Sentencia 10224 de septiembre 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 10224

Autoridades nacionales.

Actor: Luis Fernando Caicedo

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre dieciocho de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

La demanda se encamina a obtener la nulidad de los acuerdos 034 y 052 de 1994, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual aduce el demandante que son contrarios a la Constitución y la ley.

La Sala estima conveniente reiterar los criterios expuestos al decidir sobre la suspensión provisional de los actos acusados, a saber:

La administración de justicia o función jurisdiccional, de acuerdo con los preceptos de los artículos 116 y 228 de la Carta Política es una función pública regida por mandatos legales expedidos por el Congreso (art. 150-23 id), y salvo las excepciones establecidas por el Constituyente, sus destinos o cargos pertenecen al sistema de administración de personal denominado de carrera judicial (C.N., art. 125) cuyas normas debía expedir el Congreso.

De conformidad con el artículo 256 de la C.N. corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, “según el caso y de acuerdo con la ley” administrar la carrera judicial (num. 1) y elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y según el caso y de acuerdo con la ley enviarlas a la entidad que deba hacerla; salvo en la jurisdicción penal militar, regulada por normas especiales (num. 2).

Con motivo del cambio constitucional ocurrido desde el 7 de julio de 1991, primero en cumplimiento de las disposiciones constitucionales transitorias del artículo 21, y luego desde la expedición de la Ley 27 de 1992, las normas expedidas en 1987 para regular la carrera judicial conservaron su vigencia en todo aquello que fuera compatible con la nueva Constitución, por mandato de sus artículos 4º y 21 transitorio.

Por lo tanto, la ley de carrera judicial para la época de expedición de los actos acusados era el Decreto-Ley 52 de 1987.

En aplicación del inciso 1 del artículo 256 de la norma superior, esta era la ley que debía observar el Consejo Superior de la Judicatura para los efectos de ejercer sus atribuciones como administrador de la carrera judicial y para la provisión a los nominadores de las listas de candidatos al desempeño como funcionarios judiciales.

El Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5º transitorio, literal c), el 25 de noviembre de 1991 expidió el Decreto 2652, por el cual se adoptaron medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, que en lo relacionado con la competencia para estos menesteres confirió a la Sala Administrativa del Consejo Superior en su artículo 11 el cumplimiento, entre otras funciones, de las siguientes:

“1. Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, y conocer de los recursos de apelación o de queja que se interpongan contra los actos de los consejos seccionales”.

“ 2. Dictar los reglamentos relacionados con la administración de la carrera judicial”.

Con apoyo en los artículos 6º, 122 y 209 de la Constitución Nacional se colige que tales atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura debían cumplirse dentro del preciso marco de aquélla y de la ley, como por lo demás lo reiteran los artículos 256 y 257 de la Carta. Esas competencias, en cuanto función administrativa, se llevan por los principios genéricos del artículo 209 ejusdem, y en cuanto al ejercicio de la potestad reglamentaria, con sometimiento a los preceptos constitucionales, previstos de modo general para el ejecutivo en el número 11 del artículo 189 constitucional, y para la rama judicial en particular por los artículos 256 y 257, según el caso.

Empero, de las facultades administrativas y reglamentarias del Consejo Superior de la Judicatura no puede inferirse que la Constitución le hubiese otorgado a su Sala administrativa poderes que no sean sino los esencialmente administrativos para la cumplida ejecución de las leyes, pues no despojó al Congreso de sus potestades legislativas respecto de la administración de justicia como función pública (art. 228), ni de la carrera judicial, ni en lo relacionado con el servicio público (C.N., art. 150-23 y 125), lo cual se deduce de las expresas referencias del constituyente para que el Consejo Superior de la Judicatura actúe con pleno acatamiento de la Constitución y de la ley.

El estatuto de la carrera judicial de la época (D.L. 052/87) se caracterizaba porque en su artículo 1º establecía la igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso en el servicio de funcionarios y empleados con estabilidad e independencia, de lo cual puede inferirse que dicho sistema particular sólo contemplaba el concurso para ingresar y ascender en el escalafón de cargos de la carrera judicial, pero no para desempeñarlos “en provisionalidad o en el cargo”.

