•Sentencia 10044 de noviembre 26 de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

NO PUEDE SER ABSOLUTORIA

EXTRACTOS: «1. La naturaleza jurídica de los instrumentos de terminación anticipada del proceso, su configuración legal, y las razones de política criminal que determinaron su incorporación en el ordenamiento jurídico, repelen la posibilidad de que a través suyo el juzgador pueda llegar a una decisión absolutoria respecto de los hechos y circunstancias que han sido objeto de aceptación o acuerdo por el procesado.

En repetidas oportunidades la Corte ha sostenido que la sentencia anticipada y la audiencia especial son actos de disposición del desarrollo de la acción penal, en cuanto le permiten al sindicado renunciar a parte del trámite procesal, con miras a una definición pronta del juicio de responsabilidad penal, obteniendo, a cambio, una sustancial rebaja de pena que no lograría por los trámites del proceso ordinario.

Son instituciones jurídicas que se fundan en la conveniencia de que el procesado pueda tomar parte en la definición de su responsabilidad, asintiendo la acusación o conviniendo los términos de la condena, y renunciando a la actuación procesal subsiguiente al acto de aceptación o acuerdo, cualquiera que sea, a fin de que el juez entre a dictar sentencia.

Esta dinámica procesal sólo tiene sentido si la decisión de mérito ha de ser de condena, pues para llegar a una de absolución el Estado no necesita la aquiescencia del procesado; mucho menos que acepte su responsabilidad en los hechos objeto de investigación. Estas exigencias, y la renuncia del Estado a continuar con el sumario o el juicio, sólo resultan compatibles con una pretensión punitiva.

La sistemática de las disposiciones contenidas en los artículos 37 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (modificados por la L. 81/93 y 365/97) pone de presente el propósito inequívoco del legislador de posibilitar por esta vía el proferimiento anticipado de fallos de condena exclusivamente.

Los incisos 4º y 5º del artículo 37 (modificado por el 3º de la L. 81/93 y 11 de la L. 365/97), primero, tercero y último del 37A (modificado por el 4º de la L. 81/93), y los numerales 1º y 4º del 37B (L. 81/93, art. 5º y L. 365/97, art. 12), son expresión inobjetable de esa voluntad, en cuanto contienen regulaciones relativas a la consonancia que debe existir entre los cargos aceptados —que no solamente imputados— y la decisión de mérito, las rebajas de pena aplicables, el otorgamiento de la condena de ejecución condicional, los aspectos impugnables, y la condena por perjuicios (sent. C-277/98), propias todas de una decisión de carácter condenatorio.

Las razones de política criminal que inspiraron la creación de dichos institutos, entre las que resulta oportuno destacar la consagración del ejercicio del derecho de conformidad, y la aspiración de lograr mayor eficacia y celeridad en la administración de justicia, y en la sanción de los delitos, a partir de la cooperación del procesado, tampoco dejan espacio para pensar en la posibilidad de que a través suyo pueda llegarse a una decisión de carácter absolutoria respecto de los hechos y circunstancias que hubiesen sido objeto de aceptación o acuerdo.

Lo dicho no significa que los cargos o convenios realizados por la Fiscalía vinculen indefectiblemente al juez, o que este trámite procesal deba necesariamente concluir en fallo de condena. Si el juzgador, al examinar la actuación, advierte que no se cumplen los presupuestos de orden sustancial para dictar sentencia condenatoria, porque está plenamente demostrado que el hecho no ha existido, o que el procesado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, todo esto dentro del marco de la violación de las garantías fundamentales, debe abstenerse de dictar sentencia, e invalidar la actuación, para retornarla al procedimiento ordinario, ante la imposibilidad de poder absolver por los hechos y circunstancias aceptados por el procesado. Sobre este particular, dijo la Corte en fallo de 12 de agosto del presente año:

“Aquí no se viola el principio constitucional de la presunción de inocencia ni su correlativo de la carga de la prueba como misión del Estado, simplemente el primero se desvirtúa por parámetros legales diferentes, como son la renuncia del procesado a refutar la acusación y al acopio de las pruebas, la explícita aceptación de los cargos y la constatación de que no existen los presupuestos para la preclusión o la cesación. En otras palabras, para efectos de estas formas de terminación anticipada, basta verificar y controlar la aceptación de responsabilidad y la seguridad de que no está plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que no es antijurídica o que el sujeto no es culpable, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse. En presencia de una cualquiera de estas causas negativas de un juicio de responsabilidad penal, a la vez suficiente fundamento para precluir la investigación o cesar el procedimiento, el juez que examine la aceptación de responsabilidad por vía de sentencia anticipada no tiene alternativa diferente de anularla para regresar al procedimiento ordinario, pues sólo así se respeta el debido proceso.

