•Sentencia 10196 de mayo 11 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CADUCIDAD DEL CONTRATO

DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA

EXTRACTOS: «Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sección acerca de que la administración sólo puede declarar la caducidad del contrato durante la vigencia del mismo.

En el caso que se examina se encuentra que la extemporaneidad alegada no fue objeto de las pretensiones de la demanda y esta consideración sólo la hace la parte actora en el alegato de conclusión ante esta instancia. Sin embargo, por tratarse del cargo de incompetencia temporal o ratione tempores que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (C.P., arts. 121 y 122), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador(4).

(4) JEAN RIVERO. Derecho administrativo, Instituto de Derecho Público. Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984, pág. 274.

En este orden de ideas se tiene que en el presente caso, si bien es cierto en el contrato se señaló un plazo de 8 días para la entrega de los elementos por parte del contratista, el cual vencía el 31 de mayo de 1990, también lo es, que en la cláusula quinta se fijó una vigencia del contrato de sesenta y ocho (68) días calendario, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento —23 de mayo de 1990— los cuales corrían hasta el 30 de julio de ese año. El acto administrativo por medio del cual se declaró la caducidad del contrato se expidió el 7 de junio de 1990 y se notificó el día 20 del mismo mes, razón por la cual la facultad de hacer uso de los poderes exorbitantes en estricto sentido era válida hasta la expiración de esa vigencia».

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

NO IMPIDE QUE EL CONTRATISTA IMPUGNE LOS MOTIVOS DE TERMINACIÓN

EXTRACTOS: «No se discute que hoy el acta de liquidación de un contrato estatal en la que las partes no hayan hecho salvedad alguna, cierra el debate ante esta jurisdicción para reclamaciones futuras por los aspectos que se relacionen directamente con la ejecución del contrato que se ha liquidado. En pasadas oportunidades, la Sala ha dicho en torno a la firma de las actas de liquidación con o sin observaciones y la conducta futura de los que las suscribieron:

“Es evidente que cuando se liquida un contrato —ha dicho la jurisprudencia— y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, éstas en principio no pueden desconocer sus términos, salvo error u omisión debidamente comprobada. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad.

Pero si el acta se suscribe con salvedades o la elabora unilateralmente la administración ante la negativa del contratista a suscribirla, le queda abierta a éste su posibilidad de impugnarla jurisdiccionalmente ante el juez del contrato”(2).

(2) Sentencia de 8 de septiembre de 1987, Exp. 4884. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En este sentido pueden verse también las sentencias del 17 de mayo de 1984, Exp. 2796; 11 de mayo de 1990, Exp. 5335; 2 de diciembre de 1993, Exp. 8310 y 29 de julio de 1996, Exp. 9477.

En el presente caso es errónea la extensión que pretenden hacer la demandada y el Ministerio Público de los efectos de la liquidación del contrato firmada por el demandante, a los cargos que éste formula frente al acto que declaró la caducidad del mismo.

Lo primero, por cuanto en las actas de liquidación del contrato Nº 5685 de 1990 firmadas por las partes (fls. 79, 80 y 81) luego de que se confirmara la resolución declaratoria de caducidad del contrato, se observa que éstas se limitaron a precisar la cantidad de los bienes que realmente fueron entregados por el demandante a la entidad contratante, a señalar su valor de acuerdo al precio unitario ofrecido por el contratista para efectos de proceder al pago y a deducir de él el monto de la cláusula penal.

Lo segundo por cuanto realizar esta diligencia por mutuo acuerdo cuando se origina como consecuencia de la declaratoria de caducidad o por la terminación unilateral del contrato, no significa que la parte afectada con la medida acepta los motivos que haya invocado la administración para tomar esa determinación, o que esté renunciando a las acciones que de allí se derivan, encaminadas a obtener su anulación y el resarcimiento de perjuicios porque estime que no se ajusta a derecho.

Considera la Sala que la liquidación del contrato realizada por mutuo acuerdo, que es la primera forma de liquidación que debe procurarse como lo exige la ley (D.L. 222/83, art. 289 y L. 80/93, art. 60), no cierra para el contratante que ha consentido en sus términos, el control que pueden tener los motivos alegados por la administración al declarar la caducidad del contrato. Es cierto que no es usual que el contratista afectado con una declaratoria de caducidad acepte la liquidación del contrato, generalmente porque tiene diferencias con la entidad contratante con respecto al monto de la obra ejecutada y porque no está de acuerdo con el descuento de la cláusula penal, caso en el cual se hace necesario que la administración la efectúe en forma unilateral a través de un acto administrativo; pero el hecho de que acepte intervenir en la liquidación, en recibir lo que se le adeuda y en pagar la sanción pecuniaria, no puede significar una renuncia al posterior control jurisdiccional de legalidad del acto de declaratoria de caducidad del contrato, cuando además como sucede en el presente caso, la inconformidad del demandante no lo es con respecto a la liquidación que se hizo del mismo, pues allí sí habría lugar a que dicha liquidación sea irrevisable judicialmente.

Repárese que el demandante en nada cuestiona las actas de liquidación del contrato que suscribió con los funcionarios de la entidad demandada. Sobre el control de legalidad de los actos de caducidad y de liquidación del contrato, se dijo por esta sección(3).

(3) Auto de 30 de mayo de 1996, Exp. 11.759. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

"Es un hecho cierto que entre el acto de caducidad del contrato y el de liquidación existe una relación jurídica (como existe esa relación entre todos los actos que se dicten dentro de la operación contractual), pero no es un acto complejo. Tanto el uno como el otro conservan su propia individualidad, con sus alcances y efectos y con sus controles de legalidad propios (gubernativo y jurisdiccional), hasta el punto que bien pudo la parte afectada impugnarlos en su conjunto o separadamente. Así, no habría sido extraño que el contratista hubiese impugnado sólo la liquidación, por encontrar ajustado a la ley el de caducidad o viceversa”.

Por las anteriores razones no se encuentra fundamento para que prospere la excepción propuesta por la demandada, compartida por el Ministerio Público».

(Sentencia de mayo 11 de 1999. Expediente 10.196. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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