Esta afirmación se corrobora en otros textos como los del artículo 3º y los de su título III, denominado “proceso de selección e ingreso”.

En efecto, el artículo 3º ibídem disponía respecto de los funcionarios que: “el ingreso al servicio de la administración de justicia se hará (...) por nombramiento en propiedad, en período de prueba o en provisionalidad para los de carrera”, y que eran funcionarios, conforme a esa regla los magistrados y los jueces (art. 2º ejusdem; se subraya); pero ingresar al servicio no equivalía a ingresar a la carrera judicial dado que existe en el Decreto Ley 052 de 13 de enero de 1987 disposición que determina formalmente cuándo se ingresa a la misma (art. 39).

En la Carta Política de 1991 esas nociones encuentran apoyo, si se consultan los dictados de los artículos 116 y 228 referentes a la administración de justicia como función pública, y el 125 concerniente al precepto del sistema de méritos o carrera en los empleos de los distintos entes y órganos del Estado, tanto que existen administradores de justicia no inscritos en carrera judicial, y escalafonados que no administran justicia.

Si ello es así, las facultades del Consejo Superior de la Judicatura en cuanto se refiere a la reglamentación de la carrera judicial, no le permiten regular otros aspectos del servicio como el ingreso al servicio público, competencia atribuida al Congreso mediante leyes (C.N., art. 150-23).

El artículo 21 del Decreto Ley 052 de 1987 decía que “la selección para el ingreso o ascenso en la carrera se hará por el sistema de méritos y comprende la convocatoria, el concurso y el período de prueba” pues, conforme al artículo 39, el ingreso efectivo a la carrera judicial se obtiene “con la designación en propiedad y las calificaciones satisfactorias en período de prueba, cuando éste se exija de conformidad con normas del presente estatuto”.

El estatuto de carrera judicial de entonces regulaba en sus artículos 23, 29 y 33 los eventos de provisión de los cargos.

El artículo 23 en cuanto resultaba compatible con el sistema constitucional establecía que “producida una vacante (...) el nominador informará inmediatamente en el primer caso y coordinará (...) con los consejos las fechas modalidades y bases del concurso para efectos de la convocatoria”, que ha de sopesarse bajo las modificaciones constitucionales y del decreto de funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo 29 ordena que “en firme la calificación (de los resultados del concurso) se procederá al nombramiento del ganador o ganadores, según el número de cargos”, y pasa a tratar la que puede denominarse lista de elegibles, pues en su inciso 2º manda que “quienes hubieren aprobado el concurso y se encuentren ubicados dentro de las cinco primeros puestos, si no fueren nombrados, permanecerán en lista de elegibles, por el lapso de dos (2) años y podrán ser designados en cargos de igual naturaleza y categoría en el mismo distrito”, y el artículo 33, ibídem, regulaba la actuación respecto de las vacancias definitivas y transitorias, así:

“En caso de vacancia definitiva, cuando las necesidades del servicio lo exijan y no se pudiere proveer el cargo por el sistema de méritos, la designación se hará con carácter provisional e inmediatamente el nominador informará al respectivo consejo de la carrera para efectos de la convocatoria”.

“Las vacancias transitorias se proveerán igualmente en provisionalidad o encargo”.

Resulta obvio que estas facultades legales de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial como nominadores dentro de sus competencias y respecto de los cargos de carrera judicial (magistrados y jueces), en lo concerniente a su provisión con carácter provisional o en encargo ante las vacancias definitivas o transitorias, o cuando lo exijan las necesidades del servicio, o no se pudiere proveer el cargo por el sistema de méritos, o por agotamiento de la lista de elegibles prevista en la ley de carrera, constitucional y legalmente corresponden a la potestad del nominador y no están sujetas o condicionadas por determinaciones del administrador de la carrera. Tanto que en el Decreto Ley 052 de 1987 para no interrumpir la prestación de la función pública judicial se ordena efectuar la designación en provisionalidad o encargar y luego si avisar al ente administrador de la carrera judicial para la realización del concurso en orden a la designación a que haya lugar posteriormente.

