Sentencia 10158 de noviembre 18 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 10.158

Actor: Jorge Hernán Gil Echeverri

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso instaurado por el ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverri, en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo contra el Decreto Reglamentario 1584 de 1994.

Antecedentes

1. El acto acusado.

El acto demandado es el Decreto 1584 de 1994, “por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el registro de proponentes y se dictan otras disposiciones”, que fue publicado en el Diario Oficial 41.465 de julio 29 de 1994.

2. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante formula los siguientes cargos contra el Decreto 1584 de 1994:

a) El decreto reglamentario acusado vulnera el artículo 79 de la Ley 80 de 1993 que otorgó facultades al ejecutivo para reglamentar todo lo referente al registro único de proponentes, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley y dado que ésta se promulgó el día 28 de octubre de 1993 y el decreto se expidió el 25 de julio de 1994, el acto fue extemporáneo.

En su criterio, aunque no es frecuente que la ley limite en el tiempo el ejercicio de la facultad reglamentaria del ejecutivo, el legislador “en su fuero autónomo, puede disponer de una vez la necesidad de reglamentarla. Bajo este supuesto, apoyado en el aforismo jurídico de que ‘quien puede lo más puede lo menos’, el mismo legislador puede imponer límites al ejecutivo, tanto de índole conceptual o de contenido como temporal. No puede entenderse la facultad reglamentaria del ejecutivo sin una estricta sujeción a la norma que dice reglamentar. Por esta razón, si el decreto reglamentario desborda cualquiera de los extremos de la norma que dice reglamentar debe declararse nulo”.

Agrega que aunque se considere que la facultad reglamentaria no puede ser limitada en el tiempo, el acto de todas maneras deviene ilegal porque se debió demandar por inconstitucionalidad la norma y como ello no se hizo, “el artículo 79 está vigente y es de obligatorio cumplimiento, pues el ejecutivo en todo caso no puede invocar la excepción de inconstitucionalidad al hacer uso de sus potestades reglamentarias, pues en tal evento no procede como un simple funcionario con jurisdicción y mando resolviendo un asunto particular”.

b) Los artículos 1º, 24, 25 y 26 del decreto violan la dispuesto en el artículo 22 de la ley 80 de 1993 en lo que se refiere a la clasificación, dado que en esta norma se establece que la clasificación se hará “por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos”, en tanto que en el decreto se realizó la clasificación “según la naturaleza de los trabajos que estime pueda contratar con las entidades estatales”.

3. La admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional.

Mediante auto del 16 de febrero de 1995 la Sala admitió la demanda y negó la suspensión provisional del acto acusado solicitada por el actor con fundamento en los mismos cargos de nulidad señalados en el numeral anterior. En el mismo acto se dispuso además notificar el auto admisorio de la demanda al Ministerio Público y a los Ministros de Gobierno, Desarrollo Económico y Transporte.

4. Respuesta de la entidad demandada.

El apoderado del Ministerio de Gobierno solicita que se declare ajustado a la ley el Decreto 1584 de 1994 con los siguientes argumentos:

a) Luego de exponer algunos conceptos doctrinarios y jurisprudenciales sobre la facultad reglamentaria del Gobierno, afirma que el decreto acusado no viola el artículo 79 de la Ley 80 de 1993 porque “el ejecutivo expidió el decreto reglamentario 856 de 1994, por medio del cual se reglamentó lo atinente al funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio” y en su artículo 6º estableció que correspondía al Gobierno Nacional señalar los criterios que deben atenderse para la clasificación y calificación de los proponentes, la información que deberá suministrarse y los documentos que servirán de respaldo a la misma, y en ejercicio de su potestad reglamentaria establecida en la Constitución expidió el Decreto 1584 de 1994.

b) Con respecto al segundo cargo se remite el apoderado de la entidad demandada a las consideraciones expuestas por la Sala para negar la suspensión provisional de las normas acusadas y concluye que al expedirlas “el Gobierno Nacional se ajustó plenamente a las facultades que le otorga el artículo 189-11 de la Constitución”.

