Sentencia 10260 de junio 17 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

CUÁL ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA SU VINCULACIÓN PROCESAL

EXTRACTOS: «1. En este enfoque, la nulidad solicitada por el impugnante y coadyuvada por el señor Procurador Delegado, se hace consistir en haberse privado al tercero civilmente responsable de la oportunidad procesal para controvertir las pruebas allegadas en su contra y pedir la práctica de aquéllas destinadas a rebatir su responsabilidad civil por el hecho punible imputado a su hijo, en razón de habérsele vinculado “ad portas de la culminación del proceso”, esto es, después de vencido el término de traslado para preparación de la audiencia pública de que trata el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, coartándole la ocasión de defenderse.

El doctor Luis Fernando Pérez Tobón fue vinculado al proceso en calidad de tercero civilmente responsable, por demanda presentada por el apoderado común de las personas reconocidas como parte civil, en virtud de aparecer demostrado que se trataba del propietario del vehículo automotor con el cual su hijo causó el homicidio culposo en Roberto Sandoval Molina; vinculación que se concretó en providencia motivada de fecha septiembre 29 de 1992, de la cual recibió notificación personal (fs. 307 ss. y 342 cd. inicial).

(...).

2. La preceptiva que permite derivar que la vinculación al proceso penal del tercero civilmente responsable está supeditada a la actuación de la parte civil y ésta goza de una amplísima fase para ser reconocida dentro del proceso penal (desde su apertura hasta antes de proferirse sentencia de segunda o de única instancia, artículo 45 CPP), ha generado confusiones, como la que llevó al tribunal a expresar, inextricablemente, que al tercero civilmente responsable “le basta la garantía de un debido proceso, con la sola notificación de la demanda y la oportunidad para controvertir las pruebas, que según la decisión de la Corte (—Constitucional—), empieza con la resolución de apertura de instrucción y se finiquita, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o única instancia, sencillamente porque el tercero es una parte accesoria del titular de la persona constituida como parte civil” (f. 386 ib.).

Como tal interpretación se la relaciona con el análisis efectuado por la Corte Constitucional al encontrar exequible lo dispuesto en los artículos 154 y 155 del Decreto 2700 de 1991 (sent. C-541, sep. 24/92, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), resulta necesario recordar sus consideraciones relevantes:

“En este sentido queda claro que el llamado a responder en tales condiciones, requiere del cumplimiento de este fundamental requisito de la notificación, que le da el carácter necesario para actuar dentro del proceso como un sujeto procesal, con las facultades suficientes para controvertir las pruebas que se reciban procesalmente para derivarle responsabilidad, para constituir apoderado o para que se le nombre de oficio, para presentar pruebas conducentes a demostrar la exclusión de su responsabilidad, para interponer los recursos que se refieran a los actos que lo comprometan en la citada responsabilidad; todo esto presupone que este sujeto procesal ha podido participar en el trámite del proceso, a partir de la resolución de apertura de instrucción y previa la notificación de la demanda hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o única instancia, y su intervención en el eventual trámite incidental de liquidación de perjuicios, que regula el artículo 154, en concordancia con los artículos 56 a 62 del mismo estatuto de procedimiento penal, se garantiza sobre la base de la preexistencia de la sentencia ejecutoriada.

No comparte la Corte la interpretación del actor en el sentido de considerar que la hipótesis planteada por el artículo 154 reduce las oportunidades de intervención del “tercero” sólo a su participación en el citado incidente; más bien, lo correcto es entender que esta participación incidental corresponde a una etapa posterior al trámite de la definición judicial de la responsabilidad de éste y de sus alcances concretos, durante la cual ha podido debatir plenamente y a la luz de toda la normatividad sustancial que regula su situación jurídica, el compromiso civil que le cabe por el hecho de otro. Se deja en claro que, como el llamamiento a responder civilmente por las consecuencias del hecho punible de otro, debe hacerse por el funcionario de conformidad con la ley sustancial previa solicitud del legitimado para interponer las acciones concedidas, el “tercero” puede controvertir los fundamentos legales de aquella demanda. Obviamente, el debate procesal de la acción civil contra el “tercero”, dada la naturaleza del proceso penal en el que se surte y que condiciona de modo prevalente sus trámites, supone que el llamado en tales condiciones debe actuar en el sentido de la determinación del grado de su responsabilidad”.

