Sentencia 10056 de noviembre 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Exp. 10.056

Indemnizaciones. Actor: Ferney Gualteros Ñungo y otros. Demandada: La Nación-Ministerio de Justicia.

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 28 de junio de 1994, en el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1. El presente proceso tuvo origen en la demanda presentada el 8 de marzo de 1993 contra la Nación, Ministerio de Justicia, con el objeto de que fuera declarada administrativamente responsable de los perjuicios causados con la injusta privación de la libertad de Ferney Gualteros Ñungo.

Comparecieron como demandantes Ferney Gualteros Ñungo (víctima directa), su esposa, Alba Mary Saavedra y sus hijos Claudia Esperanza Gualteros Saavedra y Luis Ferney Gualteros Saavedra; todos los demandantes solicitaron el pago de perjuicios morales y la víctima directa pidió, además, como perjuicios materiales, el valor de los honorarios profesionales gastados en su defensa dentro del proceso penal y dentro del contencioso administrativo.

2. En los hechos de la demanda se expresó:

a) Que Ferney Gualteros Ñungo, siendo agente de la Policía Nacional, cometió el delito de homicidio en Luis Alberto Rivas Pulido; y, dentro del proceso penal adelantado por tal hecho, el Juzgado 12 de Instrucción Criminal de Ibagué profirió en su contra el 29 de octubre de 1990 resolución de acusación, decretando su detención preventiva, la cual se cumplió en las instalaciones del cuartel de la Policía de Ibagué.

b) Que la decisión anterior fue apelada y el Tribunal Superior de Ibagué, mediante auto del 7 de marzo de 1991, la revocó y en su lugar ordenó la cesación del procedimiento contra el sindicado y su libertad inmediata.

c) Que la resolución de acusación proferida por el Juzgado 12 de Instrucción Criminal, que se califica de “ligera y superficial” (fl. 46), produjo a la víctima y a sus familiares un daño antijurídico que debe ser reparado por el Estado.

3. La entidad demandada fue vinculada legalmente al proceso y dio contestación a la demanda en forma extemporánea.

4. El tribunal de primera instancia consideró que el daño sufrido por la parte actora no tenía el carácter de antijurídico porque la providencia de primera instancia que ordenó la detención preventiva del sindicado, de la cual pretenden derivarse perjuicios, no puede considerarse como ilegal en la medida en que ella se fundamentó también en el análisis de las pruebas que figuraban en el proceso.

5. La parte actora sustentó oportunamente su recurso de apelación (fl. 146) y la entidad demandada presentó alegatos de segunda (fl. 156), solicitando la confirmación de la sentencia apelada.

Para resolver, SE CONSIDERA:

La sentencia de primera instancia será confirmada, por las siguientes razones:

1. Actualmente la indemnización por privación injusta de la libertad se encuentra reglada en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, que textualmente dispone:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Esta norma instaura legalmente la responsabilidad estatal por daños causados por la administración de justicia, para los casos en que los particulares sean privados injustamente de su libertad. En su segunda parte, ella consagra tres casos en los cuales se dispone que la detención preventiva decretada en un proceso penal, mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, debe tenerse como injusta; y, por ende, da lugar a la indemnización de quien la sufrió, salvo en los casos en que sea la propia víctima la que la haya causado por su dolo o su culpa grave.

En dichos casos, dijo la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 1994(1), (proc. Nº 9391, actor Alberto Uribe Oñate, ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta), “...resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa” y agregó que:

“En la legislación colombiana éste es uno de los pocos casos en que el legislador ha resuelto, por ley, la situación fáctica, no dejando al juez ninguna alternativa distinta de valoración jurídica. En otras palabras, a él no le está permitido manejar la faceta relativa que tiene la falla del servicio, ora para indagar lo que podía demandarse de éste, ora para analizar las circunstancias variables en que ella se puede presentar, ora para hablar de la responsabilidad patrimonial, desde una concreta realidad, como lo enseña el profesor Tomás Ramón Fernández.

Para la Sala la orden orden legal de indemnizar los perjuicios es una respuesta adecuada al facilismo con el cual los jueces suelen disponer de la libertad del hombre, con olvido de que ella es la cualidad fundamental del ser espiritual, esto es, la que le permite la realización de su propia vocación. No se puede seguir jugando con la honra de las personas con la orientación dañina que predica que una medida de aseguramiento, como la detención preventiva, no se le niega a nadie”.

