Sentencia 10046 de diciembre 10 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

HONORARIOS DE ABOGADOS

PRUEBA DE SU CAUSACIÓN Y CUANTÍA

EXTRACTOS: «En principio, el régimen legal que regula la prestación profesional de servicios de los abogados es el previsto para el contrato de mandato en el libro IV, título 28 del Código Civil, no solo por la naturaleza misma de la actividad que cumplen dichos profesionales, sino en virtud de lo definido por el artículo 2144 de dicho estatuto, en tanto prevé que los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o que implican la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.

Así en lo que toca con la retribución, el artículo 2143 del Código Civil dispone que el mandato puede ser gratuito o remunerado y que la remuneración es determinada por la convención de las partes, por la ley o por el juez. De otro lado, el artículo 2184, ordinal 3º, del mismo código define que el mandante está obligado entre otras cosas a pagarle al mandatario “...la remuneración estipulada o la usual...”.

Ahora bien, es de suponer que el ejercicio de la abogacía como el de cualquier profesión liberal genere honorarios, pues los profesionales por lo general obtienen el sustento de los servicios que prestan, de manera que debe concluirse que la onerosidad es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, pero no uno esencial en cuanto que, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo, es legalmente permitido que quién presta un servicio profesional independiente decida hacerlo en forma gratuita, o de manera que su retribución sea aleatoria, como cuando se condiciona a la obtención de un resultado.

De consiguiente, si como acontece en el caso de los autos, un abogado ha prestado sus servicios sin haber acordado honorarios y no consta que haya renunciado a ellos o los haya supeditado a la consecución de un objetivo determinado, corresponde entender que se le deben los usuales en consideración a la índole, cantidad, calidad e intensidad de las labores cumplidas. Por lo tanto, si para esta hipótesis los contratantes disputan ante la justicia en torno a la existencia y monto de los honorarios, el juzgador ha de definir en primer término si éstos en verdad se causaron para luego determinar su valor. La causación dependerá de que se demuestre en el plenario la prestación de servicios, mientras que la fijación de la cuantía requerirá del establecimiento de la remuneración usual, esto es, lo que acostumbran los abogados, cuya prueba deberá efectuarse en los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, con apoyo en testimonios o en documentos auténticos, como puedan ser las tarifas definidas, con aprobación del Ministerio de Justicia, por los colegios respectivos.

En estos casos no es dable al juzgador la aplicación de dichas tarifas en la forma en que lo dispone el artículo 393, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, pues éste precepto regula específicamente la fijación de agencias en derecho resultantes de un determinado proceso, vale decir el valor a cargo de la parte vencida que por virtud del citado canon corresponde definir al juez de la causa como compensación por los gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora por concepto de los honorarios del apoderado judicial.

Una vez comprobada la remuneración usual, el juzgador la concretará o liquidará para el caso, en atención a la naturaleza, cantidad, calidad e intensidad u otros aspectos pertinentes relativos a las gestiones cumplidas, y si es necesario deberá asesorarse de un experto.

En el asunto bajo examen el Tribunal entendió que la única forma posible de fijar los honorarios por los servicios de la demandante que tuvo por establecidos, es el sistema de cuota litis del cual dijo que “...consiste en una participación directamente deducible por el abogado en los resultados económicos o patrimoniales del proceso” y que como el demandado no percibió productos del litigio adelantado en su nombre por la actora, no es procedente el reconocimiento de ninguna remuneración adicional a los dos millones que ya recibió la abogada.

El fallador no explicó como es debido, la fuente normativa del criterio que aplicó, no invocó ni se conoce un texto legal que lo respalde, por lo que debe concluirse que se basó en una costumbre, aunque no lo dijo ni se apoyó en prueba alguna para establecerla.

En todo caso el ad quem no vulneró el artículo 393 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, ni el artículo 2184 ordinal 4º del Código Civil en la forma denunciada en los cargos.

En efecto, ya se dijo que la primera disposición no es aplicable, por lo que no fue transgredida por el Tribunal que no la aplicó, cosa que además descarta la aplicación indebida. Con relación al segundo precepto, es claro que el fallador no desconoció que al demandante le correspondía la remuneración estipulada o la usual, solo que estimó que para el caso no se dieron los supuestos requeridos para el pago de la última, de manera que no fue dejado de aplicar y como se trata de la norma que regula la materia, su aplicación no fue indebida.

Además el censor parte de un supuesto fáctico diverso del que sirvió de apoyo al Tribunal, ya que este tuvo por acreditada la remuneración por cuota litis como costumbre ajustable al caso, mientras que aquél objeta que dicho sistema de retribución resultara aplicable a la gestión cumplida por la demandante, argumentos cuya demostración implica comprobar con fundamento en pruebas hábiles el uso correcto o verdadero. Consiguientemente, los ataques propuestos por la vía directa no son idóneos, en tanto esta modalidad de transgresión comporta admitir las conclusiones probatorias del juzgador.

Lo cargos en consecuencia no prosperan».

(Sentencia de casación, diciembre 10 de 1997. Radicación 10.046. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

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