Contrario a lo insinuado en las instancias, esa disertación no deja lugar a malos entendidos, cuando claramente se lee que debe tener la oportunidad de “presentar pruebas conducentes a demostrar la exclusión de su responsabilidad”, además de que su vinculación se haga mediante providencia motivada, que le sea debidamente notificada y que se le permita recurrir, al igual que controvertir las pruebas allegadas en su contra, como lo disponen los artículos 44 y 155 del Código de Procedimiento Penal, en defensa provista de apoderado, que puede estar orientado, amén de cuestionar la responsabilidad penal del procesado, a desvirtuar su propia responsabilidad civil o patrimonial, “conforme al Código Civil” (art. 153 ibídem).

Sobre el tema expresó esta corporación, en sentencia de casación de junio 22 de 1994, radicación 8400, M.P. doctor Édgar Saavedra Rojas:

“... no sucede lo mismo con el tercero civilmente responsable, por cuanto, siendo un extraño frente a la comisión de un hecho delictivo, tal como claramente lo define el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, no tiene por qué estar atento o esperar un procedimiento que le deduzca una responsabilidad patrimonial. En esas condiciones, solamente después de haber sido convertido en sujeto procesal, con todas las formalidades que se han establecido con ese fin (art. 44 ibídem), se puede llegar a condenar al tercero civilmente responsable, y si a ello aspira la parte civil, habrá de preocuparse de llegar al proceso penal con la oportunidad necesaria para que el tercero a quien demanda pueda ejercer a plenitud su defensa; imposición que se deduce de los derechos que el estatuto procesal le concede al tercero civilmente responsable.

Esos derechos están nítidamente definidos en el precepto 155 del estatuto comentado, en cuanto consagra como facultades del sujeto procesal en referencia: “El tercero civilmente responsable tiene los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal. No podrá ser condenado en perjuicios cuando no se haya notificado debidamente y se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra”.

Del texto anterior se vislumbra que el legislador cuidó muy bien de proteger al tercero civilmente responsable para que, en caso de resultar condenado dentro del proceso penal, tal decisión se adoptara después de haberle dado la ocasión de ser oído y vencido en juicio. Por tanto, mientras el tercero no haya sido legalmente vinculado al proceso penal y no haya tenido la oportunidad de ejercer realmente la defensa de sus intereses no es posible que el juez penal profiera sentencia condenatoria en su contra.

La filosofía plasmada en las normas a las cuales alude este pronunciamiento, que no es otra que el desarrollo de la garantía constitucional del debido proceso, la sigue sosteniendo el legislador de 1993, pues, indudablemente para reforzar la garantía de los derechos del tercero civilmente responsable, excluyó la decisión sobre la responsabilidad de éste en las sentencias anticipadas (L. 81/93, art. 5º, num. 5º).

Con relación al tema tratado conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia, declaró la inexequibilidad de las disposiciones del Decreto 050 de 1987 que establecía la figura del tercero civilmente responsable, precisamente con base en las limitaciones que se le presentaban a este nuevo sujeto procesal para ejercer su defensa...”.

El derecho a la defensa se constituye en la facultad plena y oportuna de demostrar en el proceso que no se es responsable, o sólo en determinado grado. Su ejercicio conlleva que el vinculado conozca los cargos que se elevan en su contra, a fin de que tenga la oportunidad de controvertirlos; debe saber de ellos con la suficiente antelación, para que logre presentar las pruebas o descargos que considere convenientes en salvaguardia de sus intereses, ya que si apenas alcanza a percibirlos cuando ya no puede debatirlos, el derecho a la defensa se hace nugatorio.

Si bien este derecho es regulado tradicionalmente con especial celo en lo que tiene que ver con el procesado, no por ello resulta válido concluir que esté instituido sólo en su favor; por el contrario, es predicable en el beneficio lícito de todos los que en el proceso tengan intereses en juego, ya que reconocerlo a unos y no a los otros sería pretermitir el principio constitucional de la igualdad ante la ley.

De esta manera, el tercero civilmente responsable puede ser involucrado válidamente al proceso penal durante la instrucción, o aun iniciándose el juicio siempre que mantenga la oportunidad plena de solicitar, allegar y contradecir pruebas y de preparar debidamente su defensa, para que así se equilibre en “los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal”, teniendo en cuenta que para resultar condenado en perjuicios, si a ello hubiere mérito, se exige que se le “haya notificado debidamente” y “se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra” (art. 155 ib.).