2. Ahora bien, la indemnización no sólo procede en los tres casos enunciados en la norma, como se destaca en la sentencia antecitada. Allí, se precisó:

“La responsabilidad de la administración, dentro del ámbito que se estudia, no opera sólo en los casos contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues la Constitución Nacional ordena reparar el daño que se genere por una conducta antijurídica de ella. Con esto se quiere significar que el error judicial se debe reparar, no sólo en los casos de una injusta privación de la libertad, sino en todos los eventos en que se demuestre, con fuerza de convicción, la existencia de una manifiesta equivocación”.

Cuando no se trate de los casos expresamente previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad estatal no se deducirá, entonces, en forma automática de la sola revocatoria de la detención preventiva impuesta, pues como también lo ha dicho la Sala, cuando no haya nada que evidencie ilegalidad en la retención y existan motivos que la justifiquen ella es una carga que deben soportar los ciudadanos.

En sentencia del 25 de julio de 1994(2) (proc. Nº 8666; actor: María Berenice Martínez de Bolívar y otros; ponente: Carlos Betancur Jaramillo), la Sala dijo:

“La indebida retención de la joven Claudia Patricia, tampoco resultó demostrada. Ella fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediaran circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”.

3. En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta e injustificada. Así, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional.

Y para que la responsabilidad estatal resulte comprometida por el error jurisdiccional, como ya lo ha dicho la Sala, se requiere que la providencia a la cual el mismo se imputa contenga una decisión abiertamente ilegal. En sentencia de 1º de octubre de 1992(3) (proc. Nº 7058; actor: Carmen Aminta Escobar Mejía, con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández), la Sala dijo sobre el punto:

“Si bien el Consejo de Estado se ha mostrado renuente a declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio judicial, considera la Sala que tal posición jurisprudencial no puede ser tan inflexible ni volver la espalda a determinadas realidades de equidad y justicia en cuanto se trata de resarcir los perjuicios ocasionados con acciones u omisiones escandalosamente injurídicas y abiertamente ilegales, ocurridas en la prestación de dicho servicio. Desde luego, no se trata de reconocer responsabilidad administrativa a cargo del Estado como consecuencia de un fallo, sentencia o providencia definitivas y con efectos de cosa juzgada, por la simple equivocación conceptual en que pueda incurrir el juzgador. Al contrario, se trata de que los administrados conozcan que cuando sus jueces incurren en eventuales conductas abiertamente contrarias a derecho y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales, junto con su personal responsabilidad, originan también en el propio Estado la obligación resarcitoria. Las situaciones, desde luego, tienen que ser muy especiales y corresponden a determinaciones también muy especiales, de aquellas en que por ser tan ostensible y manifiestamente errado el comportamiento del juez, con su proyección hacia los asociados, ocasionen perjuicios graves como el fallecimiento de una persona y su significación patrimonial, económica y moral en su parentela”.

4. En el sub júdice, el error judicial generador de responsabilidad estatal no fue ni siquiera expresado por el actor como fundamento de su demanda, pues el mismo solamente señaló que la providencia que dispuso la resolución de acusación y su detención preventiva era simplemente “ligera y superficial”; y en dicha providencia, proferida por el Juzgado Doce de Instrucción Criminal el 29 de octubre de 1990 (fl. 17 C. 1), no encuentra la Sala una decisión abiertamente ilegal o ligera que pueda ser fuente de responsabilidad estatal.

En dicha decisión el juez penal estudió la conducta del sindicado, aquí demandante, autor de la muerte del señor Luis Alberto Rivas Pulido para concluir que no se había dado la legítima defensa, porque aquél, luego de repeler el ataque que con un machete le hizo éste, fue a su casa a armarse, la cerró y salió a buscar al agresor, propinándole siete tiros con su revólver de dotación, cuando ya había cesado la agresión y cuando el agente no se estaba defendiendo de un peligro inminente.

Esta sola reflexión, que muestra el iter criminis, permite afirmar que el juez doce actuó sensatamente y con toda seriedad; y que si hubo error éste sería predicable del que reconoció esa legítima defensa.

No se observa, entonces, en tal providencia una decisión ilegal o que sea abiertamente contraria a derecho y que, por lo tanto, constituya fuente de responsabilidad estatal.

5. Se reitera, por último que en estos casos la responsabilidad del Estado no surge automáticamente por el hecho de que la decisión de detención preventiva sea revocada en el curso del proceso penal, pues tal como se señala en la sentencia del 1º de octubre de 1992, antes referida, con apoyo en una cita del profesor Guido Santiago Tawill, “la reparación del error no puede depender del hecho de que la decisión impugnada haya sido dejada sin efecto, sino de la posibilidad de probar adecuadamente la existencia manifiesta de la equivocación”.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase en todas sus partes la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 28 de junio de 1994.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Este proveído fue estudiado y aprobado por la sala en su sesión de fecha quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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