5. Intervención del Ministerio Público.

Para el Ministerio Público los cargos no deben prosperar, por las siguientes razones:

a) Considera el Procurador Delegado que en primer término debe dilucidarse la naturaleza jurídica del acto acusado, en relación con lo cual existen dos opciones: que se trate de un decreto con fuerza de ley o de un decreto reglamentario. Según su criterio el decreto pertenece a esta última categoría “no sólo porque así lo anuncia su propio texto, sino porque el artículo 79 de la Ley 80 de 1993, desde este punto de vista, redunda; en efecto, piénsese por un momento en suprimir dicho artículo 79 y se verá como subsiste la necesidad del reglamento…para hacer aplicable el artículo 22 de la Ley comentada”.

b) En relación con el límite temporal impuesto por el legislador en la norma para el ejercicio de la facultad reglamentaria, considera que dicha potestad “existe sin necesidad de establecimiento expreso de la ley reglamentada; es de orden constitucional; no puede quedar sujeta a limitaciones distintas de las que se desprendan de la propia norma constitucional; en ella no existen términos perentorios dentro de los cuales se deba ejercer tal prerrogativa, de modo que su ejercicio posterior resulte contrario al orden jurídico”.

c) “Los arts. 24, 25 y 26 del decreto describen las especialidades y grupos para el registro de constructores de consultores y de proveedores, descripción de la cual se deduce que el reglamento tuvo en cuenta los bienes y los servicios que pueden ofrecer los proponentes, es decir, se ajustó al criterio establecido en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993.

“De modo que la observación de la demanda quedaría reducida a la segunda definición del art. 1º del decreto censurado…Desde este punto de vista se puede pensar en una restricción de la ley en la definición reglamentaria que generaría la nulidad de la última si no fuera porque, en este segundo cargo, el demandado no explicó el concepto de la violación incumpliendo la carga que le impone el art. 137-40 del Código Contencioso Administrativo, con lo cual su demanda deviene sustantivamente inepta”.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es competente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer en única instancia del presente proceso de conformidad con el artículo 128 numeral 1º del Código Contencioso Administrativo, que fue modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998.

2. Necesidad de emitir pronunciamiento de fondo aunque el acto haya sido derogado.

El Decreto 1584 de 1994 fue derogado por el artículo 27 del Decreto 92 de 1998 “por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el registro único de proponentes y se dictan otras disposiciones”. Sin embargo, considera la Sala que es necesario hacer un pronunciamiento sobre su legalidad en consideración a los efectos jurídicos que el acto haya producido durante su vigencia(1).

3. Naturaleza jurídica del Decreto 1584 de 1994.

A diferencia de lo que ha ocurrido con el Decreto 855 de 1994, sobre cuya naturaleza jurídica la jurisprudencia ha emitido pronunciamientos divergentes(2), los decretos 856 y 1584 de 1994 no ofrecen duda sobre su carácter de decretos reglamentarios.

En efecto, el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 establece que todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles con las entidades estatales deben inscribirse en la cámara de comercio de su jurisdicción y estar clasificadas y calificadas de acuerdo con la ley. En relación con dicho registro la norma regula la información que debe contener; la obligación de las cámaras de comercio de expedir las certificaciones que sobre el mismo se le soliciten; la información que deben suministrar las entidades estatales a las cámaras de comercio sobre los contratos ejecutados, multas y sanciones impuestas a los contratistas; la obligación de renovar anualmente el registro; la facultad que tienen los inscritos de solicitar la actualización, modificación o cancelación de su inscripción; la forma como se realizará la calificación y clasificación de los inscritos; el registro de personas extranjeras; la posibilidad que tienen las personas inconformes con la clasificación y calificación para impugnarlas ante la respectiva cámara de comercio; las sanciones para los inscritos que de mala fe presenten documentos e informaciones que no correspondan a la realidad y el deber de las entidades estatales de remitir a la cámara de comercio de su jurisdicción la información general de cada licitación o concurso que realicen, con base en la cual éstas elaborarán y publicarán un boletín mensual.

La misma norma ordena al Gobierno Nacional reglamentar los siguientes aspectos relacionados con el registro de proponentes:

“El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos estrictamente indispensables que las cámaras de comercio podrán exigir para realizar la inscripción. Así mismo adoptará el formato de certificación que deberán utilizar las cámaras de comercio”.

“La inscripción en la cámara de comercio se renovará anualmente, para lo cual los inscritos deberán diligenciar y presentar el formulario que para el efecto determine el Gobierno Nacional, junto con los documentos actualizados que en él se indique…”.

“La clasificación y calificación la efectuarán las mismas personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con las entidades estatales, ciñéndose estrictamente a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional en aplicación de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica, organización, disponibilidad de equipos, y se presentará a la respectiva cámara de comercio simultáneamente con la solicitud de inscripción”.

“Cualquier persona inconforme con la calificación y clasificación de los inscritos, podrá impugnarlas ante la respectiva cámara de comercio. El acto administrativo de la cámara de comercio que decida la impugnación podrá ser objeto del recurso de reposición y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del Código Contencioso Administrativo. Para que la impugnación sea admisible deberá presentarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito. Las entidades estatales deberán impugnar la clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando adviertan irregularidades o graves inconsistencias. El gobierno reglamentará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo”.

