Sentencia 10069 de julio 4 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 10069

Acta número 26

Magistrado Ponente:

Dr. Germán G. Valdés Sánchez

Santafé de Bogotá, D.C., 4 de julio de 1997.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la corte. Partiendo de lo expresado en el laudo, resulta indudable que el tribunal de arbitramento se abstuvo de decidir los puntos señalados en la denuncia de la convención colectiva de trabajo que hizo la fundación clínica de maternidad David Restrepo, pues sobre los mismos no hubo pronunciamiento de fondo. Así se desprende claramente de la motivación del laudo, ante cuyo contenido resulta infundada la oposición del sindicato, dado que ella parte de una presunta decisión de fondo proferida por el tribunal de arbitramento. Aunque es verdad que en la providencia arbitral se dijo que la cláusula convencional sobre servicios de salud armonizaba y complementaba lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, esa consideración sólo sirvió para que la mayoría de los árbitros ratificara su posición según la cual no era procedente estudiar la denuncia de la convención que hizo la empleadora, parecer que además resulta consecuente con la motivación consignada en el laudo.

El aparte de la sentencia de homologación de esta Sala que le sirvió al tribunal de arbitramento para “sustentar” su inhibición respecto a los puntos de la denuncia de la empleadora, corresponde simplemente a un recuento del criterio que sobre ese aspecto venía siguiendo la Corte, pero no a una ratificación de esa orientación jurisprudencial. El tribunal en su transcripción, cercenó la parte final de las consideraciones hechas entonces por la Sala y con ello modificó el criterio que orienta las mismas.

Para un mejor ilustración conviene repetir lo dicho por la Sala en esa sentencia, pues la confrontación con lo expresado en el laudo pone en evidencia el desacierto del tribunal. Así se expresó la Corte.

“La expedición de la Ley 100 de 1993 y lo preceptuado particularmente en su artículo 11, significó una apertura adicional que condujo a concebir el pronunciamiento arbitral sobre temas de dicha ley aunque a ellos sólo se llegara en virtud de la denuncia patronal, posición reiterada incluso después del pronunciamiento del Consejo de Estado por el cual se anuló parcialmente la disposición que reglamentó dicho artículo (D. 692/94, art. 48) y con la cual se pretende ser consecuente con la importancia de conciliar las normas generales sobre seguridad social con el contenido de las convenciones colectivas en aspectos relacionados con la materia.

Significa lo anterior, que en sentido estricto la jurisprudencia ha reconocido efectos concretos a la denuncia que de la convención colectiva hace el empleador y ello es consecuente con la naturaleza jurídica de tal figura, que corresponde a un derecho de las parte intervinientes en la contratación colectiva, y a la esencia de dicha contratación que supone básicamente la negociación sobre las condiciones que han de regir los contratos de trabajo de los trabajadores vinculados a la misma.

Se trata de un proceso, regulado por la ley, con objetivos de interés para todos los intervinientes en la negociación, dentro del marco de conservar y mejorar la fuente de trabajo y las condiciones dentro de las cuales se ha de desarrollar el mismo durante la vigencia del pacto o la convención correspondiente, alimentado por el aporte que con tal propósito hagan empleadores y trabajadores durante las conversaciones que deben desarrollar en procura de depurar un acuerdo.

Corresponde entonces a un proceso de diálogo que se inicia formalmente sólo con la presentación del pliego de peticiones por parte de los trabajadores consecuente con la denuncia que deben hacer para señalar su propósito de finalizar el acuerdo vigente, proceso dentro del cual resultan legítimas y admisibles las consideraciones y posturas que el empleador expresa tanto sobre el conjunto de peticiones de los empleados como sobre el convenio vigente susceptible de modificaciones y adiciones, respecto de lo cual debe orientar su postura partiendo de la denuncia a la que tiene derecho y en la que debe señalar en forma concreta y sustentada los aspectos pertenecientes al régimen convencional vigente que estima necesario reestudiar.

Aunque el empleador con su denuncia de la convención o pacto no genera el inicio del conflicto colectivo, le asiste derecho a vincular sus inquietudes al desarrollo del mismo y a que sean atendidas por su interlocutor razonablemente sus aspiraciones y argumentaciones para que esa relación dialogal alcance la dimensión bilateral, o plurilateral en ocasiones, que es propia de una relación contractual en la que los intervinientes tienen claramente la condición jurídica de sujetos para la misma.

La negociación colectiva se nutre del aporte de los intervinientes en ella y se materializa con el acuerdo que de allí surja, por lo que las otras soluciones, huelga o arbitramento, deben concebirse sólo como medidas extremas”.

Con anterioridad a ese pronunciamiento, la Sala se había ocupado de precisar los alcances de las facultades de los árbitros en lo relacionado con el nuevo esquema de seguridad social integral que implantó la Ley 100 de 1993, pues con base en los postulados de dicha ley, que lo desarrollan, y el carácter de orden público de sus disposiciones, concluyó que los árbitros se encuentran facultados para articular y armonizar el nuevo sistema con la contratación colectiva, aun cuando solamente en la denuncia del empleador se hubiera hecho referencia a esos puntos (sent. de homolog., dic. 4/95 y jul. 8/96, rad. 7964 y 8989).

De lo anterior se concluye que las razones que tuvo el tribunal para abstenerse de estudiar los temas de la denuncia de la empleadora, se apartan de la orientación que ha consignado esta Sala sobre el particular, como se puede ver en la transcripción que antes se hizo de uno de sus más recientes pronunciamientos.

De acuerdo con lo expuesto, esta corporación, con fundamento en el artículo 143-2 del CPL, dispondrá la devolución del expediente a los árbitros para que igualmente resuelvan sobre la denuncia de la fundación. Los aspectos contemplados en la parte resolutiva del laudo no fueron objeto del recurso de homologación y por ello no es procedente pronunciarse sobre los mismos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley: ».

__________________________________________