Sentencia 1017 de agosto 6 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE

SENTENCIA PENAL CON RECURSO EN TRAMITE

EXTRACTOS: «El artículo 12 de la Ley 53 de 1990, modificatorio del artículo 5º, ordinal c), de la Ley 78 de 1986, que el actor considera transgredido, dispone que no podrá ser elegido ni designado alcalde quien,

“... Se le haya dictado sentencia condenatoria de carácter penal, o resolución de acusación que se encuentre debidamente ejecutoriada al momento de la inscripción de su candidatura, excepto cuando se trate de delitos políticos”.

A más de las causales de impedimento establecidas para ser elegido alcalde en la norma transcrita, sobre existencia de sentencia condenatoria de carácter penal o de resolución de acusación debidamente ejecutoriada, en su contra, la norma introduce un requisito de temporalidad que ubica en el tiempo la presencia de la causal y que la referencia “al momento de la inscripción”, para que ella produzca los efectos de nulidad que invalide la elección del mandatario municipal. Tal consagración, dentro del artículo citado obedece al propósito del legislador de evitar, desde antes de la elección, la intervención en el debate electoral de personas cuestionadas penalmente, bien por haber sido condenadas por delitos no políticos, o por estar ligadas procesalmente en juicio penal a infracciones de la misma naturaleza. Lo que persigue en últimas la norma es evitar el acceso a la dirección del ente territorial municipal, de individuos que en razón de las causas anotadas no han sido habilitados por la ley ni la justicia como aptos social y jurídicamente para ocupar el cargo de elección popular al cual aspiran.

La Sala ha sido constante en señalar que comparte el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que no tienen efectos las penas intemporales en nuestro ordenamiento jurídico y que frente a ellas operan fenómenos como la prescripción, la rehabilitación y la extinción, de lo cual dan fe los artículos 28 y 98 de la nueva Carta Política que, respectivamente, rechazan las penas y medidas de seguridad impres-criptibles y la pérdida perpetua de la ciudadanía.

También, de acuerdo con el criterio de la Corte, esta Sección Quinta ha reiterado, en relación con la disposición contenida en el artículo 5º de la Ley 78 de 1986 y su posterior modificación por el artículo 12 de la Ley 53 de 1990, que en cuanto a la situación de inhabilidad de una persona por ha-bérsele dictado sentencia penal condenatoria, tal inhabilidad sólo puede predicarse respecto de condenas vigentes.

Y para el caso del aspirante a alcalde a quien se le dictó resolución de acusación que se encuentra ejecutoriada al momento de la inscripción de su candidatura, no hay duda de que tal circunstancia presupone una situación jurídica, que por disposición de la ley, engendra un obstáculo que le impide ser válidamente elegido, a no ser que haya desaparecido definitivamente del plano jurídico.

Está demostrado en autos que mediante proveído de fecha 24 de julio de 1991 el Juzgado Catorce de Instrucción Criminal de Lérida, Tolima, profirió resolución de acusación contra el señor Joaquín Rondón Martínez como presunto autor responsable del delito de prevaricato por acción (fls. 156 a 166 cuaderno principal).

Que mediante auto calendado a 20 de agosto de 1991 del mismo despacho, se concedió al procesado Rondón Martínez el beneficio de libertad provisional bajo fianza (fls. 171 a 173). Que según certificación del 3 de diciembre de 1992 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Honda, “... las providencias que anteceden en fotocopia (la de resolución de acusación y otorgamiento de libertad provisional al procesado Rondón Martínez), como allí mismo consta, se encontraban debidamente eje-cutoriadas para el día tres (3) de febrero del presente año de mil novecientos noventa y dos (1992)” (fl. 178). Y que el demandado inscribió su candidatura a la alcaldía del municipio de Ambalema el día 3 de febrero de 1992, resultando elegido en la contienda electoral del 8 de marzo del mismo año (fl. 184).

El tribunal de instancia consideró que las pretensiones de la demanda debían ser denegadas por cuanto en el transcurso del presente proceso logró demostrarse, con prueba idónea, que el señor Rondón Martínez fue absuelto del presunto delito que se le imputó en la resolución de acusación, desapareciendo en consecuencia la inhabilidad en que se fundamenta la demanda.

