o menos extenso y, por tanto, no puede hablarse de nexo causal interrumpido”. Adriano de Cupis, Barcelona, Edit. Bosch, 1975, pág. 270 y 271.