Sentencia 10126 de noviembre 12 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ACCESO A LA JURISDICCIÓN LABORAL

AGOTAMIENTO PREVIO DE PROCEDIMIENTO GUBERNATIVO

EXTRACTOS: «En criterio de la Sala, el artículo 6º del Código de Procedimiento laboral prohija una figura propia del derecho administrativo, cual es la de imponer a quienes tienen conflicto con las entidades administrativas la obligación de plantear su reclamación o cuestionamiento directamente al organismo, antes de acudir a la justicia. Se trata de brindar a la administración la posibilidad de revisar las situaciones para, si es el caso, corregir autónomamente y sin imposiciones los errores en que haya podido incurrir.

La figura se justifica, entre otras razones, porque se supone que los funcionarios que dirigen las entidades del Estado, en vista de que sus intereses personales en principio no se hallan en juego, puedan decidir con toda objetividad sobre las quejas de los particulares interesados.

Dentro de este orden de ideas es claro que cuando el artículo 6º del CPL incluye a las instituciones o entidades de derecho social entre aquellas frente a las cuales debe agotarse el procedimiento gubernativo como requisito previo indispensable para accionar, se refirió a los organismos públicos destinados a realizar la seguridad social, como el Instituto de Seguros Sociales y las cajas de previsión social y no a cualquier empresa privada o entidad que desarrolle funciones que revistan un interés social, pues de admitirse éste entendido debería agotarse la vía gubernativa ante la mayoría de los empleadores, pues por principio todas las empresas tienen la trascendente función social de ser generadoras de empleo.

Finalmente, dada la invocación que el recurrente hace de un acuerdo interno de la Dimayor, es pertinente anotar que las organizaciones particulares carecen en principio de facultad para imponer unilateralmente a sus trabajadores la obligación de agotar previamente algún trámite interno antes de demandarlas judicialmente, ya que sólo la ley podría autorizar limitaciones al derecho fundamental que corresponden a todos los ciudadanos de acudir a la justicia (C.N., art. 229; Ley 270 de 1996, art. 2º). De ahí que un precepto interno de tal naturaleza carecería de toda eficacia jurídica.

No son de recibo, entonces, los argumentos que propone el recurrente y menos aún podrían serlo si se observa que su propósito es la declaración de la nulidad del proceso, objetivo que es extraño al recurso de casación laboral en tanto quedó excluido como causal de casación por virtud de la ley».

(Sentencia de casación, noviembre 12 de 1997. Radicación 10.126 Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

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