Del mismo modo, se colige que el legislador extraordinario de 1987 no vinculó estas facultades del nominador (designar en provisionalidad o en encargo, se repite) a la realización de concurso de méritos previo para confeccionar la lista de personas designables, porque son aspectos del ingreso al servicio público más no del ingreso a la carrera judicial, puesto que la carrera judicial diseñada en el Decreto Ley 052 de 1987 no contemplaba esa exigencia; por lo demás, ajena a la noción de carrera y a sus características (la estabilidad, entre otras) y porque son situaciones administrativas (la provisionalidad y el encargo) de las cuales no se derivan los derechos subjetivos propios de la carrera.

Es por ello que la carrera judicial no comienza con la designación en provisionalidad ni en encargo, sino, conforme al artículo 39, ibídem, con la designación en propiedad y las calificaciones satisfactorias en período de prueba cuando éste se exija de conformidad con las normas estatutarias, y ni siquiera con el nombramiento en período de prueba ordenado por el artículo 34 del Decreto-Ley 052 de 1987.

No existían en el Decreto-Ley 52 de 1987 las instituciones del Registro Nacional de Elegibles, ni el “curso de formación judicial”.

El punto de los elegibles, como se acotó, lo trata el artículo 29 ejusdem para integrar la lista de elegibles por el lapso de dos (2) años con las personas que hubieren aprobado el concurso, ocuparen los cinco (5) primeros puestos y no fueren nombrados, y les concedía la posibilidad de ser designados en cargos de igual naturaleza en el mismo distrito.

El reglamento no podía modificar o exceder el marco que impone la ley, a menos de resultar contrario al artículo 189, numeral 11 de la Carta por extralimitación de atribuciones.

El Acuerdo 34 del 13 de abril de 1994 “por el cual se dictan reglas generales para los concursos de méritos destinados a la selección de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial”, consta de 45 artículos y tres disposiciones transitorias, y fue proferido bajo la invocación genérica de sus atribuciones constitucionales y legales por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En líneas generales contempla que el sistema de ingreso al servicio a los cargos de carrera “comprende las etapas sucesivas de concurso, conformación del registro de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación” (art. 2º); que el concurso determina su inclusión y ubicación en el “Registro Nacional de Elegibles” (art. 3º); que el concurso ordinario tiene como propósito integrar el Registro Nacional de Elegibles para todos los cargos de carrera de funcionarios y empleados de la rama judicial (art. 4º) y extraordinario cuando el “número de aspirantes en el Registro Nacional de Elegibles, excluidos los funcionarios judiciales en ejercicio, sea insuficiente teniendo en los listados de opción previstos en el artículo 37, y en todo caso cuando dicho número se haya reducido a no mas de diez nombres” (art. 5º); para cuyos fines reglamenta las sucesivas etapas del procedimiento a seguir en la selección e integración de los elegibles, entre ellas “el curso de formación judicial” (art. 23), y la confección de listas para los cargos de cuya provisión se trate, tanto en propiedad como en provisionalidad, tomándolos necesariamente de los listados de opción del Registro Nacional de Elegibles del cargo que corresponda (art. 41).

Si bien la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene conferidas constitucional y legalmente facultades reglamentarias respecto de la carrera judicial según el caso y de acuerdo con la ley (C. N., art. 256, y D. 2652/91, art. 11), no puede modificar la ley so capa de su reglamentación.

Por simple comparación de los artículos referidos del Acuerdo 034 de 1994 cuestionado en este expediente con las normas estatutarias de la carrera judicial del Decreto Ley 052 de 1987, se comprueba el exceso en la potestad reglamentaria.

