Sentencia 1013 de agosto 20 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE

CONDENA POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO

EXTRACTOS: «En el sub lite se demostró plenamente con la copia de la sentencia de fecha 23 de febrero de 1990 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Honda, que el señor Humberto Orjuela Rozo fue condenado a la pena principal de seis meses de prisión, al pago de una multa de mil pesos ($ 1.000), como autor responsable del delito de peculado por aplicación diferente y a la interdicción de los derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal y que le fue concedido el subrogado penal de la condena de ejecución condicional, ordenando suspender dicha sentencia por un lapso de dos años durante el cual continuaría en libertad bajo las condiciones que le fueron impuestas (fls. 5 a 16 cuaderno principal).

Que mediante providencia dictada el 16 de mayo de 1990 por el Tribunal Superior de Ibagué - Sala Penal, se confirmó la sentencia anterior en lo relacionado con la pena de seis meses de prisión y multa de mil pesos ($ 1.000), se modificó en cuanto a la interdicción de derechos y funciones públicas aumentándola en un año, y se halló correcta “la concesión del subrogado penal de la condena de ejecución condicional por lapso de prueba de dos años”. (fls. 19 a 27 cuaderno principal).

Según constancia secretarial de fecha 30 de mayo de 1990 visible al folio 28 vuelto del cuaderno principal, la sentencia de segunda instancia a que se ha hecho mención, quedó ejecutoriada el 29 de mayo de 1990.

El señor Humberto Orjuela Rozo inscribió su candidatura a la alcaldía de Falan, departamento del Tolima el 3 de febrero de 1992 según aparece en el formulario E-9 o acta de solicitud, constancia de aceptación e inscripción como candidato, obrante al folio 30 del cuaderno principal.

Ahora bien, la decisión judicial de suspender la ejecución de la condena durante un período de prueba si se cumplen determinados requisitos en relación con la pena impuesta y la personalidad y antecedentes del condenado según el artículo 68 del Código Penal, no significa que la sentencia no esté vigente o haya desaparecido del plano jurídico penal, pues bien puede ocurrir que mientras esté corriendo el período de prueba al cual ha sido sometido el condenado, éste incurra en la comisión de un nuevo delito o incumpla cualquiera de las obligaciones impuestas por el juzgado y, en este caso, “... se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada” (art. 70 Código Penal).

Por tanto, no se puede concluir que la condena de ejecución condicional haga desaparecer auto-máticamente los efectos de la sentencia, ya que de acuerdo con el artículo 71 del Código Penal, sólo cuando haya transcurrido el período de prueba con la observancia de los deberes exigidos es que la condena queda extinguida, previa resolución judicial que así lo disponga.

Cumplidos, entonces, los dictados y exigencias de la normatividad penal para la extinción de la condena, en los términos anteriormente anotados, se puede hablar válidamente de la desaparición de la inhabilidad prevista en el artículo 5º literal c) de la Ley 78 de 1986 modificado por el artículo 12 de la Ley 53 de 1990.

Ahora bien, como en el presente caso al señor Humberto Orjuela Rozo se le concedió el subrogado penal de la condena de ejecución condicional mediante sentencia que quedó ejecutoriada el 29 de mayo de 1990, es evidente que para el 3 de febrero de 1992, día de su inscripción como candidato a la alcaldía de Falan y aún a la fecha de su elección el 8 de marzo de 1992, la condena que le había sido impuesta por el delito de peculado por aplicación diferente se encontraba vigente, pues no había concluído el período de prueba por un lapso de dos años fijado en la misma providencia, ni hay constancia de que se hubiera proferido la resolución correspondiente declarando su extinción. Se encontraba entonces, inhabilitado para ser elegido alcalde, al tenor del artículo 5º literal c) de la Ley 78 de 1986 modificado por el artículo 12 de la Ley 53 de 1990, y esta situación, origina la nulidad del acto mediante el cual se le eligió como alcalde del municipio de Falan, como así lo dispuso acertadamente el tribunal de instancia en la sentencia objeto de impugnación, la cual deberá confirmarse.

De otro lado, no debe perderse de vista que el art. 122 de la Constitución Nacional establece, en su inciso final, una inhabilidad para el desempeño de funciones públicas del servidor público que hubiere sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado. Esta inhabilidad de carácter especial, similar en su alcance y proyección a la establecida en el numeral 1º del artículo 179 de la Constitución Política para los congresistas, constituye en el sentir de la Sala una excepción a la norma también constitucional que consagra la intemporalidad de las penas; y como inhabilidad tiene vigencia y aplicación inmediata.

Como está establecido en el proceso, el demandado fue condenado por el delito de “peculado por aplicación diferente” contemplado en el artículo 136, título III del Código Penal que trata de los delitos contra la administración pública, ilícito que fue cometido por el demandado en su condición de alcalde municipal de Falan como se desprende de las sentencias de fechas 23 de febrero de 1990 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Honda y 16 de mayo del mismo año de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, confirma-toria de la anterior.

En tal virtud, esta Sala considera, acogiendo la apreciación contenida en el libelo de demanda del apoderado del actor Hernando Gómez Reina, que el señor Humberto Orjuela Rozo se encontraba también inhabilitado por efectos de tales sentencias para ser elegido como alcalde del municipio de Falan en los términos del inciso final del artículo 122 de la Constitución Nacional».

(Sentencia de agosto 20 de 1993. Expediente 1013. Consejero Ponente: Dr. Miguel Viana Patiño).

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