Sentencia 10255 de noviembre 17 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán.

Ref.: 1100103270002000014801.

Rad.: 10255

Actor: Javier Hernando Muñoz Segovia.

Nulidad parcial del Decreto 2233 de1996 expedido por el Gobierno Nacional.

Fallo

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil.

El ciudadano Javier Hernando Muñoz Segovia en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita la nulidad parcial del Decreto 2233 de 1996 expedido por el Gobierno Nacional.

Acto demandado

Es acto demandado el Decreto 2233 de 1996 expedido por el Presidente de la República, en sus artículos 54 (total) y 56 (en la parte que se destaca), cuyo texto es el siguiente:

“Decreto 2233 DE 1996

(Diciembre 7)

“Por el cual se establece el régimen de las zonas francas industriales de bienes y de servicios.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el ordinal 25 del artículo 189 de la Constitución Nacional y con sujeción a las pautas generales previstas en el artículo 3º de la Ley 6ª de 1971, en la Ley 109 de 1985 y en el artículo 6º de la Ley 7ª de 1991.

DECRETA:

“ART. 54.—Usuarios industriales. De conformidad con el artículo 213 del estatuto tributario o con las normas que lo sustituyan o modifiquen, para los usuarios industriales de la zonas francas industriales de bienes y de servicios, constituye renta exenta del impuesto sobre la renta y complementarios la parte proporcional de los ingresos obtenidos por sus ventas a mercados externos en los términos y condiciones establecidos en el artículo anterior.

ART. 56.—Requisitos para presentar la declaración de renta y complementarios. Los usuarios operadores deberán presentar declaración de renta y complementarios de conformidad con las disposiciones pertinentes del estatuto tributario y dentro de los plazos fijados por el Gobierno Nacional.

Los usuarios industriales deberán presentar anualmente, dentro de los plazos que para el efecto fija el Gobierno Nacional, la declaración de renta con los datos necesarios para determinación normal de la base gravable, de acuerdo con las normas vigentes.

Para el efecto, el usuario respectivo deberá llevar contabilidad separada, respaldada por comprobantes internos y externos pertinentes, así:

1. De los ingresos por venta de bienes o de servicios al extranjero y de los costos imputables a los mismos.

2. De los ingresos por venta de bienes o de servicios al mercado nacional y de los costos imputables a los mismos.

PAR.—Cuando los costos y gastos en que haya incurrido afecten indistintamente a ingresos provenientes de ventas a los mercados externo y nacional, sin que sea posible establecer su imputación directa a uno o a otro, serán admisibles dichos costos y gastos, para determinar la renta gravable, en la misma proporción que tengan los ingresos por ventas al mercado interno dentro del total de los ingresos operacionales del ejercicio fiscal”.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

Decide la Sala sobre la legalidad del artículo 54 del Decreto 2233 de 1996 según el cual constituye renta exenta del impuesto sobre la renta y complementarios para los usuarios industriales de las zonas francas industriales, “la parte proporcional de los ingresos obtenidos por sus ventas a mercados externos”, en los términos establecidos en el artículo 213 del estatuto tributario; y del artículo 56 del mismo decreto, en cuanto establece que dichos usuarios deben llevar “contabilidad separada” de los ingresos por ventas al extranjero y de los costos imputables a los mismos, y de los ingresos por ventas al mercado nacional y de los costos imputables a éstos, disponiendo en su parágrafo único que cuando los costos y gastos en que se haya incurrido afecten indistintamente a los ingresos provenientes de ventas a mercados externos y nacionales, serán admisibles dichos costos y gastos para determinar la renta gravable, en la misma proporción que tengan los ingresos por ventas al mercado interno dentro del total de los ingresos operacionales del ejercicio fiscal.

Las normas que según el actor resultan infringidas con la expedición de las disposiciones acusadas corresponden a los artículos 26, 178 y 213 del estatuto tributario; y 338 de la Constitución Política.