Como se vio el artículo 21 del Decreto Ley 052 de 1987 disponía que “la selección para el ingreso o ascenso en la carrera se hará por el sistema de méritos y comprende la convocatoria, el concurso y el período de prueba”; y en otras disposiciones como el artículo 29, contemplaba el nombramiento por el respectivo nominador como potestad suya; y el artículo 39 regula el ingreso a la carrera.

Ese designio legal distingue así dos especies de servidores públicos a partir de diferenciar el ingreso a la carrera judicial o ascender en ella, donde se encuentra un servidor público escalafonado; y la otra especie que corresponde a un servidor público sin escalafón porque solamente ha ingresado al servicio público, pero sin los derechos del primero. Del propio modo el nombramiento del ganador del concurso se hace en período de prueba y no ingresa a la carrera por el mero hecho del nombramiento y de la confirmación, sino dependiendo del resultado de sus calificaciones en esa etapa.

En contraste, el artículo 2º del Acuerdo 034 de 1994 que se expidió como reglamento de aquél, lo desborda y contraría porque según reza “el sistema de ingreso de funcionarios y empleados al servicio a los cargos de carrera comprende las etapas sucesivas de concurso, con formación del registro de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación”, que es un sistema diferente al del Decreto Ley 052 de 1987, como se evidencia.

Sus diferencias y por ende los desbordamientos de la potestad reglamentaria se observan también por el contraste entre los dos modelos, el legal y el reglamentado. El del Decreto Ley 052 de 1987, distinguía entre ingreso al servicio de la administración de justicia e ingreso a la carrera (arts. 3º y 39, ibídem) de lo cual brotan no pocas diferencias respecto de los poderes del nominador del funcionario y las facultades del administrador de la carrera judicial. A la carrera judicial no se ingresa con el desempeño de funciones inherentes a cargos de carrera, sino mediante actos jurídicos eminentemente diferentes.

El sistema reglamentado definido por el Acuerdo 034 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura, es decir el que pretende ser reglamento de aquél, elimina esa distinción fundamental entre desempeñar funciones públicas en un cargo de carrera e ingresar al sistema legal conocido como de “carrera”.

Se pone de presente también el contraste de los dos modelos, el del Decreto Ley 052 de 1987 y el del acuerdo en cuestión, que se repite no son consonantes y complementarios como deberían serlo, en el punto de las designaciones en provisionalidad. El estatuto de 1987 otorgaba ese poder, que no corresponde a la carrera judicial sino al ingreso al servicio a la función pública, al nominador para que primero los provea y actúe inclusive en los casos de vacancia definitiva (art. 23 y 33, ídem) aún por fuera del sistema de méritos si ocurrieren los hechos allí determinados, y luego entere al administrador de la carrera para los efectos de la convocatoria y sus efectos subsecuentes.

En efecto, obsérvese que disponía lo siguiente:

“En caso de vacancia definitiva, cuando las necesidades del servicio lo exijan y no se pudiere proveer el cargo por el sistema de méritos, la designación se hará con carácter provisional e inmediatamente el nominador informará al respectivo consejo de la carrera para efectos de la convocatoria.

“Las vacancias transitorias se proveerán igualmente en provisionalidad o encargo”.

Sin embargo, el artículo 41 del Acuerdo 034 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura regula el punto de modo diverso así:

“Las salas administrativas de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura elaborarán las listas de candidatos para los cargos de cuya provisión, se trate, tanto en propiedad como en provisionalidad, tomándolos necesariamente de los listados de opción del Registro Nacional de Elegibles. para el cargo que corresponda. La lista será enviada a la corporación o despacho nominador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido solicitada. Cuando el número de inscritos disponibles, incluidos los funcionarios o empleados judiciales en carrera, se (sic) inferior a tres, se procederá al nombramiento en provisionalidad hasta el siguiente concurso” (se destaca).

Existe, entonces, derogación de la ley más que reglamentación de la norma, con evidente violación de los artículos 256, numerales 1, 2; 189, numeral 11; 125, 150-23 de la C.N.; de los numerales 1 y 2 del artículo 11 del Decreto 2652 de 1991, y del título III del Decreto Ley 052 de 1987.