Así pues, el sustento de la condena en el juicio especial de sentencia anticipada radica, de un lado, en la posición directa y genuina del procesado de aceptar la acusación y, de otra parte, en la valoración del mérito negativo sobre los requisitos de la preclusión de investigación o cesación de procedimiento” (M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

En tratándose, desde luego, de causales objetivas de improcedibilidad de la acción penal, como prescripción o muerte del procesado, debe seguirse el criterio general, de antiguo establecido por la jurisprudencia de la Corte, en el sentido que puede ser decretada por el funcionario judicial que esté conociendo del proceso, siendo por tanto el juez encargado de proferir el fallo anticipado, el de segundo grado, o el de casación, competente para declarar su ocurrencia.

Es de precisarse que la Sala, en decisión de mayoría, ha sostenido que la imposibilidad de llegar a una sentencia absolutoria debe entenderse referida a los hechos y circunstancias aceptados por el indagado, sobre los cuales el juez carece de facultad de disposición, no a la calificación jurídica de la conducta, en relación con la cual goza de una relativa disponibilidad, pudiendo apartarse de la tipificación dada, en la medida que no comprometa la estructura básica de la acusación, facultad que le permitiría absolver por delitos que han sido imputados autónomamente, pero que sólo constituyen elementos o circunstancias estructurantes de uno de mayor riqueza descriptiva, por el que también ha sido proferida acusación, o un concurso aparente, siempre y cuando se profiera sentencia de condena por el que jurídicamente corresponde (Cfr. Auto de 12 de noviembre último, M.P. Ricardo Calvete Rangel).

En síntesis, en las hipótesis de terminación anticipada del proceso, el juez carece de disponibilidad sobre los hechos y circunstancias aceptados o acordados por el procesado en desarrollo del trámite, no siendo posible, por tanto, que al dictar sentencia, lo haga absolviendo por todos o parte de ellos».

(Sentencia de casación, noviembre 26 de 1998. Radicación 10.044. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

ACLARACIÓN DE VOTO

Mi respetuosa aclaración del voto a la decisión adoptada en este asunto, se contrae a la reiteración que en ella se hace del criterio según el cual, en los casos de terminación del proceso por sentencia anticipada, el juez puede absolver por uno o varios hechos y condenar por otro u otros, cuando considere que las varias tipicidades deducidas de los hechos por el fiscal para efectos de hacer la imputación aceptada por el reo, corresponden a una sola, o en cualquier caso a un número inferior de las consideradas en la formulación y aceptación de los cargos.

Como lo hemos venido sosteniendo (Cfr. Rad. 9637 y 14.668), no nos parece posible que el juez pueda disponer de la acusación contenida en el acta de formulación y conformidad con los cargos en el trámite de terminación por sentencia anticipada, tal y como si se tratara de un procedimiento ordinario, sin que con ello esté desconociendo la diversa naturaleza a que corresponde cada uno de estos procesos, o el carácter complejo que la acusación adquiere por la intervención del procesado con su aceptación voluntaria de allanarse a los cargos, en los eventos del procedimiento abreviado.

En este sentido, creemos que en los eventos en que el juez discrepe de la tipicidad a la cual se llevan los hechos por el fiscal, necesariamente debe acudir al ejercicio del control en la observancia de las garantías fundamentales que el propio artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 3º de la Ley 81 de 1993, le impone, y proceder a aplicar los correctivos pertinentes, vía por la cual no sólo se enmienda el entuerto a través del mecanismo correspondiente —en opinión nuestra la absolución es resultado de un juicio de responsabilidad y no medio para la corrección de errores en la constitución del proceso— sino que se posibilitaría la producción y desarrollo de la jurisprudencia acerca del contenido, ámbito y efecto de las garantías fundamentales en este tipo de trámites.

Fernando E. Arboleda Ripoll.

* * *

Adhiero a la anterior aclaración de voto reiterando y evocando una más amplia exposición de la postura de minoría hecha en el salvamento de voto de mayo de 1997, Cas. 9637 (M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

Carlos E. Mejía Escobar.

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