Sentencia 10236 de diciembre 11 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PAROS ILEGALES

DESPIDO DE TRABAJADORES

EXTRACTOS:«Como quedó dicho atrás al resumir las razones que tuvo el tribunal para absolver a la demandada de las pretensiones del hoy recurrente, el fallo acusado en casación se fundó en la interpretación que esta Sala de la Corte hizo del numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo en sentencia de 11 de mayo de 1987 de su extinguida Sección Primera.

No se requiere entonces de especiales argumentos para concluir que quien está equivocado e interpreta erróneamente dicha norma es el impugnante, pues, contrariamente a lo que él asevera, constituye una justa causa de despido la intervención o participación activa de un trabajador en una suspensión colectiva o paro del trabajo declarado ilegal por el Ministerio del Trabajo, autoridad administrativa a la que legalmente se ha otorgado esta competencia.

Y no podría ser de otra forma, pues, por razones tan obvias que no requieren de una explicación para ser demostradas, quien interviene o participa activamente en una suspensión colectiva de trabajo declarada ilegal dejó de realizar personalmente su labor en los términos que estipuló con su patrono, siendo ésta una de sus obligaciones especiales como trabajador en los claros términos del ordinal 1º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo; y esta conducta se encuentra expresamente contemplada como justa causa de terminación del contrato de trabajo en el ordinal 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que era la norma vigente para la época en que se produjo el despido de Leonel de Jesús Osorio.

Conforme se explicó en la sentencia de 11 de mayo de 1987, si el trabajador intervino o participó en el cese colectivo de actividades declarado ilegal por la autoridad competente, sin más requisitos, queda incurso en la justa causa de terminación del contrato a la que se refiere explícitamente el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, estatuyendo inclusive que “respecto a los trabajadores amparados por fuero, el despido no requerirá calificación judicial”, pues, de su peso se cae, que si para trabajadores que gozan de la garantía de no ser despedidos sin previa calificación judicial de la justa causa, el despido no requerirá en los casos en que se declara la ilegalidad de la suspensión o paro del trabajo de dicha calificación, a fortiori, incurren en la justa causa de despido los trabajadores que no están amparados por fuero sindical.

Y es apenas lógico que así sea, puesto que únicamente cuando la huelga es legal resulta legítimo para el trabajador no realizar personalmente la labor que estipuló con su patrono, y por la cual éste debe pagarle un salario.

Basta lo dicho para concluir que el tribunal no violó la ley, ya que al resolver el litigio sometido a su decisión interpretó cabalmente y en su genuino y exacto sentido las normas que aplicó.»

(Sentencia de casación, diciembre 11 de 1997. Rad.:10.236. Magistrado ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

Salvamento de Voto

Me aparto de la decisión mayoritaria en el proceso de la referencia, amparado en razones de orden constitucional y legal pues con arreglo al artículo 4º de la Constitución Nacional “...En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución, la ley y otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Las normas constitucionales garantizan el derecho al trabajo, a la estabilidad en el mismo, como el de asociación y el de la acción colectiva de los trabajadores en defensa de sus derechos. Así, dentro de este marco se tiene que el numeral segundo del artículo 450 del C.S.T., en su esencia, otorga herramientas que fácilmente propician a los empleadores a romper la unidad sindical, dándole opciones legales de quebrantar los derechos constitucionales, como es de despido a su arbitrio a los trabajadores referidos en la norma, incluyendo a los aforados cuya estabilidad configura la columna vertebral de las organizaciones sindicales pero que por su ministerio quedan a merced de la voluntad patronal en los casos contemplados en el canon que, a mi modo de ver, choca con la finalidad o teleología de la protección constitucional a los derechos señalados, pues autorizaciones como la contenida en el precepto bien pueden destruir con un simple acto administrativo —que bien se sabe— generalmente son producidos de manera ligera, que no por funcionarios judiciales como lo prevé la Constitución, precisamente para garantizar al máximo la eficacia de los derechos laborales consagrados constitucionalmente.

En casos como el que ocupó la atención de la Corte y frente a la acusación de interpretación errónea del numeral 2º del artículo 450 del C.S.T, procedía declarar la excepción de inconstitucionalidad sobreviniente, con arreglo al artículo 4º superior.

En los términos anteriores dejo consignado mi salvamento de voto.

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