Sentencia 10213 de febrero 17 de 1998 

C ORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación Nº 10213

Acta Nº 5

Magistrado Ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

(...).

SE CONSIDERA:

El proveído gravado absolvió a la entidad demandada porque no halló en el expediente los estatutos de esta última, arguyendo que conforme al artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 era allí donde podía válidamente efectuarse la clasificación de trabajadores oficiales al servicio de tal instituto. Consideró por tanto no demostrada procesalmente la vinculación pro contrato de trabajo de la accionante quien desempeñó el cargo de auxiliar de servicios generales dependiente de la gerencia del fondo nacional de bienestar social, establecimiento público representado legalmente por el jefe del departamento administrativo del servicio civil y adscrito a este último.

La impugnación a su vez acusa esta deducción del tribunal como un error de hecho pues considera que la clasificación de trabajadores oficiales efectuada por el jefe del departamento administrativo del servicio civil, quien era el representante legal del fondo nacional de bienestar social, y contenida en la Resolución 380 del 1º de junio de 1982, no es otra cosa que un “estatuto conforme a la acepción que sobre el término traen los diccionarios de editorial sopena de Barcelona y “español de antónimos y sinónimos” editado por Aguilar.

Como se ve, no obstante que la Sala de instancia aludió a la sentencia Nº C-484 de 1995 de la Corte Constitucional que declaró inexequible un aparte del primer inciso del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, fundó su decisión precisamente en este último, el cual preveía la posibilidad de que los establecimientos públicos precisaran en sus estatutos las actividades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas por contrato de trabajo. Pero la censura no se ocupa de ello, sino que por el contrario centra sus reparos en el significado que el fallo del tribunal da a la palabra “estatuto”, para argumentar que la Resolución 380 de 1982 expedida por el jefe del departamento administrativo del servicio civil (fl. 240-244), es un estatuto, y por tanto suficiente para definir la conducción de trabajadores oficiales de quienes allí se encuentran así clasificados, como es el caso de la actora.

El jefe del departamento administrativo del servicio civil, expidió la resolución en referencia en su condición de representante legal del fondo nacional de bienestar social e invocando para ello las atribuciones que le confiere el artículo 64 del decreto extraordinario 147 de 1976.

Esta última norma faculta al fondo para determinar “la organización y el funcionamiento de cada uno de los empleados oficiales, centros recreativos y vacacionales y programas especiales, la forma de prestación de sus servicios y las condiciones para pertenecer a ellos, la cuantía del respectivo fondo rotatorio, las normas a que deberán sujetarse los usuarios de sus servicios, el monto de las cuotas institucionales y personales de sus afiliados y, en general todas las disposiciones necesarias para agilizar su adecuado funcionamiento”, pero de ninguna manera deriva de allí la potestad para efectuar la clasificación de las actividades que pueden ser desempeñadas por trabajadores oficiales, atribución que, por cierto, tampoco hubiera sido posible toda vez que, conforme al numeral 10 del artículo 76 de la constitución vigente para ese entonces, y al artículo 125 de la actual, se trata de una facultad indelegable del legislativo. De ahí que debe entenderse que “los estatutos” a que se refería la última parte del primer inciso del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, no podían ser otros que los básicos de la entidad, aquellos emanados del poder competente y que le dieron origen al establecimiento; distintos de los estatutos internos que pueden darse las entidades descentralizadas para establecer su organización y el desarrollo de sus funciones y objetivos, conforme al Decreto 3130 de 1968.

Acorde con lo anterior, la antigua sección primera de esta Sala, en sentencia del 25 de noviembre de 1993, expresó:

“...en el asunto bajo examen se requiere de consistente prueba al sustantiam actus, en que en los estatutos del establecimiento público debe consagrarse la clasificación del oficio desempeñado por el actor, como de trabajador oficial. Esta solemnidad emana del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 y tiene que ver con servidores de establecimientos públicos, que no desempeñan labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, porque de acuerdo con la norma en referencia, por regla general los servidores de estos establecimientos están vinculados mediante relación legal y reglamentaria y no por contrato de trabajo.

“Entonces no es ni el reconocimiento que los más altos directivos de la entidad hagan respecto de la naturaleza de la vinculación, del accionante, ni la decisión de la gerencia, ni el contrato de trabajo por sí solo, sino los estatutos acompañados del contrato de trabajo, el único medio idóneo para acreditar la calidad de trabajador oficial en este caso pues, tal naturaleza la determina la ley y no la voluntad de las partes; de ahí que tampoco podrían tenerse como prueba de confesión las referencias al actor como trabajador oficial, que aparecen en los documentos...”.

De acuerdo con lo anterior no puede decirse que el ad quem incurrió en error cuando calificó de legal y reglamentarias la relación que unió a la promotora del juicio con el establecimiento demandado, ya que no otra cosa podía deducir por regla general, ante la falta de prueba respecto de la vinculación por contrato de trabajo que, en este caso, era excepcional.

En consecuencia el cargo no prospera.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 12 de junio de 1997, en el juicio ordinario de Rosa Tulia Roa de Vanegas contra el Departamento Administrativo de la Función Pública fondo nacional de bienestar social en liquidación programa club de empleados oficiales.

Dada la corrección doctrinaria no se imponen costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Jorge Iván Palacio Palacio, Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Rafael Méndez Arango, Germán G. Valdés Sánchez, Fernando Vásquez Botero, Ramón Zúñiga Valverde, Laura Margarita Manotas González.

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