Según los términos de la demanda los cargos de violación se concretan así:

1. El artículo 213 del estatuto tributario establece que constituyen rentas exentas las correspondientes a todos los ingresos que se obtengan en desarrollo de las actividades industriales en las zonas francas, sin distinguir entre ingresos obtenidos por ventas a mercados externos de los ingresos obtenidos por ventas al mercado nacional.

El artículo 54 del Decreto 2233 de 1996, al disponer que sólo constituye renta exenta “la parte proporcional de los ingresos obtenidos por sus ventas a mercados externos” está restringiendo el beneficio otorgado en la ley y además está variando el contenido y alcance de una norma tributaria invocando facultades constitucionales y legales que facultan al Gobierno Nacional para concretar normas del régimen aduanero y de comercio exterior.

2. Los artículos 26 y 178 del estatuto tributario, señalan los ingresos que son base para la renta líquida y la determinación de la renta líquida, en su orden, prescribiendo que en los “ingresos brutos” se incluyen la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios que no estén expresamente excluidos por la ley, incluyendo dentro de esa totalidad los ingresos que constituyan “renta exenta”. De los ingresos se restan todos los costos que sean imputables a los mismos y las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta, para llegar a la renta líquida, de la cual se restan las “rentas exentas”.

El artículo 56 del Decreto 2233 de 1996 está modificando la base gravable consagrada en las citadas normas legales, al disponer que para determinar la base gravable sólo serán admisibles los costos que sean imputables a los ingresos por ventas al mercado nacional y no los que fueren imputables a ingresos por ventas a mercados externos, ya que según dicha disposición, los costos y gastos comunes que afecten los ingresos por ventas a mercados externos y nacionales, serán admisibles en la “misma proporción que tengan los ingresos por ventas al mercado interno dentro del total de los ingresos operacionales del ejercicio”. Implica que para los usuarios que no pueden hacer tal discriminación, sólo serán admitidos los costos vinculados a ingresos por ventas al mercado nacional, estableciendo una distinción que no consagra la ley.

En defensa de la legalidad de las disposiciones acusadas argumentaron tanto la apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como la del Ministerio de Comercio Exterior, que la renta exenta para los usuarios industriales de las zonas francas está limitada en los términos de la Ley 109 de 1985, y del artículo 213 del estatuto tributario, a los ingresos provenientes de las ventas realizadas a mercados externos, por corresponder a un incentivo tributario establecido para promover las exportaciones e ingreso de divisas.

En cuanto a la limitación de los costos y gastos y por ende la modificación de la base gravable del impuesto de renta, que según el actor surge de la aplicación del parágrafo del artículo 56 acusado, coinciden igualmente las intervinientes en señalar que la renta exenta en el evento propuesto en la norma es el resultado de deducir de los ingresos provenientes de las ventas al mercado externo, el valor de los costos y gastos que sean imputables a dichos ingresos, atendiendo a la proporcionalidad que a éstos corresponda dentro del total de los ingresos operacionales del período fiscal respectivo.

Atendiendo a las razones en que se sustentan los cargos formulados y tomando en consideración los argumentos de la defensa, procede la Sala a definir sobre la legalidad de las disposiciones demandadas conforme a las siguientes consideraciones:

En primer término se observa que el Decreto 2233 de 1996 “por el cual se establece el régimen de las zonas francas industriales de bienes y servicios” fue expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades que le confiere el ordinal 25 del artículo 189 de la Constitución Política para regular lo concerniente al régimen de aduanas y comercio exterior, invocando al efecto los postulados generales previstos en las leyes 6ª de 1971 (ley marco de aduanas); 109 de 1985 (estatuto de zonas francas); y 7ª de 1991 (ley marco de comercio exterior).

Las disposiciones contenidas en los artículos 54 y 56 del Decreto 2233 de 1996, objeto de la demanda, se refieren en su orden a la exención del impuesto de renta y complementarios para los usuarios industriales de las zonas francas consagradas en el artículo 213 del estatuto tributario y a los requisitos que deben cumplir los mismos usuarios, al presentar su declaración de renta, luego por el aspecto de su contenido material se entienden expedidas en desarrollo de la facultad reglamentaria que confiere al ejecutivo el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política y en consecuencia sometidas a los principios constitucionales que rigen la facultad impositiva, y enmarcadas dentro de los limites de las leyes que justifican su expedición.

