Sentencia 10258 de julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Ref.: Exp. 10.258

Actor: Sociedad Gran Colombiana de Seguridad S.A.

Demandada: Empresa de Energía de Bogotá

Santafé de Bogotá, D.C., diez de julio de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS. «En consecuencia, como el pago se realizó el 12 de febrero de 1993 (fl. 36), no hay duda de que la entidad demandada violó la cláusula quinta del contrato 5107, incumplimiento que genera en favor de la actora, a título de indemnización, el pago de los intereses de mora que se hubieren causado, decisión que consulta la jurisprudencia de esta corporación, contenida en la sentencia de mayo 13 de 1988, según la cual:

“Ahora bien, en los contratos administrativos igualmente concurren esos requisitos. El hecho de que estén regulados en principio, por normas de derecho público, no desvirtúa este aserto, porque las que contemplan el efecto de las obligaciones en general emanadas de éstos, así como las que regulan el consentimiento válido, el objeto y la causa lícitos se regirán por las normas de derecho privado (civil o comercial).

Lo precedente le ha permitido a la doctrina afirmar que en el campo de la contratación pública no existen contratos exclusivamente regulados por el derecho público.

Nadie puede negar que así como el contrato privado legalmente celebrado es ley para las partes (C.C., art. 1602 ), así lo es el administrativo; que unos y otros deberán ejecutarse de buena fe (1603 ibídem); que en ambos se puede dar el evento de la mora en casos de incumplimiento o el enervamiento de sus efectos en los eventos del artículo 1609; que la indemnización de perjuicios comprende, por regla general, el daño emergente y el lucro cesante y se debe desde que el deudor esté constituido en mora.

Estos principios operan por mandato legal y se entienden vinculados al contrato, aunque no se hayan expresamente pactado. Puede afirmarse que son elementos comunes, de la naturaleza de todo contrato privado o administrativo.

Y si la administración contrata a una persona particular que al hacerlo está haciendo un acto mercantil, ese contrato, en lo pertinente, se regirá por las disposiciones del código de comercio, tal como se desprende de su artículo 22 en armonía con el 20.

Disposiciones que al prever tales cosas dan a entender que es este código el que gobierna el efecto de sus obligaciones, su cumplimiento, los efectos de la mora, los perjuicios etc. etc.

En este orden de ideas se destacan los siguientes aspectos jurídicos de alcance general:

1. Que las normas que regulan, entre otros aspectos, los efectos de los contratos civiles se aplican a los negocios mercantiles, a menos que la ley disponga otra cosa (C. Co., art. 822).

2. Que nadie podrá enriquecerse sin causa a expensas de otro (831 ibídem).

3. Que en los contratos sujetos al derecho comercial la gratuidad no se presume.

4. Que en los contratos bilaterales, tanto de índole civil como comercial, va envuelta la condición resolutoria tácita en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado (C.C., art. 1546 y C. Co., art. 870) con la obligación de indemnizar al cumplido o al que se allanó a cumplir.

5. Que la indemnización de perjuicios, comprensiva del daño emergente y del lucro cesante, se debe por no haberse cumplido la obligación, o haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado su cumplimiento (C.C., art. 1613).

6. Que los contratos que deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, obligarán no sólo a lo pactado, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. (C. Co., art. 871).

7. Que en los contratos mercantiles, en los que se presume el ánimo de lucro, cuando hayan de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique la tasa de éstos, el interés será el bancario corriente, y si las partes no han estipulado el moratorio, éste será el doble (C. Co., art. 884).

8. Que en la compraventa sujeta al derecho comercial el vendedor deberá hacer la entrega de la cosa dentro del plazo estipulado (C. Co., art. 924); y si el comprador deberá pagar el precio en el término convenido o, en su defecto, al momento de recibir la cosa (art. 947 ibídem)” (3).

(3) Sentencia Nº 4303 de mayo 13 de 1988. Actor: Urbanizadora Villa Alicia. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo».

___________________________________________________________