Sentencia 10128 de junio 16 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

BONOS DE SEGURIDAD DE LA LEY 345 DE 1996

ESTA INVERSIÓN NO COMPRENDÍA A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS

EXTRACTOS: «Conforme al recurso de apelación, debe establecer la Sala, si como lo afirma la recurrente, la comunidad actora se halla obligada a efectuar la inversión forzosa establecida por la Ley 345 de 1996.

Básicamente considera la administración que la obligación contenida en la Ley 345 de 1996, es de carácter fiscal y aduce que en materia impositiva los tratamientos exceptivos son de interpretación restrictiva. Que para efectos impositivos, las comunidades organizadas han sido asimiladas a personas jurídicas; por tal razón la circunstancia de haber mencionado de manera genérica “personas jurídicas”, no implica desconocer las asimilaciones contenidas en normas especiales tributarias, que implican que una comunidad organizada es lo mismo que una sociedad limitada y por ende la actora está obligada a suscribir los bonos para la seguridad.

Lo primero que debe definirse es el alegado carácter impositivo de los denominados “bonos para la seguridad”. Fueron instituidos por la Ley 345 del 27 de diciembre de 1996, “por la cual se autoriza al Gobierno Nacional para la emisión de bonos de deuda pública interna y se dictan otras disposiciones”.

En el artículo 1º de la ley, se autorizó al Gobierno Nacional para “emitir títulos de deuda interna” hasta por seiscientos mil millones de pesos, denominados “bonos para la seguridad”, y sin afectar el cupo de endeudamiento autorizado por las leyes vigentes. Precisa la ley que “los bonos para la seguridad son títulos a la orden”, con un plazo de cinco años, que devengarán un rendimiento anual igual al 80% de la variación de precios al consumidor de ingresos medios certificado por el DANE. Así mismo, que serán redimibles por su valor nominal total en dinero y utilizables para el pago de impuestos administrados por la DIAN.

El artículo 3º de la Ley 345 de 1996 prevé:

“ART. 3º—Inversión forzosa. Las personas naturales cuyo patrimonio líquido exceda de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) deberán efectuar por una sola vez una inversión forzosa que se liquidará y pagará en 1997, en bonos para la seguridad, equivalente al medio por ciento (0.5%) de dicho patrimonio determinado a 31 de diciembre de 1996.

Las personas jurídicas deberán efectuar por una sola vez una inversión forzosa que se liquidará y pagará en 1997, en bonos para la seguridad, equivalente al medio por ciento (0.5%) del patrimonio líquido determinado a 31 de diciembre de 1996.

Para el cálculo de inversión de que trata el presente artículo, se descontará del patrimonio líquido aquella proporción que dentro del patrimonio bruto corresponda a los bienes representados en acciones, aportes en sociedades y aportes voluntarios y obligatorios a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez.

PAR. 1º—No están obligados a realizar la inversión de que trata el presente artículo los no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes de régimen tributario especial y las entidades oficiales y sociedades de economía mixta de servicios públicos domiciliarios, de transporte masivo, industrias licoreras oficiales, loterías del orden territorial y las entidades oficiales y sociedades de economía mixta que desarrollen las actividades complementarias definidas en la Ley 142 de 1994; para estar exentas de esta obligación, las sociedades de economía mixta deberán tener una participación oficial no inferior al 50%.

PAR. 2º—Las personas que tengan un patrimonio líquido inferior a $ 150.000.000 podrán voluntariamente suscribir bonos para la seguridad”.

Del texto de la ley palmariamente se advierte, que la autorización allí conferida al gobierno para emitir títulos de deuda interna denominados “bonos para la seguridad”, y la correlativa obligación, no regula relaciones de carácter impositivo, pues no se estableció ningún “tributo” o “contribución fiscal”, sino como allí mismo lo menciona, se trata de una inversión forzosa temporal, con carácter de empréstito, denominada “bonos para la seguridad”, consistentes en títulos a la orden, con las características señaladas.

La mencionada inversión recae en forma obligatoria, sobre las personas jurídicas y las personas naturales cuyo patrimonio líquido, a 31 de diciembre de 1996, exceda los ciento cincuenta millones de pesos y quienes a pesar de no alcanzar el mencionado patrimonio, deseen suscribirlos en forma voluntaria. Su importe es el equivalente al medio por ciento (0.5%) del patrimonio antes señalado. Así mismo la ley en forma taxativa, también señaló quiénes no se encuentran obligados a realizar la inversión.

De otra parte, la ley establece la base sobre la cual debe calcularse el monto de la inversión, así como los efectos en el impuesto sobre la renta, respecto de la no deducibilidad de las pérdidas en su enajenación, su exclusión para el cálculo de la renta presuntiva y la no gravabilidad de sus rendimientos, sin que tales previsiones y las remisiones respecto al cobro de intereses moratorios y el control de la inversión, efectuadas a las normas tributarias, permitan confundir el carácter de la inversión forzosa impuesta por el Estado, con el impuesto sobre la renta, como parece entenderlo la recurrente.

Ahora bien, las comunidades organizadas en el Código Civil, reciben el tratamiento de cuasicontratos y aparecen definidas en el artículo 2322 así:

“La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato”.

El artículo 13 del estatuto tributario, en su inciso 2º, al referirse a los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, prevé que se “asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: … las comunidades organizadas…”. A su turno, el artículo 7º del Decreto 187 de 1975, señala que “se entiende por comunidad organizada la que utiliza los bienes comunes para el establecimiento y explotación de una empresa comercial, industrial, agrícola o ganadera, y que ordinariamente tiene un administrador nombrado por los comuneros o por un juez”.

No comparte la Sala la posición administrativa que señala que siendo las comunidades organizadas declarantes del impuesto sobre la renta, fiscalmente se asimilan a sociedades limitadas y por ello deben suscribir los bonos, puesto que tal “asimilación”, no cobija materias distintas a la específica impositiva para la cual se efectúa, y por más que se acuda a la interpretación sistemática del articulado de la ley, es evidente que ella no dispuso que la inversión forzosa recayera sobre los “contribuyentes” o los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, sino sobre las personas jurídicas y naturales con el patrimonio que allí se menciona.

Así las cosas, es dable colegir, como lo estimó el tribunal, que la comunidad demandante no se encuentra obligada a suscribir los denominados “bonos para la seguridad”, respecto de la vigencia fiscal debatida».

(Sentencia de junio 16 de 2000. Expediente 10.128. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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