Sentencia 10106 de septiembre 2 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RECONOCIMIENTO DEL ACUSADO

EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA

EXTRACTOS: «Al amparo de la causal tercera el censor presenta dos cargos, el primero, porque estima se vulneró el derecho de defensa, ya que a su representado, al ser capturado, no se le dieron a conocer sus derechos, no se le permitió comunicarse con un defensor, se le sometió a un reconocimiento ilegal y en la indagatoria el mismo defensor asistió a los otros aprehendidos, sin tener en cuenta la posible incompatibilidad de intereses y, finalmente, el abogado posteriormente designado, sólo pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento.

Al respecto la Sala se permite precisar que no es cierto que al capturado no se le hubieran dado a conocer sus derechos al tenor del artículo 377 del Código de Procedimiento Penal, para corroborar lo cual basta revisar el folio 5 del cuaderno principal, donde se encuentra el “acta sobre los derechos del capturado”, suscrita por el procesado y el jefe de la Policía Judicial.

En cuanto al señalamiento efectuado por el conductor y su ayudante, sea lo primero observar que tal reproche ha debido aducirse por la causal primera, por error de derecho por falso juicio de legalidad y no por la tercera. Lo segundo, que no era necesario ni posible cumplir las formalidades del artículo 368 del Código de Procedimiento Penal, pues no se estaba en presencia de la diligencia de reconocimiento allí prevista. Simplemente se trató de una actividad realizada por quienes en ese momento verificaron la captura, recogida en un informe, corroborado por el testimonio de quienes hicieron el señalamiento, elementos de juicio que fueron apreciados por el juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

En efecto, cuando una persona es perseguida por la autoridad porque acaba de cometer un delito y es capturada, la simple lógica indica que, en muchas ocasiones, se hace indispensable ponerla a la vista de quienes fueron sus víctimas o de quienes presenciaron el hecho para que manifiesten si se trata o no de su autor y así evitar la sindicación de personas inocentes. No sería razonable exigir el cumplimiento de formalismos que, en ese instante, serían de imposible observancia, lo que no obsta para que el señalamiento que se haga sea recogido a través del informe policivo y de los testimonios de las personas que lo hicieron, sea tenido como medio de convicción y apreciado conforme a las reglas de la sana crítica.

En lo concerniente a que el mismo abogado asistió a todos los indagados sin tener en cuenta la posible incompatibilidad, se observa que se trata de una simple hipótesis, sin que esta sede sea el terreno adecuado para plantearla, pues en ella sólo se deben enunciar y demostrar los yerros in iudicando o in procedendo cometidos por los jueces y su incidencia en el fallo. De todos modos, no obraba en las diligencias, hasta entonces adelantadas, ningún elemento que llevara al fiscal a inferir una incompatibilidad de intereses, por lo que el cuestionamiento deviene absolutamente inane.

Tampoco es de recibo la afirmación del demandante de que se vulneró el derecho de defensa porque el abogado contractual se limitó a solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, ya que cada proceso obliga a una estrategia diversa, de manera que habrá casos en los cuales la intervención defensiva debe ser muy profusa a nivel de solicitud de pruebas, participación en la práctica de las mismas, peticiones, interposición de recursos, etc., y existirán otros que impongan una actividad pasiva, de simple vigilancia de la actuación, para garantizar el cumplimiento del debido proceso.

Por otra parte, tampoco indicó el casacionista cuáles fueron las pruebas que no se solicitaron, o los recursos que no se interpusieron o las alegaciones que no se presentaron y que de haberse llevado a cabo hubieren cambiado el sentido de la sentencia en favor del procesado, con lo que la demostración del reproche se quedó a mitad de camino.

En las condiciones precedentes, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, septiembre 2 de 1998. Radicación 10.106. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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