Todo lo anterior significa que la oportunidad para ser legalmente vinculado el tercero civilmente responsable al proceso penal, fenece cuando el expediente queda efectivamente “a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”, determinado por el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, por ser ésta la última oportunidad procesal, particularmente para impetrar los elementos de comprobación que requiera.

Ha de tenerse en cuenta, para mayor claridad, que la audiencia pública es un evento connatural para el acopio de pruebas, pero éstas, salvo lo dispuesto por el artículo 448 ibídem, no son otras que las solicitadas dentro del mencionado término del artículo 446.

Una cosa es que la constitución de la parte civil pueda intentarse hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o de única instancia, por expresa previsión legal (art. 45, CPP), y que la vinculación del tercero o terceros civilmente responsables deba ser postulada por tal parte civil, por su interés en la reparación del daño y la opción de procurar la indemnización por dentro del proceso penal, o en uno civil separado.

Pero este condicionamiento a que el afectado con el delito decida hacerse parte dentro del proceso y llamarlos en tal calidad, no puede conducir a la arbitrariedad que sojuzgue el derecho de defensa, constituyendo un acto de deslealtad procesal que la parte civil con pretensiones de involucrar a terceros en la responsabilidad patrimonial generada por el ilícito, espere hasta último momento para propiciar la convocatoria, cuando ya han transcurrido etapas en que se pueda ejercer debidamente la defensa.

3. Volviendo al caso concreto, ha apreciado la Corte que el cargo subsidiario va realmente dirigido a que se invalide la vinculación al proceso penal del doctor Luis Fernando Pérez Tobón como tercero civilmente responsable y, por ende, la condena en su contra a indemnizar solidariamente los perjuicios causados con el delito de homicidio culposo cometido con el vehículo de su propiedad, aspiración en la cual ha sido secundado por el Ministerio Público, tanto en el juicio como en el recurso extraordinario, coincidente en lo esencial con lo ahora decidido. Surge la invalidez de no habérsele brindado la oportunidad de solicitar pruebas, al resultar vinculado como tal cuando ya había vencido “el término de treinta (30) días hábiles a que se refiere el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal” (septiembre 4/92, f. 290, mientras que la correspondiente demanda fue presentada el 21 de los mismos, f. 300, dando lugar a la actuación subsiguiente ya referida).

Constituyendo un hecho comprobado esa conculcación al derecho de defensa, la nulidad se impone y la sentencia recurrida será casada de manera parcial, esto es, únicamente en cuanto confirmó el aspecto del punto 4º de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en lo que dice “y a Luis Fernando Pérez Tobón, como tercero civilmente responsable, de manera solidaria”, y todo el punto 6º, que ordenó el comiso del automóvil MB-5023 de su propiedad, sobre lo cual el juzgado del conocimiento librará las comunicaciones pertinentes.

Lo anterior es consecuencia de la nulidad que la Corte decreta sobre el auto de fecha septiembre 29 de 1992, mediante el cual el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali admitió tardíamente la demanda de constitución de parte civil presentada contra el “tercero civilmente responsable Luis Fernando Pérez Tobón”, a nombre de la compañera permanente, dos hermanos y el padre del occiso Roberto Sandoval Molina, así como parcialmente sobre el auto de dicho juzgado de fecha mayo 11 de 1993 (fs. 449 y ss.), exclusivamente en cuanto admitió la demanda contra el mismo tercero civilmente responsable, a nombre de la menor Paula Andréa Sandoval Ospina. De igual manera es nula toda la actuación que sea consecuencia directa de la indebida vinculación del tercero civilmente responsable, incluido el comiso del vehículo.

No así lo relacionado con la objeción del dictamen pericial de avalúo de perjuicios y otras solicitudes, que habiendo sido planteadas por quien además actuaba como defensor del procesado, propiciaron determinaciones que en nada afectaron las garantías procesales.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, de acuerdo con el concepto del señor Procurador Delegado y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente la sentencia recurrida, únicamente en cuanto confirmó la condena a la indemnización de perjuicios solidariamente proferida contra el tercero civilmente responsable Luis Fernando Pérez Tobón, cuya vinculación como tal es nula, y así mismo en cuanto al comiso del vehículo, por los motivos y en la forma y alcance indicados en la parte motiva de esta providencia.

2. En los demás, queda sin modificación el fallo recurrido.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(Sentencia de casación, junio 17 de 1997. Radicación 10.260. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla).

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