En efecto, es claro que los aspectos regulados por las normas demandadas, son esencialmente de carácter tributario y por tal razón escapan a la órbita de las atribuciones que al ejecutivo confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Carta Política, para concretar las normas o medidas específicas que regulan las materias allí previstas, atendiendo a la fijación de políticas, orientaciones y criterios que de manera general y abstracta se consagran en las leyes marco de aduanas y comercio exterior. Sin embargo, no cabe dictaminar de manera definitiva la ilegalidad de las normas que corresponden por su contenido a la materia tributaria, aun cuando hagan parte de un decreto que toca de manera predominante el régimen de las zonas francas, y sea éste inherente a las materias de aduanas y comercio exterior, pues tal circunstancia, si bien puede definir desde el punto de vista formal su naturaleza, no es determinante tratándose de definir su legalidad, pues para ello es indispensable analizar cada uno de los preceptos reglamentarios en cuanto al alcance de los mandatos que consagran y cotejarlos con las normas constitucionales y legales en que debían fundarse(1).

(1) Sentencia C-955 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Julio 26 de 2000.

Bajo la anotada perspectiva, procede la Sala a verificar en relación con cada uno de los artículos del decreto acusado, si lo regulado por ellos se ajusta o no a la ley y a los preceptos constitucionales que encuentra vulnerados el actor con su expedición.

La Ley 109 de 1985 “por la cual se establece el estatuto de las zonas francas” definió las zonas francas como “establecimientos públicos del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscritas al Ministerio de Desarrollo Económico” (art. 1º), y en cuanto a su objeto dispuso:

“ART. 2º—Del objeto. Las zonas francas tendrán por objeto promover el comercio exterior, generar empleo, divisas y servir de polo de desarrollo industrial de las regiones donde se establezcan mediante la utilización de recursos humanos y naturales, dentro de las condiciones especiales fijadas en la presente ley y en los decretos que la desarrollen y reglamenten.

Conforme al objeto descrito en este artículo, las zonas francas prestarán un servicio público y no perseguirán fines de lucro.

Distinguió así mismo la ley entre “zona franca comercial” y “zona franca industrial”, y en cuanto a estas últimas precisó que “tendrán por objeto promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes destinados fundamentalmente a los mercados externos” (art. 6º).

De acuerdo con las anteriores disposiciones está claro, que las zonas francas industriales fueron concebidas fundamentalmente con la finalidad de promover el comercio exterior, y para tal efecto, la misma ley consagró incentivos tributarios relacionados básicamente con la exención al pago de impuestos, contribuciones, gravámenes y rentas de carácter nacional, entre ellos el contenido en el artículo 15 que reza:

“ART. 15.—De la exención de impuestos de renta y complementarios. Las personas jurídicas usuarias de las zonas francas industriales que cumplan con lo establecido en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios correspondientes a los ingresos obtenidos con las actividades industriales realizadas en la zona.

Para la exención de que trata el presente artículo sea reconocida por la Dirección General de Impuestos Nacionales, la declaración de renta de estas personas jurídicas deberá acompañarse del concepto del Ministerio de Desarrollo Económico previsto en el artículo noveno (9º) de esta ley; de la certificación del Banco de la República o del establecimiento de crédito debidamente autorizado sobre la venta de divisas, a que se refiere el artículo once (11) de la presente ley, caso éste en el cual dicha certificación deberá ser avalada por el Banco de la República, y de los demás requisitos exigidos para las declaraciones de renta”.