Indudablemente que al expediente fueron allegadas fotocopias autenticadas de la providencia de fecha 10 de septiembre de 1992 proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que revocó en todas sus partes la sentencia calendada a 15 de mayo de 1992, originaria del Juzgado Primero Superior de Honda mediante la cual se condenó a Joaquín Rondón Martínez, como autor responsable del delito de prevaricato por acción, a la pena principal de un año de prisión y a la accesoria de rigor; y que en su lugar absolvió al procesado de los cargos que le fueron endilgados (fls. 112 a 39 cuaderno principal). Pero también es un hecho cierto, mostrado documentalmente que la citada sentencia absolu-toria no se halla aún ejecutoriada y en firme, según se infiere del informe secretarial de fecha 16 de octubre de 1992 del Tribunal Superior de Ibagué -Sala Penal, en el cual se lee “... que en la causa contra Joaquín Rondón Martínez y otro por el delito de prevaricato, se está notificando por estado el auto de fecha catorce del presente mes que concedió el recurso extraordinario de casación...” (fl. 140 vto. cuaderno principal).

En tales circunstancias, y desde el anterior punto de vista, no se puede afirmar que la resolución de acusación por el delito que se imputa al demandado, o la sentencia por prevaricato por acción proferida en su contra por el Juzgado Primero Superior de Honda, hoy Tercero Penal del Circuito, hayan en la actualidad desaparecido jurídicamente y que, por consiguiente, la absolución que el Tribunal pronunció a su favor tenga efectos definitivos y sea suficiente para desvincularlo totalmente del proceso, pues, para la Sala es incuestionable que en tanto no sea decidido el recurso de casación interpuesto y concedido por el Tribunal Superior, el proceso no ha culminado, y el demandado permanece aún sub judice, sin que las medidas jurisdiccionales adoptadas en su contra hayan desaparecido del plano legal como presupuestos condicionantes para una válida elección.

Así las cosas, no existiendo prueba de estar en firme la sentencia absolutoria dictada el 10 de septiembre de 1992 por el Tribunal Superior de Ibagué, tampoco es posible afirmar que ha producido los efectos que le atribuye el a quo, para poder ser aducida dentro del presente proceso en favor del señor Joaquín Rondón Martínez. Por el contrario, resulta evidente que aún con posterioridad a su elección como alcalde del municipio de Ambalema, el demandado no había solucionado definitivamente su problema frente a la justicia penal, y es precisamente esta clase de situaciones que el legislador ha querido evitar mediante la inhabilidad alegada.

De otra parte, es pertinente señalar, que la inhabilidad derivada de la existencia de una resolución de acusación en firme proferida en contra de un aspirante al cargo de alcalde no ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la derogación del artículo 12 de la Ley 53 de 1990, por el artículo 248 de la Constitución, que dice:

“Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contraven-cionales en todos los órdenes legales”.

En primer lugar, porque el artículo 12 de la Ley 53 de 1990 no ha sido derogado en forma expresa, como tampoco tácitamente, puesto que su contenido en nada contraría la citada norma constitucional, la cual está referida a los “antecedentes penales y contravencionales” que son, en esencia, una especie de bancos de datos que las respectivas autoridades poseen y utilizan para registrar la existencia de las sentencias definitivas dictadas contra los procesados por delitos penales, y que dentro del proceso penal contribuyen como factores de gradación de la pena de los acusados; en tanto que el artículo 12 de la Ley 53 de 1990 forma parte del régimen de inhabilidades relativas a los alcaldes, que constituyen limitaciones derivadas de determinadas situaciones en que puede encontrarse un ciudadano, para poder acceder a dicho cargo, por lo que no están comprendidas dentro del contexto punitivo, ya que la inhabilidad no se sanciona penalmente, sino que genera la posibilidad jurídica de anulación del respectivo acto administrativo electoral.

En segundo lugar, porque el artículo 293 de la nueva Constitución preceptúa que, sin perjuicio de lo establecido, la ley determinará las calidades, inhabilidades incompatibilidades, faltas absolutas y temporales, etc., de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales, lo cual significa que hasta tanto no se dicte la reglamentación correspondiente, continúan vigentes las disposiciones existentes y entre ellas las referentes a los alcaldes, en cuanto no pugnen contra la actual Carta.

Lo anteriormente expuesto, es suficiente para concluir que la sentencia apelada debe revocarse y en su lugar deberá decretarse la nulidad del acto por medio del cual se declaró electo a Joaquín Rondón Martínez alcalde del municipio de Ambalema, departamento del Tolima. Igualmente se dispondrá la cancelación de su credencial como consecuencia de esta declaración. Y la aplicación a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 1001 de 1988».

(Sentencia de agosto 6 de 1993. Expediente 1017. Consejero Ponente: Dr. Miguel Viana Patiño).

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