El mismo exceso del poder reglamentario afecta las siguientes disposiciones del acuerdo en cuestión:

En el artículo 2º, la expresión “nombramiento y confirmación”.

En el artículo 3º, “se determina su inclusión y ubicación en el Registro Nacional de Elegibles”.

El artículo 4º en su totalidad.

El artículo 5º en su totalidad.

En el artículo 6º el inciso 2 en su totalidad.

El artículo 9º en su totalidad.

En el artículo 14, del inciso 3 la expresión “y cinco ( 5) días más”.

En el artículo 16, de su inciso 1 la expresión “que harán parte del Registro Nacional de Elegibles”; el numeral 2 que dice “el curso de formación judicial”, y el inciso final que dice “la aprobación de esta etapa permite al aspirante ingresar al Registro Nacional de Elegibles”.

El artículo 23 en su totalidad.

En el artículo 24, del numeral 2 su totalidad.

El artículo 25 en su totalidad.

Del artículo 26 ,en su inciso 1 la expresión “e ingresan por tanto al Registro Nacional de Elegibles”.

Del artículo 30 en su inciso 1 la expresión “cuando se juzgue conveniente”.

Del artículo 34, el numeral 1 que dice “curso de formación judicial hasta 350 puntos”; y del inciso final la expresión “primero”.

Del artículo 36 las siguientes expresiones: “a elaborar los listados de inscripción en el registro según el orden de puntaje”; “para los efectos de la opción prevista en el artículo siguiente”; la expresión “de opción”; “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elaborará el Registro Nacional de Elegibles correspondiente a los cargos de funcionarios y empleados dentro de cada categoría y especialidad y lo adoptará mediante acuerdo”.

El artículo 37 en su totalidad.

El artículo 40 en su totalidad.

Del artículo 41 la expresión “como en provisionalidad, tomándolos necesariamente de los listados de opción del Registro Nacional de Elegibles, “y el inciso segundo en su totalidad.

El artículo 42 en su totalidad.

De sus disposiciones transitorias: El artículo transitorio primero y el artículo transitorio segundo.

De otro lado, el Acuerdo 052 del 19 de mayo de 1994 “por el cual se convoca a un concurso de méritos”, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sin especificar las normas invocadas ni decir de modo expreso que se funda en el Acuerdo 034 de 1994, de contenido general respecto de las convocatorias, consta de cinco (5) artículos.

Según el 1º de ellos, la convocatoria está destinada a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de magistrados de Tribunales Superiores y Contencioso administrativos, “con base en el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elaborará las listas de candidatos para provisión de los mismos en los casos en que sea necesaria”. El artículo 2º se ocupa de establecer las condiciones y los términos del proceso de selección, entre los que se destacan los requisitos de los aspirantes, la inscripción, la verificación de requisitos, las etapas del concurso, la publicación de resultados, el registro de elegibles, la opción de cargos y el evento de la declaración de desierto. El artículo 3º se refiere a los colaboradores y apoyos administrativos; el 4º indica la fecha y forma de la publicación de la convocatoria y el 5º y último, su vigencia.

Para la Sala, la finalidad del artículo 1º del acuerdo subordina y justifica los restantes y por lo mismo examinará en primer lugar, la consonancia de aquél como determinante frente a las normas denunciadas.

El Decreto Ley 052 de 1987, no preveía la existencia del Registro Nacional de Elegibles como magistrados en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual evidentemente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura excede sus facultades reglamentarias, tanto que modifica las previsiones del legislador ordinario y extraordinario en estas materias de la carrera judicial, y altera por la vía del reglamento las previsiones legales.