Mediante la Ley 75 de 1986, se otorgaron facultades al Presidente de la República para compilar en un solo estatuto todas las normas de rango legal vigentes y relativas a los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, sin modificar el contenido de las mismas, y en desarrollo de tales facultades se expidió el Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el estatuto tributario”, recogiendo en su artículo 213 la disposición contenida en el artículo 15 de la Ley 109 de 1985, en los mismos términos allí previstos, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 213.—Renta exenta de los usuarios de las zonas francas. Las personas jurídicas usuarias de las zonas francas industriales estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, correspondiente a los ingresos que obtengan en el desarrollo de las actividades industriales realizadas en la zona, siempre que cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley 109 de 1985 y demás que la desarrollen.

Para que la exención de que trata este artículo sea reconocida, se deberá obtener concepto previo favorable del Ministerio de Desarrollo Económico para su constitución y operación exclusiva dentro de la respectiva zona franca, con dedicación a la actividad industrial orientada prioritariamente a vender su producción en mercados externos, así como certificación del Banco de la República o del establecimiento de crédito debidamente autorizado para la venta de divisas a que se refiere el artículo 11 de la Ley 109 de 1985. En este caso, la certificación del establecimiento de crédito mencionado deberá estar avalada por el Banco de la República”.

Una interpretación armónica de la norma transcrita y de las prescripciones contenidas en la Ley 109 de 1985 a que ha hecho referencia evidencian de manera inequívoca, que la exención del impuesto de renta y complementarios está limitada por mandato de la ley, a los ingresos que obtengan los usuarios de las zonas francas industriales, en desarrollo de la actividad de industrialización de bienes destinados a la exportación, no sólo porque el beneficio fiscal fue concebido en consideración al objeto fundamental de las mismas, sino porque el reconocimiento del mismo, está condicionado según la misma ley, al cumplimiento de requisitos propios de las operaciones de exportación, como son la certificación del Banco de la República o establecimiento de crédito autorizado para la venta de divisas, así como el concepto previo del Ministerio de Desarrollo Económico que garantiza que el usuario de la zona franca industrial desarrolla su actividad industrial orientada prioritariamente a la venta de mercados externos.

En síntesis si las zonas francas industriales fueron concebidas o instituidas por la ley fundamentalmente para promover el comercio exterior, es lógico que sean los usuarios de las mismas los beneficiarios del tratamiento tributario preferencial que la misma ley consagra, que éste sea limitado a las operaciones de exportación, ya que sólo en la medida en que se otorguen las condiciones que les permitan competir con eficiencia en los mercados internacionales, podrá lograrse el objetivo específico propuesto por el legislador.

Precisado así el contenido y alcance del artículo 213 del estatuto tributario, no encuentra la Sala válido el argumento del actor, según el cual la exención prevista en la citada norma legal comprende no sólo los ingresos provenientes del mercado externo, sino los que se perciben por la comercialización de la producción en el territorio nacional, y que por la misma razón el artículo 54 del Decreto 2233 de 1996, al referirse únicamente a los ingresos obtenidos por ventas a mercados externos, esté limitando el beneficio de la exención, pues conforme a lo expuesto, está claramente establecido que tal limitación proviene de la misma ley, luego mal podía el reglamento disponer lo contrario y extender por esta vía el beneficio tributario en la forma pretendida por el actor.

En cuanto al cargo según el cual los artículos 54 y 56 del decreto estarían modificando la base gravable del impuesto de renta definida en los términos de los artículos 26 y 178 del estatuto tributario, y como consecuencia de ello serían violatorios del artículo 338 de la Constitución Política, según el cual es competencia del Congreso y no del Gobierno Nacional fijar los elementos esenciales del tributo, procede el siguiente análisis:

Por mandato constitucional, corresponde al legislador fijar los elementos de la base gravable que deben intervenir para cada tributo en la determinación de la obligación tributaria sustancial, así como la forma en que se deben combinar tales elementos, para el mismo efecto.