“El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de la inscripción en el registro de proponentes, así como por su renovación y actualización y por las certificaciones que se les solicite en relación con dicho registro. Igualmente fijará el costo de la publicación del boletín de información y del trámite de impugnación de la calificación y clasificación. Para estos efectos el gobierno deberá tener en cuenta el costo de la operación de registro, en que incurrirán las cámaras de comercio, así como de la expedición y certificados, de publicación del boletín de información y del trámite de impugnación”.

En el artículo 79 de la Ley 80 de 1993 se estableció que “el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio, será reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley”.

El día 28 de abril de 1994, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 856 “por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio” —publicado en el Diario Oficial 41.336 de la misma fechaؙ— en el cual se determinan algunos aspectos relacionados con el registro de proponentes tales como la naturaleza pública del mismo; el lugar donde debe hacerse la inscripción; el procedimiento que deben agotar quienes estén interesados en inscribirse o renovar su inscripción o para actualizar o modificar la inscripción; la forma y términos en los cuales las cámaras de comercio deben expedir las certificaciones previstas en la ley; la manera como debe elaborarse el registro de proponentes; la forma y el término con que cuentan las entidades públicas para suministrar las informaciones sobre licitaciones, contratos, multas y sanciones; los requisitos que deben agotar los particulares y las entidades públicas que impugnen los actos de inscripción; el trámite de las impugnaciones, los recursos que pueden interponerse contra las decisiones proferidos en éstos; la forma de liquidar las costas y perjuicios que se causen con ocasión de los mismos y el procedimiento para la cancelación del registro.

El artículo 6º de dicho decreto estableció lo siguiente:

“El Gobierno Nacional señalará los criterios que deben atenderse para la clasificación y calificación de los proponentes y los documentos estrictamente indispensables que servirán de respaldo a la misma, de acuerdo con los sectores y especialidades que se determinen”.

Invocando lo previsto en esta última disposición y los artículos 22 y 79 de la Ley 80 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1584 de 1994, por el cual se reglamentan la clasificación y calificación en el registro de proponentes, se determina los componentes de la clasificación; los datos que debe contener el formulario único para inscripción; se adopta el formato de certificación que deberán utilizar las cámaras de comercio; el procedimiento para la calificación de consultores, constructores y proveedores; la forma de determinar la capacidad máxima de contratación y la descripción de especialidades y grupos para el registro de los mismos.

Se observa entonces que tanto en el acto acusado como en el Decreto 856 de 1994, el Gobierno Nacional no hizo cosa distinta a regular los aspectos necesarios para la adecuada ejecución de la ley siguiendo los parámetros generales establecidos en ésta, lo cual permite identificarlos como decretos reglamentarios.

Si la intención del legislador hubiese sido la de conferirle facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular todos los aspectos relacionados con el registro de proponentes, se hubiera limitado a enunciar el asunto a tratar y a delegarle a aquél todos los temas inherentes a la propia labor legislativa, situación que como ya se advirtió no sucedió en el este caso(3).

La Sala no ha dudado en darles el carácter de decretos reglamentario a los actos proferidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993. Así quedó establecido en forma implícita en el Auto del 24 de julio de 1995 Expediente 10007, mediante el cual se admitió la demanda de nulidad instaurada contra los artículos 13 parcial 16, 17 y 20 parcial del Decreto 856 de 1994 y se decretó la suspensión provisional del literal c del artículo 13 demandado.

3. El límite temporal de la facultad reglamentaria fijado en la ley.

La facultad de reglamentar las leyes es propia del Gobierno, deriva directamente del texto constitucional (art. 189-11) y por lo tanto, no puede ser limitada por la ley. Claro que en tanto facultad reglamentaria no le es posible al Gobierno desconocer la Constitución ni el contenido o las pautas trazadas en la ley ni reglamentar normas que no ejecuta la administración, pero el legislador a su vez no puede limitar en su alcance ni en el tiempo ni en la materia dicha potestad.

La facultad de reglamentar la ley es “inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley”(4). Su carácter de permanente implica que mientras la ley esté vigente puede el Presidente ejercer su atribución, por lo tanto, no es necesario que el legislador le otorgue esa facultad, aunque el hacerlo tampoco “hace inconstitucional la norma, pues se debe entender sólo como el reconocimiento de la competencia constitucional del Ejecutivo”(5).

