Sentencia 10257 de julio 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

INSUBSISTENCIA POR RAZONES POLÍTICAS

EN EL CASO DE ALTOS FUNCIONARIOS

EXTRACTOS: «No encuentra la Sala que en el sub judice el acto acusado se haya proferido con los fines desviados que alega el libelista, ya que el eficiente desempeño de funciones en un cargo, por sí solo no es óbice para que el nominador pueda ejercer la facultad de remoción que tiene sobre los funcionarios de su libre designación; además la conformación del grupo directivo de gobierno con funcionarios de confianza y del mismo grupo político del gobernador, no es un motivo que per se sea suficiente para enervar la legalidad de actos como el discutido en esta litis.

Como lo ha sostenido reiteradamente esta corporación, tratándose de altos funcionarios, la facultad discrecional que le asiste al nominador para nombrar y remover libremente sus colaboradores, es más amplia que la que se puede ejercer respecto de empleados de menor nivel, pues el jefe de la administración que es el responsable del servicio puede en forma libre y prudencial, escoger a quienes le han de colaborar en su gobierno.

No puede considerarse entonces contrario al buen servicio que debe animar los actos de la administración, que los gobernadores de los departamentos conformen el equipo de gobierno con personas pertenecientes a su grupo político; ese puede ser más bien un factor que garantice la unidad de políticas en la administración.

Como bien lo dijo el a quo, la conformación de un gabinete departamental es un acto discrecional del mandatario de turno para integrar la nómina de colaboradores que por sus cualidades personales, políticas o sociales, considera que sean de su confianza, acto que debe entenderse expedido con el sano propósito de acertar en la escogencia de los funcionarios que van a contribuir en la dirección del departamento.

En el sub lite, los documentos y las pruebas testimoniales dan cuenta de que el actor era un funcionario de alto nivel jerárquico en la administración, pues como administrador regía los destinos de una empresa industrial y comercial del departamento, y que fue retirado del servicio por el replanteamiento que hizo el gobernador entrante para designar la nómina de sus colaboradores más cercanos.

De manera que la pertenencia a un grupo político distinto al del gobernador, aun cuando hubiera sido el factor decisivo para no incluirlo dentro de la nómina de directivos, no vicia de ilegalidad el acto, pues pudo estar dirigida a lograr afinidad entre los responsables de la política administrativa departamental. Como se lee en la declaración rendida por quien produjo el acto, su intención al designar el funcionario reemplazante sólo estuvo guiada por el deseo de acierto.

En este orden de ideas, habrá de confirmarse la sentencia recurrida, porque ciertamente el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de que está investido el acto acusado».

(Sentencia de julio 17 de 1995. Expediente 10257. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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