Tratándose del impuesto de renta, los elementos que intervienen en la determinación de la base gravable, así como el procedimiento que debe seguirse para combinar tales elementos y el resultado al que debe llegarse para expresar la base gravable, están definidos en los artículos 26 y 178 del estatuto tributario, así:

Son ingresos constitutivos de renta “todos los ingresos ordinarios o extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados”. Se excluyen entonces aquellos ingresos que la ley define como no constitutivos de renta, pero en cambio se incluyen los ingresos que corresponden al concepto de renta exenta, pues los primeros se entienden excluidos del concepto de renta, mientras que los segundos sí tienen tal carácter, sólo que están exonerados del pago del impuesto.

De los ingresos constitutivos de renta se restan “los costos realizados imputables a tales ingresos”, con lo cual se obtiene la renta bruta y de ésta se restan las “deducciones realizadas”, “que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta” obteniendo la renta líquida, de la cual se detraen las “rentas exentas”, para determinar la renta líquida gravable a la cual se aplican las tarifas respectivas.

Según el artículo 217 del estatuto tributario “Las personas jurídicas usuarias de las zonas francas industriales estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, correspondiente a los ingresos que se obtengan en el desarrollo de las actividades industriales realizadas en la zona...”.

El artículo 54 del Decreto 2233 de 1996, por su parte señala: “constituye renta exenta del impuesto sobre la renta y complementarios la parte proporcional de los ingresos obtenidos por sus ventas a mercados externos”.

Como se observa, mientras la ley señala como renta exenta “los ingresos que se obtengan”, el reglamento dispone que es renta exenta “la parle proporcional” de esos ingresos, es decir que para el reglamento no todos los ingresos obtenidos por ventas a mercados externos, están exentos, sino apenas una parte de ellos.

Ahora bien, es evidente que la proporcionalidad a que se refiere el artículo 54, tiene relación con la aplicación del parágrafo del artículo 56 ib., que reza:

“Cuando los costos y gastos en que se haya incurrido afecten indistintamente ingresos provenientes de ventas a mercados externo y nacional, sin que sea posible establecer su imputación directa a uno u otro, serán admisibles dichos costos y gastos para determinar la renta gravable, en la misma proporción que tengan los ingresos por ventas al mercado interno dentro del total de los ingresos operacionales del ejercicio fiscal”.

Explica la apoderada de la DIAN con un ejemplo, que la aplicación de la anterior disposición implica que si un usuario de la zona franca percibió durante el ejercicio fiscal, ingresos operacionales que incluyen ventas a mercados externos y ventas al mercado nacional, de ellos se detraen la totalidad de los costos y deducciones imputables a tales ingresos, pero el valor de la renta exenta no será la totalidad de los ingresos percibidos por ventas al exterior, sino la diferencia que resulte de restar de tales ingresos la proporción de los costos y gastos que le sean imputables, es decir que la renta exenta “corresponde a la diferencia entre los ingresos por venta de bienes o servicios al mercado externo, menos los costos imputables a los mismos.”

De acuerdo con la anterior interpretación, la depuración de la renta, tomando el mismo ejemplo propuesto por la interviniente, quedaría así:

Ingresos por ventas al exterior:700 (renta exenta según la ley)
Ingresos por ventas nacionales:300
Costos y deducciones comunes:500

Determinación de la renta liquida gravable:

Total ingresos operacionales1.000
Menos costos y deducciones500
Renta líquida500
Menos renta exenta300(*) (renta exenta según el reglamento)
Renta líquida gravable200

(*) Diferencia entre los ingresos por ventas al exterior (700), menos los costos y gastos que según la proporción son imputables a tales ingresos (400). Suma que al ser detraída de la renta exenta conlleva al desconocimiento de los costos y gastos imputables a ella.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que no sólo desconoce el reglamento parte de los costos y gastos que según la ley son imputables a los ingresos operacionales del ejercicio, y constituyen un elemento de depuración de la base gravable, sino que además modifica el sistema de depuración de la renta y desconoce el beneficio de la exención respecto de la totalidad de los ingresos provenientes del mercado externo que consagró el legislador en beneficio de los usuarios de las zonas francas industriales, modificando así el resultado del procedimiento que permite concretar la base gravable.