De otra parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en cuanto le imprime a dicha lista la vocación instrumental para la provisión de cargos de carrera judicial “en los casos en que sea necesaria”, como son indudablemente las hipótesis contempladas en los artículos 23 y 33 del Decreto Ley 052 de 1987, de la vacancia definitiva, cuando las necesidades del servicio lo exijan y no se pudiere proveer el cargo por el sistema de mérito modifica la ley que se reglamenta; pues el legislador confirió al respectivo nominador proveer el cargo con carácter provisional y luego de ello informar al administrador de la carrera para la convocatoria a que haya lugar. Y en la vacancia transitoria proveer igualmente el cargo en provisionalidad o encargo, sin sujetarlo, en las dos hipótesis, a posponer sus facultades y condicionarlo a las previsiones reglamentarias del ente administrador de la carrera judicial, máxime si dichos eventos no son propios de la misma.

En efecto, tal como ya se dijo, las situaciones legales de “provisionalidad” y de “encargo” en el sistema del Decreto Ley 052 de 1987 no son estatutariamente elementos de la carrera judicial, porque para el criterio del legislador de entonces, uno es el ingreso al servicio de la función pública en la administración de justicia, para lo cual no es requisito irreductible pertenecer a la carrera judicial, tanto que se puedan desempeñar cargos del escalafón sin pertenecer a él; y otro diferente el “ingreso a la carrera judicial”.

Del mismo modo, la regulación de las situaciones de ingreso a la función pública de la administración de justicia, como serían las aludidas “provisionalidad o encargo”, corresponde al legislador con base en el artículo 150, numeral 23 de la Carta mediante leyes, y ese punto es absolutamente ajeno a las potestades reglamentarias del Consejo Superior de la Judicatura respecto de la carrera judicial.

Consecuentemente, imponerle a los nominadores (la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado) que para ejercer las facultades que el constituyente les otorgó respecto de los magistrados de los respectivos tribunales y que no les desconoció el estatuto de carrera judicial vigente (D. L. 052/87) sin condicionamientos en lo concerniente a las designaciones en provisionalidad o en encargo, en las vacancias transitorias o definitivas de los cargos de carrera judicial, es, de primera mano, modificar las potestades constitucionales y legales de los nominadores derivadas de las reglas constitucionales y estatutarias vigentes para la carrera judicial, que no pueden ser derogadas por los actos administrativos reglamentarios.

Existe, pues, en el artículo 1º del Acuerdo 052 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura, derogación de la ley más que reglamentación de la norma de carrera judicial, con evidente violación de los artículos 256, numerales 1, 2; de los artículos 189, numeral 11; 125, 150-23 de la C. N.; de los numerales 1 y 2 del artículo 11 del Decreto 2652 de 1991, y del título III del Decreto Ley 052 de 1987.

En tanto los restantes artículos (2º a 5º) del acto administrativo impugnado deben su existencia a la finalidad pretendida por el primero del acuerdo, resultan violatorios de las mismas normas, dada su relación de medio a fin.

Sin embargo, la Sala debe tomar en cuenta que con la Ley 270 del 7 de marzo de 1996 se le dieron al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, las funciones que se pretendió asignarle a través de los acuerdos demandados, con excepción de lo relacionado con nombramientos en provisionalidad o en encargo. Esto es, que este nuevo ordenamiento vino a purgar la ilegalidad de los mismos, situación que no puede ignorarse, y que convalida, así sea a posteriori, los demás aspectos que de conformidad con el análisis expuesto resultarían violatorios de las normas superiores vigentes en la época de su expedición.

Por consiguiente, únicamente se decretará la nulidad de los artículos o apartes que se refieran a la designación en provisionalidad o en encargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Decrétase la nulidad de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 36 del Acuerdo 034 del 13 de abril de 1994, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Así mismo, de la frase “como en provisionalidad”, del artículo 41, inciso primero, del mismo acuerdo.

2. Decretar la nulidad del Acuerdo 052 del 19 de 1994,

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “por el cual se convoca un concurso de méritos”, pero solamente en cuanto se refiere a designaciones en provisionalidad o encargo.

3. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese en los Anales del Consejo de Estado. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del día 18 de septiembre de 1997.

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