Ahora bien, cuando la ley establece el plazo dentro del cual el Gobierno debe reglamentar una ley específica, puede entenderse o bien que el legislador ha desbordado sus facultades o bien que el término referido no es preclusivo sino impulsorio y por lo tanto, no revela más que el interés del legislador para que el ejecutivo ejerza a la mayor brevedad su función con el objeto de hacer aplicable la ley en forma inmediata.

En este sentido, la Corte Constitucional al resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el parágrafo del artículo 11 de la Ley 336 de 1996 que otorgaba al Gobierno Nacional un plazo de 6 meses “para reglamentar la habilitación de cada modo de transporte”, declaró su inexequibilidad con el siguiente fundamento:

“Con respecto al parágrafo de la norma acabada de mencionar, encuentra la Corte que es inexequible, en razón de la limitación de carácter temporal que en él se incluye al Gobierno Nacional para el ejercicio de la potestad reglamentaria, pues, se reitera ella corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Nacional, quien la conserva durante todo el tiempo de vigencia de la ley sobre la cual pueda recaer el reglamento para su cumplida ejecución, lo que significa que el legislador no puede someterla a ningún plazo, como lo hizo en el parágrafo que aquí se analiza”(6).

La Sala, considera que en el caso concreto la determinación del tiempo durante el cual el Presidente de la República debía reglamentar lo relacionado con el registro de proponentes no constituye un plazo preclusivo con cuya expiración éste perdiera su competencia sino un término impulsorio, previsto por el legislador con la intención de instar al ejecutivo para que realizara la reglamentación en un lapso que permitiera que las normas relacionadas con el tema pudieran entrar a regir en el término previsto por el mismo artículo 22 numeral 9, esto es, un año después de su promulgación.

En otros términos, el plazo fijado en la ley para la reglamentación de la norma resultaba conveniente para la debida aplicación de la misma, pero no implicaba una limitación del ejercicio de las facultades del Presiente de la República, quien por la expiración del mismo no perdía competencia para reglamentar la materia. En consecuencia, el Decreto Reglamentario 1584 de 1994 resulta ajustado a derecho aunque se haya expedido por fuera del término previsto en el artículo 79 de la Ley 80 de 1993.

Para afirmar la oportunidad en la expedición del acto acusado no es necesario referirse al artículo 6 del Decreto Reglamentario 856 de 1994, acto que sí fue expedido durante el término de los 6 meses fijados en el artículo 79 citado, pues tal como se dijo antes, la facultad reglamentaria del Presidente es permanente y por lo tanto, no se requería de norma que la prorrogara. En dicha norma simplemente se aclara que los aspectos del registro de proponentes no reglamentados allí se defieren para la expedición de otro de igual naturaleza.

Pero, aún en el evento de que se considerase que el artículo 79 de la Ley 80 de 1993 fijó un término perentorio para el cumplimiento del deber de reglamentar la ley y que la expiración del plazo implicaba pérdida de tal potestad, dicha norma debía ser inaplicada por el Presidente de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, en tanto desconoce normas de rango superior, en particular el artículo 189-11 ibidem.

No comparte la Sala el criterio del actor según el cual el Gobierno “no puede invocar la excepción de inconstitucionalidad al hacer uso de sus potestades reglamentarias, pues en tal evento no procede como un simple funcionario con jurisdicción y mando resolviendo un asunto particular”.

La primacía de la Constitución se impone no sólo al juez o administrador que resuelve una controversia particular sino a todas las autoridades de la República que en ejercicio de sus funciones deban aplicar el ordenamiento jurídico. Los únicos supuestos en los cuales no puede aplicarse la excepción de inconstitucionalidad son los relacionados con las normas de contenido individual que crean derechos en favor de un particular. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:

“Considera la Corte que el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría.

“Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para ello.

“Desde luego que la norma inaplicable por ser contraria a la Constitución en forma manifiesta, no queda anulada o declarada inexequible, pues esta función corresponde a los organismos judiciales competentes, en virtud del control constitucional asignado por la Carta Fundamental en defensa de la guarda de la integridad y supremacía de la norma de normas (C.P. arts. 237 y 241).

“Si bien es cierto que por regla general las decisiones estatales son de obligatorio cumplimiento tanto para los servidores públicos como para los particulares "salvo norma expresa en contrario" como lo señala la primera parte del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, también lo es que, cuando de manera palmaria, ellas quebrantan los ordenamientos constitucionales, con fundamento en la supremacía constitucional, debe acatarse el mandato contenido en el artículo 4º de la Carta ya citado, que ordena —se repite— que "en todo caso de incompatilibidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de que trata el artículo 6º de la misma, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación, por parte de los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones.