Ahora bien no es posible, porque no lo autoriza la ley, deducir de los ingresos que constituyen renta exenta los costos y deducciones imputables a la misma, ya que eso equivaldría a modificar el sistema legal de depuración de la renta, y a crear una especie de “prorrateo” de los costos y gastos deducibles que no está prevista en la ley, y que en la práctica equivale a desconocer la procedencia de los mismos sin justificación alguna, pues salvo las limitaciones expresamente consagradas en la ley, son deducibles los costos imputables a la totalidad de los ingresos declarados como constitutivos de renta, concepto que incluye la renta exenta, y la totalidad de las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta sea ésta gravada o exenta.

Así las cosas, encuentra la Sala configurado el cargo de violación a los artículos 26, 178 y 213 del estatuto tributario y 338 de la Constitución Política, pues en efecto exceden las normas reglamentarias acusadas los términos de la ley y se abroga el ejecutivo facultades que por mandato constitucional están restringidas al Congreso, por lo que habrá de declararse la nulidad de la expresión “la parte proporcional de” contenida en el artículo 54 del decreto acusado, y del parágrafo del artículo 56 ib., en cuanto limita el primero el beneficio de la exención y define el segundo un sistema de depuración de la renta distinto al previsto en la ley que conlleva a modificar la base gravable, definida por el legislador.

En cuanto a la exigencia prevista en el inciso tercero del artículo 56 acusado, según la cual los usuarios industriales deberán llevar contabilidad separada respaldada por comprobantes internos y externos, diferenciando los ingresos por ventas de bienes y servicios al extranjero de los ingresos por ventas de bienes o servicios al mercado nacional, así como de los costos imputables a unos y otros, observa la Sala:

No está previsto en el artículo 213 del estatuto tributario, ni en la Ley 109 de 1985, a la cual se remite el primero, que los usuarios industriales de las zonas francas, deban llevar su contabilidad en la forma que dice el reglamento, y que esta exigencia constituya requisito indispensable para que se reconozca el beneficio de la exención, sin embargo es evidente que la discriminación de los ingresos y los costos tiene como finalidad, tal como lo señala la apoderada de la DIAN, “precisar la renta exenta a que tiene derecho” el usuario, de acuerdo con el parágrafo de la misma norma, luego aun cuando en principio pudiera llegar a aceptarse que la discriminación contable dispuesta por el reglamento, no es indicativa por sí sola de violación alguna, y que por el contrario, aportaría beneficios al proceso de fiscalización y control fiscal de las operaciones realizadas por los usuarios industriales de las zonas francas, lo cierto es que no sólo resulta innecesaria para efectos de la aplicación de la ley, sino que conllevaría a considerarla limitante del beneficio de la exención, y por otra parte, declarada la nulidad del parágrafo resulta injustificada tal discriminación contable.

De otra parte, no puede aceptarse, el argumento de la apoderada del Ministerio de Comercio Exterior, en cuanto que la discriminación contable propuesta en el reglamento, corresponde al desarrollo del artículo 31 de la Ley 109 de 1985, pues lo dispuesto en esta norma es que “las zonas francas que desarrollen actividades industriales y comerciales llevarán contabilidad independiente para cada una de ellas”, mientras que lo dispuesto en el reglamento es que los usuarios de las zonas francas industriales, discriminen sus ingresos y costos correspondientes a ingresos obtenidos por ventas a mercados externos, de los provenientes del mercado nacional.

Como corolario de lo expuesto, y acogiendo el criterio reiterado de la Sala, según el cual en desarrollo de la facultad reglamentaria no caben consideraciones de conveniencia, sino de competencia y necesidad, habrá de declarar la Sala la nulidad del inciso 3º del artículo 56 del decreto demandado, pues en efecto su aplicación conllevaría no sólo a la violación de la norma legal, sino de la norma constitucional que define el poder reglamentario dentro de los límites de competencia y necesidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “la parte proporcional de” contenida en el artículo 54 del Decreto 2233 de 1996 expedido por el Gobierno Nacional, y del inciso 3º y parágrafo del artículo 56 del mismo decreto.

Niéganse las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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