Sentencia 10239 de septiembre 4 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

SE DEMANDA DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ

EXTRACTOS: «Las pretensiones formuladas en la demanda tienen como finalidad el reconocimiento de un acto presunto por la ocurrencia del silencio administrativo negativo y la nulidad del mismo e igualmente la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada y la consecuencial condena a la indemnización por los perjuicios ocasionados a la demandante, por hechos imputables a la demandada ocurridos el día 4 de enero de 1984.(*)

(*) Los hechos consisten en que la demandante se lesionó al sufrir una caída durante un chequeo médico en uno de los consultorios adscritos a la Caja de Previsión Social de Cundinamarca (N del D.).

(...)

El supuesto acto administrativo presunto demandado.

De conformidad con el artículo 210 inciso final de la Constitución anterior (hoy artículo 346 inciso 2º) en la ley de apropiaciones no puede incluirse partidas que no correspondan a un crédito judicialmente reconocido o a un gasto decretado conforme a ley anterior. Pero ello no impide que una entidad pública, después de una valoración de los hechos a ella imputables y sus consecuencias jurídicas y patrimoniales, acceda a las peticiones indemnizatorias de un particular y en virtud de ello acuerde como manera de precaver un eventual litigio contencioso administrativa, la suscripción de un contrato de transacción (artículo 2469 y siguientes del Código Civil) y hoy acuda al procedimiento de la conciliación prejudicial (artículos 59 y siguientes de la Ley 23 de 1991).

En el caso de autos se observa que el día 2 de marzo de 1984 la actora y su esposo presentaron al gerente de la caja una solicitud de reconocimiento de gastos y perjuicios par las lesiones sufridas en sus instalaciones, y como consecuencia de la ausencia de un pronunciamiento por parte de la entidad, en concepto de la demandante se configuró el silencio administrativo negativo.

Es claro que la acción presentada por el demandante el 5 de febrero de 1987 no era idónea para la prosperidad de sus pretensiones.

La presentación de su solicitud ante la administración, no le permitía a la actora abrir la vía procesal adecuada para reclamar la indemnización por los hechos ocurridos el cuatro de enero de 1984, por las razones que se exponen a continuación:

1. La causa del daño sufrido por la demandante no es ni la renuencia de la administración a responder a su petición ni la negativa presunta de la misma, sino los hechos sucedidos el cuatro (4) de enero de 1984.

En efecto, que esta entidad hubiera omitido manifestarse posteriormente a los hechos y ante una petición formulada respecto del reconocimiento de gastos y perjuicios solicitado por la víctima y su esposo el día 2 de marzo de 1984, es una circunstancia que en forma alguna puede considerarse como generadora del hecho dañino reclamado porque, a juicio de la Sala, no puede pedirse el resarcimiento de perjuicios haciendo caso omiso de la fuente del mismo, como equivocadamente lo hizo la parte actora en la demanda (folio 7) y en el escrito de apelación (folio 188).

2. Cuando se producen perjuicios por hechos u omisiones de una autoridad pública, el damnificado podrá exigir su resarcimiento mediante la acción de reparación directa. Vale decir, no podrá reclamarle el reconocimiento a la entidad pública responsable porque ésta, en principio, no podrá autocondenarse al pago de tales perjuicios. Sólo el juez administrativo podrá imponer esta condena.

En estos eventos, en otros términos, no podrá involucrarse el derecho de petición en interés particular con el derecho de acción que le asiste al perjudicado.

3. Si éste, en lugar de demandar, le pide a la administración el resarcimiento del daño, ésta no podrá acceder a lo pedido; y su negativa a responder tampoco producirá un acto negativo presunto (silencio). Si así fuera, frente a dichos actos (el expreso o el negativo presunto) habría de instalar la acción de nulidad y restablecimiento y no la de reparación directa como si el daño no lo hubiera producido el hecho o la omisión, sino la decisión administrativa.

4. El administrado ejerce el derecho de petición en interés particular cuando de antemano no tiene la acción para reclamar sus derechos y busca un supuesto para hacerlo (una decisión administrativa). Tal como se observa cuando un servidor o ex servidor oficial reclama el reconocimiento de sus derechos laborales. En estos casos, no puede demandar su reconocimiento directamente al juez, sino que tiene que esperar el pronunciamiento oficioso de la administración o provocarlo, para poder acceder a la jurisdicción.

5. En los casos de daños por hechos u omisiones de la administración, la vía será la de la demanda directa ante el juez, porque no existirá ni la petición previa (como sí existe en países como Francia y España) ni como es obvio, tampoco el agotamiento de la vía gubernativa. Este es el alcance que tiene la acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del CCA.

Lo dicho no impide que el damnificado, antes de demandar, intente conciliar sus pretensiones con la administración o busque transigir sus diferencias con la misma. Vías autorizadas por la ley. (Ley 23 de 1991, arts. 59 y ss.; art. 6º Decreto-Ley 2651 de 1991 en armonía con el art. 2469 y ss. del Código Civil).

6. En síntesis, el damnificado puede buscar las citadas vías de acuerdo prejudicial, pero no puede provocar un pronunciamiento administrativo para demandarlo luego en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque se repite, ello equivaldría ni más ni menos, a modificar la causa del daño».

(Sentencia de septiembre 4 de 1997. Expediente 10.239. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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