“Lo anterior no se predica de la norma jurídica de contenido particular, individual y concreto, que crea derechos en favor de un particular, la cual no puede dejar de aplicarse a través de la excepción de inconstitucionalidad, en presencia de la garantía de que gozan los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles, hasta tanto no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente, o revocados por la misma administración con el consentimiento expreso y escrito de su titular”(7).

Por las razones expuestas no prospera el cargo por extemporaneidad formulado contra el Decreto Reglamentario 1584 de 1994.

4. Cargo formulado contra los artículos 1º, 24, 25 y 26 del decreto.

El artículo 1º del Decreto 1584 de 1994 define la clasificación como “la determinación por parte del proponente de la o las actividades, especialidades y grupos que le correspondan, según la naturaleza de los trabajos que estima pueda contratar con las entidades estatales”. Los artículos 24, 25 y 26 prevén la descripción de especialidades y grupos para el registro de constructores, consultores y proveedores, respectivamente.

Considera el actor que estas disposiciones contrarían lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 que establece que la clasificación se hará por especialidades, grupos o clases “de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos”, en tanto que en las normas acusadas dicha clasificación se hace “según la naturaleza de los trabajos que estime pueda contratar con las entidades estatales”.

A pesar de que el actor se limitó a enunciar los textos de la ley y del decreto reglamentario para afirmar que la diferencia genera la nulidad del último, considera la Sala que a diferencia de lo manifestado por el Ministerio Público, esto es suficiente para proceder a su estudio.

Este cargo tampoco está llamado a prosperar. La legalidad o ilegalidad de la disposición no surge del simple cotejo literal del texto con la norma superior. Se hace necesario realizar una interpretación integral de la disposición.

El artículo 22 de la Ley 80 de 1993, como se señaló antes, establece la obligatoriedad del registro de proponentes para las personas que aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa con las entidades estatales, de tal manera que lo que tales contratistas pueden ofrecer son bienes, servicios y obras. Por su parte, los artículos 24, 25 y 26 del decreto acusado describen respectivamente un grupo de obras (civiles hidráulicas, sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, etc.), de servicios que pueden prestar los consultores (en agricultura y desarrollo rural, industria, ambiental, social, energía, etc.) y de bienes (animales vivos y productos del reino animal, productos del reino vegetal, productos de las industrias alimentarias, materias plásticas y manufacturas, materias textiles y sus manufacturas, etc.).

Esto significa que si bien el acto acusado se limitó a definir el concepto de “trabajos”, allí mismo se establecieron las pautas para la clasificación en el registro de proponentes, de acuerdo con los criterios señalados en la ley y por lo tanto, las disposiciones acusadas se ajustan a derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Nieganse las suplicas de la demanda.

Copiése, notifíquese y devuélvase

Magistrados: German Rodríguez V., Presidente Sala—Jesús María Carrillo B.—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque.

1 En este sentido ver sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 14 de enero de 1991, Expediente: S-157 y del 23 de julio de 1996, Expediente S-612.

2 La Sala, mediante auto del 12 de agosto de 1994, Expediente 9840 admitió la demanda presentada contra el artículo 9º del Decreto 855 de 1994 expedido por el Presidente de la República, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de contratación directa”.
Posteriormente, mediante auto del 8 de abril de 1997, Expediente 13.072 proferido en Sala Unitaria por el Magistrado Carlos Betancur Jaramillo se inadmitió la demanda formulada contra el Decreto 1275 de 1995 por medio del cual se adicionó el artículo 4º del Decreto 855 de 1994, por considerar que la autorización otorgada por el legislador al Presidente de la República en el parágrafo 2 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, “encaja en el núm. 10 del art. 150 de la Constitución y no en el núm. 11 del art. 189 de la misma” y por lo tanto “su control de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional, en los términos del núm. 5 del art. 241 de la misma.
Por su parte, la Corte Constitucional también en Sala Unitaria de Decisión, mediante auto del 3 de diciembre de 1997 rechazó la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el Decreto 1275 de 1995 por considerar que carecía de competencia para conocer del mismo porque dicho acto “fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, razón por la cual tiene el carácter y reviste la naturaleza de decreto reglamentario”.

3 Sobre el carácter distintivo de la facultad para expedir decretos leyes o los reglamentarios puede verse la sentencia de la Corte Constitucional C-512 de 1997.

4 Sentencia de la Corte Constitucional C-028 de 1997.

5 Sentencia de la Corte Constitucional C-512 de 1997.

6 Sentencia C-066 de 1999.

7 Sentencia C-069 de 1995.